Bajemos a tercera división regional, es decir, a los ayuntamientos. Está claro que, cuanto menos territorio se gestiona, menos trabajo se tiene. Por ejemplo, en la empresa privada, ¿quién tiene más responsabilidad, un director general o un director regional? ¿Quién debe cobrar más? Es de lógica. Pues lo evidente no se da en la política. Un concejal o un alcalde, en ocasiones, cobra más que un ministro. ¿Se acuerdan del sueldo del ex-presidente de Cataluña Montilla, de 164.000 euros anuales? ¿Sabe que el actual president Artur Mas se ha bajado su salario y sigue siendo el mejor pagado con 144.000 euros? Y Esperanza Aguirre cobra 108.511 euros anuales, y curiosamente Ignacio González, su vicepresidente, 209 euros más que ella, que, aunque no es mucho, no deja de ser curioso. ¿Sabe que nuestro presidente del Gobierno central cobra la mitad: 78.185 euros al año? Pues Xavier Trías, alcalde de Barcelona, cobra 30.000 euros más que él, y no es más que alcalde.
Pero no vamos a ser malos, Trías está a la cabeza de una de las ciudades más importantes de nuestro país. Gestionar territorios de unos tres millones de habitantes no debe de ser fácil. Por eso se rodea de un buen equipo, y muy bien pagado. En el Ayuntamiento de Barcelona hay cargos, como los gerentes municipales, que están en el primer nivel ejecutivo del consistorio y se dedican a las áreas de urbanismo, seguridad, etc., cuyas retribuciones pueden llegar a los 148.210 euros anuales (les recuerdo: el doble que el presidente del Gobierno). En el caso de Madrid, los salarios varían entre los 91.788 que ingresan los concejales de área, y los 62.013 euros de un concejal con dedicación absoluta. Y eso que todos ellos, haciendo gala de su solidaridad para salir de la crisis, se redujeron el sueldo un 15 por ciento hace un año.
Los ayuntamientos se agrupan en un órgano que es la Federación Española de Municipios y Provincias. La FEMP recomienda a los ayuntamientos que, «desde el respeto a la autonomía local», acuerden el salario de sus miembros según criterios objetivos tales como población, presupuesto o situación financiera municipal, con «austeridad y prudencia en su política de gastos», y utilizando «criterios comparativos con el régimen retributivo de cargos públicos de otras instituciones».