—Contreras, ¿dónde está mi bañador?
—Se lo he puesto al lado del neceser.
—Es que me han dicho que todos los hoteles tienen piscina climatizada y aunque en París hace frío…
—Pero señor, si no le va a dar tiempo: tiene que visitar la oficina y luego volar a Alemania para ver las cinco delegaciones que tenemos allí y tiene que preparar el discurso sobre la lengua, el turismo y todo eso.
—Bueno, bueno, yo voy para allá a que me hagan la foto, para hablar y defender el patio ya tenemos a nuestro embajador allí, que para eso cobra 80.000 euros al año.
Lo de promocionar la tierra en el exterior es algo que gusta a todo tipo de políticos. Es llegar al poder y se vuelven como Curro, el del anuncio. Embajadas, oficinas y delegaciones regionales repartidas por el mundo nos han costado 402 millones de euros en 2011. Todas creadas al margen del Estado, que es quien tiene la capacidad legal para la representación diplomática de nuestro país en el exterior.
Pero esto da igual. Cataluña tiene treinta y dos embajadas por todo el mundo. La de París estuvo regentada por el hermano del ex-vicepresidente Carod, que cobraba 80.000 euros al año. Todas ellas cuestan 13 millones de euros al año, pero no es la autonomía que más gasta en estos asuntos. Los vascos se dejan 62 millones anuales en esta área, aunque solo tienen trece oficinas. La comunidad de Madrid tiene once, la Comunidad Valenciana, veintitrés y Andalucía, veintidós. Esta última ha llegado incluso a poner delegaciones en la ciudad de Madrid, como si fuera el extranjero.
Las embajadas autonómicas solo se pueden justificar siempre y cuando sirvan para potenciar las relaciones entre empresas regionales y extranjeras, pero muchas veces se utilizan para atraer los votos de los ciudadanos de la comunidad residentes en el extranjero. Por ejemplo, Caracas, Buenos Aires o Montevideo están repletas de gallegos emigrantes que son un buen puñado de votos para los candidatos.
Pero ¿cómo son estas embajadas, quién trabaja en ellas y cuál es la labor que desempeñan?
Si pasea por Bruselas, cerca del Parlamento Europeo, concretamente en la Rue de la Loi, se dará de bruces con mil metros cuadrados de oficinas. Es la Oficina Comercial que vende el nombre de Cataluña. Cruzamos un parque y nos encontramos a los castellano-leoneses en una de las zonas más lujosas de la ciudad. Muy cerca, una ikurriña acompañada con un rótulo en euskera e inglés, nada de español, que nos anuncia que los vascos también se han instalado allí.
Los que trabajan allí son, en el caso de la oficina vasca, una delegada y ocho funcionarios, que se gastan 1,28 millones de euros en promocionar San Sebastián como capital cultural.
Casi medio millón de euros en sueldos se gastan los gallegos afincados en Bruselas, y eso que en la casa de la Xunta solo hay siete empleados. Andalucía, por la misma cantidad de dinero, tiene desplazadas allí a catorce personas.
La política exterior es algo que los gobiernos autonómicos tienen grabado a fuego. Fíjense, y pueden verlo en la página web de asuntos exteriores de la Generalitat catalana, en el listado de todos los órganos de política exterior catalana:
Secretaría de Asuntos Exteriores; Dirección General de Relaciones Exteriores; Dirección General de Cooperación al Desarrollo; cinco delegaciones del Gobierno catalán en Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia y Reino Unido; Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo; Consejo Catalán de Fomento de Paz; Comité Catalán de Ayuda Humanitaria de Emergencia; Consejo de Cooperación al Desarrollo; Consejo de las Comunidades Catalanas del Exterior; Patronato Cataluña Mundo; Casa Asia; Fundación Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona; Instituto Barcelona de Estudios Internacionales; Instituto Ramón Llull; Casa de las Lenguas; Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible; Turismo de Cataluña; Consejo Interuniversitario de Cataluña; Consorcio Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña; Promotora de Exportaciones Catalanas.
Les abruma, ¿no? Veintisiete órganos para una política exterior de una sola comunidad autónoma, que entre ellos duplican sus funciones, como la Agencia Catalana de Cooperación, que ejecuta lo que le dice la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, y a su vez el Consejo de Cooperación al Desarrollo, que es el que elabora informes. Tres órganos supeditados que bien podrían quedarse en uno ¿Sabe lo que cuesta toda esta política? 35 millones de euros anuales, según el presupuesto de 2011.
Esta es solo la partida de Asuntos Exteriores, pero todavía hay más instituciones duplicadas que no han sufrido apenas recortes en Cataluña. Hay cuarenta y un consejos comarcales para ayudar a los municipios, con un presupuesto de 630 millones con dos mil setecientos trabajadores, de los que unos mil son consejeros; un Consejo Audiovisual Catalán que se lleva 8 millones de presupuesto; un defensor del pueblo que les cuesta 7,9 millones de euros al año, la Comisión Jurídica Asesora (3,4 millones), la Sindicatura de Cuentas (12 millones), la Oficina Antifraude (5,3) y el Consejo de Trabajo, Económico y Social (2,9). La Secretaría General de Deporte de la Generalitat tiene un presupuesto de 82 millones, con unos logros tales como conseguir, entre otras cosas, que se reconozca a la selección catalana de dardos.
Este es más o menos el panorama. Haga este ejercicio ahora con cada consejería de cada comunidad autónoma de nuestro país, y luego baje a los ayuntamientos, a las comarcas, a las mancomunidades, váyase al Senado, pasee por las diputaciones, dé un garbeo por los ministerios y direcciones territoriales, direcciones generales, hable con asesores, con los asesores de los asesores, reléase este capítulo mil veces, que solo es una gota en el intrincado mundo de nuestra política. Y si después piensa todavía que para ahorrar solo se puede recortar en Educación y Sanidad, enhorabuena: tal vez usted sea uno de esos visionarios políticos de la tijera y todavía no lo sepa.