Imagínese una oficina con casi mil empleados. Es el día 24 de diciembre y se escucha una conversación entre una secretaria y una telefonista:
—Oye, ¿vais a venir a cenar esta noche a casa o es mañana?
—Nosotros hoy. Tú también, ¿no?
—Pepe no sé; pero espera que llame.
La telefonista marca la extensión de uno de los talleres, que está dos pisos más abajo.
—Pepe, ¿cenas esta noche en casa?
—Sí, de hecho nos vamos desde aquí, en coche, Manuel, que está en datos, su cuñada y dos nueras del jefe, la de los teatros y la de la sección de desarrollo económico. Creo que cabemos todos, pero con los que somos este año, no sé dónde lo vamos a celebrar.
—¿No te has enterado? —dice la secretaria que tiene el manos libres para que la telefonista lo oiga—. La cena se hace en el salón de plenos, somos cuatrocientos cincuenta.
Es la gran familia donde el patriarca lleva veinticuatro años al frente de un equipo de novecientos cincuenta empleados. Más de dos décadas manejando un presupuesto de 27 millones de euros anuales y una deuda de 60 millones más. Bienvenido al reino de José Luis Baltar (PP), la controvertida Diputación de Ourense, que es la segunda empresa de la provincia en número de trabajadores. Treinta y tres bedeles custodian el edificio, y presuntamente, al menos un tercio de ellos, fueron candidatos a compromisarios, es decir, podían votar en aquel congreso del PP orensano en el que el hijo del Baltar fue elegido como presidente en sustitución de su padre. Entre el año 2007 y el 2009 se empleó con contratos temporales a ciento seis personas que integraron listas del PP en noventa y dos ayuntamientos de la provincia, a setenta y nueve concejales más y a unos ciento veinte parientes de estos. El número total de familiares, «parientes de» y simpatizantes es un secreto que guarda a buen recaudo la propia institución.
Con toda esta maraña de puestos cubiertos a dedo, hay un sector que está padeciendo a lo grande: las academias de oposiciones. Una trabajadora de uno de estos centros en Ourense nos cuenta lo siguiente: «Cuando se convocan oposiciones a la Diputación de Ourense no tenemos apenas alumnos apuntados para prepararlas. Hubo una vez el año pasado que se convocaron cincuenta plazas y no teníamos ninguno apuntado. Cuando venía gente a informarse porque no sabía muy bien a qué optar y le hablábamos de las plazas de la diputación, todos nos decían: “No, esas no, que están para los enchufados”, y así siempre».
Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Sirve para algo una diputación? En el anterior caso, el de Ourense, ya hemos visto que para una función tan loable como dar puestos de trabajo a profesionales que se lo merecen. Pero en otros, tendremos que remontarnos un par de siglos para entenderlo.
Se crearon allá por el siglo XIX, cuando el eco del «¡viva la Pepa!» todavía estaba presente, y su misión era ayudar a los municipios rurales y más pequeños en su gestión y funcionamiento. Las diputaciones hicieron que llegaran más carreteras, agua potable y demás a aquellos lugares donde no tenían recursos. Apareció la hermana mayor, la comunidad autónoma, y empezaron a mermar. Pero las diputaciones no querían perder poder y siguieron gestionando prácticamente todas las áreas de gobierno en la provincia. Hay técnicos de obras, informáticos, sanitarios, bibliotecarios, bomberos, recaudadores de impuestos, mecánicos… Eso por citar solo algunos de los oficios y profesiones que trabajan para la diputación y sus órganos satélites. Entonces, si hay diputaciones, mancomunidades, comarcas y demás, ¿cuál sobra? Duplicar competencias con otras entidades autonómicas o municipales es el leitmotiv de nuestras formas de gobernabilidad, y un ejemplo claro de esto lo tienen los maños.
Aragón tiene un millón trescientos mil habitantes; más de la mitad se concentran en Zaragoza, su capital. Pues atento: conviven cinco niveles de administración pública, que son: el gobierno central, el de la comunidad autónoma, el de las diputaciones provinciales, el de las comarcas y el de los ayuntamientos. En total ochocientos gobiernos, setecientos treinta ayuntamientos, treinta y dos ejecutivos comarcales con más de dos mil empleados, las tres diputaciones (Zaragoza, Huesca y Teruel) y la comunidad autónoma. Muchos de los políticos de esta región duplican cargos: alcaldes que son diputados o senadores, concejales que son diputados provinciales o comarcales, etc.
Es ahora cuando hay que preguntarse: ¿para qué se crearon los gobiernos comarcales hace diez años? Si fue para reagrupar ayuntamientos y acercar a los ciudadanos los servicios, ¿no es esa la tarea que cumple la diputación? ¿No está para organizar a los ayuntamientos de una provincia y gestionarlos? ¿En qué quedamos, diputación o comarcas?
La organización provincial española nos cuesta un total de 22.000 millones de euros anuales. En este gasto tenemos que contabilizar los consorcios, empresas públicas, fundaciones, sociedades mercantiles y demás instituciones parasitarias que viven de ellas. De todo esto, las diputaciones solo son capaces de cubrir con sus recursos el 20 por ciento de los gastos. Por eso Rubalcaba se empeñaba en decir que había que suprimirlas. Trabajan setenta y seis mil funcionarios en ellas y lo que los ciudadanos sabemos de sus funciones es relativamente poco.
Solo podemos destacar noticias como la de que a Carlos Fabra, ex-presidente de la de Castellón, le haya vuelto a tocar la lotería, o que inaugure un aeropuerto sin aviones. O podemos decir que, con un presupuesto de 661 millones, como tiene la de Barcelona, 2,5 millones se van en asesores. O en ocasiones solo llega el eco de un Rus (de la de Valencia), que envalentonado asegura que echará a todos los que se metan con la institución. En palabras suyas: «En la empresa privada quien critica a la empresa se va a la calle». Lo que no sale en la prensa es que esa diputación en concreto tiene treinta y un diputados y treinta y siete asesores que cuestan 425 millones de euros al año.
Por cierto, jamás adivinaría cuál es la cuarta diputación más endeudada por habitante de nuestro país: La Gomera. Cada isleño debe 1.046 euros.