—Hola, buenos días, ¿es la Entidad Local Menor de…?
—Sí, dígame…
—¿Me podría decir para qué sirve esta institución? Quisiera saber exactamente qué competencias tiene, quién es el responsable, etc.
—Bueno, esto es como un ayuntamiento pero pequeñito, pero no le sé decir más.
—No se preocupe, ha sido muy amable. Gracias y buenos días.
No decimos el lugar concreto, porque como este hay miles en España. Se lo explicamos. La Entidad Local Menor (ELM) es a lo que oficialmente se llama «entidad de ámbito territorial inferior al municipio». Se llama así en La Rioja, Aragón, Castilla y León y Galicia, porque en otras comunidades autónomas tiene otros nombres: parroquias, pedanías, entidades locales autónomas, entidades municipales descentralizadas… Lo dice bien claro: descentralizada.
Pero ¿qué es lo que está centralizado y se debe descentralizar? No es un refrán, que conste. Estos minigobiernos lo que hacen es acercar la Administración a los ciudadanos de zonas alejadas de la capitalidad. Hasta aquí, todo correcto. Continuemos. Los regentan el alcalde pedáneo y la junta vecinal, sus funciones son la administración y conservación del patrimonio, incluido el forestal, el aprovechamiento de los bienes comunales, etc. Y también ejecutar servicios que les delegue expresamente el ayuntamiento. Un momento, ¿depende de otro ayuntamiento más grande?
Veamos un ejemplo: Bozoó es un pueblo «capitalino» en la provincia de Burgos. Es el que tiene el ayuntamiento, luego Portilla y Villanueva Soportilla tienen entidades locales menores que dependen de Bozoó. Son tres organismos para tres pueblos, no está mal, teniendo en cuenta que es muy difícil para el Ayuntamiento de Bozoó gestionar a sus ciento once habitantes y además no tener un apoyo para gobernar solo en los otros dos pueblos con veinticuatro y siete habitantes cada uno. No pasa nada, crear minigobiernos acerca a los ciudadanos. Correcto, por eso en nuestro país existen tres mil instituciones tan necesarias como estas, miniayuntamientos que se suman a los más de ocho mil ayuntamientos que todos conocemos. No es tanto, teniendo en cuenta que en Gran Bretaña se apañan con trescientos cuarenta entes locales para sesenta millones de habitantes. Lo más curioso de todo esto es que, cuando hay elecciones, los vecinos de las entidades locales menores echan tres papeletas. Andrés España, alcalde pedáneo de Tredós, en el Valle de Arán, lo explicaba así en la publicación alcaldes.eu:
Cuando hay elecciones municipales, las de elegir alcalde, para entendernos, se votan tres papeletas: una para el pueblo donde vives, otra por los concejales de la alcaldía (…) y otra para el Consejo General del Valle de Arán.
Este último es el gobierno autónomo del Valle de Arán, dentro de la provincia de Lleida, otro más que añadir a la ensalada.
Los miniterritorios gobernados ya están inventados hace tiempo, pero por inventar que no quede, si para ello tenemos que retroceder siglos en nuestra historia.
Porque hay nombres raros, y escalones gubernamentales para dar y vender, hay quienes, en un ramalazo de coherencia política, en plena crisis pudieron llegar a decir:
—Contreras, ¿cuántos cargos nos quedan por repartir?
—Pues no sé, unos siete u ocho que no están colocados.
—Pues llama a Pere, al historiador que me contó un día no sé qué cuento chino de los medievales, que con eso podemos crear otro estamento más de gobierno.
—Pero señor, no trabaja con nosotros, habrá que contratarlo.
—Pues que haga un informe de esos que le pagamos, que quedan tan bien en las estadísticas, y que se invente más organismos, que aquí de historia solo sabe él.
—Pero estamos en crisis y…
—¡Qué crisis ni qué leches! Aquí hay que repartir, que tenemos muchos compromisos. Pero recuerde, Contreras, de cara a la galería, esto solo es por defender nuestras raíces históricas.
Conversación ficticia que podría haberse dado un 2 de febrero de 2010, cuando el famoso tripartito catalán, reunido al completo, aprobaba el proyecto de Ley de Veguerías, una demarcación territorial histórica de Cataluña que existió desde el siglo XII hasta el XVIII. En ese proyecto transgresor se contemplaban siete nuevos organismos públicos para gobernar en siete regiones diferentes de la división provincial que actualmente tiene Cataluña. Así nacían demarcaciones nuevas como la de Tierras del Ebro, Alto Pirineo y Arán o Campo de Tarragona, junto a otras que ya tienen los mismos límites geográficos como Barcelona, Lleida o Girona.
Muchos pueden pensar que lo que se intentaba era cambiar diputaciones, organismos provinciales y demás por este nuevo proyecto. Pero no, lo que se intentó fue aumentar las divisiones gubernamentales. En un gobierno tripartito toca menos a repartir para cada partido. Así que hay que hacer el pastel más grande, y se le echa más harina. Si había que retroceder siglos para justificar más órganos de poder, pues hecho.
Pero las veguerías jamás vieron la luz. Una sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 2010 sobre el Estatut frenó el proyecto, que ya estaba aprobado por el Parlament y casi puesto en marcha. El Constitucional alegó que si los límites territoriales no coincidían con las cuatro provincias, nada de nada, y argumentaba:
Nada se opone a que, a efectos estrictamente autonómicos, las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías. Como nada impide, tampoco, que en ese supuesto los consejos de veguería sustituyeran a las diputaciones provinciales.
Exacto, cambien si quieren el nombre, pero nada de duplicar y crear nuevas oficinas. Ni se les ocurra. Porque con los 556 millones de euros al año que gasta la Generalitat en los consejos comarcales ya es suficiente.