Imagínese sentado en su sofá, con el mando de la consola en sus manos. Se dispone a jugar a un videojuego. Hoy usted es el protagonista de Courtfighter. O lo que es lo mismo, El guerrero de los juzgados.
Comienza la partida. El escenario: un juzgado cualquiera. Su objetivo: encontrar al funcionario que le va a solucionar sus problemas. ¿Las trampas? Cada trabajador depende de un organismo, si acierta tiene un bonus, si no, game over. Lleva en su mano una poderosa arma, una demanda civil.
Comienza el juego cuando usted entra en el vestíbulo del edificio. Salvado el primer escollo, un suelo encerado y resbaladizo, llega hasta el mostrador central. Allí una mujer de mediana edad le pregunta qué es lo que desea; entonces la imagen se congela y una pregunta irrumpe en el centro de la imagen: ¿de qué organismo depende esta funcionaria? Las opciones aparecen en rojo intermitente en los bordes inferiores de la pantalla. Debe apuntar con su arma y elegir: comunidad autónoma, Ministerio de Justicia o Consejo General del Poder Judicial… «Esta depende del ministerio», se dice para sus adentros, dispara y… pierde la partida en la primera pantalla.
Es lo que tiene nuestro sistema jurídico, que para conseguir un récord en nuestro videojuego particular tiene que aprenderse al dedillo cómo funciona el entramado y qué actores participan en él: los abogados del turno de oficio los paga la comunidad autónoma, igual que los edificios, el material y parte del personal, como la protagonista de nuestra partida (bedeles, mensajeros, etc.). El Ministerio de Justicia financia solo la otra parte del personal: jueces, fiscales y secretarios judiciales. Ahora bien, la selección y destino de los jueces y magistrados depende del Consejo General del Poder Judicial.
Cuando uno acude a un juzgado espera obtener una solución justa y rápida. Lo de justa depende del juez, y lo de rápida ya no tanto, sino más bien de los medios que posea. Según esté en una u otra comunidad, así será la justicia que reciba. Por ejemplo, un desahucio tarda en ejecutarse un año y medio en Madrid, mientras que en el País Vasco puede efectuarse en tres meses; si tiene un problema con la Administración sepa que Andalucía un juicio contencioso administrativo tarda unos cuatro años en resolverse, mientras que en La Rioja el plazo se reduce a siete meses. Si tiene un problema con su empresa y la lleva a un juzgado de lo social en Cataluña sabrá a qué atenerse a los cuatro meses, mientras que uno de Canarias no dictará sentencia hasta dentro de diez. Al tema del tiempo, añádale los medios. Puede ocurrir, por ejemplo, que unos juzgados se queden sin servicio postal de notificaciones porque la Consejería de Justicia, en este caso la de Valencia, con un agujero de 30 millones euros, no haya pagado a Correos.
Cada comunidad ostenta competencias plenas en materia de gestión de medios personales y materiales. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en lo referente a compartir información, los juzgados españoles funcionan casi como si entre ellos fueran de países diferentes. ¿Cree que exageramos? Llamemos a Contreras, nuestro fiel empleado público. Seguro que de haber trabajado en un juzgado habría vivido conversaciones como esta:
—Contreras, tengo aquí un expediente de un caso en el que dictamos una busca y captura. Échale un vistazo, fue hace dos años. ¿Sabemos algo de él?
—Un momento, déjeme ver.
Contreras se acerca a analizar el expediente. Le bastan cinco segundos para saberlo todo de él.
—Nada, no hay nada nuevo.
—Fíjate —confiesa el juez—, me da la impresión de que es una persona que posiblemente ya habrá hecho de las suyas en otras ciudades. Busque a ver Contreras.
—Yo, si quiere, lo intento, pero le digo que en cada comunidad tienen su propio sistema informático y que son incompatibles entre sí. En Madrid está el Libra, en Andalucía el Adriano, en Valencia el Cicerone, en Canarias el Atlante, etc. Vamos, que ya ve, funcionan que da gusto… Un amigo me dijo que si metía un apellido de ocho letras en el registro de penales, siempre le salía que no tenía antecedentes, ¡aunque sea el delincuente más buscado! Ni siquiera el programa de procesamiento de datos de los fiscales, el Fortuny, es compatible. Solo cinco autonomías pueden compartir toda su información con el Minerva.
—Entonces, ese tiene que ser muy bueno.
—Es el que tienen las autonomías que no han cedido competencias en Justicia, pero fuera de eso, ya le pueden estar procesando en un juzgado, que el juez del de al lado no lo sabrá nunca, aunque sus puertas estén a menos de un metro.
—Como este sinvergüenza —interrumpe el juez refiriéndose al fugitivo— viva en Andalucía, delinca en Valencia y le dé por entregarse en Madrid, ya nos ha hecho un lío. A ver si se va al extranjero y se lo pedimos todo junto a la Interpol.
De hecho, aunque se haya anunciado durante años su creación, a febrero de 2012, seguimos sin tener un registro central para faltas. Las condenas en juicios de faltas no generan antecedentes penales; por tanto, uno ya puede haber quitado miles de carteras al descuido o hurtar todo lo que quiera en una tienda por valor de menos de 400 euros que el juez nunca sabrá cuantas veces lo ha hecho.
El caos judicial y la falta de conexión provocan situaciones propias del siglo pasado. Por ejemplo, el desperdicio de horas de policías y forenses que en muchos casos tienen que viajar a la otra punta de España para decir: «Sí, me ratifico en el informe que elaboré sobre este caso hace años». ¿No oyeron hablar de la videoconferencia? En algunos juzgados los sumarios siguen formando montañas de papel repartidas por cualquier lado. ¿No oyeron hablar de la digitalización?
Por cierto, visitamos en Alicante un juzgado que tenía más de cincuenta expedientes ¡en el baño! Un juzgado muy solidario que da lectura a sus empleados en sus momentos más íntimos y les ahorran el traerse una revista o el periódico:
—Contreras, ¿qué fue del caso de divorcio de ayer?
—El caso está en el váter, estamos en ello, ahora mismo está repasándolo Francisco, que acaba de volver del café y el cigarrito.
—Vaya, a mí me da que este caso no huele muy bien.