—Buenos días… hace unos días llamé para que me prepararan mi historial médico, porque me traslado a vivir a Zaragoza.
—¿Su nombre?
—María P.
—Un momento.
La recepcionista del ambulatorio abre un fichero y busca el expediente.
—Aquí lo tiene.
María se va a su casa y al llegar lo abre. Está íntegramente en catalán.
La escena se produjo en un centro de salud de Barcelona. María volvió al ambulatorio y reclamó. Cómo se iba a llevar a Zaragoza su expediente en catalán para que lo siguiera y entendiera allí un médico que desconoce esa lengua. Pidió que se lo entregaran en castellano y fue cuando le dieron todo tipo de excusas: que si es complicado, que si el programa informático no está en castellano, etc. María dio media vuelta y se fue con un palmo de narices.
Unos kilómetros más al sur, en Tarragona, Pilar aguardaba en la sala de espera de la unidad de atención primaria del hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Mientras hacía tiempo para su cita, se le ocurrió echar un vistazo a los folletos que reposaban sobre una mesa. Había uno que informaba sobre la importancia y los beneficios de la lactancia materna. Su sorpresa fue al ver que solo estaba escrito en catalán… y en árabe.
Fue en 2009 cuando CiU lanzó la propuesta de instaurar el catalán como lengua vehicular en la sanidad y fue apoyado por el tripartito al completo. También lo hizo en Justicia. Incluso ofrecía incentivos de 600 euros por trimestre a los funcionarios que usaban la lengua autonómica.
¿Son estas situaciones legales? El Estatuto de Cataluña de 2006, en su Título Preliminar 6.2, dice: «Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales (catalán y castellano) y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas».
En los artículos 137 y 139 de la Constitución Española se expone: «Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».
Lo que acaba de leer debería ser verdad según estos textos legales. Las lenguas oficiales reconocidas (catalán, valenciano, euskera y gallego) deben respetarse como se respeta el castellano, además también deben respetarse que los asturianos hablen bable, los murcianos, panocho, los canarios, guanche, los aragoneses, el chapurriau y un largo etcétera. Pues eso es mentira.