Tiene que empezar a ser consciente, usted ha contraído el virus autonómico. Esto no es más que saber que dependiendo de donde nazca tendrá más o menos derechos que sus vecinos, aunque viva a tan solo un kilómetro de la otra autonomía. Debe saber que nunca, bajo ningún concepto, debe abrir un negocio en dos comunidades diferentes, porque perderá; no debe apagar un fuego en otra región, porque no le dejarán; no se le ocurra enseñar una tarjeta sanitaria de otra autonomía, porque le mirarán mal en los hospitales. Y cuidado si cambia a sus hijos de colegio a otra región, se juega su futuro.
Ambulancias que no se mueven, policías que se persiguen, incendios que no se apagan, escuelas que confunden… para darnos cuenta de esto, lo mejor que nos podía haber pasado ha sido la crisis. La estela que va dejando a su paso es como un detergente que limpia los colores con los que se camuflaban las mentiras que durante muchos años nos hemos ido tragando. La crisis nos ha dejado en punto muerto, así que hemos hecho una ITV a fondo de este país, y con mucho sentido del humor le vamos a contar a su dueño, que es usted, que tiene mucho más que pérdidas leves de aceite.
Ahora parece que todos lo sabían. Empezando por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que, recién estrenado su cargo, a comienzos de 2012, culpaba a las autonomías del aumento del déficit público. A buenas horas…
Si no nos hubiéramos rascado el bolsillo, si no hubiera ni para jeringuillas de insulina, ni para libros, ni para futuras pensiones, tal vez nunca nos habríamos percatado de la inmensidad de instituciones públicas y duplicidades que existen en nuestra Administración. ¿Por qué crear algo sencillo, si se puede complicar? ¿Por qué si podemos ir en línea recta no vamos haciendo eses?
Un día que volvíamos de grabar un reportaje a una familia que había padecido un desahucio en Córdoba, se nos ocurrió la idea de seleccionar uno a uno todos los cargos de las instituciones de la Junta de Andalucía y los colocamos ordenados uno detrás del otro. Simplemente enumerándolos, ¿sabe cuánto ocupan? ¡Sesenta y cuatro páginas completas! Si se los soltáramos aquí del tirón, ya casi habríamos acabado el libro. Si a ellos les añadimos todos los que existen en las diecisiete comunidades autónomas más las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, habríamos redactado, solo citando puestos políticos, unas dos mil páginas, un volumen similar a Guerra y paz de Tolstoi. Si además sumamos los de diputaciones, ayuntamientos, comarcas y demás, la enciclopedia ilustrada se nos queda muy corta. Somos campeones de Europa, no de fútbol, sino de los que más gobiernos tenemos y más descoordinados están.
Hace años un periodista, fascinado por el éxito de la Transición española, le preguntó a François Mitterrand por qué Francia no copiaba un modelo como el de las autonomías españolas. El presidente francés, con una fina ironía, le respondió: «España es un país rico y se lo puede permitir». Pues bien, España de rica ya no tiene nada, pero ahí seguimos gastando como si fuéramos marajás: que si 400 millones de euros para nuestros diecisiete parlamentos, que si 500 millones en embajadas autonómicas, más de ocho mil ayuntamientos, tres millones doscientos mil empleados públicos… Porque nuestra política se anuncia como el camarero del famoso anuncio de la Once de 2003, aquel en el que dos componían la canción del verano con música de verbena, el popular «Jefe, ¿qué es lo que tiene?». Pues en nuestro sistema autonómico el camarero dice: «Teeeeengo ministros, tengo presidentes de comunidad y de diputación, tengo alcaldes, directores generales y asesores a mogollón».
Usted se preguntará para qué sirven realmente estos políticos. Ellos se justifican alegando que están para defender su cultura, los derechos históricos de su comunidad y para acercar el gobierno al pueblo. La gran farsa aparece cuando cualquier crítica hacia ellos es identificada como un ataque a todos los ciudadanos, es decir, al confundir la parte con el todo. Pero si criticamos a Mas, no estamos criticando al pueblo catalán. Si criticamos a Aguirre, no nos metemos con los madrileños. Pero hay más: nuestros dirigentes también sirven para ponerse el sueldo que les dé la gana. Todos los alcaldes de nuestro país pueden hacerlo; y sirven para que un concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera llegue a cobrar el doble que un profesor o un médico; sirven para que un alcalde de un municipio de cien mil habitantes pueda tener a su cargo a cincuenta y seis asesores personales, y sirven para cobrar casi el doble que el presidente del Gobierno o para que se monte toda una consejería de sanidad con su consejero, sus directores generales, etc., en una comunidad que, como La Rioja, tiene… ¡un único hospital!
Así, a bote pronto, y cambiando radicalmente de tercio, ¿me puede decir ahora mismo qué es lo que usted guarda en su trastero? Seguramente puede confirmar que las maletas, las bicicletas y poco más. Pues en nuestros gobiernos regionales y locales pasa lo mismo, no tienen ni idea de dónde ha venido o cuánto ha costado esto o lo otro. Son los expedientes X de nuestra política y hay unos cuantos. ¿Tarareamos juntos? «Teeeeengoooooo, tengo pantallas de 300.000 euros para el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), tengo un ex-alcalde de León con medio millón de prejubilación, teeeeengo 61.000 euros de sueldo anual en Parla (Madrid) para un “ñapas” que trabaja de peón, tengo 7.000 millones de euros de deuda que me ha dejado Gallardón…». Esto último lo podía cantar Ana Botella, la alcaldesa sustituta de Madrid.
Veamos lo de las pantallas planas de Alcorcón:
—¡Contreraaaaaaas! —Pérez, alarmado, llamaba a su asesor.
—Dígame, señor alcalde.
—Busque el inventario del consistorio del anterior gobierno, que quiero ver bien lo que hay, y repasar las cuentas… o esto va a ser un desmadre.
Contreras se va a realizar el encargo. Pasan los días y el alcalde lo llama a su despacho.
—Contreras, ¿qué pasa con el inventario?
—Es que… pues… que… no existe.
Ni Contreras ni la conversación son reales, pero no creemos errar mucho el tiro al inventar esta escena. El Ayuntamiento de Alcorcón era un trastero de esos en los que hasta que no haces limpieza no sabes lo que te vas a encontrar. Según el Grupo Popular de gobierno de esa localidad, lo que sí se había limpiado era la caja, nada más y nada menos que 10 millones de euros en gastos y proyectos de última hora. Por esa razón David Pérez, el nuevo alcalde (PP), pidió el inventario que jamás existió. Para controlar el paradero de esos bienes comprados al final de la legislatura y que todavía no se sabe a dónde han ido a parar. Lo que sí supieron de inmediato fue que la deuda ascendía a 612 millones de euros.
Muy cerca de allí, Parla y Tomás Gómez se hacían famosos en el extranjero. Salían en los papeles como ejemplo de la ruina pública de las administraciones españolas. Lo dijo el diario Financial Times. ¿Sabe cuál era la noticia? Que el consistorio iba a ser embargado por un proveedor al que le debía 4 millones de euros. Por cierto, ¿cuánto cobra un responsable de mantenimiento con categoría de peón en este ayuntamiento? 61.000 euros anuales.
Si nuestra situación no fuese tan negra, nuestros políticos seguirían pensando que todo el monte es orégano. Y por supuesto, usted ni papa. Porque nuestro querido país es de los pocos de Europa que aún sigue sin regular el derecho de acceso a la información oficial, es decir, que no hay apenas transparencia. Váyase a su Consejería de Hacienda y pida datos de nóminas, de cuánto se gastan en personal, en medios, en dietas… No se los van a dar, consideran que es una información que usted no debe conocer. Aunque, por lo que sabemos, esos organismos oficiales existen gracias a nuestro bolsillo.
Además, nuestros dirigentes no permiten preguntas en las ruedas de prensa. En nuestro país, en el día a día de un periodista, nos podemos encontrar con cosas como la que sigue. Hasta para grabar algo tan simple como el agua embalsada hay que pedir permiso. Llamamos al Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona las aguas en Madrid.
—Hola, mira, estoy haciendo un reportaje sobre el ahorro de agua y quiero grabar unas imágenes en un pantano.
—Sí, nosotros te damos la autorización. Pero ¿dónde te vas a poner? Dependiendo del lugar donde quieras grabar, te tiene que autorizar el municipio que linde con la presa.
—Bueno, no sé… donde haya buenas imágenes del agua. Se trataría de filmar la presa y luego el río más abajo.
—¡Ah! Entonces además de al ayuntamiento del municipio deberías pedir permiso a los de la Confederación Hidrográfica para la zona del río de la que se trate.
—¡Si yo solo quiero grabar agua! ¿Puedo ir a El Pardo? (En el distrito de Fuencarral, en Madrid, por donde pasa el río Manzanares).
—No, en ese caso, al ser un lugar protegido y tratarse de un Real Sitio, tienes que pedir el permiso a Patrimonio Nacional.
Solo quería grabar agua, eau, H2O, water… nada más. Una pared, otro muro, una escalera… ¡Qué entramado más fatigoso es nuestro sistema político territorial! A cada peldaño que subimos, a cada pasito que damos dentro de él nos encontramos con esa casta autonómica y local que lo custodia.