^[1] Aunque procedente de El País (11-12-94), la cita está tomada de Miquel Izard: Sin leña y sin peces deberemos quemar la barca (Pueblo y burguesía en la Cataluña contemporánea), Los Libros de la Frontera, Barcelona, 1998, p. 206… <<

^[2] H. Southworth, «Desde el rencor» (El País, 1-7-86)… <<

^[3] Hay varios antecedentes de interés. María Cristina Rivero Noval pudo consultar antes de 1992, cuando publicó su trabajo La ruptura de la paz civil. Represión en La Rioja (1936-1939), editado por el Instituto de Estudios Riojanos, el Archivo de Justicia del Gobierno Militar de la Rioja, dedicando uno de sus capítulos a la Justicia Militar. Tres años después, en 1995, Julia Cifuentes Chueca y Pilar Maluenda Pons, dos de las autoras de El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Siglo XXI, Madrid, 1992, en unión de Ángela Cenarro Lagunas y María del Pilar Salomón Chéliz y coordinadas por Julián Casanova Ruiz, utilizaron las causas judiciales de los Juzgados Militares Togados de Zaragoza en su obra El asalto a la República. Los orígenes del franquismo en Zaragoza (1936-1939), publicado por la Institución «Fernando el Católico». También Luis Lamela García, autor de Estampas de injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión, editado por la coruñesa Ediciós do Castro en 1998, ha podido utilizar diversos documentos del Tribunal Militar Territorial IV… <<

^[4] Sirva de ejemplo la investigación abierta en los primeros días de 1939 a Domingo Tejera de Quesada por noticias alarmantes. Tejera, director del diario ultraderechista La Unión, comentó en una reunión que Severiano Martínez Anillo, máxima autoridad en el Orden Público fallecida poco antes, había muerto en atentado cuando viajaba en su vehículo, produciéndose numerosas detenciones. El comentario llegó a oídos del Delegado de Orden Público, el guardia civil Santiago Garrigós Bernabeu, quien consideró oportuno comunicar el hecho al auditor Francisco Bohórquez, que pasó el tema al teniente coronel Jesús Ransanz García para que instruyera diligencias. El expediente se cerró al poco tiempo sin consecuencias para Tejera, quien aunque mantuvo en todo momento que se había disparado contra el vehículo, hubo de retirar la afirmación de que Martínez Anido hubiera muerto en el atentado… <<

^[5] Lejos de mi ánimo el deseo de generalizar. Creo sinceramente que lo más frecuente es que la mayoría de dichos funcionarios ayudan cuanto pueden a los investigadores. Ocurre, sin embargo, que los que actúan en sentido contrario, por pocos que sean, causan estragos y paralizan todo esfuerzo investigador… <<

^[6] F. Espinosa Maestre, La guerra civil en Huelva, Diputación Provincial, 2005, Huelva, pp. 15-21… <<

^[7] ¿Cómo se explica que algunos Ayuntamientos muestren sin trabas sus fondos documentales con la simple presentación del carnet de investigador mientras otros exigen minuciosas instancias, informes jurídicos y decisiones de la Comisión de Gobierno? ¿Cómo que mientras un Juzgado de 1.ª Instancia pone todo a tu disposición otro similar te impida consultar libro alguno? ¿Cómo que a estas alturas los grandes archivos históricos militares no se rijan por iguales criterios que los demás archivos del Estado? Hay otros dos medios más sofisticados para bloquear a los investigadores, medios que salvan la abierta y desagradable negativa, ya en desuso: uno, exigir todo tipo de requisitos y aplazar indefinidamente la resolución con un sinfín de triquiñuelas, y otro, achacar a un eterno proceso de catalogación la imposibilidad de acceder a documento alguno. Existe igualmente lo que podríamos llamar el método del funcionario experto. Primero interroga al investigador sobre sus objetivos y, sin ni siquiera haber llegado éste a tocar catálogo ni papel alguno, dirá: «De eso que busca no hay nada de interés». Comentar que a pesar de eso se quiere ver lo que hay, no hará sino empeorar todo. Todavía en los ochenta, entre los funcionarios de edad, en medio de sus preguntas, incordios y negativas podía escucharse una frase curiosa e inquietante: «¡Y que conste que nada tuve que ver con aquello!». Finalmente, el método más refinado, de rancia estirpe inquisitorial, consiste en crear un ambiente enrarecido plagado de medias respuestas y negativas en torno al investigador, sin aclararle nunca a qué se debe ni cuál ha sido su supuesto error. Frente a todo eso, y no sin cierto sentido del humor, el recuerdo perenne de Pessoa: «Seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta, junto a un muro sin puerta».

Resulta ejemplar en este sentido el caso del investigador Kurt Rainer Zorn (véase El País, 11-7-99). En 1997 se dirigió al Ministerio de Asuntos Exteriores con objeto, entre otras cosas, de sacar información sobre nazis protegidos por Franco a partir de 1943. No pudo. Con la Ley de Patrimonio Histórico 13/1985, artículo 57/3 por delante, le fue comunicada la negativa a consulta alguna «por contener datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen sin que medie consentimiento expreso de los afectados». Por suerte, Zorn, que además de investigador es abogado, presentó un recurso y ha sido finalmente la Audiencia Nacional la que, dos años después (¡!), ha tenido que recordar al archivo que no existe impedimento legal alguno para consultar documentos anteriores a los cincuenta años prescritos por la ley. «Mi rebelión ha valido la pena. España no debería tener miedo a revisar su historia», concluye el investigador. Vuelvo a repetir, de todas formas, que el problema no es del archivo sino del turbio legislador que, en un mismo texto, mezcló adrede el tope del medio siglo con conceptos ajenos a una legislación clara y concisa como la seguridad, honor, intimidad e imagen de las personas afectadas, inhibiéndose así de un problema que él debía haber resuelto y que, sin embargo, pasó a los encargados de los documentos.

Tampoco olvido que, según Ángel Viñas, dicho archivo de Exteriores era a fines de los ochenta «una muestra de pensamiento avanzado», ya que permitía desde 1984 la consulta de documentación con sólo veinticinco años de diferencia temporal (Véase Ángel Viñas, «La historia de la contemporaneidad española y el acceso a los archivos del franquismo», en Sistema, n.º 78, mayo de 1987, pp. 17-36). Claro que el mismo Viñas reconocía que dado el artículo 57, por encima de la Ley, «cuya importancia para el enfrentamiento científico con nuestro pasado no es ya necesario subrayar», todo dependería del reglamento posterior, reglamento del que todavía, catorce años después, estamos a la espera. Como era de temer se perdió una oportunidad histórica. Alguien consideró que no era cuestión prioritaria… <<

^[8] Pueden verse fragmentos, desde luego no el que se reproduce, en Monografías de la Guerra Civil, La marcha sobre Madrid, Ed. San Martín, Madrid, 1982, p. 143… <<

^[9] G. Duby, Diálogo sobre la historia, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 78.. <<

^[10] Están ahí siempre alertas. No hicieron más que aparecer los trabajos de Casanova, Solé, Villarroya y Moreno Gómez, Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999, trabajo coordinado por Santos Julia Díaz, cuando ya se leía en cierto periódico (ABC de Sevilla, 14-3-1999, p. 103), que «duele más la sospecha de que sigan existiendo dos bandos. Que la guerra civil se perpetúe hoy, como en una monstruosa pesadilla, en la guerra de las cifras de los muertos». En ese mismo número se anunciaba, como si de una respuesta se tratase, la salida de un trabajo de Pío Moa sobre los orígenes de la guerra civil, trabajo que con este mismo título de Los orígenes de la guerra civil sería publicado en Madrid poco después por la editorial católica Encuentro y en el que se mantiene que la guerra la inició la izquierda en octubre de 1934, teoría que como luego se verá es tan antigua como el propio golpe militar de 1936. Un ataque mucho más directo, aunque de dudosa consistencia, contra Víctimas sería Salvar la memoria. Una reflexión sobre las víctimas de la guerra civil, editado por la Iglesia de Badajoz en 1999 y escrito por A. D. Martín Rubio, autor de diversas obras sobre el martirologio católico. Como telón de fondo, el intento por parte de la Iglesia española, apoyada por el Vaticano, de convertir a España en el país de los mártires (los que dicen suyos) del siglo XX. Aunque se ha llegado incluso a reeditar Historia de la persecución religiosa del obispo Montero, este proceso iniciado a finales de los ochenta encuentra su expresión en obras como las de Vicente Cárcel Ortí, quien previendo las reacciones contrarias a la actitud de la Iglesia ya advirtió en 1990 que «el ideal religioso es infinitamente superior al ideal político» (Véase La persecución religiosa durante la segunda república (1931-1939), Ed. Rialp, Madrid, 1990, p. 394). De las páginas 36-37 de la misma obra es la siguiente declaración de principios: «… es muy difícil, por no decir imposible, que [la Iglesia] cambie radicalmente la visión del pasado. La iglesia, para favorecer la reconciliación nacional, no puede olvidar la historia, no puede borrar el pasado ni hacer triunfar la historiografía oficial de los vencidos de la guerra». Lo cierto es que la Iglesia lleva sesenta y cuatro años seguidos con sus «martirologios». ¡Qué tiempo no les llevará el día que se decidan a profundizar con igual ahínco y tesón en las vicisitudes finales de aquéllos que siendo creyentes fueron confesados por ellos antes de ser asesinados por los golpistas!<<

^[11] Monserrat Roig, «La mujer española en los campos nazis», en Actas del Seminario La posguerra española y la Segunda Guerra Mundial, Diputación de Córdoba-Área de Cultura, Córdoba, 1990.<<

^[12] He aquí tres muestras de la historiografía heterodoxa: La faz actual de España, (Losada, Buenos Aires, 1952) de Gerald Brenan; El mito de la cruzada de Franco (Ruedo Ibérico, París, 1963) de Herbert Southworth, y Los topos (Argos, Barcelona, 1977), de Jesús Torbado y Manuel Leguineche… <<

^[13] El País (27-3-99). Unos meses después, el día 8 de junio, coincidiendo con la conclusión de la guerra en Yugoslavia, aportó un nuevo punto de vista complementario: «A los muertos se los comerán los gusanos y a los gobernantes, los historiadores».<<

^[14] Pondré cuatro ejemplos: Luciano Suero Serrano, Memorias de un campesino andaluz, Queimada Ediciones, Madrid, 1982; Pablo Uriel Diez, Mi guerra civil, Ed. del Autor, Valencia, 1988; Felicísimo Gómez Villota, Represión de los Tribunales Militares franquistas en Oviedo, Ed. del Autor, Gijón, 1994, y Manuel Tapada Pérez, Guerra y posguerra en Encinasola, Ed. del Autor, Sevilla, 1999. En las investigaciones en las que se entra en contacto con la gente se accede a veces a un último nivel: el de los diarios y las memorias escritos a mano o a máquina, documentos de incalculable valor para el historiador.<<

^[15] Josep Fontana, «Los campesinos en la historia: reflexiones sobre un concepto y unos prejuicios», en Historia Social, n.º 28, p. 11.. <<

^[16] Véase el discurso de clausura en Justicia en Guerra. Jornadas sobre la administración de Justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales (Salamanca, 1987), Ministerio de Cultura, Madrid, 1990. El polo opuesto, emitido en pleno ascenso fascista, vendría representado por Radovan Karadzic, quien a comienzos de 1998 afirmó: «La historia, si no es nuestra, no debe existir», frase que sirvió de encabezamiento a un artículo de Juan Goytisolo en El País («Historias, historietas e historia», 28-01-98).<<