^[2] Debió ser en una de las dos estancias en prisión cuando coincidió en la Prisión Provincial de Sevilla con Francisco Gonzálbez Ruiz, ex Gobernador Civil de Murcia, en cuya memoria carcelaria nos dejó el siguiente diálogo: «—Don Francisco, a usted todo se le puede contar… Mi padre era un honrado administrador de las fincas del señor marqués de Tal, en la provincia de Jaén. Y buen republicano. Yo me hice hombre a su lado, con el único fin de crearme, dignamente, una posición económica para los míos, siempre por medios lícitos. Viene la guerra y… ¡se acabó todo! Ingresé en Falange y se me destinó… ¡a un pelotón de ejecuciones! Y ya ve… llevo fusilados por mi mano ¡ochocientos uno! —¿Qué dice usted?— ¿Qué quiere usted que hiciera? Lo que mandaban. —Pero ¿es posible? ¿No hay exageración?— No, señor. Ni uno más ni uno menos. Tengo la cuenta exacta. Cuarenta y siete en las tapias de la piscina; cincuenta y dos en la carretera de Alcalá… Yo dirigía el pelotón. Nos daban la lista y nos entregaban los individuos en la comisaría. Los cargábamos en el camión. Yo tiraba mejor que mis compañeros… Cuando llegábamos a lo que nos parecía buen sitio de ejecución, pie a tierra y nos los iban echando los guardias al suelo, uno a uno. Yo no los hacía sufrir. No se me escapó ni uno…» (Véase Francisco Gonzálbez Ruiz, Yo he creído en Franco. Proceso de una desilusión [Dos meses en la cárcel de Sevilla], Ediciones Imprimerie Coopérative Étoile, París, 1937, pp. 91-92). <<

^[3] Manuel Peregrina Pagador, de veintinueve años, vivía en el número 51 de Pelay Correa. Fue detenido el 14 de febrero de 1936 por coacciones y tenencia ilícita de armas, quedando en libertad el día 17 de febrero por la amnistía. El 29 de junio volvió a prisión por atentado, siendo liberado definitivamente el domingo 19 de julio con el resto de los falangistas encarcelados, caso de los hermanos Joaquín y Manuel Miranda González, Martín Ruiz Arenado, Adrián Iruztn Ausmendi y José Ilurbajo Álvarez, los cuatro últimos encarcelados por el asesinato de un obrero en Aznalcóllar en abril de 1935. Este caso, en el que también participó Narciso Perales Herrero y donde actuaron como defensores Manuel Blasco Garzón, Antonio Filpo Rojas, Servando Meana Núñez, Ramón Sánchez Pizjuán y José Antonio Primo de Rivera, constituye con sus débiles condenas —las máximas fueron de dos años y cuatro meses— un buen ejemplo de la connivencia de ciertos sectores judiciales con los grupos fascistas. <<

^[4] Esta misma historia del comerciante que por un conflicto con Falange cae en sus manos siendo obligado a ingerir aceite de ricino y posteriormente rapado, aunque con algunos datos personales cambiados, fue ya mencionada por Antonio Bahamonde Sánchez de Castro en la página 79 de sus memorias. Se trata indudablemente del mismo caso y representa la prueba de que fue ampliamente conocido. <<

^[5] Esta referencia evidente al caso de Eduardo Cerro procede de los recuerdos de Julián Márquez Villafaina, Aquellos días de agosto, Diputación de Badajoz, Badajoz, 1999, p. 219. Curiosamente no se hace referencia alguna, probablemente por desconocerlo, al estatus militar de la víctima. <<

^[6] Emilio del Cerro Muñoz era director del Banco de España de Talavera de la Reina (entonces del Tajo) y fue asesinado tras pasar por Consejo de Guerra por haberse negado a taladrar, a petición de otro funcionario de rango inferior, billetes por valor de tres millones de pesetas. Posteriormente, en mayo de 1937, fue sometido a expediente sobre declaración de responsabilidad civil por Juzgado Especial de Incautaciones. El expediente de responsabilidad civil lo instruyó Arturo Suárez Bárcena Giménez, el mismo que llevó un expediente similar contra la corporación municipal de Badajoz. En 1943 la familia —esposa, hija y tres hijos, todos ellos condecorados por los servicios prestados en la Guerra de Liberación— todavía intentaba recuperar parte de esos bienes, la mayor parte acciones y rentas, por ser en régimen de gananciales. Agradezco a Isabelo Herreros la documentación proporcionada sobre Eduardo del Cerro Muñoz. <<

^[7] En José María Lama Hernández, La amargura de la memoria: República y guerra en Zafra (1931-1936), Diputación Provincial, Badajoz, 2004, puede leerse que Luengo Muñoz, ascendido de teniente a capitán durante el Frente Popular, se presentó a Castejón, quien lo envió inmediatamente a Sevilla. Aquí, gracias a la intervención del poderoso Manuel Pereita Vela, pudo librarse del procesamiento pero le exigirán redimirse mediante un procedimiento cruel: ser el encargado de dar el tiro de gracia en los fusilamientos.<<