Capítulo 4: Córdoba
[1] Francisco Moreno Gómez, La guerra civil en Córdoba (1936-1939), Ed. Alpuerto, Córdoba, 1985, p. 288 y ss. <<
[2] ATMTS, Leg. 108, exp. 3053. «Muerte del detenido en los calabozos de Artillería Pesada n.º 1 Don Joaquín García Hidalgo. Córdoba». <<
[3] En octubre de 2003 recibí desde Australia carta de José Luis Ruiz Dorado, sobrino de Luis Dorado Luque. En ella se lee: «Estamos en gran deuda con sus investigaciones que nos brindan una mejor pauta de la verdad que las varias historias que hemos recibido hasta ahora. Adicionalmente se pone de manifiesto un punto muy sensible contemplado en su historia: Cómo un sistema que eliminó prominentes figuras pasando por alcaldes, diputados y personas como Lorca, aunque si bien muy discreto en la aplicación y displicente en la introducción de una autoridad jurídica laminada fue tan arrogante que pudo permitirse hacer llegar información errónea a las familias de los ejecutados o peor aún como si se tratara de un experimento cruel enviar objetos personales como una billetera o en el caso de mi abuela las botas de él unos años más tarde. Por que si este fuese el caso, como usted lo ha cuestionado, tenemos entonces una diferente y más mordaz casta de inhumanidad, una excitada por el sufrimiento, infligida desde una posición sin testigos. Satisfacción en aplicación de crueldad por correspondencia». La esposa de Luis Dorado, Doña Josefa Ortiz, falleció en Málaga en 1995 a la edad de 96 años habiendo recibido una carta de reconocimiento del presidente Felipe González el año anterior. Ella creía que luego de despedirse de su esposo en la estación de Atocha él llegaría a Málaga antes que Franco. Ella vivió con la convicción de que cuando él y otros seis o siete diputados de esa parte de Andalucía llegaron a la estación de Córdoba, las fuerzas de Franco ya estaban allí. Lo que le dieron a entender es que ellos fueron capturados y llevados a la plaza de toros, que según entiendo ya no se encuentra allí y en su lugar se ha edificado un Corte Inglés, y allí fueron inmediatamente ejecutados sin juicio alguno.
Ese entendimiento fue la esencia, el conocimiento y sensibilidad que entonces impactaron y dirigieron su vida por otros sesenta años. Que las cosas no sucedieron así, que estos últimos escritos están consignados en la documentación que usted descubrió y que ella vivió su vida sin saberlo no es menos que un crimen injustificado. También se refleja pobremente en nosotros, su familia, por no ser más conscientes de la debilidad del hombre y ser ciertamente muy ingenuos. Su historia merece que se le preste más atención y me apena que no llegue a más ojos. Probablemente a muchos de nosotros nos rebote hasta estas esquinas donde hemos venido a parar, pero no reconocer lo que sucedió nos hace a todos menos Españoles, menos humanos y más vulnerables a la repetición de episodios.
Posteriormente, Antonio Somoza Barcenilla, de la ARMH de Málaga, me envió documentación referente a la larga lucha de la viuda de Dorado Luque, Josefa Ortiz de Lara, para conseguir una pensión de guerra a raíz de la Ley aprobada por la UCD en 1979. Resulta un proceso kafkiano. A pesar de que en el Registro Civil de Córdoba existe una inscripción de 5 de agosto de 1936 en que se lee: «Varón desconocido. Se procede a inscribir la defunción de un hombre de unos 50 años que fue llevado al cementerio de la izquierda por la ambulancia de la Cruz Roja el día 30 de julio, en cuyos bolsillos le han sido encontrados varios documentos y tarjetas a nombre de Luis Dorado Luque y una cédula personal al mismo nombre [siguen sus datos personales, dirección, etc.]. Falleció según dictamen de autopsia de los forenses a consecuencia de heridas por arma de fuego que han herido el cerebro y el hígado…», se le denegó la pensión en 1979 por no existir seguridad de que la persona a la que se refería la inscripción fuera su marido, lo que finalmente pudo conseguir tras mucho trabajo realizando una nueva inscripción en Antequera en 1993, lo que supuso que la pensión sólo le fuera pagada no desde que hizo la solicitud en 1979 sino desde dicho año 1993. La Administración no tuvo en cuenta que, aparte de la negativa a admitir la inscripción de Córdoba, el Juzgado de Primera Instancia de Málaga perdió el expediente durante varios años. <<