6. Badajoz.

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Badajoz.

Sólo tendrá el don de encender la chispa de la esperanza en el pasado, el historiador que esté firmemente convencido de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si gana. Y el enemigo, no ha cesado de ser victorioso.

Walter Benjamín

AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES

ENTRE LOS CASOS QUE ESTAMOS VIENDO, el de Badajoz representa el más extremo, pues al contrario que las otras ciudades tratadas, ésta tuvo cierto tiempo y firme voluntad para prepararse. De ahí su ejemplo de oposición frontal y generalizada a los sublevados. La oficialidad de la Guarnición era mayoritariamente favorable a la sublevación, en cuyo sentido venía ya actuando en contacto con Falange. Pero en Badajoz ni había habido un ensayo general como en 1932 ni un Cuesta Monereo manejando todos los hilos desde el Estado Mayor. En el momento decisivo unos cuantos oficiales y suboficiales decididos consiguieron que la capital extremeña se mantuviera fiel a la República. Claro que no estaban solos, pues desde el momento en que se tuvo noticias del golpe militar tanto el Gobernador Civil Mariano Granados Ruiz, de Izquierda Republicana, como los dirigentes políticos y sindicales actuaron con rapidez movilizando a las masas y rodeando los cuarteles. El general Luis Castelló Pantoja, comandante militar, y el coronel José Cantero Ortega, Jefe del Regimiento de Infantería Castilla, eran militares legalistas, al igual que el teniente coronel José Vega Cornejo, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y Antonio Pastor Palacios, teniente coronel de Carabineros. Desde esos momentos iniciales de la sublevación hasta el día 14 de agosto, Badajoz, ciudad fronteriza marcada históricamente por su función militar y en concreto por el recuerdo de la Guerra de la Independencia, se volcó en preparar su defensa frente a la amenaza constante que representaba el gran loco golpista de Sevilla.

Cuando el general Castelló fue nombrado ministro de Guerra, se envió desde Madrid como comandante militar el coronel Ildefonso Puigdengolas Ponce de León, quien nada más llegar a Badajoz el 23 de julio reorganizó los mandos militares e inició la formación de milicias ciudadanas, que recibieron armamento en los propios cuarteles. La «Columna Puigdengolas» actuaría en los primeros días de agosto, destacando entre sus actuaciones el fallido intento de frenar a las fuerzas que subían de Sevilla en Los Santos de Maimona el 5 de agosto. Entre las grandes dificultades surgidas en la ciudad cabe destacar la rebelión de la Guardia Civil en la tarde del 6 de agosto, sofocada en menos de un día a costa de numerosas pérdidas humanas por la inmediata reacción de las milicias en unión de fuerzas de Infantería y Carabineros.

Los días previos a la llegada de las fuerzas de Yagüe, Castejón y Asensio debieron ser terribles para todos. Cientos de personas acudieron desde los pueblos para ofrecerse en defensa de la República. Un grupo significativo de oficiales y suboficiales se ofrecieron para prepararlos militarmente; otros militares, la mayoría, procuraban desaparecer. Era tal la actitud de algunos de ellos que las milicias decidieron vigilarlos. Este problema se agravó con la sublevación de la Guardia Civil el día 6 y cuando a partir del 7 de agosto la ciudad comenzó a ser bombardeada por la aviación de Queipo, bombardeos indiscriminados cuyo único objetivo era minar la moral y la resistencia de una ciudad que aunque dispuesta al sacrificio se sabía olvidada. Un día, por ejemplo, uno de los bombardeos más duros tuvo por objetivo el Hospital Civil. Cuando las columnas africanas se acercaban, los milicianos se vieron obligados a detener a los militares que huían y a llevarlos a las posiciones asignadas. Los militares, como los civiles, apreciaban a simple vista la desproporción entre defensores y atacantes. Por más amurallada que la ciudad estuviera ¿qué podía hacer contra la aviación? Muchos militares se negaban a disparar o lo hacían fuera del objetivo, y en cuanto podían desaparecían. Cuando arreciaron los bombardeos, unos se escondieron y otros huyeron.

La ocupación definitiva de la ciudad ofrece numerosas zonas oscuras. Analizados todos los datos que se conocen resalta la falta de coordinación con que fue realizada y la facilidad con que fueron entregados al sacrificio moros y legionarios. La artillería y la aviación destrozaron a capricho las posiciones defensivas. La aviación republicana, pese a las patéticas llamadas de socorro de las diversas autoridades, ni apareció^[1]. Yagüe, sin embargo, fue satisfecho en todas sus peticiones. Como en Huelva y Sevilla, los casi cuatrocientos derechistas ingresados en la Prisión Provincial desde julio —otra vez lo más selecto de la derecha y del fascismo— fueron encontrados con vida y liberados. Un intento de asaltar la prisión el día 5 de agosto fue cortado de raíz por las autoridades republicanas. Entre el 18 de julio y el 14 de agosto perdieron la vida violentamente a manos de incontrolados once personas.

En las horas posteriores a la ocupación, que causó varios cientos de muertos, las fuerzas invasoras protagonizaron una brutal operación en la que se llevaron por delante todo lo que se movía. Guiadas por militares y fascistas locales recorrieron toda la ciudad, unas veces disparando y otras conduciendo a los detenidos a locales habilitados como prisiones, entre ellos la Plaza de Toros. Un ejemplo entre muchos: un conocido propietario, Joaquín Thomas Thomas, fue asesinado cuando celebraba alborozado la irrupción de las tropas en la puerta de su casa. Por otra parte, siguiendo tradiciones ancestrales, los Jefes de las tropas mercenarias con Yagüe a la cabeza dieron a sus hombres un tiempo para satisfacer sus caprichos, de forma que a la violencia se sumó el expolio. El que luego sería Delegado de Orden Público, Manuel Gómez Cantos, llegó a escribir que con «la Ley de Guerra se puede autorizar únicamente el saqueo en los primeros momentos de locura a la entrada en la Plaza». Comercios y casas particulares fueron saqueados, y como no podían llevarse el botín lo vendieron en calles y plazas a los que decidieron aprovecharse de la situación, utilizada igualmente por otros para robar lo que dejaban las tropas de Yagüe. Antonio Bahamonde recuerda en sus memorias cómo al cabo de muchos meses aún se veían establecimientos cerrados con tablas y con todos los cierres, puertas e interiores destrozados^[2].

La gravedad de los hechos y la indignación de muchas personas cercanas a las posiciones de los invasores obligó, ya con las fuerzas ocupantes camino de Talavera de la Reina, a dictar un bando que exigía la restitución inmediata de todos esos objetos por parte de sus poseedores. Alcanzó especial notoriedad el saqueo de los almacenes «La Paloma»^[3], uno de los más importantes de la ciudad. Para colmo, los objetos que se pudieron reunir, en dependencias militares y eclesiásticas, desaparecieron sin dejar rastro, dando lugar por parte de la Justicia Militar a la instrucción de un sumario que estuvo a punto de enfrentar a las máximas autoridades y que fue finalmente sobreseído. El Garaje Pla, por ejemplo, fue saqueado por los marroquíes y además los treinta y tres vehículos allí existentes fueron requisados, pasando el coche personal de Luis Pla Álvarez a poder de Juan Yagüe Blanco. De todo ello se hizo eco Antonio Bahamonde. En cierto momento de la larga instrucción, ya en 1938, el capitán de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, que había ocupado en 1936 la Delegación de Orden Público en sustitución del comandante de la Guardia Civil Manuel Pereita Vela, realizó un informe de tales características que el mismísimo Cuesta Monereo anotó con su minuciosa letra de burócrata:

A Bohórquez: ojo con este tío [Gómez Cantos] que está loco y a ver si nos arma un lío cargándose a la intemerata de gente. Ten cuidado con esto. Estoy mejor. Mañana iré por allí.

Cuesta lo debía saber con razón, pues su jefe Queipo de Llano había otorgado a Gómez Cantos con anterioridad amplios poderes en materia represiva en provincias como Huelva y Málaga. «¡Qué juego está dando este Gómez Cantos!», diría Queipo en su charla del día 3 de agosto de 1936. No es de extrañar que con tan larga experiencia deba ser considerado de manera unánime como gran innovador dentro del sadismo represivo que imperaba. En Badajoz hubo un tiempo en que le dio por alternar con personas cuya vida pendía de un hilo; pasados unos días, él mismo se encargaba de llevarlos a los muros del Cementerio para eliminarlos. Resulta un misterio saber qué pensarían Cuesta o el Auditor Bohórquez al leer en el informe de Gómez Cantos palabras como éstas:

El Bando de Teniente Coronel Yagüe fue únicamente para el elemento civil y el beneficio pleno, para el Señor Perita [primer Delegado de Orden Público] que públicamente se sabe que su capital estaba completamente mermado y en la actualidad tiene sus campos, sus viñas y sus terrenos con lujo y lleno de ganado, vendiendo partidas importantes en el Matadero de Mérida. En la actualidad se está tramitando por esta Delegación otra información sobre venta de ganado del fusilado Señor Pía, que sin expediente ni orden fue vendido al completo por el Señor Perita, cobrando todo su importe su secretario y contable el Sargento Piña, estafador de coches, no entregando a los compradores recibo de ninguna cantidad. Como está demostrado que el señor Perita dispuso de géneros, muebles, radios, relojes, sin previa autorización, pues basta que el Gobernador Civil lo demuestra en su reducida e incongruente declaración… me permito proponer a V. E. le imponga la sanción gubernativa militar…

¿Quién era Gómez Cantos? Nos encontramos sin duda ante otro de los siniestros personajes que deberían figurar en el cuadro de honor del fascismo español. Manuel Gómez Cantos, hijo de un oficial 3.º de Marina y que contaba con cuarenta y cuatro años en 1936, ingresó en la Guardia Civil en 1920 procedente de Infantería. De su historial, jalonado de deudas y pendencias, podría destacarse como buena muestra de su talante lo ocurrido en 1932, siendo ya capitán, en Puente-Genil, donde detuvo personalmente a un viejo campesino al que sorprendió recogiendo aceitunas del suelo, llevándolo al Ayuntamiento y abofeteándolo en la plaza delante de la gente. Tras unos años en Jaén, durante el Bienio Negro estuvo destinado en Marbella (Málaga), donde hubieron de soportarlo hasta que finalmente, tras las elecciones de febrero de 1936, la influencia conjunta del teniente coronel de Carabineros Alfonso López Vicencio y de varios diputados malagueños consiguió sacarlo de Málaga con destino a Villanueva de la Serena (Badajoz). Como cabía esperar, será esta desgraciada localidad la única de la provincia en la que con la acción conjunta de la Guardia Civil y Falange triunfe por unos días la sublevación fascista, produciéndose gravísimos enfrentamientos con numerosos muertos y heridos por ambas partes. A fines de julio, viéndose en inferioridad ante los milicianos y las fuerzas de Asalto enviadas desde Mérida, huyó hacia la provincia de Cáceres, uniéndose posteriormente a la Columna Madrid. En noviembre de 1936, en plena ofensiva sobre la capital, tomó a setenta guardias civiles y se plantó en Leganés sin orden ni consulta alguna a sus superiores, hecho considerado como falta grave y que fue denunciado como tal al general Queipo, que sin embargo mostró siempre gran simpatía por él.

En los primeros días de febrero de 1937, con motivo de la caída de Málaga, el capitán Gómez Cantos irrumpe nuevamente en Marbella al mando de una Brigada Móvil de la Guardia Civil, entregándose de inmediato a las tareas represivas. Igual le dará asesinar a un niño que repartía prensa como a una mujer embarazada. También en Marbella dejará constancia de una de sus preferencias: realizar personalmente los asesinatos. Él mismo, tras prometerle clemencia y ayudarla a levantarse, dispara sobre una mujer que acostumbraba a dar vivas a los milicianos. Cumplida su misión en Marbella es destinado a mediados de 1937 a la sierra de Huelva, llevando el terror a huidos y a vecinos. No sería de extrañar que entre los problemas existentes y los que indudablemente crearía con su llegada se crease el estado de violencia generalizada que llevó a Queipo a declarar el estado de guerra para media provincia el día 6 de agosto de 1937. El campo de actuación del capitán Gómez Cantos fue ampliándose cada vez más, llegando a abarcar amplios sectores de Córdoba, Badajoz, Sevilla y Huelva. Todas sus actividades eran comunicadas diariamente al comandante Cuesta Monereo. En febrero de 1938, tras una larga etapa de «limpieza de huidos» por todo el suroeste, el general Queipo, que sin duda tenía el don de rodearse del personal adecuado para sus planes, decidió enviarlo como delegado de Orden Público a Badajoz. Enviar a Gómez Cantos, a quien todos los que lo conocían salvo Queipo consideraban un perturbado mental, a la provincia de la que tuvo que huir perseguido por los milicianos debe considerarse una parte más de la cuota que tuvo que pagar la provincia de Badajoz por su férrea oposición al fascismo.

Con posterioridad, ya con el grado de comandante, que recibió en septiembre de 1938, sería ascendido a Gobernador Civil de Pontevedra y, finalmente, a la Comandancia de Cáceres, alcanzando el grado de teniente coronel. Por su actuación hasta ese momento le fue concedida la medalla militar individual. Será en Cáceres, en Mesas de Ibor, donde tuvo lugar el hecho por el que su nombre ha vuelto a sonar: el fusilamiento de tres guardias civiles el 17 de abril de 1945 en la plaza del pueblo por haber fracasado ante un grupo guerrillero. El hecho produjo gran impacto en diferentes ámbitos, pero la Dirección General de la Guardia Civil amparó la actuación de Gómez Cantos. Como en los casos de Manuel Díaz Criado o de Gregorio Haro Lumbreras, habrá quienes ingenuamente piensen que sus excesos han motivado su caída. Pero no. En la España de 1945, cuartelera y trentina, su falta será haber negado los auxilios espirituales a los tres ejecutados, lo cual llevará al Obispado de Cáceres a ejercer presiones sobre el primado Pla y Deniel hasta conseguir que el 7 de junio siguiente fuese condenado a un año de prisión «por abuso de autoridad» y la obligación de indemnizar con 10 000 pesetas a las familias de los guardias civiles. Ingresó en prisión el 6 de enero de 1947, jubilándose anticipadamente a su salida. Más tarde volvería a la Guardia Civil, ya como coronel y destinado al Centro de Instrucción hasta su retiro. Murió en Carabanchel el 29 de mayo de 1977^[4]. Pero volvamos a Badajoz y al mes de agosto. Recién tomada la ciudad, el Gobierno Civil fue ocupado por el comandante de Infantería retirado Marciano Díaz de Liaño Facio, la Delegación de Orden Público por el ya aludido teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Pereita Vela, la Comandancia Militar por el comandante de Infantería Eduardo Cañizares Navarro, la Presidencia de la Diputación por el comandante de Infantería retirado Francisco Sancho Hernández y la Alcaldía por el capitán de Infantería retirado Manuel García de Castro. La Falange, que instaló su cuartel en el Casino de la calle del Obispo, fue dirigida por el abogado y propietario Arcadio Carrasco Fernández-Blanco y por Agustín Carande Uribe.

¿Qué fue de las autoridades republicanas? El gobernador Mariano Granados huyó el día 13 a Portugal, consiguiendo llegar a Lisboa, desde donde con otros 1430 españoles conseguiría salir con dirección a Tarragona en octubre de 1936 a bordo del Nyassa. Entre los muchos que pasaron a Portugal se encontraba el coronel Puigdengolas^[5], que lograría llegar a la España republicana encontrando la muerte en combate ese mismo año. Otro grupo de huidos a Portugal cayeron en poder del personal civil y militar del puesto fronterizo de Caya, controlado por los sublevados el 10 de agosto. Las autoridades portuguesas, decididamente alineadas a favor de los golpistas e incumpliendo normas básicas de asilo, devolvieron a los fascistas de Badajoz a diversos personajes de relieve como el alcalde Sinforiano Madroñero Madroñera y el diputado socialista Nicolás de Pablo Hernández, asesinados, por un pelotón de Falange al mando de Felipe Moreno Damián, el día 20 de agosto en un acto público de exaltación patriótica tras una misa de campaña^[6]. Mientras eran detenidos y aniquilados en masa centenares de prisioneros otros fueron exterminados de manera selectiva. El mismo día 14 asesinaron a varios militares, entre ellos el coronel José Cantero Ortega, cuyo cadáver permaneció hasta el día 17 en los fosos del Cuartel de La Bomba. La documentación siempre se referirá a él como fallecido o sobreseído definitivamente. Antonio Pastor Palacios y José Vega Cornejo fueron asesinados, respectivamente, el 15 y el 17 de agosto, día éste en que cayeron igualmente casi un centenar de militares. La represión se cebó en un primer momento en Carabineros y Asalto, fuerzas que abortaron la sublevación de la Guardia Civil del 6 de agosto. La mayoría de los cadáveres hallados en los fosos fueron quemados, un buen ejemplo de cómo funcionó la represión en Badajoz, en este caso en el ámbito civil, fue lo ocurrido con el alcalde y los veinticuatro concejales. Desaparecieron a consecuencia del Glorioso Movimiento quince de ellos:

Sinforiano Madroñera Madroñero, José Bizarro Gallego, Pedro Cienfuegos Bravo, José García Sito, Benito Higuero Lairado, Joaquín Lozano Jurado, Nicasio Macías Sanguino, César Moratinos Mangirón, Juan Antonio Rodríguez Machín, Manuel Ruiz Lozano, Salvador Sanguino Monsálvez, Toribio Silgado Espino, Crispianiano Terrón de la Cámara, Juan Villarreal Muñoz y Guillermo Viñuelas Fernández

Y una vez asesinados fueron sometidos a procedimiento judicial por el presunto delito de auxilio a la rebelión. Se iniciaron las diligencias el 9 de septiembre. Todo se dirigió a la supuesta malversación de fondos municipales (unas 30 000 ptas.) utilizadas para la alimentación de las milicias. Pero lo importante era la intención, que no fue otra que embargar bienes de todo tipo a todas las personas mencionadas. Como siempre, se encontraron con la simple realidad de que ni siquiera en los dirigentes de izquierda había mucho que sacar. Tanto los bancos como el Registro de la Propiedad se ofrecieron sin rubor a los golpistas, facilitándoles todo tipo de datos en meticulosos informes que detallaban de la manera siguiente:

Todos los Bancos ofrecieron informes similares, reteniendo y poniendo a disposición del Juzgado Militar todos los saldos. El más perjudicado fue el alcalde Madroñero, un joven comerciante natural de Sancti-Spíritus que había logrado acumular unas treinta mil pesetas.

El expediente aporta curiosos listados de los gastos aprobados «para los milicianos rojos que luchaban contra nuestro glorioso Ejército, según consta en las actas de las sesiones municipales celebradas los días 20 de julio y 10 de agosto de 1936». En este momento de la instrucción el Auditor Bohórquez decidió el procesamiento de los encartados y la justificación documental o testifical de la muerte de varios de los fallecidos, hecho comunicado por el Gobierno Civil. Algunos como López Alegría, Vihuelas Fernández o Moratinos Mangirón tuvieron tiempo de prestar declaraciones en las que se aprecia la tensión reinante. No sabían qué decir. Moratinos reconoció ser republicano y que «en el mes de julio a requerimiento de varias personas ingresó en su izquierda. Que efectivamente votó los acuerdos de 20 de julio y 10 de agosto de este Ayuntamiento del año actual, si bien alega que por estar ocupado con las cuentas con los síndicos y estar de conversación en las sesiones no se dio cuenta de lo que votaba». El socialista Viñuelas reconoció que «votó los acuerdos porque estaban cohibidos y como nadie se atrevió a decir nada él tampoco lo dijo». Con fecha 1 de octubre se ordenó la detención e ingreso en prisión del alcalde y concejales. Era una nueva vuelta de tuerca.

A los pocos días, desde el Gobierno Civil se informó que varios de los encartados habían fallecido y otros se encontraban en ignorado paradero, de forma que se ordenó a la Guardia Civil y a la Comisaría de Investigación y Vigilancia su busca y captura. El Boletín Oficial de la Provincia publicó una requisitoria exigiendo la presentación de éstos bajo la amenaza de ser declarados rebeldes. Respecto a los ya fallecidos, el Juzgado Municipal comunicó a comienzos de noviembre que «no existe en este Registro Civil dato alguno que confirme oficialmente dichas defunciones». El 3 de diciembre el primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Manuel Pereita Vela, informó al Instructor que «se suponía que hubieran fallecido, pero no es que se tuviera la seguridad de ello; ni se ha encontrado en el curso de las averiguaciones hechas por la fuerza de esta Comandancia quien lo atestigüe». Un oficio de ese mismo día de la Comisaría de Investigación y Vigilancia aportó una nueva perspectiva al informar de que ninguna persona podría testificar sobre dichos fallecimientos, pues tanto la muerte del alcalde como la de los concejales «parece ser que ocurrieron en choque con la fuerza pública y sólo se tiene constancia de ello de una forma imprecisa por rumor público».

Si pensamos que nos estamos refiriendo a asesinatos, algunos de los cuales se cometieron como si de espectáculos públicos se trataran, podremos comprender la magnitud de la trama y el talante de sus protagonistas. A mediados de diciembre de 1936 el Comisario Jefe Adrián Carballo y el Jefe de la Guardia Civil Manuel Pereita informaron que ninguno de los encartados en la Causa 567/36, empezando por Madroñero y acabando por Viñuelas, había podido ser detenido. Entonces todos fueron declarados en rebeldía. Eran los últimos días de 1936.

Entre febrero y abril de 1937, y a consecuencia del punto muerto en que se encontraba el sumario, la instrucción había pasado del comandante Enrique López Llinas al capitán Máximo Trigueros por considerar el primero que se había agotado la investigación sumarial. Entonces fueron realizadas las inscripciones del alcalde y varios concejales en el Registro Civil. La iniciativa había partido de los que buscaban el embargo de sus bienes^[7]. Tres de los concejales, Lozano, Sanguino y Viñuelas, no fueron inscritos ni por entonces ni a comienzos de 1938, cuando una vez más el Juez Militar solicitó copia de las inscripciones al Registro.

El 16 de abril de 1938 el Auditor, teniendo en cuenta los «fallecimientos» de nueve de los procesados, decidió el sobreseimiento definitivo de la causa, «sin perjuicio de las responsabilidades civiles que puedan exigirse». Los seis restantes, entre ellos los tres que no habían sido inscritos, siguieron en busca y captura. El 21 de abril de 1938, firmando la aprobación del sobreseimiento y la vuelta de las actuaciones al Auditor, Queipo cerró el sumario con su firma.

Cabe establecer ciertas características sobre la relación entre la represión y su plasmación en los archivos de Badajoz. Sabemos que en Sevilla fueron rehechos los libros originales para hacer desaparecer nombres y apellidos y dejar sólo constancia numérica de los que día a día ingresaban en las fosas comunes; sabemos igualmente que en Huelva se hizo constar el número diario de «desaparecidos» durante unos meses. En ambas ciudades el Registro Civil de defunciones recogió sólo posteriormente, y siempre por debajo de las altísimas cifras resultantes de los Libros de Cementerio, las pérdidas humanas ocasionadas por la represión. El caso de Badajoz es diferente. En el Cementerio constan los nombres de varios centenares de represaliados por el hecho de que se permitió a sus familias darles sepultura individual. No se trata de asesinatos ocurridos al amparo de la noche, sino de hechos violentos celebrados a la luz del día y en lugares públicos, lo cual, al contrario que en las ciudades antes mencionadas y dado el relieve social de muchos de ellos, permitía a las familias encargarse de las víctimas. Digamos que la resistencia que ofreció la ciudad animó a sus invasores en los primeros momentos a realizar sin tapujos lo que en otras ciudades efectuaron de noche y a la luz de los faros de algún vehículo. La primera ejecución por sentencia de Consejo de Guerra tuvo lugar a finales de enero de 1937. Y poco antes, en diciembre, comenzaron a realizarse inscripciones al amparo del decreto sobre desaparecidos de noviembre de 1936.

Este caso singular, en el que los que constaban como inhumados en los Libros del Cementerio no aparecían en el Registro Civil, entró en contradicción por la historia que antes se ha contado del alcalde y concejales. No cabe duda de que el hecho de que las certificaciones que el Juez Instructor requería y se le negaban por inexistentes en el Juzgado pudieran acreditarse desde hacía meses en el propio Cementerio, hecho por lo demás absolutamente ilegal, debió mover a la reflexión de las autoridades. Alguien decidió entonces inscribir en el Registro Civil todos los nombres recogidos en los libros del Cementerio. Esto se hizo lentamente al principio y por oleadas a partir de julio de 1937, dando lugar a otro fenómeno totalmente extraño. Los funcionarios del Juzgado realizaron las inscripciones reuniendo en cada tanda de inscripciones a los que fallecieron tal o cual día pero sin respetar la cronología, de forma que tras una serie de inscripciones de personas desaparecidas el 23 de agosto podían venir otras tantas eliminadas el 17 de ese mismo mes. Todo ello —pensemos que el proceso de inscripción duró tiempo— da a los Libros de Defunciones del Registro un carácter críptico que sólo se clarifica si se tiene en cuenta el registro del Cementerio.

Al contrario que en Sevilla o Huelva, en Badajoz no existe actualmente constancia alguna de los «desconocidos» que desaparecieron a partir del 14 de agosto de 1936. Es evidente, por otra parte, que el escaso número de inscripciones realizadas al margen de la operación mencionada prueban que debió existir una fuerte oposición a que tal fenómeno se generalizara y que el terror paralizó y segó cualquier tipo de iniciativa por parte del sector social afectado. En conclusión, y tal como era previsible, la ocultación de la represión afecta más a Badajoz que a otras provincias del ámbito de la II División y en el itinerario de la Columna Madrid, convirtiendo en norma un principio que podría enunciarse como «A mayor represión, mayor ocultación».

REQUISAS Y SAQUEOS (HORNACHOS, BADAJOZ, 1936)

El expediente 207(a)/1937, contra varios vecinos de esta villa, acusados como poseedores de ropa o enseres procedentes de requisa a personas de izquierdas, fue abierto el 23 de junio de 1937 por el comandante militar de Hornachos (Badajoz), el capitán de Artillería Medardo Chicote, con destino en la 4.ª Bandera de FET y de las JONS. Actuaron como Instructor y secretario el alférez de dicha Bandera Ursicino Alonso Mayo y Luis Blanco Fuentes, subjefe de la 17 Centuria de Badajoz. En principio, aunque luego se amplió la lista, los vecinos incluidos en la investigación fueron Pedro González, Laureano Cisneros, Adrián Villena, Manuel Cordón, Tomás Sánchez, Hilario Acedo y Francisco Delgado.

Los registros fueron realizados por varias mujeres de FET y de las JONS de la localidad en compañía de ocho falangistas de Badajoz. El resultado de la búsqueda fue el siguiente: cinco sábanas y tres fundas de Hilario Acedo, guardia municipal; cuatro sábanas y tres fundas de Josefa Hidalgo; un paño de pedestal de Juliana Gutiérrez; bragas, servilletas, paños y un chaleco de Rufina Cáceres; dos sábanas y un cesto de Joaquina Navarro; dos colchones, cestas de ropa, cinco sábanas y una colcha de Jacoba Navarro; tres sábanas, servilletas, manteles y una toalla procedentes de una pariente roja de casa de María Giménez; una funda de almohada de Escolástica Zaché Orozco; sábanas, fundas y colcha de María Meneses; una colcha y dos fundas de Josefa Orozco, y una colcha y una funda de Josefa «La Corte». Los registros en las casas de Laureano Cisneros, Pedro González, Pedro Gordon y Adrián Villena, cabo de los municipales, no dieron resultado. De algunos de estos objetos ya se decía en el informe que pertenecían a Ramona Méndez, Josefa Sánchez, Tomasa Puello, Juana Hidalgo y Joaquina y Mercedes Circujano, todas ellas personas de izquierdas cuyo paradero se desconoce.

En algunos casos, como el de Jacoba Navarro o Manuel Circujano, se percibe que el objetivo no es el robo. Lo que se llevan procede respectivamente de la casa de su nuera y de la de su hermana y sobrina. También hay que señalar, caso de Joaquina y Jacoba Navarro, que en ocasiones los objetos requisados han llegado a sus nuevos poseedores a través del guardia Hilario Acedo. Otras personas, caso del guardia municipal Tomás Sánchez Díaz, declararon poseer objetos «procedentes de requisa de casa de persona de izquierda» pero adquiridos en pública subasta, pues, según parece, las nuevas autoridades locales organizaron un depósito para objetos requisados en un lugar llamado el «Salón de los húngaros» y procedieron a su venta.

El Instructor dio por concluido su trabajo el 7 de julio de 1937. Unos días antes el comandante militar preguntó al Ayuntamiento si dictó un bando que ordenaba la entrega inmediata de los objetos procedentes de requisa y si el guardia encargado de registrar las cosas de los huidos fue Hilario Acedo. Desde la Comisión Gestora se contestó que fueron las propias fuerzas que habían ido llegando a la localidad las que «originaron los registros y apertura de viviendas con el fin a la vez de desalojar a los marxistas que pudieran ocultarse», y que el papel del guardia Acedo se limitó a recoger de la calle las prendas abandonadas tras los saqueos.

Desconocemos las consecuencias de este expediente, cuyo origen fue probablemente una denuncia hecha ante la Comandancia Militar por persona cercana al Nuevo Orden o por alguna familia afectada con posibilidades de exigir la devolución de lo robado. Su interés radica en que en muy pocas ocasiones quedó constancia escrita de los registros que siguieron a la ocupación de los pueblos. El documento no refleja en ningún momento cómo se desarrollaron estos hechos y el ambiente en que tuvieron lugar. Una vez que las fuerzas de ocupación habían entrado y saqueado a placer las casas de los rojos, arrojando por puertas y balcones lo que les venía en gana, se permitía que quienes lo deseasen de entre el vecindario pusiesen fin a la tarea. Esto ocurrió en todos los lugares.

BANDOS DE PERDÓN: TRAMPAS PARA INCAUTOS (VALVERDE DE LEGANÉS, ENERO DE 1937)

MANIFESTACIONES DE MARGARITA MÉNDEZ SILVA, TERESA ORTIZ GUISADO Y ROSARIO DUARTE TREJO. Estas tres viudas se presentan y manifiestan que sus maridos se vinieron a presentar al pueblo acogiéndose al Bando de Perdón del Generalísimo, y que en la carretera se encontraron con unos jinetes de Falange que iban al mando de Avelino Berrocal y les dijeron que venían a entregarse voluntariamente, acogiéndose al amparo de dicho bando, que les dijeron no les pasaría nada y los llevaron a un cortijo llamado «El Higueral» y que esto fue el dos de enero último por la mañana y que por la tarde los fusilaron. Que a Teresa Ortiz le quitaron un burro, una burra y dos fanegas de cebada más unas gallinas que tenía y que le queda una hija de trece años de edad. A Rosario Duarte Trejo le quitaron un burro y le han quedado cinco hijos, todos ellos en el mayor desamparo, siendo el mayor de éstos de catorce años. A Margarita Méndez Silva le han quedado cuatro hijos, y manifiestan que la muerte de sus familiares se la atribuyen a Don Andrés Serrano, Jefe de Falange, y a Don Conrado Calvo, Jefe de Milicias de dicho pueblo, y que sus familiares fueron enterrados en el campo.

Instruyó el sumario el capitán de Infantería Máximo Trigueros Calcerrada. Juan Flores Jaramillo, de Valverde de Leganés y padre de Adrián Flores Laso, una de las víctimas, declaró por primera vez a finales de mayo de 1937, repitiendo lo que ya todos sabían y denunciando como responsables de los hechos a Conrado Calvo, Andrés Serrano, Avelino Berrocal y a un tal Forte. Juan Flores, que por estar en contacto con su hijo conocía la decisión de éste y de los compañeros de entregarse al amparo del bando e incluso el día elegido para ello, no fue llamado a declarar nunca más.

El Jefe Local de Falange Conrado Calvo Borreguero recordó que vio salir de batida a un grupo a caballo al mando de su jefe Avelino Berrocal, pero que él se marchó a Badajoz hasta que volvió a media tarde y se enteró de que la batida había causado varios muertos. Calvo reconoció al Instructor que antes de la ocupación del pueblo nadie había sufrido daño alguno. El falangista Andrés Serrano de la Concha recordaba que fueron fuerzas de la Guardia Civil y de Falange al mando del guardia José Carrasco los que los condujeron al cortijo «Los Arcos» y los mataron. Sabía también que «la Guardia Civil les requisó a las familias de los fusilados ganado asnal». Otro de los falangistas, Juan Forte Merino, dijo que por ser secretario de la organización no pudo asistir a la batida, ignorando si las cinco víctimas fueron fusiladas o por el contrario murieron en cruce de disparos. Avelino Berrocal Rubio, jefe de la Caballería de Falange, recordó que yendo aquel día de enero por el Pilar de los Corchos se encontraron con cinco vecinos que se entregaron sin resistencia alguna, siendo custodiados por unos falangistas y entregados a las fuerzas de Infantería que les seguían a cierta distancia. Juan Domínguez Saavedra y Felipe López Ramos intervinieron en la detención de los vecinos, comprobando que no llevaban arma alguna; después los llevaron al cortijo «El Higueral» hasta la llegada de Andrés Serrano, momento en que fueron trasladados a «Los Arcos» y fusilados. Saavedra se encontró a su llegada al pueblo con el padre de uno de los detenidos (posiblemente Juan Flores Jaramillo), quien muy nervioso y llorando, mostraba su alegría al saber que se habían entregado por fin y que nada les pasaría. Todos reconocieron ante el Instructor la ausencia de violencia alguna durante el «dominio rojo», calculando que desde que se ocupó el pueblo se encontraban huidas unas cien personas.

El primer guardia civil que declaró fue Juan Corrales Alvarado, quien mantuvo que viéndose atacados por un grupo armado se vieron obligados a disparar, causando varias víctimas. Añadió que si hubieran ido a entregarse nada les hubiera ocurrido, tal como pasó al día siguiente con otros dos huidos. Por motivo de estar en el servicio de Información de la División 21, el guardia José Carrasco Truchero no declaró. El primer informe del Ayuntamiento fue enviado al Instructor a finales de abril:

Los informes sobre los demás, Agustín Pascual Zambrano, Paulino Cano Fragoso y Diego Parra Ortiz, esposos respectivamente de Margarita Méndez, Rosario Duarte y Teresa Ortiz, fueron aún peores, pues ni siquiera moralmente se salvaban según la autoridad municipal. En ese momento se hizo cargo de la Instrucción un nuevo Juez, el comandante de Infantería retirado Marino Folgado Alfonso, quien aunque ordenó la continuación de las actuaciones, vio cómo pasaba un año sin aportar nada al sumario y cómo en su lugar era designado el teniente coronel de Carabineros Mariano Larios Rodríguez, quien ordenó nuevas comparecencias y algo que hasta el momento todos parecían haber olvidado: el nombre de la quinta víctima. Tras la lectura de las actuaciones indicó por otra parte, como la propia lógica de los hechos imponía, que se concretase si ofrecieron resistencia o simplemente se les aplicó el Bando de Guerra, en cuyo caso quería saber quién dio la orden. Citó también al guardia civil Carrasco Truchero. Para entonces era ya mediados de junio de 1938.

Carrasco mantuvo como su compañero que se vieron atacados por un grupo de huidos y que tras responder y hacerles huir vieron que habían muerto cinco personas. Sólo unos días después, y en el mismo mes de julio, declaró que el encuentro fue con unos huidos de la Sierra de Monsalud, a los que al dárseles el alto dispararon, «por lo que hubo de repelerse la agresión y como consecuencia del tiroteo resultaron cinco individuos muertos, cuyas circunstancias personales desconoce».

Así estaban las cosas cuando por fin se supo que la quinta víctima era Luis Parra Ortiz, un joven de unos veinte años hijo de otra de las víctimas, Diego Parra, y militante del Partido Socialista. El informe del alcalde sobre su conducta moral, política y social fue totalmente negativo. También salió ahora a colación un oficio del Gobierno Militar de Badajoz donde se felicitaba a la fuerza de la Guardia Civil que intervino en dicha acción «ignorando si hicieron resistencia, si hubo encuentro o choque con la fuerza, ni si se entregaron voluntariamente y afirmando desde luego que llevaban armas». Asimismo, el Gobernador Militar pidió que «felicitara en mi nombre a todas las fuerzas que tomaron parte y que dio por resultado la muerte de cinco significados izquierdistas». En otros documentos las víctimas pasaron a ser «significados comunistas». A pesar de las enormes contradicciones habidas hasta ese momento, el Instructor

esclarecida documentalmente la forma en que ocurrieron los hechos origen de esta información, no obstante las diferentes apreciaciones consignadas, y que a virtud de tales documentos considera innecesario un careo entre personas residentes en distintas localidades sobre hechos cuyo esclarecimiento aparece dilucidado, procediendo en consecuencia elevar estas actuaciones a la Autoridad Judicial conforme a lo prevenido en el artículo 395 en relación con el 396 del Código de Justicia Militar.

Los argumentos del Auditor Bohórquez son aún más peculiares. En ellos se reconoce el testimonio de Falange de que los huidos querían entregarse y fueron detenidos, y a la vez, se admite el de la Guardia Civil de que hubo un enfrentamiento y resultaron cinco muertos; se lee por otra parte que la Falange nada tuvo que ver con la aplicación del Bando de Guerra, orden que se sigue ignorando de quién partió, pues si bien pudo «provenir del que iba al mando de la fuerza, Andrés Serrano de la Concha, éste lo niega rotundamente, sin que sobre el particular se haya podido aportar más pruebas por hallarse agotada la investigación sumarial»; de modo que, «no habiéndose podido concretar la existencia de delito», y puesto que «todos los indicios son de que murieron en combate con la fuerza», el Auditor decidió el sobreseimiento provisional de la causa 961/37. Los falangistas de Valverde de Leganés recibieron notificación de la sentencia en diciembre de 1938.

El resultado de este sumario, uno de los más demenciales que aparecen en este trabajo, supera las evidentes conclusiones que podrían extraerse de semejante historia. No estamos sólo ante un ejemplo consumado de la impunidad con que actuaban los golpistas de 1936 o de la permanente autoamnistía que aplicaban a todas sus actuaciones; tampoco estamos simplemente ante uno más de los excesos de Falange o ante el silencio cómplice, cuando no de abierta colaboración y apoyo, de todas las instancias situadas al lado de la sublevación. Nos encontramos ante uno de los ejemplos más singulares de lo que fue la Justicia Militar franquista, ante una de las muestras más emblemáticas del Auditor Francisco Bohórquez Vecina, quien parecía constituir el ejemplo supremo de la barbarie jurídica que muy poco después el jurídico-militar Felipe Acedo Colunga elevaría a la categoría de modelo: olvidaos de leyes y códigos, la «nueva justicia» requiere «espiritualidad juvenil, entusiasmos no marchitados, optimismos eternos…». Por no requerir no requería ni coherencia. En realidad, los únicos requisitos imprescindibles eran las firmas de Bohórquez y de Queipo.

LA FALANGE, GIL ROBLES Y EL NOTARIO DE OLIVENZA (BADAJOZ)

Unas semanas antes del golpe militar, el notario de Olivenza Clemente Rodríguez Díaz entregó 14 000 pesetas al comerciante Manuel Álvarez Rodríguez temiendo lo que pudiera venir. Su pesadilla era que en cualquier registro los izquierdistas le robasen aquel dinero. El notario y el comerciante, además de vecinos, se sentían unidos por el noviazgo de dos de sus hijos.

El día 17 de agosto, tres días después de la caída de Badajoz, fuerzas al mando de Falange irrumpieron en Olivenza, asaltando y destruyendo diversos locales. Uno de los lugares saqueados fue precisamente la tienda del comerciante Manuel Álvarez, de la que entre otras cosas desapareció todo lo que había en la caja de seguridad, incluidas las 14 000 del notario. Este tipo de hechos eran llamados «operaciones de incautación». Enterado el notario Rodríguez Díaz de lo ocurrido denunció el hecho, dispuesto por todos los medios a recuperar el dinero, dando lugar a una investigación que se eternizó intentando descubrir quiénes habían sido los responsables de la incautación.

Hasta el día 5 de noviembre de 1936 no se le comunicó al Juez Instructor que las fuerzas de Falange que intervinieron en Olivenza, unos doscientos, estaban al mando del capitán de Infantería Pedro Fernández García. Al parecer nadie consideró conveniente explicar al Instructor que la columna que tomó Olivenza, formada por fuerzas del Regimiento de Infantería Castilla, por fuerzas de la Guardia Civil y por Falange, estuvo al mando del capitán Ildefonso Blanco. Según informe del Inspector-Jefe de Falange Adrián Carballo, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, el dinero incautado fue «para atender las necesidades de los primeros momentos en que [se] carecía de numerario», concretamente «para comprar armas». Interrogado el capitán Pedro Fernández sobre el hecho en cuestión declaró que incautó esa cantidad porque su dueño «era marxista» y que no podía recordar quiénes componían el grupo de Falange por la simple razón de haberse constituido dos días antes en Badajoz. Añadió además que no había en dicho grupo ningún falangista de Olivenza, dado que en ese pueblo no existía ese partido. En declaración posterior dijo recordar que uno de los que tomaron parte fue Enrique Sanz, Jefe Territorial de la Falange de Toledo.

La instrucción subió de nivel cuando, dados los escasos resultados obtenidos hasta ese momento y transcurrido ya casi un año desde la denuncia, se llamó a declarar a Arcadio Carrasco Fernández-Blanco, Jefe Provincial de Falange, el 7 de julio de 1937. Carrasco declaró que aquel dinero incautado en Olivenza se utilizó para comprar armas:

La compra de armas fue autorizada por el entonces Gobernador Militar, hoy general Yagüe, quien facilitó el paso a la frontera y la adquisición de armas hechas en Portugal, que lo fueron por conducto de la representación del Estado Español en Lisboa. Las pesetas importe de la operación fueron entregadas personalmente a Don José María Gil Robles, quien hizo las gestiones oportunas para la compra de armas cerca del Agente portugués señor Bramao, no interviniendo por tanto Falange en la operación mientras el pago de la misma, pues insisto nuevamente en que las pesetas fueron entregadas al señor Gil Robles, quien se encargó de la adquisición y pago de las armas, que entregadas a Falange y por la urgencia y necesidad de las mismas fueron inmediatamente traídas a Badajoz y distribuidas entre falangistas, paisanos y militares.

Ese mismo mes de julio de 1937 la Falange de Toledo comunicó al Instructor que no había Sanz alguno en su organización. Y tres meses después, en octubre, la Falange de Badajoz informó que no existía justificante alguno de la suma entregada a Gil Robles por la compra de armas «pero que no duda que este Señor dará de ello los datos precisos».

En diciembre de 1937 apareció en el Boletín Oficial de la Provincia una cédula de citación en la que se instaba a Gil Robles a declarar en el sumario 710/36, el sumario abierto para aclarar el destino del dinero incautado en el comercio de Manuel Álvarez. Esta línea de investigación, y la instrucción en general, se acabó agotando y a mediados de 1938, la causa fue devuelta al Juzgado de Olivenza, quien solicitó los habituales informes políticosociales sobre el comerciante a la Falange, el Ayuntamiento, el párroco y la Guardia Civil. De todos ellos sólo el del párroco le fue favorable, sin embargo, en el dictamen final únicamente se utilizaron los informes negativos, intentando justificar por todos los medios posibles la «incautación» de aquel 17 de agosto de 1936. El notario, por supuesto, se quedó sin las 14 000 pesetas.

El informe del Auditor Bohórquez dictó sobreseimiento provisional. Debajo, como siempre, la firma de Queipo.