PRIMER ACTO. CONSEJO DE GUERRA CONTRA EL GOBERNADOR CIVIL DIEGO JIMÉNEZ CASTELLANO Y LOS TENIENTES CORONELES ALFONSO LÓPEZ VICENCIO Y JULIO ORTS FLOR: LA JUSTICIA FASCISTA AL SERVICIO DE LA EJEMPLARIDAD

HUELVA CONTABA EN 1936 con una guarnición militar que, aunque escasa, hubiera podido decidir el curso de los acontecimientos el 18 de julio. Fue la firme actitud de lealtad a la República del Gobernador Civil Diego Jiménez Castellano, que ocupó su cargo el día 7 de julio, y de los tenientes coroneles Alfonso López Vicencio, de Carabineros, y Julio Orts Flor, de la Guardia Civil, la que contuvo a unas fuerzas militares favorables al golpe militar y en conexión con el Estado Mayor de la División. A las 5.10 de la madrugada del día 19, el general Queipo envió a Huelva el siguiente telegrama:

Declaren estado de guerra en Huelva desarmando a todas las directivas obreras y armando a todos los elementos de derechas, incluso fascistas, se detendrán también al gobernador civil y al alcalde.

Desde el día 18 hasta el 29, en que la ciudad fue ocupada, Huelva llegó a ser la pesadilla de Queipo y sus seguidores. Desde Madrid, sin poder ya contar con Cádiz ni Córdoba, se decidió el mismo sábado 18 de julio el envío de una columna mixta de mineros, fuerzas de Carabineros y Guardia Civil que acabara con el peligrosísimo foco sevillano. Este intento fue cortado en las mismas puertas de Sevilla por la traición de la parte militar de la columna, que al mando del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras, incomprensiblemente colocado al frente de la parte militar de la columna por el general Sebastián Pozas Perea desde Gobernación, se adelantó y se pasó en bloque a Queipo, emboscando a los mineros a la entrada de la ciudad y en el lugar conocido como La Pañoleta.

Hubo después dos nuevos intentos de formar otras columnas. El primero fracasó porque los voluntarios, después de la encerrona de La Pañoleta, donde la propia dinamita que portaban los mineros acabó con muchos de ellos, exigieron armas que les fueron negadas por las fuerzas de Infantería, que ante la presión existente regresaron a la ciudad; en el segundo, fuerzas militares de Huelva con la misión de frenar a las columnas que ya venían de Sevilla se rebelaron contra el teniente coronel López Vicencio y dieron la vuelta para tomar la propia Huelva.

Mientras tanto, en la ciudad las autoridades intentaron contener el desbordamiento producido por los acontecimientos. Personas ajenas a dichas autoridades dieron muerte en esos once días a seis personas. La seguridad de los derechistas detenidos, procedentes de la ciudad como de algunos pueblos, se convirtió en la obsesión de las autoridades. Se dictaron bandos en favor de la serenidad, de la legalidad, del respeto a la vida, bandos firmados por el gobernador, por el alcalde Salvador Moreno Márquez y por los diputados Luis Cordero Bel, Juan Tirado Figueroa y Juan Gutiérrez Prieto, a los que antes vimos defendiendo a los presos de octubre de 1934. Ciento setenta y cuatro personas detenidas fueron trasladadas al Ramón, barco situado en la ría. Entre ellas, lo más selecto de la derecha onubense, desde la plana mayor de Falange hasta los representantes más odiados de las diversas actividades económicas. Fueron protegidos día y noche por fuerzas enviadas por Jiménez Castellano. Todos fueron encontrados con vida el día 29 de julio. Su única queja fue lo escuchado a un carabinero, quien dijo con toda tranquilidad que «a todos esos hijos de puta había que matarlos».

El 29 por la mañana llegaron desde Sevilla fuerzas al mando del comandante de la 4.ª Bandera de la Legión José Vierna Trápaga. Aunque la entrada se hizo sin resistencia alguna, a las pocas horas fueron recogidos diecisiete cadáveres. El primero de ellos era el de José Miguel Hernández, cuyo cuerpo se apoyaba en el muro contiguo a la puerta de la Parroquia de la Concepción donde fue asesinado nada más llegar las tropas. Su crimen había sido golpear con una alpargata al general Sanjurjo cuando pasó por Huelva camino de Sevilla el 11 de agosto de 1932. Las demás víctimas fueron destrozadas por bombas lanzadas esa misma mañana desde una avioneta o por los disparos de las fuerzas ocupantes. Todos los cadáveres fueron llevados al Cementerio e inhumados dos días después. Ya para entonces empezaban a llegar nuevas víctimas con las que no se siguió ningún tipo de trámite.

La mayoría de las autoridades huyeron en el vapor Vázquez López durante la noche del 28 de julio. Diego Jiménez Castellano, Julio Orts Flor y Juan Gutiérrez Prieto debían haber alcanzado también el barco, pero la lancha que debía trasladarlos había sido inutilizada por dos funcionarios derechistas que habían escuchado la orden de que estuviera dispuesta. Los dos primeros anduvieron errantes por las marismas hasta que el día 2 de agosto se entregaron a la Guardia Civil en el faro de Palos. Gutiérrez Prieto, natural de Palos, se escondió en el hueco de una enorme higuera, hasta que a los pocos días fue localizado. Por su parte, Alfonso López Vicencio fue detenido el día 30 de julio en el despacho del Gobierno Civil por Haro Lumbreras.

La instrucción, a cargo de Luis Pastor Coll, se inició el día 2 de agosto. Primero aparecen informes de Haro Lumbreras, ya designado por Queipo Gobernador Civil y Militar de Huelva, sobre algunos de los militares detenidos. «Ha venido actuando en un sentido izquierdista muy acentuado», escribió sobre López Vicencio; de «ideas anarquistas y socialistas», disparató sobre el teniente de Carabineros Alberto Pérez García; del capitán de Asalto Pascual Ruiz Yagüe, sumado a la sublevación, se contentó con decir que «existe con insistencia el rumor de que este capitán había sido anteriormente expulsado del Ejército por las Juntas de Defensa». Entre el 2 y el 4 de agosto declararon muchos compañeros de los detenidos. Del gobernador poco pudieron decir, ya que la mayoría de ellos ni lo conocían; se permitieron, no obstante, afirmar, como solían hacer con las autoridades respetuosas con la legalidad, que estaba dominado por los izquierdistas y que carecía de autoridad alguna, pese a lo cual, y a diferencia de otros gobernadores civiles, ordenó que se entregasen armas a las milicias civiles. Por el contrario, el teniente coronel Orts, con el que los sublevados contaban, fue defendido por algunos de ellos, destacándose el constante esfuerzo que hizo por mantener la normalidad y la poderosa influencia de Luis Cordero y otros dirigentes izquierdistas, quienes prácticamente lo «secuestraron» en el Gobierno Civil; sus compañeros de la Guardia Civil, sin embargo, no lo defendieron. Respecto a López Vicencio la unanimidad fue total: era según todos un consumado izquierdista partidario del Gobierno de la República.

El 2 de agosto Haro Lumbreras entregó al Juez Instructor las órdenes firmadas por Jiménez Castellano y Orts Flor para la entrega de armas y dinamita, todas ellas encabezadas por el texto siguiente: «Siendo preciso para la defensa de la República disponer de elemento para ello sírvase dar al dador del presente oficio lo siguiente…», o «En uso de las atribuciones que me confiere la Ley y en vista de las presentes circunstancias he acordado ordenar a V. S. se sirva facilitar…». Haro también entregó los resguardos procedentes de la requisa de armas a toda la derecha onubense. En el informe sobre su Jefe Julio Orts se lee que «el Jefe que suscribe sacó la impresión de que llegado el momento, el Teniente Coronel se pondría desde luego al lado del Gobierno y en contra del Ejército Español».

Con toda urgencia les fue comunicado el Auto de procesamiento, destacándose la resistencia opuesta al Ejército, la entrega de armas al pueblo, el consentimiento de desmanes, incendios y saqueos, y la orden de disparar contra la aviación «del Ejército». Vislumbrando el final de todo aquello, el teniente Alberto Pérez, hijo de un militar sumado a la sublevación en Sevilla, decidió actuar en dos direcciones. Por un lado, se puso en contacto inmediatamente con su vecino y amigo de infancia Manuel Díaz Criado, ya en el cargo de Delegado de Orden Público; por otro, pidió a su familia que sacara todas las cartas y recuerdos de sus contactos con el general Sanjurjo, al que había hecho diversos favores y al que siguió en su aventura de agosto de 1932. Ante las reticencias de algunos militares sevillanos en librar a Alberto Pérez de una muerte segura, Díaz Criado los amenazó con llevarse por delante a otras amistades de ellos. Entonces, para que no resultara tan evidente, se decidió meter en la misma causa y que siguiera la misma suerte al capitán de Asalto Pascual Ruiz Yagüe. Ambos serían juzgados en 1937 y condenados a prisión.

Los procesados declararon en la cárcel el mismo día 2. El teniente coronel Orts se derrumbó, acusando de coacciones al gobernador y a los dirigentes izquierdistas. De López Vicencio dijo que justificaba los desmanes de las masas como «reivindicaciones del proletariado por los muchos años que habían estado sujetos a la masa burguesa». Mantuvo que su presencia constante en el Gobierno Civil fue debida a que no lo dejaban salir. Sin saber cómo justificar su huida hacia el barco que le sacaría del país, explicó que «se acercó a devolver la visita a los comandantes de los barcos extranjeros surtos en la bahía» y que yendo en una canoa ría abajo, además de encontrarse con Juan Gutiérrez Prieto y otros, se enteró de que se dirigían a un barco que les aguardaba. Finalizó su declaración afirmando que tuvo que obligar al gobernador a presentarse, pues éste «alegaba el temor de que lo matarían». Sabemos, sin embargo, que para ocultar su huida Jiménez Castellano y Orts Flor dijeron a algunos militares que andaban por el Gobierno Civil que iban a montar el Gobierno en un barco.

Alfonso López Vicencio, otro gaditano arrojado, declaró brevemente que se limitó a cumplir con su deber, obedeciendo las órdenes recibidas del Gobernador. Y que si mandaba la última columna que salió de Huelva contra la que venía de Sevilla fue simplemente porque se lo ordenaron.

Diego Jiménez Castellano, un murciano de treinta y siete años llegado a Huelva unos días antes, se vio totalmente absorbido por los acontecimientos. En primera declaración mantuvo que todo lo que había hecho respondía a las órdenes recibidas del Gobierno, el cual llegó a amenazarlo si no obedecía. Ofreció como pruebas los mensajes recibidos (véase Apéndice IV). Más acorde con el ambiente reinante, que ahondaba en la herida de la huida de algunos y el abandono de otros, volvió a declarar

que iniciado el movimiento fue desbordado por los diputados del Frente Popular y especialmente por Cordero Bel, el cual tuvo que plantarse con él por ser hombre de malas ideas y de un instinto perverso hasta el extremo de que porque puso en libertad al médico Sr. Tercero por no resultar cargo contra él y que después fue asesinado, le recriminó su conducta diciéndole que si no lo hubiera puesto en libertad no lo hubieran matado.

más bien le engañaron que ayudaron pues cuando tenía noticias de algún desorden cometido por el pueblo daba orden de que saliera la fuerza y le decían que no era nada… Visto esto y después de hablar con el Frente Circunstancial decidió marcharse acompañándolo los dos tenientes coroneles. También manifiesta que el Subsecretario de Gobierno le ordenó que dispararan sobre los aeroplanos enemigos que se distinguían de los suyos en que llevaban franja negra.

Parece que salvo Alfonso López Vicencio, consciente de lo que les esperaba, tanto el gobernador como el teniente coronel de la Guardia Civil fueron engullidos, comprensiblemente sin duda alguna, por las circunstancias. El informe del Fiscal Jurídico Militar fue realizado el día 3 de agosto. Afirmaba de manera rotunda que el gobernador y los tenientes coroneles habían cometido un delito de rebelión militar, con circunstancia agravante «por su carácter de autoridades». Después solicitaba la pena de reclusión perpetua a muerte para los tres. El fiscal consideró que debía declarar el comandante Haro para explicar qué órdenes recibió de dichas autoridades.

El Consejo de Guerra se celebró en las primeras horas del día 4. Fue presidido por el coronel Agustín Gutiérrez de Tovar; como vocales los coroneles Santos Rodríguez Cerezo, José Solís Ibáñez, José Alonso de la Espina, Francisco Iturzaeta González y el teniente coronel Rafael Fuentes Martínez; y como vocal ponente el auditor de Brigada Felipe Acedo Colunga.

Los mensajes telegráficos entre el Gobierno Civil y los distintos pueblos, especialmente algunos cercanos a Sevilla, utilizados en el Consejo de Guerra como pruebas contra los acusados, son de gran interés y muestran el caos y la confusión total en que se debatían las fuerzas de izquierdas. Por ellos nos enteramos de que las órdenes dadas por el gobernador para que la Guardia Civil entregara armas a los voluntarios fueron desobedecidas. La verdadera situación de Sevilla era desconocida en los pueblos. En Camas, por ejemplo, se pensaba que los sevillanos contaban con bastantes medios de defensa, que habían entrado en la ciudad fuerzas gubernamentales y que la Guardia Civil se mantenía fiel al Gobierno. Por su parte, el Gobierno emitía mensajes tan animosos como falsos, afirmando que detenidos Goded y Fanjul, y muertos Herranz y Sanjurjo el destino estaba en manos de cinco potentes columnas organizadas en Madrid, otras tantas en Barcelona, la Marina y la Aviación, así que «no se precipitaran»:

La moral de los sediciosos está muy disminuida, por lo cual no conviene precipitarse para conseguir la victoria con el menor número de pérdidas. Con los nuevos aparatos de bombardeo traídos hoy de Francia se ejercerá acción enérgica sobre Sevilla en donde el barrio de Triana es nuestro. Estando cortados los puentes se debilitará considerablemente la resistencia que puedan ofrecer los sediciosos.

Allí estaba también la orden del general Pozas sobre la columna que debía frenar el avance desde Sevilla en las cercanías de Niebla. Pozas, que no debía estar muy informado, contaba con la desmoralización de las fuerzas al mando de Queipo, fuerza «que abandona la defensa de Sevilla poniéndose a las órdenes del Gobernador Civil para auxiliarle en la movilización de todo el elemento civil afecto al Régimen en la provincia». Ésta era la columna que según Madrid venía de Sevilla a Huelva, desde donde tuvieron que aclararles que dicha columna «estaba organizada por los facciosos que van de pueblo en pueblo precedidos de fuerte bombardeo de aviación, entrando en los mismos, poniendo su comisión gestora y retirándose a Sevilla». Todos los puentes de la línea Niebla-Moguer-San Juan del Puerto fueron cortados. Desde Huelva se solicitó un buque de guerra como protección contra dicha columna. Conocían ya los bombardeos efectuados sobre Manzanilla, Villalba, Bollullos y La Palma. Ante las nuevas noticias, Madrid sólo pudo recomendar la movilización de toda la población minera, el empleo de explosivos y confianza en la llegada de la columna militar que desde esa capital avanzaba sobre Córdoba y Sevilla, «que en poco tiempo aniquilará a esos restos de facciosos traidores que se entregan al vandalismo más grosero y cruel en sus últimos aletazos de vida». Los mensajes de Madrid fueron cada vez más penosos. «Pónganse al habla con Badajoz solicitando envío armas por si las tienen allí», decía uno de los últimos.

A las 0.25 del día 4 declaró el comandante Haro Lumbreras. Y todos pudieron escuchar que recibió orden del Inspector General de la Guardia Civil «para que marchara a Sevilla con la Guardia Civil y fuerzas de Asalto y mineros con dinamita, para que volase Sevilla y jodiese(n)^[1]a las mujeres de los Fascistas, orden que recibió primero del Jefe, después directamente del Inspector por teléfono y posteriormente del Ayudante de este Inspector». Tanto la voladura como la violación masiva corrieron por la ciudad convirtiéndose en el tema favorito de la derecha durante mucho tiempo. Así se forjó el «Héroe de La Pañoleta», cuyo reinado duró cinco años, desde 1936, donde como máxima autoridad civil-militar de Huelva llevó a cabo la gran depuración, hasta 1941, cuando estando destinado en la Comandancia de León fue acribillado a balazos en la escalera de la Comandancia por insubordinado. Poco después, en esa misma noche del 4 de agosto, el fiscal solicitó la pena de muerte para los tres procesados. Por su parte el defensor, el capitán Enrique Rodríguez Carmona, dijo que el gobernador no hizo sino cumplir con las obligaciones de su cargo, por lo que solicitaba para él «la pena de reclusión, digo la absolución o bien la de reclusión perpetua». Igual pidió para los tenientes coroneles. Finalmente intervinieron de nuevo los acusados, destacando el gobernador Jiménez Castellano, que «explica sus actuaciones y relata su vida política para dar a conocer su persona». Luego el Consejo quedó reunido.

RESULTANDO: Que frente al estado de anarquía que dominaba en todo el territorio Nacional con manifiesta conculcación de todo régimen legal y civilizado al asumir el Ejército el poder por el medio legítimo de la declaración del estado de guerra que anula toda autoridad civil cuyo imperio además estaba prostituido por el desorden y la subversión de todos los valores morales de la Sociedad, se ha constituido en el único Gobierno que puede salvar a la Patria interpretando sus destinos históricos y su necesidad de continuar su propia existencia amenazada.

El resto: la rebeldía manifiesta hacia la única potestad pública y legítima ante la Historia Nacional, y el desacato al Bando, en resumen, la rebelión militar de los procesados contra el movimiento puro y apolítico que desarrolla el Ejército de la Nación. El fallo, pena de muerte. Ese mismo día recibió la aprobación del Auditor, el general Francisco Bohórquez Vecina, y del general Queipo de Llano.

PROVIDENCIA:… colóquense éstos [los procesados] en Capilla, interesando del Comandante Militar de esta Plaza sitio y hora en que haya de cumplirse el fallo; interésese la presencia en el lugar de la ejecución de dos médicos, sacerdote y coche ambulancia a los efectos oportunos; cúrsese comunicación al Sr. Juez de Instrucción de esta capital para que proceda al embargo de los bienes de los sentenciados, formalizándose al efecto la apertura de pieza separada de responsabilidad civil…

Los procesados se negaron a firmar, por no hallarse en condiciones, la diligencia de notificación de entrada en capilla. El fusilamiento se celebró el mismo día 4 a las 6.10 de la tarde en La Meseta del Conquero. Constituyó un espectáculo público. Asistió una representación de cada una de las unidades de la guarnición con el estandarte de la Comandancia de la Guardia Civil. El piquete estuvo al mando del alférez Antonio Marcos Olmedo. El médico que certificó la muerte fue Ángel Díaz Balmisa. El expediente de incautación de bienes dio comienzo enseguida, debiendo reconocer el Juzgado a los pocos días las dificultades surgidas, pues Diego Jiménez Castellano tenía declarado por domicilio el de su pueblo, Cieza (Murcia); Julio Orts Flor, Valencia, y de Alfonso López Vicencio sólo se sabía que era natural de San Fernando.

No trascendió sin embargo un hecho importante. El día 4 a las 11.45 de la mañana llegaron al Estado Mayor de la II División cinco peticiones de indulto:

El propio Diego Jiménez Castellano cursó un tan desgarrador como patético telegrama a Queipo esa mañana a las 9.30: «He sido víctima de unos parlamentarios y autoridades locales criminales. Indulte de la muerte a un hombre que sólo desea el bien y la prosperidad de España. Diego Jiménez». La respuesta del general a todos ellos, a través del Jefe del Estado Mayor de servicio, fue la siguiente:

Lamento muchísimo no poder acceder a su petición indulto reos condenados última pena, ya que circunstancias críticas que atraviesa España obligan no entorpecer justicia, para lograr no solamente castigo culpables sino ejemplaridad.

Es seguro que el gobernador Jiménez Castellano nunca pudo explicarse cómo él, que se había limitado a cumplir las órdenes de Madrid, a controlar en la medida de lo posible el Orden Público en la provincia y a defender de la furia popular a los casi doscientos presos del Ramón y a exigir otro tanto a las autoridades civiles de la provincia con todos los detenidos en los depósitos municipales, podía ser fusilado. Es probable que nadie le dijera que familiares de algunos de esos presos a los que salvó la vida solicitaron su indulto; otros, nombres tan sonoros como Servando Balaguer, Julián Checa Olmedo, José de la Corte Gutiérrez, José Cumbreño, Juan Duelos, Rafael Garzón, José Hernández Díaz, Miguel Primo de Rivera Cobos, Diego Rañón, Ruiz Lanuza, José Tejero o Celestino Verdier, todos ellos prisioneros del Ramón, dejaron seguir el curso de los acontecimientos. Al fusilamiento, concebido como un espectáculo público, asistieron diversas representaciones de los nuevos poderes, entre ellas el arcipreste Julio Guzmán López, el que había solicitado cristiano indulto, y el sacerdote Diego Guzmán Pavón, otro de los que debían la vida al Gobernador.

SEGUNDO ACTO. CONSEJO DE GUERRA CONTRA EL DIPUTADO SOCIALISTA JUAN GUTIÉRREZ PRIETO ^[2]

La detención de Juan Gutiérrez en su pueblo, Palos de la Frontera, el 31 de julio fue muy celebrada por la prensa. Se debió a una delación. Gutiérrez era un joven abogado y político socialista de veintinueve años de edad, muy popular y apreciado en la provincia. Fue acusado de viajar el día 18 de julio de Huelva a la cuenca minera y de allí a Sevilla «con masas obreras y gran cantidad de explosivos con la finalidad de imponer el terror». También fue acusado de los desmanes, saqueos y actos vandálicos producidos en su provincia, con el agravante de su cargo de diputado, que le otorgaba por sí mismo «un carácter de preferencia a los efectos penales» como persona de relieve social con influencia en las masas, a las que ha impulsado al «desbordamiento de anarquía y salvajismo». El fiscal, el Auditor Eduardo Jiménez. Quintanilla, pidió pena de muerte por delito de rebelión, «por ejecución directa y en estado de consumación» y por «agravación de gran trascendencia y daños cuantiosos»; el defensor, el capitán Francisco Santizo Solís, solicitó una pena menor, pues consideró que había existido pero sólo en grado de tentativa. Únicamente el hecho de acompañar a la columna que llegó a Sevilla la mañana del 19 de julio fue considerado delito de rebelión militar, pues «perseguía el combate con las fuerzas del Ejército llegando a producir bajas», primera y creo que única alusión a que las fuerzas de Haro no salieron indemnes de la encerrona. El Tribunal, formado por José Alonso de la Espina, Eduardo Marqueríe, Rafael Fuentes, Salvador Espiau, Antonio Gómez Romero, Guillermo Camargo y Felipe Acedo Colunga, lo condenó a muerte (véase Apéndice II).

En esta ocasión la movilización a favor del indulto fue aún mayor que en el caso anterior, debiendo salir el comandante Haro el mismo día del fusilamiento con un comunicado a la prensa que retrata nuevamente las obsesiones del «Héroe de La Pañoleta», que parecía habitar constantemente en un mundo pleno de violencia y sexo:

El enemigo que quema vivas a familias enteras, que crucifica y quema vivo en una plaza pública al obispo de Sigüenza, que abre el vientre a mujeres embarazadas, que asesina a niños inocentes, que roba, asalta edificios, incendia, mancilla el honor de indefensas doncellas, arroja en Constantina a 250 personas a los pozos y luego les echa dinamita para rematarlas, no puede ni debe pedir clemencia a quienes serían sus primeras víctimas si la ocasión se presentase.

El representante eclesiástico en esa ocasión, Carlos Sánchez Fernández, «don Carlitos», mano derecha de Manuel Siurot y director de las Escuelas del Sagrado Corazón, era otro de los presos que debía su vida a los republicanos y socialistas que controlaron el poder hasta el 28 de julio.

En Palos de la Frontera, la oposición a la sentencia del Consejo de Guerra fue muy fuerte. Tanto que según el cónsul portugués Meló Barreto, el día 13 de agosto fueron asesinadas cuarenta y dos personas^[3], sólo catorce de las cuales fueron inscritas en el Registro Civil. Uno de los no inscritos fue Antonio Prieto Trisac, tío de Juan Gutiérrez. La matanza tuvo lugar en La Rábida.

La herencia familiar fue dividida en dos partes, una la que hubiera correspondido a Juan Gutiérrez Prieto y otra a su hermana Carmen.

Todo lo del primero, salvo la parte correspondiente a la esposa y al hijo, fue engullido por los sublevados.

Entre los días 18 y 19 de julio de 1936, ya con la sublevación triunfante en Marruecos desde la noche antes y en diferentes puntos de la península a lo largo del sábado 18, se sucedieron tres Jefes de Gobierno: Santiago Casares Quiroga, Diego Martínez Barrio y José Giral Pereira. Cuando el último de ellos decide ante la gravísima situación existente entregar armas a los voluntarios civiles, entrega negada en general por los gobernadores de Izquierda Republicana, ya es muy tarde para muchas provincias españolas. El nuevo ministro de Gobernación, el general Sebastián Pozas Perea, contempla el desastre que se avecina por el sur con las tropas coloniales camino de Cádiz y Algeciras, y los Gobiernos Civiles de Cádiz, Sevilla y Córdoba aislados o en poder de los sublevados.

Aunque todas las operaciones realizadas en esos momentos tienen su importancia, es innegable la trascendencia de la toma de Sevilla, cabeza de la Segunda División. El plan, elaborado pacientemente por el comandante del Estado Mayor José Cuesta Monereo y representado por el veleidoso general Gonzalo Queipo de Llano Sierra, fue muy simple: ocupar los centros neurálgicos de la ciudad a lo largo de la tarde del sábado y esperar al día siguiente la llegada de los legionarios y regulares, pieza clave del golpe. Todo se efectuó de manera contundente y con derroche de personal y de armamento.

Ante tal panorama, a últimas horas de la tarde del sábado, se recurrió a Huelva, fiel a la República por la firmeza de las autoridades civiles y militares, por la escasez de su guarnición y por la inmediata movilización de los socialistas y los anarquistas. De nada sirvió el telegrama enviado por Queipo a las 5 de la madrugada del día 19:

Declaren estado de guerra en Huelva, desarmando a todas las directivas obreras y armando a todos los elementos de derechas, incluso fascistas, se detendrán también al Gobernador Civil y al Alcalde.

Encauzando la rápida respuesta de los centros mineros, se acordó formar una columna mixta de mineros, carabineros y guardias civiles que habría de dirigirse a Sevilla. Con tal misión salieron de Huelva en dirección a Nerva y Riotinto los diputados Luis Cordero Bel y Juan Gutiérrez Prieto. El grueso de la columna se formó entre las once y las doce de la noche en la plaza de Nerva, partiendo hacia Valverde del Camino unos siete u ocho camiones cargados de hombres, dinamita y unas pocas armas obtenidas en los cuarteles de la Guardia Civil. Al llegar a Valverde se les unieron dos o tres camiones más y otro grupo de voluntarios. La columna se completó con un camión más y un grupo de hombres de San Juan del Puerto. En total se calcula que serían unos 400 o 500 hombres distribuidos en veinte vehículos entre camiones, camionetas y automóviles. Aunque la mayoría procedieran de los pueblos indicados, también los había de otros pueblos de la provincia.

La parte militar de la columna, formada por unos sesenta guardias civiles y un número similar de carabineros procedentes de diversos puntos de la provincia, fue encomendada al comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras. Esta decisión, sin duda alguna, frustró todo el efecto que la operación hubiera podido tener. Haro, un antirrepublicano visceral implicado al máximo nivel en la preparación de la sublevación de 1932 en Madrid, estaba en estrecho contacto con Cuesta Monereo, al que tenía al tanto de todos los movimientos que se producían en Huelva. Así, sabiendo lo que tenía entre manos, no quiso mezclarse con los mineros, saliendo con sus fuerzas para Sevilla unas horas antes. Si primero había engañado al general Pozas y al Gobernador Civil, ahora engañó a los vecinos de Triana, que lo aclamaron como su salvador a su paso hacia el centro de la ciudad. Después de presentarse a Queipo volvió sobre sus pasos, esta vez sin pasar por Triana, y se apostó con sus fuerzas en el cruce de carreteras conocido por La Pañoleta. Sobre las once de la mañana de aquel domingo 19 de julio apareció en lo alto de la Cuesta del Caracol el primer vehículo de la columna.

Poco después los mineros, totalmente desprevenidos, escucharon voces de «¡Alto a la Guardia Civil!». El desconcierto fue total. Los disparos de las fuerzas de Haro, primero de fusiles y luego de ametralladora, dieron en el blanco, explotando parte de la dinamita y saltando por los aires vehículos y personas. Aprovechando la humareda producida con las explosiones, algunos coches y camiones pudieron dar la vuelta, pero muchos componentes de la columna optaron por salir a pie de aquella encerrona; otros quedaron ocultos en torno a una venta cercana y fueron detenidos poco después. Uno de los coches que huyó fue precisamente el que llevaba a los dirigentes onubenses Luis Cordero Bel, Juan Gutiérrez Prieto, Juan Tirado Figueroa y Rafael Jurado Chacón. Pasado el mediodía la Guardia Civil —participaron en la operación un número de guardias civiles superior al de mineros— hizo su entrada triunfal en la ciudad con setenta y un prisioneros y gran cantidad de dinamita. En informe realizado por Haro Lumbreras ese mismo día se detalla que, interrogados los detenidos en aquel mismo momento, declararon «que se dirigían a Sevilla para combatir un supuesto caso de sublevación iniciado contra el régimen, según hubo de hacerles presente al reclutarlos el vecino de Huelva Don Luis Cordero Bel, farmacéutico y abogado…».En el lugar de los hechos fueron contabilizados veinticinco cadáveres^[5]. Por su parte, las fuerzas de Haro sólo tuvieron un herido, un guardia que se fracturó la pierna al bajar de uno de los camiones. Sobre las dos de la tarde de ese mismo domingo se realizaron dos atestados. El primero de ellos, llevado a efecto en Sanlúcar La Mayor, incluía los casos de Andrés García Llanes y Joaquín Piedad Lorenzo, ambos de Nerva, gravemente heridos y que fallecerían el 21 de julio. El otro atestado se realizó en Camas, informando de otro herido, Francisco Salgado Mariano, de Riotinto, que moriría igualmente, y del levantamiento de ocho cadáveres, de los que sólo cuatro pudieron ser reconocidos:

Los prisioneros fueron trasladados al Cuartel de Infantería y posteriormente a la Prisión Provincial, pero el día 28 de julio pasaron al barco Cabo Carvoeiro, buque-prisión anclado en el Muelle de Tablada que representó para muchos la antesala de la muerte. Fueron en total setenta personas. Dos de ellas sobraban. Joaquín Moreno, vendedor de vino y tonelero, era natural de Jerez de la Frontera y se encontraba casualmente tomando una copa en la casa-venta donde se refugiaron algunos mineros. Con él se encontraba su amigo Rafael Torralba. Fueron puestos en libertad a mediados de agosto, pero antes pasaron por la Prisión Provincial y por el barco de la muerte. De los restantes tendríamos:

Los sesenta y ocho detenidos fueron mantenidos con vida hasta el 31 de agosto. Se hizo así por tres motivos. Para presionar a los izquierdistas de la zona minera, para mostrar lo que ocurriría a los que osaran emprender aventuras similares y para iniciar el rodaje del aparato judicial militar por lo que respecta a simples paisanos. Baste decir que fue uno de los escasos Consejos de Guerra celebrados contra personal civil en 1936. Todas las declaraciones de los detenidos fueron similares. Conocedores ya de la huida de Cordero Bel y del destino de Gutiérrez Prieto, casi todos los reconocieron como los organizadores. Como era de esperar dijeron que habían ido engañados; hubo incluso quien mantuvo que en realidad había venido a visitar a una hermana… o que nunca había oído hablar de tales diputados.

Del Auto, de fecha 9 de agosto, cabe destacar la tipificación del delito, «delito de rebelión militar previsto y penado en el artículo 237 del Código de Justicia Militar en su párrafo 4.º». El informe del fiscal jurídico-militar, sin fecha, profundizó más en este sentido, llegando a decir que la columna fue a Sevilla «con el propósito de atacar a las fuerzas del Ejército, que el día 18 citado había promovido un movimiento encaminado a la salvación de España del caos y de la anarquía». El fiscal consideraba que convenía imponer la pena de muerte a todos salvo al menor Antonio Rodríguez Méndez, para el que aconsejaba la reclusión militar temporal. El defensor, como sería práctica habitual, se limitó a solicitar la pena inferior, en este caso reclusión perpetua, invocando «a nuestra cultura para responder a la barbarie marxista con nuestra piedad, que se hará extensiva a tantas madres, esposas, novias y hermanos, y en nombre de esa piedad e invocando la restauración del sentimiento religioso en nuestra Patria, solicita para sus defendidos un fallo en que se aúne con la Justicia la misericordia». La sentencia, de 29 de agosto, decía en su primer considerando que:

los hechos deben considerarse como un alzamiento en armas contra el único poder constituido en España de manera legítima, puesto que frente al estado de anarquía que dominaba en todo el territorio nacional con manifiesta conculcación de todo régimen legal y de los preceptos incluso de la Constitución del Estado, al asumir el Ejército el poder por medio legítimo y justificado de la declaración del estado de guerra que anula toda autoridad civil es indudable que quedó constituido el único gobierno que puede en estos momentos dirigir los destinos de la Patria y defender su propia existencia, contra el cual a todas luces procedían con su conducta los facciosos…

He ahí expuesto en estado puro el armazón ideológico tramado por los sublevados para efectuar su implantación. Fallaba en un punto básico: la declaración de estado de guerra debía contar con la aprobación del Gobierno. Esta cuestión fundamental, clave de la ansiada legitimación histórica, fue soslayada de dos formas: en un primer momento no reconociendo como Gobierno al salido de las urnas en febrero de 1936 y posteriormente, dado lo absurdo del empeño, negando el triunfo electoral al Frente Popular, insidia que se mantuvo circulante hasta que a comienzo de los años setenta el historiador Javier Tusell demostró lo que ya se sabía: que aquellas últimas elecciones democráticas las había ganado limpiamente el Frente Popular.

En su exposición final el presidente del Consejo, el coronel José María Solís Ibáñez, alabó a la Misericordia Divina, por no permitir la destrucción de la ciudad, e hizo además una dantesca descripción de lo que hubiera ocurrido si se hubieran llevado a cabo las órdenes del general Pozas.

Queipo, y no digamos Haro, supieron sacar un enorme partido a estos hechos. Durante mucho tiempo fue tema del día lo que hubiera ocurrido si hubieran entrado los mineros. Llegó a ser casi un tema morboso. La clave estaba en el comandante Haro, quien bautizado ya como «El Héroe de La Pañoleta» contó desde el principio su supuesta charla con Madrid. Disponemos del testimonio escrito de Haro por haberlo prestado el 4 de agosto durante su declaración en el Consejo de Guerra contra las autoridades civiles y militares de Huelva:

… dicho testigo manifiesta que formó parte de una columna ordenada por el Inspector General de la Guardia Civil y transmitirla por el Jefe de la Comandancia, para que marchara a Sevilla con la Guardia Civil y Fuerzas de Asalto y Mineros con dinamita para que volase Sevilla y jodiese(n) a las mujeres de los Fascistas, orden que recibió primero del Jefe, después directamente del Inspector por teléfono y posteriormente del Ayudante de este Inspector (Huelva, 0.30 horas del 4 de agosto de 1936).

Aunque pocos pudieron imaginarse al general Pozas diciendo semejantes barbaridades, lo cierto es que su figura quedó marcada para siempre. Lo que sí sabemos que dijo el general Santiago Pozas, porque así consta en los comunicados telegráficos entre Huelva y Madrid recogidos en ese mismo Consejo de Guerra, fue esto:

Correspondo a los saludos republicanos de ese buen Gobernador y del primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, y les recomiendo movilicen a toda la población minera y empleen explosivos para aniquilar a esas bandas terroristas, confiando en la llegada de la columna militar que avanza sobre Córdoba y Sevilla en carrera triunfal y que en poco tiempo aniquilará a esos restos de facciosos traidores que se entregan al vandalismo más grosero y cruel en sus últimos aletazos de vida.

Se entiende, pues, que en el juicio circulara más la versión de Haro que la de Pozas.

La cuenca minera se ocupó el 26 de agosto, dando comienzo ese mismo día la gran matanza. Las autoridades onubenses, el gobernador Diego Jiménez Castellano y los tenientes coroneles de la Guardia Civil y Carabineros Julio Orts Flor y Alfonso López Vicencio, habían desaparecido ya el día 4 de agosto en el primero de los fusilamientos públicos de El Conquero; y el diputado socialista Juan Gutiérrez Prieto había corrido la misma suerte el día 11. Sólo quedaban, pues, los sesenta y ocho prisioneros del barco, achicharrados de calor en sus solanos y rodeados de terror y muerte. Como hemos visto, estas cuatro muertes provocaron en la provincia un fuerte sentimiento de repulsa que concluyó en la masacre iniciada el 12 de agosto, y así puede observarse en diferentes lugares de la provincia.

El último acto de la historia de los sucesos de La Pañoleta se celebró el día 31 de agosto. A las cinco de la madrugada seis camiones con cinco guardias civiles cada uno recogieron a los presos, divididos previamente en seis grupos. Mientras tanto, otros seis camiones, cada uno con un guardia civil conocedor del destino final, recogieron en la Plaza de España a seis pelotones de Regulares. Sobre las 5.30 unos y otros llegaron a los lugares prefijados: La Macarena, Triana, Amate, Ciudad Jardín y La Pañoleta. Con más de un mes de prácticas todo debió resultar rutinario:

La distribución de los grupos con los nombres de los mandos y de los médicos encargados de certificar las defunciones fueron:

1. La Macarena («Murallas Romanas»): pelotón al mando del teniente de Regulares José Flusax Garau. El médico fue Pedro Romero Seras.

Isidoro Pérez Jiménez (1)

José Parrilla Rico (1)

José Ledo Castilla (1)

Rafael Mosqueda Mongango (2)

Antonio Vázquez González (2)

Gregorio Fernández Márquez (2)

José Caballero Luque (2)

Isidro Arroyo Pérez (2)

José Salas Ramírez (2)

Manuel Rivera Alearía (2)

Miguel Herrera Castaño (2)

(1) Nerva

(2) Valverde del Camino

2. Pagés del Corro (Salida de la calle): pelotón al mando del teniente de Regulares Enrique Guirval González. Como médico, Manuel Sánchez Plasencia.

Félix Chaves Carvajal (1)

Bonifacio Delgado Salado (2)

Juan Silva Pérez (1)

Félix González Chaves (1)

Antonio Bonilla Demúrez (2)

Julián Domínguez Ropero (2)

Antonio Alonso Martínez (3)

Emilio Gómez Sánchez (1)

Daniel Gómez Esteban (1)

Joaquín Guerrero Pérez (2)

José Expósito Ruiz(2)

(1)Peña de Hierro

(2)Nerva

(3)Mesa de los Pinos

3. Amate (Iniciación carretera de Carmona): pelotón al mando del teniente de Regulares Juan García Hueca. De médico, Guillermo Vílchez Martínez.

Miguel Guerrero González (1)

Juan Álvarez Márquez (1)

Juán Caro Vizcaíno (2)

Diego Arrayás Díaz (2)

José Arcos Cruz (2)

Domingo Miranda Ortiz (1)

José Castilla Rodríguez (1)

Ignacio Méndez Domínguez (1)

Juan José Gómez Jiménez (1)

Santiago Gago Álvarez (1)

Luis Marín Bermejo(3)

(1)Nerva

(2)Valverde del Camino

(3)Riotinto

4. Ciudad Jardín («Camino de la Gran Plaza»): teniente del pelotón Eulogio Guerra Pérez. Como médico, José Serrano Gómez.

Francisco Claro Soler (1)

Antonio Corpas Andreu (2)

Hilario Marín Baya (1)

José Badillo Rosario (3)

Miguel López González (3)

Doroteo Mejías Jiménez (3)

Manuel Palomo Pérez (3)

Carlos Soldán Maldonado (3)

Antonio Gómez Mena (1)

Demetrio Jara González (1)

José Delgado Salado (1)

(1)Nerva

(2)Peña de Hierro

(3)Riotinto

5. La Pañoleta: no consta el oficial del pelotón. El médico fue Emilio Sánchez-Apellaniz Fernández.

Manuel Gil Núñez (*)

Juan Carbonell Quintero

Manuel Romero Contreras

Juan Macías García

Martín Pérez Rodríguez

Juan Toscano Aquino

Manuel Iglesias Retamar

Tomás Cárdenas Rodríguez

Francisco Cartel Rebollo

Juan Rodríguez Toscano

Manuel Domínguez Pérez

Juan Domínguez González

(*) Todos de San Juan del Puerto

6. La Pañoleta: pelotón al mando del moro del grupo 2.º Sidi Bucian Benjamín. Como médico, Diego Marín Blanco. (1)

Gonzalo Gómez Jaldó (1)

José Manuel Carrero Rite (2)

Miguel Gago Méndez (2)

Manuel Rionegro Valderrábano (2)

José Alonso González (1)

Miguel Martín Huertas (2)

José Moya Ramos (3)

Manuel Moya Ramírez (3)

Francisco Vadillo Solís (3)

Antonio Páez Moreno (3)

Francisco Iglesias Pérez (2)

(1)Valverde del Camino

(2)Riotinto

(3)Nerva

… después de colocar a aquéllos en la forma prevista y de dar las órdenes oportunas procedió a dar la descarga correspondiente de la cual fallecieron los mencionados.

Toda la ciudad escuchó conmocionada la serie de descargas. Los lugares de fusilamiento coincidían con los núcleos que ofrecieron más oposición al golpe. Los cadáveres fueron recogidos varias horas después, con lo cual muchas personas pudieron contemplarlos al dirigirse al trabajo. Unas, desde sus casas, con los oídos tapados, no se atrevían ni a mirar; otras, calladas e impávidas, pasaron a su lado sin ni siquiera echar un vistazo a los soldados encargados de vigilar aquellos cuerpos rotos. Luego llegó un vehículo que se encargó de recoger los cadáveres y trasladarlos a la fosa común del Cementerio de San Fernando. Con ellos serían ya 774 los inhumados en fosa común desde el 21 de julio.

En este momento, ya con más de cien muertos, podrían haber acabado los sucesos de La Pañoleta, pero no fue así. Obsesionados por la pesadilla de lo que hubiera podido ocurrir si los mineros hubieran absorbido la atención de las fuerzas militares que controlaban la ciudad y los izquierdistas se hubieran lanzado al centro, la búsqueda de miembros de la columna se convirtió en una manía que atraviesa todos los Consejos de Guerra relacionados con la zona minera celebrados entre 1937 y 1944. Huelva pagó sobradamente haber hecho frente al golpe cuando todavía no llevaban las tropas sublevadas y los fascistas ni veinticuatro horas por las calles.

Antes de que concluyera el mes de julio de 1936 el general Queipo de Llano designó para la más alta autoridad civil y militar de la provincia de Huelva al comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras. Queipo sabía a quien nombraba. Haro, con poco más de cuarenta años en 1936, era uno de esos militares abiertamente antirrepublicanos dispuestos a cualquier cosa en favor de la sublevación en marcha. Cuando el comandante Haro llegó a la Huelva recién ocupada en funciones de Gobernador Civil y Militar, se encontró con la paradoja de que frente a las seis personas asesinadas en la ciudad durante los «días rojos» habían sido dieciséis las víctimas causadas por unas fuerzas de ocupación para las que dicha operación resultó un paseo. Este derroche de violencia chocaba con otra evidencia aún mayor: los 174 presos de derechas amontonados en el barco Ramón habían sido liberados con vida gracias a la firme voluntad de las autoridades republicanas. Pese a todo, y contra todo pronóstico, el comandante Haro, fiel a las directrices de Queipo, se lanzó por una pendiente de violencia y terror que paralizó a la ciudad. La gente, sin capacidad de respuesta, no logró reaccionar hasta mediados de septiembre y lo hizo con arrojo inusual. Primero fue el dolor y la indignación, luego la protesta abierta. Diariamente se desplazaban al paseo donde habían tenido lugar los fusilamientos más señalados con la intención de presenciar la muerte de los miembros más destacados de la llamada «escuadra negra». Desbordado Haro por una situación que no estaba preparado para afrontar —hasta Burgos Mazo lo consideraba un «Verres moderno»—, empezó por lanzar serias advertencias por medio de la prensa hasta que finalmente se vio obligado a alejar de la ciudad a los elementos más relacionados con la represión.

Luego, a mediados de febrero de 1937, anunció su partida. La oligarquía onubense, consciente de la misión cumplida por Haro Lumbreras, misión que los mismos sectores beneficiados consideraban realizada con exceso, lo trató como a un héroe, y para que su nombre perdurara eternamente todos los pueblos de la provincia le dedicaron una calle. Sin embargo, cuando los furores represivos y los efluvios patrióticos fueron cediendo, y a medida que la evaporación del espíritu de cruzada permitió vislumbrar la matanza en sus verdaderas proporciones, las calles borraron su nombre y la gente olvidó al «Héroe». Manuel Burgos Mazo, bien relacionado desde su Moguer natal, captó en su diario el rumor oculto latente tras la fanfarria oficial: «Cuentan de este gobernador hechos realmente inmorales y escandalosos».

No sería, no obstante, por nada de esto por lo que cambiaría la vida del comandante Haro. Sería por exceso de celo. Al igual que Díaz Criado fue cesado por acusar de espionaje a un diplomático portugués que realizaba servicios para Franco, Haro Lumbreras hubo de abandonar el Gobierno de Huelva por excederse en su celo antimasónico con un amigo del general Miguel Cabanellas, general éste con quien además mantenía una tensa relación desde mucho tiempo antes. Cabanellas cesó de inmediato a Haro Lumbreras sin ni siquiera hacer consulta alguna al supuesto «Virrey» de Andalucía, quien se vio de la noche a la mañana sin su «Héroe de La Pañoleta». El 1 de enero de 1938 el general Cabanellas, que siguió ejerciendo funciones de Inspector del Ejército, pasó a la reserva y el 30 del mismo mes, con motivo de la transformación de la Junta Técnica del Estado en Gobierno, Franco aprovechó la ocasión para acallar definitivamente a Queipo de Llano, quien esa misma noche pronunció su última charla. Ése fue precisamente el momento que aprovechó Cabanellas para resolver definitivamente sus diferencias con Haro Lumbreras. Todo empezó con una denuncia inusual:

Inspección General del Ejército E. M.

RESERVADO

Excmo. Señor:

Enterado de que ejerce un cargo de la confianza de V. E. el Teniente Coronel de la Guardia Civil Don Gregorio Haro Lumbreras me creo en la obligación de comunicarle de que por diversos conductos ha llegado a mi conocimiento de que con anterioridad a la iniciación del Glorioso Movimiento Nacional estando dicho Jefe destinado en Madrid cometió algunos actos contra el honor militar como aceptar cantidades en metálico de sus compañeros para conseguir destino e incluso se le atribuyó la desaparición de algunos objetos de los Almacenes Madrid-París, hechos que fueron sancionados con dos meses de arresto.

Posteriormente a la iniciación del Movimiento Nacional, desempeñando el cargo de Gobernador Civil de Huelva, me han asegurado de [sic] que algunas de las alhajas entregadas por particulares para la Suscripción Nacional han llegado a poder de mujeres de vida pública y que incluso a éstas alguna vez entregó dicho Jefe monedas de oro que se suponen de la misma procedencia.

Dada la gravedad de estas imputaciones las pongo en conocimiento de V. E. con objeto de que se esclarezcan dichos hechos de que he tenido conocimiento por estimar que de ser ciertos el citado Jefe no puede seguir desempeñando cargo alguno y debe ser sancionado como en Justicia corresponda.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Zaragoza 17 de marzo de 1938. II Año Triunfal

M. Cabanellas

Excmo. Sr. General Jefe del 5.º Cuerpo de Ejército

En breve plazo, el Juzgado Militar n.º 16 de Burgos (Convento de los Venerables) envió un exhorto a Zaragoza con objeto de que el general Miguel Cabanellas Ferrer ampliara detalles sobre las diversas acusaciones de su escrito. No obstante, la muerte del militar al que pidió dinero, el comandante de la Guardia Civil Enrique Gay, juzgado y condenado a muerte en Consejo de Guerra, y lo confuso del suceso de los Almacenes Madrid-París —la desaparición de una lujosa muñeca bajo el capote de un Guardia Civil, acusación de la que se libró Haro en una reunión de capitanes que debió decidir sobre la inocencia o culpabilidad del acusado y sobre la formación de un Tribunal de Honor— convirtieron en cuestiones prioritarias los dos hechos ocurridos en Huelva: la exhibición por una conocida prostituta de la Casa de Doña Pepita de una medalla de oro donada a la Suscripción Nacional por una mujer de Huelva y el pago de servicios a otras prostitutas en monedas de oro, cuya procedencia según Cabanellas sólo podía ser de la misma Suscripción. Fue designado Juez Instructor el teniente coronel retirado de la Guardia Civil Gregorio Zubiri García.

Uno de los primeros en prestar declaración fue Julián Espinazo Gardón, coronel del Séptimo Tercio de la Guardia Civil. Espinazo, basándose en la Hoja de Servicios, en un informe de carácter estatal sobre su actuación en Huelva y en rumores perfectamente documentados, admitió que en cuanto tuvo noticias del nombramiento de Haro para cuestiones relacionadas con el orden público se puso en contacto con el Gobernador Civil, el teniente coronel Julián Lasierra, transmitiéndole su contrariedad, y que inmediatamente puso el hecho en conocimiento del Inspector del Cuerpo. Espinazo, después de informarse, hablaba de asuntos «de una calidad un poco fea». Aunque de ninguno hubiera salido malparado, y a ello se refería el coronel, Gregorio Haro Lumbreras se vio implicado en conflictos diversos desde 1925, cuando sufrió dos procesos por estafa y cohecho, uno en Oviedo y otro en Teruel, el primero de los cuales tenía relación con unas joyas.

Haro Lumbreras prestó declaración en Zaragoza el día 20 de mayo. Rememoró sus tensas relaciones con el general Cabanellas desde que en cierta ocasión en que éste le planteó si aceptaba ser destinado a Asturias para cubrir una baja, él se negó aduciendo que «tendría disgustos con mi mujer, quien por nada del mundo hubiese ido allí». Entonces, según Haro, el general, contrariado por haber aceptado inicialmente, lo despachó de mala manera y al final, en los últimos meses de 1935, le impuso un correctivo de un mes de arresto, correctivo que el afectado consiguió eliminar de su Hoja de Servicios a través de la Secretaría de Guerra en enero de 1938, poco antes de la denuncia del general Cabanellas. Pero fue sin embargo otro asunto el que les llevó al enfrentamiento directo. A las pocas semanas de ser nombrado Gobernador Civil y Militar por Queipo de Llano, Haro recibió en Huelva la ansiada lista de masones de la provincia, lo que le permitió iniciar su particular cruzada contra la «secta». El comandante estaba convencido de que la Masonería lo perseguía desde el 10 de agosto de 1932 por su protagonismo en la sublevación de Sanjurjo, y creía que si en aquella ocasión se libró de su poder fue simplemente porque el entonces Inspector General de la Guardia Civil, el general Cabanellas, que había pertenecido a la masonería, fue cesado de inmediato.

Ocurrió por contra que cierto personaje que había pertenecido bastantes años antes a una de las logias onubenses, dada su posición, se negó a asumir el destino de sus compañeros. Éste, José Limón Caballero, abogado, propietario y antiguo exdiputado, natural y vecino de Valverde del Camino, viendo el sesgo que tomaba la campaña antimasónica, entró en contacto inmediato con su viejo amigo el general Cabanellas. Haro Lumbreras fue plenamente consciente de que aquel hombre disfrutaba de la protección especial del entonces Presidente de la Junta Técnica del Estado, «pero ya que a su persona nada se le podía hacer, se le puso una cuota proporcionada a su fortuna (creo recordar que fueron DIECIOCHO MIL pesetas) a fin de que con lo aportado por los otros vecinos de Valverde del Camino se pudieran reedificar la Iglesia y el Cuartel de la Guardia Civil». Ante esto, Limón Caballero consiguió a través de su amigo que desde diferentes organismos se pidiesen explicaciones sobre dicha multa al comandante Haro, quien declaró que estaba harto de tener que enviar antecedentes y explicaciones sobre la decisión de imponer la cuota al «Diputado», como se le conocía en Valverde. Cuando a comienzos de 1937 Haro Lumbreras se desplazó a Salamanca y a Burgos para entregar el oro recaudado, fue llamado por el general Cabanellas, por quien «después de decirme unas cuantas cosas que no son del caso y contestarle yo otras, fui despedido diciéndome que no continuaba de Gobernador Militar».

La lectura que de esto se hizo en Huelva, donde sólo trascendió parte de lo ocurrido, es que el general Franco, enterado de los atropellos e injusticias que se venían sucediendo desde agosto de 1936 en la provincia, había decidido cesar a Haro. Manuel Burgos Mazo, que desde Moguer se consideraba bien informado de lo que ocurría a su alrededor y especialmente de todo lo concerniente al gobernador Haro, mostró en su diario su alegría por esta decisión que afectaba al que llamaba «ese Verres moderno». Por su parte el comandante Haro, humillado, buscó ayuda ante su valedor, el general Queipo, poniendo el cargo a su disposición y pidiéndole que realizase un informe sobre su labor en Huelva:

También el Coronel Jefe de Estado Mayor de 5.º Cuerpo de Ejército Don Darío Gazapo Valdés puede aportar los datos que se le dieron del Ejército del Sur al causar yo alta en este Ejército y que fueron pedidos por orden expresa del General de este Cuerpo de Ejército Don Luis Ponte y Manso de Zúñiga.

Lo cierto es que el «Héroe de La Pañoleta» tuvo que abandonar Huelva y que el general Queipo no pudo modificar la decisión de Cabanellas. Según Burgos Mazo, quizá más cerca del deseo que de la realidad en sus apreciaciones, pero mostrando indudablemente un estado de opinión, su equipaje «ascendía a noventa y tres bultos que ocupaban tres camiones. Las autoridades lo detuvieron y se incautaron de ellos». Fue poco después cuando el destino lo llevó a Zaragoza.

Haro declaró que el general Cabanellas había querido perjudicarle, «indudablemente influido por las sectas masónicas de las cuales forma parte, según se puede atestiguar por los numerosos libros que de esta materia se han escrito, algunos de los cuales reproducen los discursos que el que fue Diputado Don Dionisio Cano López, a más que es de dominio público que este Señor forma parte de dichas sectas». Negó tajantemente haber intervenido en que una medalla de oro pasase de la Suscripción a una prostituta, afirmando una vez más que lo que él regalaba lo compraba, cosa que intentó demostrar aportando diversos justificantes de compra en la Joyería de Félix Pozo, de Sevilla. Sobre la entrega de monedas de oro a otras prostitutas dijo que aun siendo gobernador de Huelva, todo lo referente a la Suscripción Nacional lo llevaba uno de sus secretarios. A su favor y a propuesta del propio Haro prestó declaración el teniente coronel de la Guardia Civil Fernando Martí Álvaro, quien recordó que Haro Lumbreras fue uno de los oficiales más comprometidos en la preparación del 10 de agosto de 1932 en Madrid «y desde luego el que más de la Guardia Civil». Decía también Martí que la actuación del mismo en julio de 1936 como segundo Jefe de Huelva fue de tal importancia que podía afirmarse que salvó a Andalucía, razón por la que Queipo le impuso la Medalla Militar además de nombrarlo Gobernador Civil y Militar. Finalizaba Martí explicando que tan agradecida le estaba la población onubense que le regaló un bastón de mando.

El Instructor, en su informe, se encargó de recordar que según Haro el general Cabanellas no era sino un simple instrumento de las sectas masónicas. En realidad, a estas alturas de 26 de junio de 1938 ya podía decirse cualquier cosa:

Por todo lo expuesto y en vistas de que a pesar del tiempo transcurrido y seguramente por su enfermedad y fallecimiento, no se han recibido los datos completos que había de comunicar el Excmo. Sr. General Don Miguel Cabanellas Ferrer para poder tener exacto conocimiento según hace constar en el oficio que se une al folio (—) cuyos nombres o señas actualmente se desconocen…

Cabanellas murió en Málaga el 14 de mayo de 1938 y el cortejo fúnebre fue presidido por Queipo de Llano. En los primeros días de julio se decidió dar un giro al proceso trasladando el sumario a la II Región Militar, la que con fecha de 16 de julio decidió que sobre los hechos investigados anteriores a julio de 1936 «no ha lugar a proveer sobre ellos» y que sobre los que habían tenido lugar en Huelva «dicha actuación fue objeto de una minuciosa información en conjunto y en detalle, la cual fue declarada conclusa sin responsabilidad y ordenado su archivo el 25 de abril último por el Excmo. Sr. General Jefe del Ejército del Sur, según consta en los antecedentes obrantes en esta Auditoría, por lo que tampoco ha lugar a proveer sobre el particular. En su consecuencia y de conformidad con el artículo 396 del Código de Justicia Militar doy por conclusas estas diligencias sin declaración de responsabilidad».

Por lo que respecta a Huelva no acabaron sus desgracias con la marcha de Haro. En su lugar fue designado, al parecer más por influencia de Cabanellas que de Queipo, el coronel de Carabineros Joaquín Ibáñez Alarcón, quien al poco de llegar fue sometido a una larga investigación por denuncia efectuada por el teniente coronel de Infantería de Marina Manuel O’Felan por su actuación durante la República en Barcelona, donde fue Jefe Superior de la Policía y secretario de Juan Moles Ormella, Gobernador Civil de dicha ciudad y comisario de España en Marruecos. Uno de los avalistas de Ibáñez durante la investigación fue precisamente el general Cabanellas. Tampoco José Limón Caballero encontró la paz en Valverde del Camino. A mediados de 1937 llegó al pueblo en funciones de Comandante Militar un guardia civil llamado Federico Alcázar, quien en poco tiempo se convirtió en la pesadilla final de muchos de sus habitantes. Por suerte para ellos, un buen día le dio por meterse con el «Diputado», utilizando a su antojo su coche y sus caballos; éste, sin pensarlo, fue con la historia a su amigo Cabanellas, quien de inmediato consiguió su cese y traslado. Alcázar dejó tras de sí más de sesenta muertos.

Tras la desaparición del general Cabanellas le fue incautada violentamente por sus propios compañeros toda la documentación personal, desde la que se encontraba en la mesa de su despacho de Burgos hasta la más protegida en cajas de seguridad. El teniente coronel Haro Lumbreras pasó luego por Galicia, Teruel y Zaragoza, donde le cogió el final de la guerra, siendo destinado posteriormente a León como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Fue allí el 16 de febrero de 1941, en las escaleras de entrada de la Comandancia, donde un subordinado, el guardia civil Miguel Jiménez Talavera, acabó con su vida de cinco disparos por razones que nadie consideró oportuno hacer públicas. Tenía cuarenta y siete años.

5. Huelva.