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Córdoba
Sólo el mando debe saber todo. Que cada uno haga, sepa y calle bien lo suyo.
Consigna falangista (FE, 5-IX-36).
EL CASO DE JOAQUÍN GARCÍA-HIDALGO VILLANUEVA, UNA «MUERTE NATURAL». EN LA CÓRDOBA DEL GENERAL CASCAJO
CON JOAQUÍN GARCÍA-HIDALGO volvemos a la represión pura y dura, a las víctimas del golpe militar. La diferencia viene marcada porque en este caso el retorcimiento y crueldad de los golpistas alcanzaron una cota inusual. García-Hidalgo, todo un personaje de la Córdoba republicana, no fue asesinado en alguna calle o en cualquier descampado sino que fue asesinado de coma diabético.
Periodista, masón y exdiputado socialista, García-Hidalgo fue detenido en el Gobierno Civil la tarde del 18 de julio. Había llegado de Madrid el día anterior. Fue conducido a los calabozos del Cuartel de Artillería, donde moriría en la mañana del día 28 de ese mismo mes a consecuencia de «coma diabético», como puede leerse en el Registro Civil. Según Francisco Moreno Gómez[1], la familia, aunque carece de datos concretos, mantiene que recibió malos tratos; por su parte, un socialista de Puente-Genil, pueblo natal de García-Hidalgo, era de la opinión de que le obligaron a ingerir dulces, lo que siendo diabético le produjo la muerte, consiguiendo así, como era el deseo de su cuñado el comandante de la Guardia Civil José Eady Cazorla, «salvarlo» del fusilamiento.
Se desconocía hasta ahora que los sucesos mencionados dieron lugar a la apertura de un sumario[2]. Según el capitán médico Antonio Manzanares, que envió oficio a la Comandancia Militar, el Oficial de Guardia requirió de sus servicios sobre las 9.45 de la mañana del día 28. Acababa de producirse la muerte, «puesto que todavía conserva la temperatura normal, de unos 50 años de edad, demacrado y consumido seguramente por enfermedades anteriores consuntivas y que según manifiestan los que le acompañan dicen llamarse Joaquín García Hidalgo». En nota marginal a máquina firmada por el comandante militar Ciriaco Cascajo Ruiz se leía: «Pase al Comandante Juez D. Juan Anguita Vega a los efectos consiguientes». El comandante Anguita había sido uno de los jueces instructores encargados de la represión de los sucesos de octubre de 1934 en Córdoba.
La autopsia fue practicada el mismo día 28 por los forenses Francisco Berenguer Jimeno y Manuel Bernal Blancafort. Pero en el mismo documento se relacionaban no una sino dos autopsias, la de García-Hidalgo y la de Antonio Sánchez García, fallecido por «congestión pulmonar» en la tarde del 28, por lo que los forenses tuvieron que especificar cuál pertenecía a cada uno. La autopsia de Antonio Sánchez García fue ordenada por Cascajo al Juez de Instrucción de Guardia. Ambas se efectuaron en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud. La defunción de Joaquín García-Hidalgo fue inscrita en el Registro Civil a las cuatro y media de la tarde del 30 de julio por oficio del comandante Juez Instructor del Juzgado Militar Especial n.º 1 de Córdoba.
Con fecha del 8 de agosto, «no existiendo según se desprende de lo actuado motivos que hagan suponer la existencia de culpa alguna en la muerte natural del detenido Joaquín García Hidalgo», fueron archivadas las diligencias previas sin declaración de responsabilidades.
Poco habría que añadir a lo dicho hasta ahora si no fuera por cierta diligencia del sumario hasta ahora no comentada. Se trata de una diligencia de inspección realizada también el día 28. Dice:
… constituidos el Sr. Juez con mi asistencia y la de los Srs. Bautista Garcés, Antonio Acuña, Luis Dorado y Antonio Bujalance que se encontraban en el mismo calabozo donde la persona objeto de estas diligencias ha fallecido manifiestan: que la muerte ha sido natural y debido seguramente a enfermedades consuntivas. Llamado a presencia del Sr. Juez el Capitán Médico Don Antonio Manzanares manifiesta: que habiendo reconocido al muerto por requerimiento del Oficial de Guardia que encontró en el calabozo del Cuartel el cadáver de un hombre de unos cincuenta años en posición de cubito supino, demacrado probablemente por enfermedades anteriores no presentando signos exteriores de violencia. Inmediatamente el Sr. Juez ordenó que el cadáver fuera trasladado al Cementerio de Nuestra Señora de la Salud.
Firman el Juez, el capitán médico y los cuatro compañeros de García Hidalgo. Veamos quiénes eran y qué fue de ellos. Bautista Garcés Granell y Antonio Acuña Carballar eran diputados, el primero comunista, por Córdoba, y el segundo socialista, por Málaga. Como García-Hidalgo, fueron detenidos en los primeros momentos, pasando a los calabozos de Artillería. La familia de Garcés no volvió a saber de él hasta que alguien se presentó buscando a un familiar para que reconociera el cadáver: «Fueron al cementerio de San Rafael y comenzaron a remover un montón de cadáveres, hasta que lo encontraron muy ensangrentado, debajo del cadáver de una mujer. Mi tío se desmayó» (testimonio de Herminia Garcés en la obra ya citada de Moreno Gómez). Garcés y Acuña fueron asesinados durante la noche del 28 al 29, es decir, pocas horas después del fallecimiento de Joaquín García-Hidalgo.
Antonio Bujalance López y Luis Dorado Luque eran diputados socialistas por Córdoba y Málaga, respectivamente[3]. Como sus compañeros, procedían de Madrid y fueron detenidos en los primeros momentos. La familia del primero se enteró de su muerte cuando recibió el reloj y la cartera. Fueron asesinados en la noche del 29 al 30 de julio. Unos meses después el comandante Anguita dijo a una hermana de Bujalance: «Hacía tiempo que veníamos advirtiendo a su hermano».
¿Para qué se hizo firmar a los cuatro diputados que la muerte de García-Hidalgo había sido natural? ¿Qué sentido tenía tal firma cuando el destino de todos ellos estaba ya decidido? ¿A quién importaba en aquellas circunstancias, cuando ni la familia ni la ley contaban, que la muerte de García-Hidalgo fuera o no natural? ¿Se quería encubrir precisamente que su muerte no había sido nada natural? Es evidente que existieron intenciones ocultas, pues de no ser así sería el primer y único caso en que los golpistas se preocuparon por demostrar su inocencia en una muerte que provocaba todo tipo de sospechas. ¿Tiene sentido entrar de lleno en la ilegalidad, como venía ocurriendo desde el 18 de julio, y de pronto preocuparse por demostrar la «legalidad» de una muerte? El trámite de la autopsia, que todavía se practicaba en esos días, y, sobre todo, el documento firmado por los diputados, después de diez días en manos militares, llevan a pensar que la teoría del envenenamiento pudo ser real. Así, ambos documentos sólo tendrían una utilidad: proteger de toda sospecha a quien/es lo hubieran promovido. En esta línea, es más que posible que la apertura del sumario fuese promovida realmente por la misma persona, pues carece de sentido alguno que las nuevas autoridades militares de la II División, y no digamos las de Córdoba, tuviesen la más mínima preocupación por la persona de Joaquín García-Hidalgo o por las causas de su muerte.
Así pues, estaríamos ante un extraño e inusual sumario, abierto por los propios responsables de una muerte para demostrar su inocencia. Por supuesto, la familia directa de la víctima, aun cuando hubiera tenido mucho que decir al comandante Anguita, fue mantenida al margen, prueba de que los documentos no eran para ella.