3. Sevilla.

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Sevilla^[1]

Va corriendo la sangre por las calles de Sevilla, por el Espumarejo y parte de la Enramadilla. Un momento de silencio, la Falange va a entrar con el yugo y las flechas repartiendo libertad. Nosotros los militares empezamos a luchar con la canalla marxista que no quería trabajar. Nosotros los militares decimos en alta voz: Viva la Falange de las Jons.

Canto falangista (1937)

Sevilla me pareció siempre una ciudad extremadamente peligrosa, que albergaba los peores elementos de la reacción. Eran hienas con disfraz de cordero, hasta que tiraron la careta y se saciaron de sangre.

Pedro Vallina, Mis memorias, (p. 316).

LABANDERA, EL ALCALDE DEL 10 DE AGOSTO

EN EL EXPEDIENTE de José González Fernández de Labandera aparece una hoja suelta en la que se lee:

Esta nota, breve plan de acción o de trabajo, debe ser del mismo día 30 de julio en que el Auditor, el general Francisco Bohórquez Vecina, dio orden de instruir procedimiento sumarísimo, Causa 30/1936, contra José González Fernández de Labandera por rebelión militar. La Brigada Social informó ese mismo día de que el gran mitin de la Plaza de Toros de finales de abril de 1936, en que intervino el detenido, careció de autorización oficial. Las denuncias, realizadas el día 31, fueron hechas por el mismo falangista Rivas Gutiérrez, de veintinueve años, y por Otelo Vizcaíno Solar y Luis González Diez, probablemente dos miembros de la citada brigada. Rivas acusó a Labandera de ser «cabecilla del levantamiento» de 1932, de haberse radicalizado cada vez más y de insultar a la Guardia Civil y al Ejército en el mitin de abril de 1936. Vizcaíno matizó más y dijo que había llamado a los militares «canallas y cobardes», que pidió el reparto de tierras y la «organización de milicias rojas para acabar con la clase burguesa y capitalista, así como con la religión y sus representantes». González Diez declaró simplemente que Labandera había dicho en el mitin que «los generales y jefes del Ejército deberán ser ejecutados por el pueblo por ser todos unos hijos de puta». Pero como veremos, el grueso del dossier procederá de la hemeroteca y se dedicará a la actitud de Fernández de Labandera cuando era alcalde en relación con los sucesos del 10 agosto de 1932.

En su primera declaración de ese mismo día 31 narró su peripecia entre el día 17 en que llegó a Sevilla y el 30 en que se entregó. Desde que esa tarde se enteró del movimiento militar por su amigo el periodista Antonio Márquez, y en compañía de sus amigos Jesús Casado, José Collado y José León Trejo^[3], se puso en contacto con las autoridades. Visitó al gobernador Varela, desde cuyo despacho telefoneó a Martínez Barrio, entonces presidente del Congreso, y al general Villa-Abrille, a quien visitó sobre las 0.30 o 1 ya del sábado 18. Villa-Abrille le dijo que «creía que la guarnición de Sevilla no se alzaría y que todo estaba tranquilo». Luego volvió al Gobierno Civil, donde se encontraban el doctor Puelles y el diputado José Moya Navarro, con quienes estuvo hasta las 4 de la mañana, en que se marchó a dormir.

Sobre las 10 lo llamó el diputado Ramón González Sicilia desde el domicilio madrileño de Diego Martínez Barrio para conocer la situación en Sevilla. La tranquilidad era absoluta según Ayuntamiento y Gobierno Civil. Labandera volvió con el gobernador José María Varela Rendueles sobre las 11.30 de la mañana y permaneció allí hasta las dos de la tarde. Le llegó noticia de un incidente en Tablada, pero «no sé si por discreción del Gobernador o porque realmente la confusión era grande» no llegó a saber en qué consistió. Varela, a lo largo de la mañana, conferenció con militares y guardias civiles, confirmando siempre la ausencia de novedad. Sobre las 14.00 horas llegó el alcalde Horacio Hermoso y varios concejales, que comentaron la sesión celebrada y los acuerdos adoptados a causa de la muerte violenta de un municipal. Sobre las 14.30 el alcalde llevó en coche a Labandera a su casa de Heliópolis, quedando en volver a verse en el Gobierno Civil sobre las seis de la tarde.

A las 15.45 el novio de su hija, Miguel Vega, le comunicó por teléfono que había tropas por Sierpes. Varela le confirmó que era cierto y que se había declarado el estado de guerra. «Entonces, ¿se han sublevado?», preguntó Labandera; «Indudablemente», respondió Varela. Se dispuso a marchar al Gobierno Civil, pero ni tranvías ni taxis admitían ya pasajeros. Esta vez, al contrario que en 1932, nadie podría ir al centro a acompañar y a amparar a las autoridades^[4]. Vagó por las calles de Heliópolis buscando quien lo llevara a la plaza Nueva hasta que vio como llegaban a la barriada gente armada y con distintivos. Entonces se refugió en su domicilio, pero viendo el peligro que corrían tanto él como su familia —su mujer estaba enferma del corazón— buscó refugio esa misma tarde en casa de un amigo domiciliado en los Hoteles del Guadalquivir. Interrogado sobre su nombre, se negó a decirlo «porque lo estimaría una indignidad». Allí pasó los días de la ocupación de la ciudad, hasta que el día 22 le llegó la noticia de que su casa había sido asaltada por un grupo de fascistas, hecho que le llenó de tal angustia y preocupación que le obligó a abandonar su refugio y a volver a ella en la noche del 23 de julio. Allí permaneció hasta el día 30 en que fue detenido, teniendo la radio como única fuente de información. Como veremos, su amigo José León Trejo, que también vivía en Heliópolis, fue detenido antes, ingresando en la Prisión Provincial a las 7.15 horas del 28 de agosto.

El día 31 tuvo conocimiento del auto de procesamiento. Sin duda, al conocer las acusaciones del falangista Rivas y sus amigos, tuvo que comprender en qué situación se encontraba. El día 1 de agosto fue visitado por los médicos José Luis Sánchez Guerra y Antonio Márquez Tirado, quienes siguiendo las rutinas habituales, certificaron la mayoría de edad del preso. Ese mismo día, en nueva declaración, negó tales acusaciones como «absolutamente falsas» y solicitó la revocación del auto:

Ni por educación ni por mi doctrina política, la de Unión Republicana, ha descendido jamás a semejantes campañas ni a tales fraseólogías, pudiendo objetar que en actos públicos como son los que se me imputan, la prensa periódica hubiera recogido las frases o conceptos que en auto se me imputan ya que los periódicos recogen siempre cuanto los hombres políticos exponen y aun en ocasiones la prensa enemiga exagera y deforma los conceptos que se emiten. Yo afirmo sin embargo que no hay información periodística de ningún tiempo ni de ningún matiz político que haya publicado las frases y conceptos que sirven de base para la acusación, precisamente porque no han sido pronunciadas.

Al comprobar que por esa vía nada podían conseguir, el día 5 de agosto el Instructor, el comandante Luis Pastor Coll, pidió nuevas diligencias, todas dirigidas a la verdadera raíz del problema. Se tomaron literalmente las declaraciones de Labandera y del concejal republicano Manuel Sánchez Suárez en la sesión municipal del 16 de agosto de 1932, y se aportaron ejemplares de prensa relativos a la Sanjurjada de El Liberal, El Noticiero Sevillano, La Unión, Luz y otros. Al día siguiente se tomó declaración a los militares Gonzalo García de Blanes Pacheco, Eleuterio Sánchez Rubio Dávila y José Sánchez Laulhé Alarcón, todas las cuales versaron exclusivamente sobre las responsabilidades de Labandera en los sucesos de agosto de 1932^[5]. La revocación del auto fue desestimada. Y el día 7 José Turmo Benjumea, ingeniero de Minas, declaró haber sufrido persecución por parte de Labandera y de González Sicilia «por tener hermanos militares y por incitación de las sectas masónicas». Finalmente, con fecha 9 de agosto el Instructor elevó las actuaciones al Auditor.

En ese momento el expediente salta casi un año, a junio de 1937, cuando el Juez Militar Alonso Álvarez de Toledo quiso «acreditar la actual situación del encartado». Le contestó un mes después el delegado de Orden Público Santiago Garrigós Bernabeu, comunicándole que «le fue aplicado el Bando de Guerra el día 10 de agosto del pasado año»^[6]. El 26 de julio de 1937 la causa fue sobreseída.

El ciclo kafkiano de una causa inconclusa donde todo estaba preparado para el fatídico 10 de agosto se cierra con un documento fechado en la Prisión Provincial de Sevilla el 11 de diciembre de 1941 por el que se comunica a la Guardia Civil de Corteconcepción (Huelva), pueblo al que se considera lugar de residencia de Labandera, la aplicación de beneficios de prisión atenuada.

ALFONSO LASSO DE LA VEGA Y EL COMITÉ DE SALUD PÚBLICA DEL 10 DE AGOSTO: CERCO Y CASTIGO DE LA DERECHA REPUBLICANA

La larga sombra del 10 de agosto de 1932 llevó también a los golpistas contra otro de sus protagonistas, Alfonso Lasso de la Vega Jiménez-Placer, conservador de los Alcázares desde 1931 y uno de los componentes del Comité de Salud Pública creado el 10 de agosto en defensa de la República. Lasso de la Vega, un republicano de derechas que se mantuvo fiel a Lerroux en la crisis del Partido Radical, fue detenido en su casa por la Policía el día 31 de julio, un día después de que Fernández de Labandera se entregase. Es probable que pasase por las «comisarías» de Trajano y Jáuregui, pero no fue hasta el 28 de agosto cuando fue trasladado a la Prisión Provincial con otras quince personas entre las que habría que destacar a José León Trejo, el funcionario de Correos Juan Pérez Fernández y Joaquín Varela Rendueles, hermano del Gobernador Civil. Con objeto de investigar su actuación antes y después del 18 de julio fue designado instructor el capitán de Infantería retirado Ildefonso Pacheco Quintanilla, otro de los encausados de agosto de 1932. Cuando éste quiso saber quién había ordenado la detención, obtuvo por respuesta que se debió a una orden de la Brigada Social que no especificaba motivo alguno, pues según se informó desde dicha brigada tal orden partió

de la Autoridad Militar o Civil, sin que pueda precisarlo, porque en los primeros días del movimiento tales órdenes le eran dadas simplemente en unas hojas de bloc en las que solo se insertaba el nombre de aquella persona a cuya detención debía procederse, pero sin que en la misma se especificasen los motivos que la impulsaran ni causas a que obedeciera, pero que según supone sería debida a la actuación de dicho Señor con motivo de su participación en el Comité de Salud Pública creado en esta Plaza en el año mil novecientos treinta y dos a raíz del movimiento iniciado por el General Sanjurjo.

Desde la primera declaración Lasso de la Vega reconoció haber sido masón hasta 1934, haber pertenecido al Partido Radical y formar parte del referido Comité de Salud Pública durante los nueve días de su existencia con objeto de templar algo su actuación. Enclaustrado en su casa desde el 18 de julio junto con otras familias vecinas, que debieron testimoniar sobre estos hechos, sólo salió de allí cuando la ciudad estaba ya controlada por Queipo. Manuel Jiménez-Placer y Manuel Bermudo, amigos del encausado y sin duda conscientes del peligro que corría, aportaron al Instructor el dato de que aunque perteneciente al Partido Radical, «hacía un tiempo que se le venía oyendo decir que estaba asqueado de la política y que es persona de orden, contrario al régimen de anarquía porque [sic] atravesaba España en estos últimos momentos», por más que en los primeros años de la República fuese conservador de los Alcázares y en el «bienio negro» fuese designado Delegado Provincial de Turismo, cargo del que dimitió tras las elecciones de febrero de 1936. En el mismo sentido declaró Ildefonso Yllescas. De más fuste debieron resultar los testimonios favorables del comandante de Infantería Telmo Carrión y el de la Madre Abadesa de Santa Clara, el primero informando del carácter políticamente moderado de Lasso y la segunda, de la función protectora que sobre la comunidad siempre ejerció el encausado a lo largo de la República. También tuvo en cuenta el Instructor la carta que la esposa de Lasso de la Vega se vio obligada a enviar al diario La Unión cuando éste se encontraba en pleno furor antimasónico, carta en la que recordaba que ambos estaban casados por la Iglesia, que su marido ya había causado baja en la masonería y que había abandonado la política a partir de las elecciones.

El Instructor Pacheco Quintanilla entregó su informe al Auditor el día 4 de septiembre, informe que concluía afirmando la inexistencia de actos o vestigios censurables o sancionables en la conducta del encausado. Pese a todo, el Auditor Bohórquez destacó que como representante del Partido Radical en el Comité de Salud Pública «exteriorizó vivos sentimientos contrarios al noble impulso de aquel movimiento». Su apartamiento de la política en los meses del Frente Popular y su descontento con esa orientación política fueron tenidos en cuenta. Por todo ello y por las personas que lo avalaron Lasso de la Vega fue catalogado como persona amante del orden, lo que vendría a indicar que la condición de masón o exmasón solo era mortal cuando se añadía a la de izquierdista^[7]. De esta forma las diligencias concluyeron sin declaración de responsabilidad judicial. La última firma, de 23 de septiembre, era la de Queipo de Llano. El Instructor fue informado el día 3 de octubre:

Acosado por otras instancias represivas, el 28 de marzo de 1937 Alfonso Lasso de la Vega solicitó a la Auditoría de Guerra que le fuesen devueltos algunos de los avales entregados, entre ellos el de la Superiora de Santa Clara. Finalmente, en 1943 fue condenado por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo a doce años y un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta y perpetua^[8].

EL CORONEL SANTIAGO MATEO, UN MILITAR LEGALISTA.

El caso del coronel de Caballería Santiago Mateo Fernández es diferente. Si en el caso de Labandera cabe afirmar que su sentencia estaba firmada desde que el 10 de agosto de 1932, defendió valientemente como alcalde la legalidad republicana frente al espadón de turno, el coronel Mateo representa al grupo de militares que el 18 de julio no se sumó al siniestro plan del Estado Mayor de la División y de su entonces comandante José Cuesta Monereo; también al grupo de los «privilegiados» que en esa temprana fecha fueron juzgados en Consejo de Guerra. El sábado 18 de julio, a las once de la mañana, asistió a la reunión de Jefes convocada por el general Villa-Abrille, quien declaró que reinaba la tranquilidad absoluta, comprobándolo telefónicamente con diversos lugares como Málaga, Granada y Algeciras. De dicha reunión se salió el Jefe de la Base de Tablada Rafael Martínez Estévez, quien declaró que «él ya había empezado a actuar» y solicitó la opinión de los demás. El comandante Francisco Hidalgo Sánchez, Jefe del Estado Mayor, cortó la posible discusión al defender la subordinación al mando.

Santiago Mateo se enteró de lo que ocurría a las 14.50. Poco después el comandante Gerardo Figuerola le transmitió la petición de fuerzas por parte de Queipo. Mateo Fernández llamó a la División, habló con los capitanes Flores y Escribano, y finalmente con el nuevo general de la División, al que quedó en ver poco después. Cuando los capitanes mencionados le pidieron una sección de Caballería para ocupar el Ayuntamiento, el coronel mostró su extrañeza, aclarándole éstos que ya había en la Plaza Nueva setenta y cinco soldados de Intendencia y una sección de Ingenieros, pero que querían la caballería para patrullar por las cercanías. Entonces Mateo les dijo que la orden se la enviasen por escrito. Intentó con su ayudante cruzar con su vehículo la Avenida, entonces de la Libertad, pero no pudo, la gente venía huyendo del centro y se oían disparos; lo intentó por el Paseo de Colón, pero ocurrió lo mismo. El centro estaba ya tomado y cercado por los sublevados. Entonces volvió al cuartel, donde nada más llegar fue detenido.

El coronel Mateo hubo de aclarar sus contactos con el gobernador Varela Rendueles, al que sólo había visto una vez unos días antes del 18 con motivo de un conflicto entre un militar y un guardia de Asalto. El 20 de agosto declaró que cuando Varela lo llamó el sábado 18 por la tarde le espetó que él estaba a las órdenes de Queipo. Afirmó desconocer todo lo relativo al movimiento militar, «que sus miras y sus ideales durante su larga vida militar no han sido otras que procurar el bienestar y la salvación de la Patria», lo que dijo haber demostrado al colaborar antes con el general Primo de Rivera y al apoyar ahora el actual movimiento tanto él como sus dos hijos oficiales. En otra declaración posterior, presintiendo su final, se definió como hombre apolítico, cuya vida se reducía al cuartel por las mañanas y al Círculo de Labradores por las tardes, donde a las cinco celebraba invariablemente una partida de tresillo, después de lo cual marchaba de nuevo al pabellón.

El problema era que en la tarde del 18 había enviado una sección de Caballería al Gobierno Civil en ayuda del gobernador Varela, pero cuando éste ordenó al teniente Emilio López Rincón que colaborase con las fuerzas de Asalto, Rincón salió del Gobierno y se dirigió a la División a ponerse a las órdenes de Queipo, al que contó la orden recibida del coronel Mateo. En los días siguientes al 20 declararon varios compañeros suyos en tal sentido, afirmando uno de ellos que casualmente escuchó al coronel hacer una llamada al teniente de Caballería con destino en Asalto Pedro Cangas Prieto, figura clave en la actitud de sus fuerzas y que por ello sería fusilado el 21 de julio cerca del Parque de María Luisa^[9]. Otro declaró haber escuchado claramente que en el Gobierno Civil se esperaba al coronel Mateo, es decir, que cuando fue en coche al centro no iba a la División sino al Gobierno Civil. En definitiva, sus propios compañeros, que lo espiaban y sabían de todos sus contactos y movimientos, declararon haber sido engañados por él y enviados a la encerrona del Gobierno Civil.

Pese a todo, la declaración más negativa para Santiago Mateo fue la del Gobernador Civil José María Varela Rendueles, quien el día 3 de septiembre, probablemente sin medir las consecuencias de su declaración, confirmó a los golpistas que el coronel le manifestó estar con el Gobierno, que se comprometió a enviarle una sección de Caballería y que, a propuesta del propio Varela, dijo que iría al Gobierno Civil. No menos importancia tuvo otra declaración tomada el día 8 del mismo mes, la del propio Queipo de Llano:

El informe del instructor, el coronel Joaquín Arcusa Aparicio, fue entregado el 6 de septiembre. Muy condensado, exponía claramente la actitud del coronel Mateo basándose fundamentalmente en tres testimonios, el del teniente López Rincón, el de Varela Rendueles y el de su paisano y supuesto amigo —Mateo era de Valladolid y Queipo de Tordesillas— el general Queipo de Llano.

El Consejo de Guerra tuvo lugar el 12 de septiembre en el Cuartel de San Hermenegildo. La defensa, aunque oficialmente constase el teniente Enrique Pedrosa Barraca, fue ejercida por su propio hijo, el capitán Juan Mateo Marcos, quien se impuso la imposible tarea de defender a su padre, fiel a la legalidad, desde la ilegalidad de la sublevación a la que él se había sumado. Se propuso demostrar que su defendido no había incurrido en rebelión militar alguna sino que se sometió a las órdenes de la Autoridad Militar de la División, en referencia a Queipo. Resaltó el historial militar de su padre y dio a entender que el instructor había denegado testimonios favorables, como los del sargento Martínez y el teniente Van Mook, quienes le acompañaban en su intento de presentarse al general Queipo. El cargo principal, el envío de fuerzas al Gobierno Civil, lo intentó salvar afirmando que el coronel nunca dio dicha orden y que existían contradicciones en el testimonio del teniente Rincón. ¿Cómo podía acusarse al coronel de rebelión militar, decía el defensor, si lo que hizo fue precisamente acatar las órdenes del general Queipo? Juan Mateo rozó la raya de lo permisible en el momento en que planteó que, al igual que el coronel Mateo, todos los Jefes y Oficiales habían sido leales, fieles al Gobierno, hasta el momento en que dejaron de serlo al sumarse al movimiento salvador. Concluía la defensa:

La sentencia no sorprendió a nadie. El Consejo fue presidido por el coronel Agustín Gutiérrez de Tovar, siendo los vocales los coroneles José María Solís Ibáñez y Santos Rodríguez Cerezo, y los tenientes Salvador Espiau Alonso, Juan Turnio Revelo y Guillermo Camargo Segerdhal. Fue vocal ponente el temible brigada Felipe Acedo Colunga. Sus resultandos, que presagiaban el corpus ideológico del que había de llegar a ser Fiscal General del Ejército de Ocupación, aludían al envío de la sección de Caballería al Gobierno Civil el día en que «el General D. Gonzalo Queipo de Llano en nombre de la salud de la Patria» tomó el mando; a la «decisión inquebrantable» y el «espíritu marcado de heroísmo» que fueron necesarios en la jornada del 18 de julio, en que pudo producirse «el aniquilamiento de toda civilización»; a cómo incluso el Gobierno de Madrid se hizo eco de la fidelidad del Regimiento de Caballería, o a los daños y estragos causados por la oposición presentada a las fuerzas salvadoras. En otro se leía:

CONSIDERANDO: que el Excmo. Sr. General D. Gonzalo Queipo de Llano una vez posesionado del mando militar de la División y declarado el Estado de Guerra era la única autoridad legítima ante la tradición de la Patria y su historia futura representando los principios éticos necesarios para que… la civilización española atacada con vileza por las autoridades que ocupaban los puestos públicos al amparo de una legalidad ficticia e inmoral que corroía el cuerpo dolorido de la Nación y amenazaba extinguir su eterna vida espiritual.

El fallo era el que ya se esperaba. El coronel Mateo, según la lógica de sus compañeros golpistas —inexorables tal como Mola pedía en sus instrucciones reservadas—, debía morir. Hubo intentos de salvarle la vida. De Tetuán, del general 2.º Jefe, llegó el mismo día 12 el telegrama siguiente:

TRANSMITO A VE. RUEGO QUE EN NOMBRE DOS HIJOS CORONEL MATEO, AMBOS A LAS ÓRDENES DEL MOVIMIENTO NACIONAL Y AMBOS PUNDONOROSOS Y EJEMPLARES, APELAN Y YO CON ELLOS A CLEMENCIA V. E. QUE EN ESTE MOMENTO SIGNIFICA ADEMÁS, PARA LOS QUE CON ANGUSTIA PIDEN Y CON SU CONDUCTA DEMUESTRAN CÓMO ENTIENDEN EL DEBER, UNA ESPERANZA Y UNA ANSIEDAD.

El teniente Luis Vallina Pasarón, detenido con Santiago Mateo en la Prisión Militar de la Plaza de España y que sería condenado a doce años, solicitó y fue autorizado a enviar un telegrama urgente a Salamanca: «Ruegóte por memoria abuelo pidas primo José María interceda urgentísimo Junta Nacional Burgos indulto última pena para Coronel Caballería Mateo. Abrazos. Luis Vallina». Aunque dirigido a su hermana Carmen, el José María al que se menciona no es otro que José María Gil Robles.

De nada sirvió. La sentencia fue notificada al acusado el 17 de septiembre por el teniente Enrique Pedrosa Barraca, sustituto de Juan Mateo por estar ausente en operaciones, operaciones que no eran sino el desplazamiento a Burgos con el objeto de conseguir el indulto para su padre. Luego fue trasladado a un lugar habilitado para capilla. A las 6.30 del 18 de septiembre, cuando se cumplían dos meses del golpe militar, el coronel Santiago Mateo Fernández fue sacado de la Plaza de España y trasladado a las Murallas de la Macarena, donde fue fusilado media hora después^[11]. Certificó la muerte el médico José Serrano Gómez. El fallecimiento, como todos los procedentes de Consejo de Guerra, fue comunicado al Juez Municipal de San Román e inscrito en el Registro Civil. Tres días después, coincidiendo con la llegada del certificado del Registro, se practicaron las diligencias de cierre y de entrega a la Auditoría.

PURGA DE LOS MILITARES REPUBLICANOS: EL CASO DEL GENERAL ROMERALES

Sabemos por el detallado informe del delegado gubernativo Jaime Fernández Gil de Terradillos, llegado en sustitución de Diego Jiménez Castellano en los primeros días de julio de 1936, que sobre las cinco de la tarde del 17 de julio el general Romerales le dijo por teléfono:

Sr. Delegado. En este momento acabo de resignar el mando en el Coronel Soláns, lo que he hecho ante la necesidad de evitar el derramamiento de sangre. Solamente cuento con las asistencias personales del Comandante Seco, Comandante Ferrer y Capitán Rotger, y quizá algunos otros más; pero en pequeño número. Es éste el momento más amargo de mi carrera militar y estoy sufriendo el dolor más grande de mi vida como servidor leal a la República…

El Consejo de Guerra sumarísimo contra el general Manuel Romerales Quintero, de sesenta y un años y jefe de la Circunscripción Oriental de Marruecos detenido por los golpistas en la tarde del 17 de julio, se celebró el 26 de agosto de 1936 en Melilla. Se le acusaba de traición y sedición. Hay que resaltar los dos primeros resultandos:

A continuación el general era acusado de someterse «a las autoridades civiles y representaciones extremistas de la población y de someter a la oficialidad del Ejército no coincidente con las teorías disolventes a constantes vejaciones incompatibles con el honor y dignidad de quien pertenece a los institutos armados». Para los golpistas el general Romerales «no vaciló en emplear medios impropios en una autoridad militar que se precie de amante de su Patria y del honor nacional». El teniente de Intendencia Francisco Gutiérrez expuso la existencia de una sociedad formada por «elementos extremistas con oficiales y clases del Ejército de ideas disolventes», consentida por el general Romerales, cuyo plan no era otro que «cortarles la cabeza a jefes y oficiales que no figurasen afiliados a la Sociedad y producir un alzamiento de tropa, bien para salir a la calle o facilitar la entrada al cuartel a los elementos extremistas…». Todos los jefes y oficiales golpistas estuvieron de acuerdo en que «el Excmo. Sr. General Romerales era un instrumento servil de la política que imponían los marxistas en Melilla, considerándolo traidor a la colectividad militar de la que era su jefe». También salió el Primero de Mayo, siendo acusado de apoyar manifiestos comunistas aparecidos entonces y de no actuar contra las supuestas agresiones que a diario recibía la oficialidad.

Todo ello fue considerado constitutivo de los delitos de traición y sedición, previstos y castigados por el Código de Justicia Militar, «debiendo estimarse su labor disolvente antipatriótica y delictiva a los efectos de penalidad como realizada sin solución de continuidad siendo todos sus actos hijos de un mismo espíritu y voluntad delictivo, por lo que el Consejo estimó debe penarse de ambos delitos uno solo, el más grave, que a tales efectos se considera como tal el de traición ya indicado, el Consejo falla que debe condenar y condena al General indicado a la pena de muerte previa degradación…».

Hay siete firmas de las que son legibles: Manuel Sánchez, Andrés Mulero, José Tovar, Alberto Lojarde y Federico Socaran. Luego, sobre un sello en el que se lee «Auditoría de Guerra. Fuerzas Militares de Marruecos» y la firma de Pedro Topete, se lee que debería «ponerse en conocimiento de la Junta de Defensa Nacional a los fines de concesión o denegación de indulto en cumplimiento de Radiograma de fecha reciente de aquel Superior Organismo». Finalmente, cerrando la pantomima judicial militar, la firma del general Luis Orgaz Yoldi, africanista, monarcofascista y golpista manifiesto al que la República, pese a su activo papel en agosto de 1932, permitió seguir en su tarea de zapa al lado de Franco hasta julio de 1936.

La sentencia se cumplió dos días después, el 29 de agosto. He aquí la visión del Consejo de Guerra que dejó el delegado gubernativo Jaime Fernández Gil de Terradillos:

Aparte del informe anterior sobre el caso del general Romerales y lo ocurrido en Melilla contamos también con la detallada memoria elaborada por José María Burgos Nicolás, Ex Interventor Regional huido a la zona francesa. Burgos consideró en su escrito, firmado en Berkan el 22 de julio de 1937, que el Gobierno saliente de las elecciones de febrero de 1936 se demoró en realizar todos los cambios que eran necesarios en los mandos militares, lo que les hizo perder la prudencia inicial y que se lanzaran de lleno a la conspiración. Fue significativa la destitución de Telia (Heliodoro Telia Cantos) tras un discurso ferozmente antirrepublicano. Efectivamente, fue destituido pero se le dejó disponible en Melilla, con todo el tiempo por delante para seguir conspirando. Burgos Nicolás visitó por última vez al general Romerales el día 12 de julio. Éste se lamentó del poco caso que todos le hacían pero dijo estar seguro de la lealtad a su persona de los Jefes y Oficiales. Según Romerales no había que preocuparse: nada ocurriría. «Antes de despedirme de la que fue mi última visita, que hice a su despacho, le insistí en mi impresión firme de que sus subordinados le engañaban y sólo podía contar con una docena de Oficiales republicanos», dejó escrito José María Burgos Nicolás^[13].

EL CAPITÁN JULIO CARMONA, UN MILITAR RETIRADO

La Causa 4/36, del Registro Especial de la Secretaría de Justicia de la División ^[14] contra el capitán de Infantería retirado Julio Carmona Molina, fue sobreseída el 21 de septiembre de 1937. Constituye un caso parecido al de Fernández de Labandera, pero realmente representa otra de las vías utilizadas por los sublevados para eliminar gente. Como en este caso carecían de un «10 de agosto» que justificara su eliminación, inventaron una prueba. Julio Carmona fue detenido el 20 de julio. El informe de la Policía dice que los agentes Santiago Cisneros González y Emilio Jodra Martínez, auxiliados por Fernando Gutiérrez y por el soldado Rogelio Fernández Cisneros, realizaron un registro en la casa de Julio Carmona en la calle Herbolarios (entre la Alfalfa y la Plaza del Pan), encontrando una pistola y una escopeta, tras lo cual se llevaron al excapitán al Cuartel de Infantería. Dicho informe describe a Carmona, hombre políticamente moderado cercano a Martínez Barrio, como un «conocido propagandista comunista» y, sobre todo, aclara que según cierto vecino «afecto a la plantilla» ha estado disparando durante toda la noche. Ese mismo día 20 de julio se ordenó al comandante Juez Permanente Luis Pastor Coll que procediera a instruir juicio sumarísimo, asistiéndole como secretario el capitán Carlos Gómez Cobián, sustituido al día siguiente por el capitán José Ojeda Delgado.

Se trata de otro proceso inacabado. La prueba era tan absurda como las primeras acusaciones realizadas contra Labandera. Los mismos sublevados sabían que el tiroteo nocturno formaba parte del plan para aterrorizar a la ciudad y resguardar el centro. Ya decía Rafael Medina Villalonga en su Tiempo pasado que esos disparos se debían «a las ganas de los nuestros de darle gusto al dedo». ¿Qué objeto tenía que Julio Carmona se dedicara a disparar cuando lo lógico hubiera sido desear que la izquierda sevillana se desplazara al centro para proteger los centros oficiales y defender a la República? La inconsistencia del proceso era tal que alguien decidió ahorrarse la farsa judicial. La noche del 29 de agosto Julio Carmona Molina fue incluido en el grupo de los que diariamente eran asesinados en las tapias del Cementerio de San Fernando. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil hasta junio de 1937. En un borrador escrito a mano unido al expediente se leía:

De acuerdo con el anterior decreto presto mi conformidad al sobreseimiento definitivo de estos autos. A los efectos procedentes, vuelva lo actuado al iltmo Sr. Auditor de Guerra de este Ejército. Fecha 21-9-37.

LAS AUTORIDADES CIVILES

Otro grupo de detenidos en la tarde del 18 de julio, recluidos inicialmente en la División y trasladados el mismo 19 a la Prisión Provincial, fueron:

• Horacio Hermoso Araujo (Alcalde)
• José María Varela Rendueles (Gobernador Civil)
• Rafael Lora Beltrán (Jefe interino de la Guardia Municipal)
• Ángel Casal Casado (Concejal)
• Antonio Tirado Moreno (Delegado Gubernativo en la Mancomunidad Geográfica del Guadalquivir)
• José Luis Relimpio Carreño (Delegado de Trabajo)
• José Manuel Puelles de los Santos (Presidente de Diputación^[15])
• Francisco Yélamo Gallardo (Gestor Provincial)
• José Luis Vergillos Ávila (Gestor Provincial)
• José Pérez Mendoza (Gestor Provincial)

Puelles y los tres diputados provinciales fueron detenidos en el Hotel Majestic (actual Colón) mientras celebraban la onomástica de un compañero. Según el testimonio escrito del propio doctor José Manuel Puelles ^[16] fueron conducidos a prisión sobre la una de la tarde del domingo. Además de los mencionados iban también un hermano del Gobernador Civil y su secretario particular, José María Serrano Gil de Santibáñez. El doctor Puelles pasó a una celda con Tirado y Casal. Allí se enteró unos días después del asalto fascista a su casa y a su despacho, donde entre otras cosas destrozaron el aparato de rayos X («¡A mí, que sólo hice bien por todos! Paciencia y templanza: nada de eso me ha conmocionado lo más mínimo; únicamente pensar en lo que hayáis sufrido vosotros —¡mis hijos de mi alma!— me parte el corazón»). Su obsesión, en la seguridad de que él personalmente nada tenía que temer, fue su familia y sus amigos («ordinariamente los que menos tienen que agradecer son los que mejor cumplen»). El 3 de agosto escribía a su mujer que debía avisar a un amigo para que «el mismo día que se entere de mi libertad vaya seguidamente a ésa [su casa]». La última carta fue escrita el 4 de agosto: «No hagas caso de los bulos ni me hables más que de ustedes que es lo que me interesa». Concluía: «Y nada más, alma mía, que abrazarte y besarte con este pensamiento que sólo hacia vosotros vuela con el inmenso cariño que te tiene tu Pepe». La carta concluía enviando caricias para sus hijos. Fue su último mensaje. Esa tarde José García Carranza «El Algabeño», ahora mano derecha de Queipo junto precisamente con Díaz Criado, se encontró de manera casual con Esperanza, la hija mayor de José Manuel Puelles, una muchacha de catorce años, a la que espetó que su padre moriría esa noche.

Queipo había afirmado en una de sus primeras charlas que ya decidiría la Auditoría de Guerra lo que hubiera de hacerse con aquellos detenidos. Todos fueron inicialmente agrupados en la Causa 8/1936, instruida por el comandante Luis Pastor Coll y de la que más tarde se desglosarían otras causas. Pero con la mayoría de ellos se prescindió de formalismo alguno: Puelles y Relimpio fueron eliminados el día 5 de agosto. «Por orden fecha 5 del actual, recibida a las 2.30 de la mañana, y que se une al expediente de José Manuel Puelles, es entregado a la fuerza pública para su traslado al Cuartel del Carmen», decía la orden de salida de José Luis Relimpio^[17]. Así, con este artificio del cuartel, fueron sacados y asesinados esa misma noche con varias personas más. Antonio Tirado fue entregado a la fuerza pública para su traslado a Comisaría por orden del Delegado de S. E., el capitán Díaz Criado, el día 21 de agosto junto con el concejal republicano Laureano Talavera Martínez, desapareciendo éste al día siguiente y Tirado tres días después. El alcalde Hermoso fue trasladado de la Prisión a la Comisaría el día 21 de septiembre, siendo asesinado el 29 de ese mes. Vergillos desapareció el 26 de octubre y en cuanto a Serrano, aunque se ignora la fecha de muerte, sabemos que debió ser a fines de octubre, ya que el 24 de dicho mes pasó de la Prisión Provincial a la Comisaría. De alguno se ignora su destino; otros, como los hermanos Varela y Casal, salvaron la vida con grandes dificultades. Angel Casal, por ejemplo, que había ingresado en prisión el domingo 19 de julio con otros compañeros, fue de los pocos que pudo contarlo, cumpliendo una condena de doce meses de arresto que lo mantuvo preso hasta el 17 de julio de 1937.

El gobernador José María Varela, cuyo Consejo de Guerra tuvo lugar el 10 de febrero de 1937, fue inicialmente condenado a muerte, siéndole al final conmutada la pena por treinta años de prisión. Durante meses y en un pavoroso recorrido por diversos centros de reclusión asistió a la desaparición de casi todos sus amigos y compañeros. Fue en uno de esos centros donde un día vio llegar al cardenal Ilundáin, quien al pasar junto al Gobernador Civil republicano y después de pasar la vista por él, a quien conocía, comentó displicente a sus acompañantes: «Está un poco más grueso». Antes de que se hiciera cargo de su defensa un militar, fue defendido por el jefe de la CEDA en Sevilla José Monge Bernal. El gobernador Varela Rendueles, como su hermano Joaquín, fue salvado de un fusilamiento inmediato por la influencia del jesuíta Pedro María Ayala en representación de la poderosa Compañía de Jesús. También actuaron a su favor la condesa de Lebrija y el Jalifa, a quien la primera tenía alojado en su palacio. Finalmente, y esto ya pertenece al terreno de lo sobrenatural^[18], recibió el apoyo del subdelegado de Orden Público, segundo de Manuel Díaz Criado, el brigada Rebollo.

LA EXTRAÑA HISTORIA DEL PINTOR TORSTEN JOVINGE

El pintor sueco Torsten Jovinge (Djurshoml-Estocolmo, 1898) llegó a España en la primavera de 1936. Entre abril y mayo atravesó en automóvil el país desde Gerona a La Línea, adentrándose hasta Tetuán y Tánger. A mediados de mayo se estableció en Sevilla, hospedándose en un hotel de la calle 14 de Abril (antes y después Alfonso XII). Las notas de su diario y sus dibujos lo muestran como una persona crítica y observadora que captó por igual tanto el ambiente enrarecido de la Alemania nazi, como la euforia frentepopulista de la España posterior a las elecciones de febrero de 1936: «Y, por todas partes, en la gentil España del Sur, en las carreteras, colinas y torres, el saludo con la mano empuñada de los muleros y aguadores, de las niñas que juegan junto a las norias y de aquel niño de un año de edad en los brazos de su padre. ¿Puede ésta darte una idea del placer y encanto de viajar por España, en coche abierto, en la Primavera de 1936?»^[19]. Jovinge, sin apenas relacionarse con nadie y a pesar de su escaso dominio del español hablado —«el intercambio de pareceres con los nativos debo dejarlo a un lado», reconocía a finales de junio—, se dejó absorber por la ciudad, en la que de manera un tanto tópica, creyó captar algo de «la vieja España», entendiendo por tal sus calles blancas y estrechas, los miradores y patios con fuentes, los toros, las castañuelas, las danzas y la catedral. Con el paso de los días, Jovinge, con gran agudeza, fue consciente del conservadurismo reinante en la ciudad y de sus tremendos contrastes; sin embargo, como a tantos otros, los sucesos políticos lo sobrepasaron. El 24 de junio anotó: «Los fascistas están actualmente encarcelados, para evitar que sean blanco de las balas». Y unos días después aludió a los «señoritos» del Parque María Luisa, lo que significa que le llamaron notablemente la atención, cosa nada extraña sabiendo como sabemos que en esas semanas anteriores al golpe se dedicaban a ejercitarse con sus pistolas en el parque. «La actual popular lucha de clases florece fantásticamente aquí y crece espléndidamente día a día», escribió a los pocos días de llegar a la ciudad.

Jovinge vivió los sucesos del sábado 18 de julio desde un lugar privilegiado si tenemos en cuenta que su hotel estaba junto a La Campana y muy cerca de la División. Asistió a la salida de las fuerzas golpistas, a los enfrentamientos iniciales entre éstas y la Guardia de Asalto, fiel a la República, y a la violentísima implantación de la sublevación. Los impresionantes dibujos que realizó entre el sábado 18 y el lunes 20, ocho bocetos de militares, de fascistas, de detenidos y de fusilados, rezuman violencia. Sabemos que esa zona de la ciudad quedó desde el primer momento en poder de los golpistas. Los sucesos violentos que el artista sueco anotó en su diario se refieren a inspecciones y a detenciones. Lo más llamativo, sin embargo, fue la presencia en el hotel de alguien a quien Jovinge calificó repetidamente de «delator» y que en esa tarde del sábado 18 se interesó por el pintor. Al menos Jovinge estaba convencido de ello. Su última anotación se refería al lanzamiento de hojas por un aeroplano en las que Casares Quiroga aseguraba que el Gobierno lo controlaba todo^[20]. Ni el domingo ni el lunes volvió a abrir su diario. Los dibujos que realizó demuestran que esos días el pintor salió del hotel y anduvo realizando bocetos y tomando apuntes de lo que veía. Ni que decir tiene que tuvo que llamar la atención. El dibujo del fusilamiento, su intensidad y verismo, es sin duda fruto de la observación directa, igual que los detenidos o el fascista echado sobre el guardabarros de un vehículo. No parece muy probable que los sublevados vieran con buenos ojos a un sueco curioso en exceso deambulando por las calles del centro y dibujando lo que veía.

La primera actuación oficial con motivo de la muerte de Torsten Jovinge partió de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, cuyos agentes Jodra y Jiménez comunicaron el día 22 a las autoridades militares la aparición del cadáver del pintor. Ello motivó la inmediata apertura de un sumario por la autoridad militar en el que actuó de Juez Instructor el capitán de Infantería Rogelio Castedo Cala. La primera diligencia, la inspección ocular, fue realizada a las siete de la tarde del miércoles 22 de julio. El encargado del Hotel Londres, José Sobrino Míguez, de veintiocho años y natural de Pazos de Borbén (Pontevedra), declaró al Instructor que los hechos que condujeron al descubrimiento del cadáver tuvieron lugar el lunes 20, presentándose el día 21 una ambulancia de la Cruz Roja que trasladó el cadáver al Cementerio. Durante la inspección de la habitación pudieron observar diversos charcos de sangre en torno a la cama e impregnando algunas prendas de vestir. Según este informe del capitán Castedo, la habitación no presentaba signo alguno de violencia ni había en ella arma alguna que pudiera tener relación con los hechos. Al final del documento figuran las firmas de Castedo y de Sobrino.

El jueves 23 por la tarde el Instructor se personó en el Consulado de Suecia y ante su Vicecónsul, J. G. Siljeström, al que se le dijo que «el súbdito de aquella Nación Torsten Jovinge se había suicidado en el Hotel que se hospedaba y que existían objetos y prendas de su pertenencia esparcidos por la habitación que ocupaba y se le invitaba por carecer el individuo de familiares en ésta, a que asistiera en unión del Juzgado al levantamiento, identificación y enterramiento del cadáver; a lo que dicho Señor Vice-Cónsul accedió gustoso así como a la formalización del correspondiente inventario de prendas y objetos que se le habían de entregar». A continuación se trasladaron al hotel y el Vicecónsul Siljeström realizó y entregó un inventario de todo cuanto le fue entregado, «facilitándonos además un certificado acreditativo de haber asistido al levantamiento y [sic] identificación del cadáver; así como a la inhumación del mismo». El documento en cuestión, con membrete y sello del Vice Consulado de Suecia en Sevilla no ofrece dudas:

El viernes 24 de julio el Instructor Castedo tomó declaración al encargado del hotel. Declaró que sobre las seis de la tarde del lunes día 20 la camarera María Bernabé se dispuso a repasar la habitación de Jovinge, encontrándose con que, aunque la llave estaba por fuera, la puerta estaba cerrada por dentro. Enterado de lo que ocurría y después de intentar penetrar infructuosamente en la habitación, José Sobrino se dirigió a la Comisaría de Vigilancia de la cercana calle Jesús. Entonces, en compañía de un agente, «se dirigieron a la habitación de que se ha hecho referencia y al forzar la puerta contigua a la mencionada habitación fueron sorprendidos con la aparición del cadáver ensangrentado en la cama ignorando las causas que pudieran obligarle a tomar tan fatal resolución». Luego declaró María Bernabé Blández, de veintiocho años y natural de Azuaga (Badajoz), quien pese a no haber entrado en la habitación ni visto el cadáver confirmó lo anterior.

Con fecha 28 de julio el Juez Instructor envió un oficio al Juez Municipal Decano de la ciudad para que procediera a la inscripción de la defunción. A dicho Juez se le dijo que aunque la muerte se produjo el día 20, fue enterrado el 23 y que ocurrió «a consecuencia de haberse suicidado seccionándose la yugular con una cuchilla de máquina de afeitar». El Juez Municipal Decano comunicó con fecha 31 que la inscripción había sido realizada. El día 20 de agosto el Instructor elevó su informe al Auditor Bohórquez estimando que se habían practicado todas las diligencias necesarias y considerando que no existía responsabilidad alguna criminal ni civil. El caso fue cerrado.

El sumario de Torsten Jovinge, como tantos otros instruidos en aquel tiempo, constituye un cúmulo de irregularidades. Hay una cosa clara: el cadáver desapareció de inmediato. Pero surgen muchas preguntas: ¿no resulta excesivo el recurso inmediato a la policía ante la puerta cerrada? ¿Quién ordenó a la Cruz Roja la recogida del cadáver y cómo es posible que el Instructor no pidiera certificación del hecho ni declaración de los que iban en la ambulancia? ¿Por qué esperó el Instructor veinte días, desde el 31 de julio al 20 de agosto, para elevar las actuaciones? Y los agentes de Vigilancia Jodra y Jiménez, si es que alguno de ellos fue el que se acercó al Hotel Londres en la tarde del día 20, ¿no tenían nada que decir al Instructor? ¿Por qué esperaron desde la tarde del 20 a la mañana del 22 para comunicar el hecho a la omnipresente autoridad militar? ¿Qué fue de las hojas de afeitar o de la navaja? ¿Cómo pudieron entrar todos tan fácilmente por la puerta contigua y qué relación tenía dicha puerta con la habitación? ¿Cómo pudo certificar el Vicecónsul su presencia en el levantamiento, reconocimiento e inhumación del cadáver tres días después de los hechos y cuarenta y ocho horas después de que fuera inhumado en fosa común? ¿Por qué se prestó a ello? Por lo pronto sabemos que en el levantamiento, realizado el martes 21 por una ambulancia de la Cruz Roja, no intervino. Por otra parte, conocemos dos testimonios escritos de Cordt Bay, el Cónsul de Suecia en Cádiz, reproducidos igualmente en el catálogo y que vienen a confirmar la gran confusión en que se desarrolló el «Asunto Jovinge» a escala oficial. En el primero, de 30 de julio de 1936, se dice que el cadáver fue reconocido por el Vicecónsul y por el personal del hotel antes de ser enterrado, y en el segundo que «fue enterrado por las Autoridades Locales con cargo al Erario Nacional en el Cementerio Municipal de Sevilla y que a consecuencia de las circunstancias imperantes en ese momento cuando fue enterrado, es casi imposible indicar el lugar donde yace, pues una gran cantidad de personas que murieron en la lucha callejera, fueron sepultadas simultáneamente…». No hay duda de que Jovinge fue uno de los 126 cadáveres ingresados en Fosa Común entre el 21 y el 23 de julio. Está claro, pues, que Siljeström nunca vio cadáver alguno y que, sin embargo, firmó todo lo que se le puso por delante. La hija del pintor, Marika Jovinge Cropper, aporta en el catálogo un dato más: la falta de las gafas y la boina vasca de su padre entre los objetos inventariados.

A comienzos de los años cincuenta Stella Falkner, viuda de Jovinge, y su marido Tom Sóderberg visitan España buscando información sobre lo ocurrido al pintor en 1936. Intentan localizar la tumba pero los mismos españoles les aconsejan que no continúen la búsqueda. Es lógico que los trámites realizados en España fueran infructuosos. ¿A quién interesaba remover en la década de los cincuenta las macabras historias de 1936? Lo realmente extraño era el silencio de las autoridades suecas. En 1981, cuarenta y cinco años después, accedieron a informar a la familia en el sentido de que contaban con documentos que certificaban el suicidio y que se ignoraba el lugar donde fue enterrado. Sin embargo, el expediente siguió cerrado a la consulta incluso para la propia familia. ¿Qué dirían los informes de Siljeström? Marika Jovinge, hija del pintor, pudo finalmente consultar el expediente en 1985, sólo entonces recibió documentos similares a algunos de los anteriormente mencionados. Como era de esperar, entre los documentos entregados no aparecía informe alguno del Vicecónsul.

Éste era el estado de la cuestión cuando se celebró la exposición de Jovinge en el Ateneo de Sevilla en julio de 1986. Luego ha habido que esperar doce años más para poder acceder al sumario abierto por la Auditoría de Guerra. Agotadas pues las dos vías existentes para resolver el caso Jovinge, tanto la que podía provenir de los archivos militares españoles como la de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, y transcurridos sesenta y dos años de los hechos, no parece vislumbrarse esperanza alguna de solución.

Pese a todo, es difícil resistirse a plantear una hipótesis. Jovinge, con sus lápices y cuadernos, con su mirada inteligente y curiosa, suponía una auténtica provocación para los sublevados en general o para cualquiera de los fascistas que pululaban por el centro de la ciudad en los primeros momentos del golpe. Tan peculiar era lo que estaba haciendo Torsten Jovinge que ningún otro testimonio visual o escrito puede suplirlo. En este sentido, el trabajo del pintor sueco en Sevilla se encuentra en la estela de Goya, cuya obra conocía sin duda, y en paralelo a Castelao^[22]. Sin quizá ser muy consciente, Jovinge estaba practicando periodismo de guerra, creyendo ingenuamente que su condición de extranjero, como si de un corresponsal se tratara, lo situaba al margen del conflicto^[23]. El «delator» de sus últimas anotaciones se trata casi con seguridad de uno de los voluntarios que aquellos días indicaban a los golpistas a quién debían detener. La noche del 18 de julio Jovinge escribe en su diario: «Delator presente de nuevo. ¿Se interesa él por mí? Parece ser evidente». Debió ser en ese contexto, con motivo de algún encuentro con fascistas en las cercanías del hotel, cuando el pintor fue corregido o amenazado. Quién sabe si no sería entonces cuando perdió boina y gafas, sin las que, como escribió su hija en el catálogo, casi no veía. A consecuencia de ello, imposibilitado tanto para escribir como para pintar, se refugió en el hotel. En algún momento del domingo 19 fue localizado allí y asesinado con una navaja barbera, tal como afirma el Cónsul sueco en Cádiz Cordt Bay en el mismo catálogo. Con objeto de que todo pasara desapercibido a los clientes del hotel, los asesinos salieron por la otra habitación a la que se accedía desde la de Jovinge, dejando ésta con la llave fuera y el pestillo interior echado, listo se mantuvo así hasta la tarde del día 20 cuando llegaron a ordenar la habitación.

Enterada la autoridad militar y consciente del problema diplomático que podría derivarse del suceso, se controló el asunto designando un Instructor con el único objetivo de que no surgiera problema alguno y de conseguir el visto bueno del Vice-Consulado. Éste, para quien el pintor no era más que un compatriota problemático y con deudas por todas partes, al que incluso habían propuesto poco antes que embarcara como indigente en un barco con destino a Suecia, accedió pensando que, dadas las circunstancias, todo se olvidaría. Pero algo fue mal: la creciente fama del pintor llevó a la familia y a ciertos medios de comunicación a interesarse cada vez con más intensidad sobre la vida de Jovinge y sus últimos días, y en consecuencia las dudas aumentaron. Faltó, eso sí, el Gerald Brenan, el Agustín Penón o el Ian Gibson que como en el caso de Lorca agotara todas las posibilidades de investigación. Es probable que a partir de los años cincuenta, cuando viajó a España su esposa, una investigación bien orientada y siempre respaldada por otro país, hubiera dado resultados.

Hipótesis aparte y ateniéndonos a la documentación existente, lo único que tenemos es un suicidio. Jovinge, separado de su esposa recientemente, sin amigos, con problemas de diversa índole con su familia directa, endeudado con el Consulado y con el hotel, no reconocido profesionalmente y sumido en la vorágine del verano sevillano de 1936, decidió quitarse la vida. Tampoco hay que desechar la influencia negativa producida por el impacto de lo que veía. Puede que lo que el sábado 18 contempló con asombro y perplejidad se le volviera insoportable al día siguiente. Quién sabe si el espectáculo dantesco producido por el fascismo en Sevilla, unido al entorno amenazante que percibía, lo sumieron en una fuerte depresión de la que no pudo salir. Quizá fuera así, aunque nos resistamos a creerlo. Pero incluso en ese caso, seguirían quedando tantos cabos sueltos como dudas razonables, empezando por la nula fiabilidad de una documentación generada en una situación absolutamente anómala y tan carente de legalidad como el golpe que la generó. En cualquiera de los dos casos, no hay duda de que Torsten Jovinge fue una más de las miles de víctima del golpe militar del 18 de julio de 1936 en Sevilla.

LA GUERRA DE MANUEL DÍAZ CRIADO

En capítulos anteriores hemos asistido al irresistible ascenso de Manuel Díaz Criado desde su turbia intervención en la aplicación de la «ley de fugas» en el Parque de María Luisa en julio de 1931 hasta su flamante presencia como delegado gubernativo designado por Queipo exactamente cinco años después. Su hoja de servicios ^[24] nos informa que en abril de 1931, al contrario que tantos otros, firmó la solemne promesa de adhesión a la República. Los sucesos de julio de ese año no dejaron mancha alguna en su hoja, pero sin embargo, desde entonces y hasta mediados de 1934 se mantuvo alejado de Sevilla, a donde volvió en junio de este año para desempeñar una comisión de servicio urgente y reservada. Luego pasa a diferentes sitios hasta que el 26 de abril de 1936 es detenido por orden del Director General de Seguridad por haber participado el 14 de abril en el intento de asesinato de Manuel Azaña y otras autoridades republicanas, ingresando en el Cuartel de la Montaña y en la Prisión de Guadalajara. El 5 de mayo fue procesado por el Juzgado n.º 6 de Madrid, pasando a situación de disponible gubernativo en la II División. Aunque el delito juzgado había sido cometido en el mes de abril, el 19 de junio Díaz Criado recibe los beneficios de la Amnistía decretada el 21 de febrero por los vencedores de la elecciones generales celebradas cinco días antes.

Una vez libre y en situación de disponible voluntario, volvió sobre sus pasos, integrándose de inmediato en el más alto nivel de la conspiración. Según su Hoja de Servicios, el 18 de julio «forma parte del grupo de oficiales que detuvieron al entonces General Jefe de la 2.ª División Orgánica Don José Fernández de Villa-Abrille». Este hecho fue siempre ocultado para no socavar la leyenda montada por Cuesta Monereo en torno a Queipo. El mismo 25 de julio, una vez sofocada la resistencia en los barrios sevillanos y en plena operación de busca y captura de miles de izquierdistas, Díaz Criado es elegido por Queipo como delegado suyo en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, cargo de carácter represivo cuya denominación será Delegado Militar Gubernativo para Andalucía y Extremadura.

Entre esos días y el 12 de noviembre de 1936 Manuel Díaz Criado fue el alter ego de Queipo, su mano derecha, dueño y señor de vidas ajenas, y faz visible del golpe militar en Sevilla. ¿Qué pasó con Díaz Criado para que a partir de entonces desapareciese de la vida pública sevillana y que su importantísima contribución a la gran tarea fuese pasto del olvido? Corrieron rumores diversos, todos relacionados con errores represivos irremediables que llevaron a Franco a destituirle y a enviarle al frente. Poco después, en abril de 1937, fue ascendido a comandante y destinado finalmente al Ejército del Sur. De ahí que se encontrara en los frentes andaluces a comienzos de 1938, cuando tuvo lugar la historia que se va a contar.

De todos modos, y antes de empezar con la negra historia que nos ocupa, creo que puede ser interesante contar la verdadera razón de la destitución de Manuel Díaz Criado^[25]. El día 9 de noviembre de 1936 el general Queipo de Llano comunicó al Cónsul portugués en Sevilla Antonio de Cértima que existían serias sospechas de espionaje sobre su Vicecónsul Alberto Magno Rodrigues. Cuando éste, informado por el Cónsul de lo que se le venía encima, se plantó ante Queipo con sus pruebas y exigió explicaciones y disculpas, el general, percibiendo la dimensión del error cometido, le aseguró que

a aquél a quien atribuía la responsabilidad de este lamentable incidente y de otros también gravísimos, que le estaban causando situaciones difíciles y delicadas, no tardaría en cesarlo en el desempeño de su cargo, y terminó por pedirme que nuevamente le visitara dentro de dos o tres días.

Cuando el día 12 de noviembre Rodrigues se presentó de nuevo ante Queipo, se encontró además en el despacho con Nicolás Franco Bahamonde en funciones de secretario de su hermano, ante el cual el general pidió disculpas al Vicencónsul: «me informa… de que había habido una lamentable confusión y me pidió disculpa de la liviandad con que este deplorable incidente había sido tratado por sus subordinados», escribió éste. Al día siguiente fue Cuesta Monereo, en representación del Estado Mayor, el que se sumó a las disculpas, asegurándole que podía entrar en el Aeródromo de Tablada, origen de todo el problema, cuantas veces deseara. Por supuesto se comunicó al Vicecónsul que el causante de todo el problema, el capitán Manuel Díaz Criado, designado siempre por Rodrigues como «jefe de la Policía Secreta», había sido cesado inmediatamente ese mismo día,

siendo voz corriente que en este momento se duda en aplicarle la máxima pena de las leyes de guerra o mandarlo a servir en el Tercio de la Legión Extranjera como castigo de los abusos que se dice ha cometido…

La presencia de Nicolás Franco, llegado a Sevilla expresamente desde Salamanca, pone en evidencia la dimensión de la metedura de pata del general Queipo y su Estado Mayor. Según parece, Alberto Magno Rodrigues realizaba ciertos servicios para Nicolás Franco, quien en Lisboa, como todo el mundo sabía^[26], se hacía llamar Aurelio Fernández Aguilar. Las frecuentes visitas a Tablada desde el mes de agosto, en las que pudo contemplar libremente el material enviado por Alemania e Italia, y los constantes viajes de Rodrigues por el triángulo Sevilla-Lisboa-Gibraltar levantaron las sospechas de Díaz Criado, quien ignorante de que tras el asunto se encontraba el hermano de Franco creyó hallarse ante un peligroso espía. Queipo, su valedor, le creyó y sólo más tarde, incomprensiblemente, se enteró del motivo por el que Rodrigues visitaba con tanta frecuencia Tablada. Fue el propio Rodrigues quien para justificar la extraña historia ante el cónsul Cértima, ignorante de los servicios que prestaba a Nicolás Franco, le explicó que, como representante para España y Portugal de maquinaria apropiada para movimiento de tierras, consideró oportuno ceder gratuitamente todas las máquinas que poseía en diversas ciudades ocupadas para la preparación de los terrenos del aeródromo dado el movimiento de aviones existente.

Lo cierto es que fue esta historia la que le costó el puesto a Díaz Criado y colocó al general Queipo en el sitio que según algunos le correspondía, pues en definitiva no fue él sino el general Franco quien ordenó el cese inmediato de Díaz Criado ante el delicado conflicto provocado. Es la propia hoja de servicios de Díaz Criado la que expone que fue cesado el día 12 de noviembre y destinado el 24 a la Legión en Talavera de la Reina por orden de S. E. el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales. El caso es que el día 9 de diciembre se encontraba en la Casa de Campo con la V Bandera. Conviene recordar que en esos días de noviembre tuvo lugar el gran fracaso franquista en el intento de ocupar Madrid y el vuelco definitivo de alemanes e italianos en mantener la frustrada ofensiva fascista. Es probable, pues, que los servicios que Rodrigues prestaba a Franco estuviesen relacionados con la delicada situación por la que atravesaban los sublevados. Y fue en esta tupida red donde Díaz Criado creyó ver al enemigo. Sin embargo, y como pasaría con otros grandes represores, su caída fue presentada como una rectificación, como un reconocimiento indirecto de los excesos represivos, cómodamente personalizados en un solo individuo. El Vicecónsul portugués Rodrigues, como otros muchos, creyó el rumor sobre el castigo recibido por Díaz Criado, ignorando que no sólo siguió en el Ejército sino que ascendió hasta el grado de teniente coronel. Fueron otros, sin embargo, los que, como veremos a continuación, sufrieron las consecuencias. Todo empezó por una denuncia:

Seis días después del escrito, y pasado el trago de ratificarse ante el comandante Manuel Díaz Criado y otros jefes, ya estaban a cargo de la instrucción el teniente coronel Luis Pastor Coll y el brigada Daniel Caballero Bravo. Ese mismo día 26 el capitán González Cidrón se ratificó en su escrito, recordando que fue el día ocho de abril, coincidiendo con la partida del comandante Díaz Criado por permiso, cuando el capellán José Delgado Sánchez le contó lo ocurrido en presencia del capitán Romualdo Carretero Luque, que ejercía de Jefe del Batallón, y del médico Eduardo García Martínez. Impresionado, González Cidrón redactó un parte después de consultar la actitud a seguir con el capitán Carretero, quien preocupado por las consecuencias que pudieran venir se inhibió y le aconsejó que esperara la vuelta del comandante. Para redactar la nota habló con los cabos Manuel Peñaranda Aguilera y Juan Corral González, y con el soldado Juan de Pablo Maravilla, testigos de los hechos. Añadió el capitán que cuando un día estaba en el comedor el teniente Rafael Pinto Niño le dijo al médico que él no hubiera permitido que no asistiera a un soldado de su Compañía, a lo que el médico respondió «que qué quería que hiciera, cuando le habían dicho que se muriera». Todos sabían también que Díaz Criado había amenazado al soldado con darle «dos tiros por rojo y sinvergüenza». González Cidrón mencionó a varios compañeros que sabían detalles del asunto.

Declaró después Díaz Criado, quien a su regreso del permiso el día 21 de abril, al revisar la correspondencia, se encontró con el escrito del capitán. Afirmó que el soldado fallecido resultaba sospechoso y negó cualquier posibilidad de veto a las indicaciones del médico. El testimonio del cabo Peñaranda acerca del estado en que ingresó el soldado lo desechó arguyendo su ignorancia en medicina. Al capellán, con el que reconoció que apenas podía verse, lo definió como el instigador de todo el asunto. El médico, que negó casi todo lo dicho por González Cidrón, intentó salir indemne del interrogatorio, aunque hubo de reconocer que el estado del soldado era tal que horas antes de que muriera intentó suicidarse y hubo que atarlo a la cama e inyectarle aceite alcanforado y morfina, tras lo cual entró en un sueño del que ya no despertó. El testimonio del alférez Manuel Villegas González reforzó la denuncia del capitán y atestiguó la charla entre el teniente Pinto y el médico. El sargento Joaquín López Rodríguez y el cabo Miguel Martín Cortés recordaron un encuentro en Córdoba con el capellán en que éste reconoció abiertamente el miedo que tenía a Díaz Criado, además de comentarles la muerte del soldado y la actitud del comandante.

El capellán Delgado Sánchez, al que el temor a Díaz Criado hizo retirar todo lo dicho y que para entonces se encontraba en el Hospital Santa Elisa, de Villaharta, prestó declaración en Porcuna el 29 de abril. Pese a todo, confirmó todos los puntos del escrito del capitán Cidrón. El cabo Manuel Peñaranda Aguilera, encargado del pelotón de castigo en el que estuvo el soldado Moncayo, recordó que las misiones de dicho pelotón eran tareas de limpieza, obras de fortificación y trabajos diversos. Aquejado de una sospechosa falta de memoria, sólo apuntó que en el encuentro con el médico, con el Jefe interino y con el capitán, éste llegó a decirle que «no era Español ni falangista»; de paso negó haber contado algo sobre el abandono en que se dejó al soldado, aunque sí recordó que su ropa estaba cuajada de piojos y que si no asistió nadie al entierro fue porque el día 23 en que tuvo lugar hubo cañoneo enemigo.

El día 30 de abril de 1938 el Instructor Luis Pastor Coll entregó su informe. En él acusaba de irresponsable al capitán Manuel González Cidrón y, en consonancia con la teoría de Díaz Criado, responsabilizaba al cura de mover todo el asunto. Hasta ahí llegaban todas las responsabilidades para el Instructor. Pero algo no debió ir bien cuando dos semanas después fue nombrado nuevo Instructor Eleuterio Sánchez Rubio Dávila, Comandante Jefe del 9.º Batallón del Regimiento de Infantería Pavía y al que ya vimos antes en el Ayuntamiento de Sevilla cuando Sanjurjo lo nombró alcalde de la ciudad en agosto de 1932. La ronda de declaraciones se inició nuevamente. El capitán González Cidrón, pese a la actitud huidiza del capellán y del capitán Carretero, se reafirmó punto por punto en su escrito, enumerando con nombres y apellidos a todos los que tuvieron que ver con el asunto. El cabo Manuel Peñaranda Aguilera, encargado del pelotón de castigo en las semanas previas a la muerte de José Moncayo, describió la vida del pelotón, los trabajos pesados de cada día y los tiempos muertos en que cuando nada había que hacer se abrían agujeros o zanjas para luego volverlos a tapar; el cabo, además, «tenía orden expresa de pegarle tres tiros al que se resistiera al trabajo y el Comandante le preguntó en alguna ocasión si les pegaba mucho a los castigados, ya que ésa era la orden por él dada». Uno de los castigos favoritos de Díaz Criado era colocar a la espalda del soldado elegido un saco cargado de veinticinco kilos de piedras y hacerlo trabajar; los cabos esperaban que se fuese Díaz Criado para aliviarle el castigo. También el cabo Peñaranda vio la ropa del soldado, «llena de miseria», antes del entierro. Y de nuevo salió la amenaza directa del comandante Manuel Díaz Criado al soldado, produciendo pánico y decaimiento y conduciéndolo a la soledad, al suicidio y a la muerte. Añadió finalmente Manuel Peñaranda que tras los hechos pasó de forma voluntaria a otro Batallón, siendo reclamado por Díaz Criado y arrestado:

En esta ocasión el alférez médico Eduardo García Martínez afirmó que cuando pidió al comandante que se trasladara al soldado a Bujalance se le respondió en dos ocasiones «que se muriera en el pelotón de castigo». Díaz Criado les obligó a él y al capellán a entregarles declaraciones escritas que negaban lo expuesto por el capitán Cidrón. También recordó el médico la comida en que varios oficiales criticaron duramente la actitud de Díaz Criado y el teniente Pinto aseguró que de haber ocurrido en su Compañía otra hubiera sido la respuesta. Introdujo otro elemento: el Libro de Reconocimientos en que constaba que el soldado debía pasar al Hospital de Bujalance había desaparecido. El cabo Juan Corral González, otro de los encargados del pelotón de castigo, amplió la declaración de Peñaranda sobre las órdenes que recibían del comandante, quien constantemente les recordaba que había que ser duros con los castigados, pues si estaban allí «era por ser desafectos al Movimiento». Fue Corral quien comunicó a Díaz Criado la orden del médico de trasladar al soldado al hospital y quien escuchó «que de ninguna forma se [iba a] trasladar al Hospital y que si estaba malo que se muriera». Añadió que sabía por los soldados que acompañaron a José Moncayo la última noche que «en su delirio constantemente decía que el Comandante le iba a pegar cuatro tiros». Juan Corral aprovechó el permiso de Díaz Criado para trasladarse a otro Batallón del que fue sacado en cuanto éste volvió:

Preguntado si tenía algo más que manifestar, dijo: que él no quería volver al Octavo Batallón. Que cuando se presentó el Comandante le dijo que viera que no le había costado ningún trabajo traerlo al batallón, y que el mismo [trabajo] le costaba quitar a uno de en medio, sin que esto lo tomase como amenaza, pues él no acostumbraba a amenazar sino luego de haber dado el palo; que se reuniera lo menos posible con Peñaranda…

El cabo Juan de Pablo Maravilla, un joven estudiante de medicina testigo del proceso que llevó a la muerte al soldado, y el soldado Francisco Fernández Carmona dijeron al Instructor que hubo necesidad de quemar la ropa del fallecido. Por su parte, el teniente Rafael Pinto Niño recordó una conversación sobre los hechos con el capitán Carretero, enfadado porque Díaz Criado le había hecho gastar quince duros para trasladarse a Lopera, de modo que «mientras se utilizaba el coche oficial para llevar prostitutas a Sevilla, a los oficiales no se les tenía ninguna consideración». Pinto confirmó que el escrito lo entregó Cidrón y no Carretero por el miedo que éste tenía al comandante, siendo este último precisamente quien el día en que volvió Díaz Criado le dijo: «Acaba de estallar la bomba». Después de otras muchas declaraciones, todas contrarias al comandante Díaz Criado, volvió éste a declarar a finales de junio. Además de negar todas las acusaciones, indicó al Instructor Sánchez Rubio que podía citar para careo a cuantos lo acusaban y se reafirmó en que todo se debía a una conspiración contra él iniciada el día en que marchó de permiso a Sevilla.

El informe del Juez Instructor, de julio de 1938, reconocía la situación anómala del soldado enfermo y la actitud cerril del comandante Díaz Criado, confirmando por entero el parte firmado por el capitán González Cidrón y declarando responsabilidades en el caso de Díaz Criado (abuso de autoridad), del capitán Carretero Luque (abandono de funciones), del capellán Delgado Sánchez (propalar bulos) y del médico García Martínez, aunque en este último caso, al ser soldado cuando ocurrieron los hechos, se tuvo en cuenta el miedo insuperable que tenía al comandante. Finalmente:

Resulta también de estas actuaciones que el Comandante Don Manuel Díaz Criado es Jefe que extrema el rigor en el mando y de dureza en el castigo a sus inferiores, que ha originado un ambiente de descontento y malestar tanto entre la Oficialidad como entre la tropa del Batallón a su mando, que de manera latente se refleja en estas precedentes actuaciones.

El auto de procesamiento se dictó el día 29 de agosto. En consideración al rango militar de Manuel Díaz Criado, único de los mencionados por el Juez Instructor que aparece en el auto, no se le detuvo. En ese momento, y basándose en que el 8.º Batallón ya no se encontraba en Lopera, el Estado Mayor de la División 31 ordenó que se le remitiesen las diligencias practicadas, «todo ello para designación de nuevo Juez en el lugar más apropiado para la mejor tramitación de la causa referida». Curiosamente este Juez resultó ser el anterior, Luis Pastor Coll.

Parecía que todo seguiría su curso cuando el 5 de octubre el teniente coronel Luis Pastor Coll decidió interrogar de nuevo al capitán Manuel González Cidrón. Éste se ratificó en lo ya dicho, pero declaró «que no tiene que hacer cargo alguno contra el Comandante del Batallón y todo lo que relata y sabe es por referencia como ya tiene manifestado, añadiendo que si él formuló el parte fue porque el Capitán Carretero, Jefe accidental del Batallón y Capitán de la Compañía del individuo fallecido, no quiso darlo, ignorando los motivos, pues únicamente dijo que no quería darlo». Dos días después fue el capitán Romualdo Carretero Luque quien, en la misma línea que el anterior, declaraba «que no tiene motivo para hacer cargo alguno contra el Comandante Señor Díaz Criado y todo lo que sabe referente a la muerte del soldado de su Compañía Moncayo lo sabe por las referencias que le ha dado el Capitán Cidrón que a su vez se lo dijo el Capellán, sin que tenga ninguna noticia oficial por conducto de nadie de que dicho soldado muriera en forma anormal y menos como consecuencia de determinaciones tomadas por el Comandante Señor Díaz Criado». De paso tuvo que retirar lo dicho sobre las prostitutas y el coche del comandante en el sentido de que no eran prostitutas, sino que pertenecían a un servicio de información ideado por el comandante consistente en atender cantinas desde las que se controlaba a civiles y militares «para contrarrestar el servicio de espionaje y realizar una labor de limpieza caso de que existiesen elementos rojos en la Plaza». El mismo día declaró el soldado Manuel Peñaranda Aguilera para añadir que «ignora las circunstancias que concurrieron en la muerte del soldado Moncayo, pues todo lo que sabe es de rumor entre el personal del Batallón». El cabo Juan Corral González vino a decir que fue el propio soldado Moncayo el que se había negado a tomar alimentos, nueva teoría ésta que motivó que alguien anotara al margen: «Esto es distinto de lo declarado al folio 26 vto». Corral concluyó:

Que en dicho pelotón no se maltrataba y todos comían la comida general sin distinción alguna para los arrestados y que este pelotón estaba dedicado a la limpieza general, y que los sábados se bañaban y se mudaban la ropa y diariamente hacían su aseo personal si bien Moncayo al tener miseria era precisamente por abandonarse sin duda debido a su enfermedad.

El cabo Juan de Pablo Maravilla fue aún más allá al declarar que si el médico envió al soldado Moncayo al Hospital «no fue porque lo viera grave sino porque no tenía medios de tratarlo en Lopera» y que una vez que se agravó se le prestó total atención. La rueda de declaraciones, como no podía ser de otra forma, fue cerrada por el capellán José Delgado Sánchez, que en esta ocasión fue precisamente el único que mantuvo en su totalidad la declaración anterior, tanto en lo referente a la actitud del comandante Manuel Díaz Criado, como al lamentable estado al que se llevó al soldado José Moncayo López.

En consonancia con lo anterior, el informe del nuevo Juez Instructor, nada menos que el teniente coronel Eduardo Álvarez Rementería Martínez, falangista y uno de los principales organizadores de la sublevación en Sevilla, mantenía que los hechos fueron denunciados sin comprobar y «agregando frases insidiosas sin duda impresionado [González Cidrón] por las manifestaciones del ya citado Capellán Don José Delgado, que da el parte sin ser Jefe del BON, ni el soldado José Moncayo pertenecía a su Compañía». El mismo Álvarez Rementería consideró oportuno comentar los llamativos cambios de orientación sufridos por la instrucción y la validez de los resultados finales, en donde quedaba de manifiesto

que el Comandante Díaz Criado es un Jefe Militar de gran espíritu, amante de la disciplina, que trata a sus subordinados con afabilidad pero con energía, cualidades muy dignas de tener en cuenta en Campaña. Considerando que la muerte del soldado Moncayo ha sido muerte natural, siendo asistido convenientemente y sin responsabilidad para nadie, elevo a V. E. lo actuado para la resolución que proceda.

El sumario fue enviado a la autoridad militar el 10 de enero de 1939 desde El Carpió. Controlado convenientemente todo el proceso la causa 1196/38 fue sobreseída. Aun siendo evidente el sentido con que unos y otros impulsaron la instrucción —¿qué sería de los capitanes, tenientes, cabos y soldados involucrados en la «conspiración»?—, sólo podemos intuir las presiones internas y los bruscos cambios a que condujeron los diversos intereses en juego. No cabe duda de que Manuel Díaz Criado conocía a los tres instructores, con los que hubo de cruzarse tanto en los años republicanos como en su etapa de Delegado de Orden Público de Queipo, y tampoco hay que olvidar que si Álvarez Rementería era falangista, Eleuterio Sánchez Rubio procedía, como el mismo Díaz Criado, del campo monárquico. Aunque es probable que desde dicho sector no se viese con buenos ojos a un personaje cuya sola mención producía silencios embarazosos y miradas esquivas. A estas alturas de la guerra, el «Capitán Díaz Criado», el hombre en quien delegaron las tareas sucias la burguesía reaccionaria sevillana y los sectores militares golpistas, había desaparecido de la historia local. Por suerte, dado su cese fulminante y su precipitada salida hacia el frente, nadie osó dedicarle una calle. Algunos, sin embargo, especialmente los más encumbrados, tuvieron que seguir viéndolo de por vida en muchas de las fotografías de actos y celebraciones posteriores al 18 julio de 1936, situaciones en las que a Díaz Criado siempre le gustó posar aunque fuera en segunda fila.

Salvo excepciones su vida girará ya en torno a Jaén, interviniendo, por ejemplo, en traslados de presos desde los pueblos a la capital y en su guarnición y custodia. A partir de marzo de 1940 se hizo cargo de la Comandancia Militar de Andújar. Prueba de que aunque no lo quisieran tener cerca no lo olvidaban, fue su designación para la Jefatura de la Academia de Instrucción y el ascenso a teniente coronel en el primer semestre de 1943, a lo que se añadió en el mes de agosto la concesión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Murió en Sevilla el 7 de julio de 1947 a los cuarenta y nueve años de edad.

UNA LARGA BÚSQUEDA: JUAN GÓMEZ GUERRA (SEVILLA, 1937)

Poco después de la publicación de la primera edición de La justicia de Queipo, tomó contacto conmigo Fátima Gómez Vela para ver si podía ayudarla a descubrir qué fue de su abuelo, Juan Gómez Guerra, nacido en San Fernando (Cádiz) en 1900 y fusilado en Sevilla en 1937. Trabajaba como forjador en la Base de Tablada. En 1926, al contraer matrimonio con Carmen Vela Vela, instaló su residencia entre San Juan de Aznalfarache y Tomares. A causa de la muerte de su esposa en 1934 tras un parto, en febrero de 1936 contrajo nuevo matrimonio con Virtudes Vela Borrero, prima de la anterior. Entre tanto, los cinco hijos (Carmen, Juan, Eloísa, Adela y Paquita), de entre diez y quince años, quedaron al cuidado de una mujer. Pero Fátima Gómez Vela no sólo quería saber de su abuelo, sino también de su bisabuelo, Juan Gómez Hernández, padre del anterior, igualmente obrero de Tablada y también residente en los alrededores de Sevilla, cuya pista se pierde el 31 de agosto de 1937, en que causa baja en la empresa, y del que no existe partida de defunción. Era el único que visitaba a sus nietas en el hospicio de la calle San Luis una vez que la segunda esposa de su hijo decidió internarlas allí en mayo de 1937 tras la muerte de Juan Gómez Guerra.

Otras personas desaparecidas en la familia fueron los hermanos de Carmen Vela Vela, Eloy, Adelaida y Serafina, asesinados respectivamente en San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Triana; la última en unión de su hijo de doce años. De ninguna de ellas existen certificados de defunción. Del hospicio no salieron todos. En 1943 murió de hambre la pequeña de las niñas, Paquita, de cinco años, enterrada en fosa común.

La incansable búsqueda de Fátima Gómez Vela, aparte de la información dispersa que fue reuniendo, dio lugar a curiosos encuentros. En el Archivo de Capitanía fue atendida por el que durante muchos años sería su encargado, el capitán Ernesto Subirá, quien «con lágrimas en los ojos me dijo al enseñarle la partida de defunción de mi abuelo que estos hechos fueron lamentables y que no debieron ocurrir nunca y que hoy día tenía tres hijos socialistas… Me descubrió el hecho de la detención de mi abuelo diez días después del 18 de julio y [me dijo] que debió ser algún dirigente político de aquella época porque sabían quién era y fueron por él»^[27]. Subirá se refería a la ficha personal de Juan Gómez Guerra, donde consta su baja el 28 de julio de 1936 por haber sido detenido. Es también una ficha similar la que permite saber que el bisabuelo, Juan Gómez Hernández, causó baja por fallecimiento el 31 de agosto de 1937. Ambas fichas existían por ser los dos empleados de las dependencias militares sevillanas. Lo que quizá Fátima Gómez Vela no observó es que en el despacho del capitán Subirá, en el Edificio de Capitanía de Plaza de España, frente a su mesa, colgaban de la pared todavía a finales de los noventa los retratos de Franco y Queipo. También hay que señalar que, salvo los expedientes personales, todo lo que el Archivo de Capitanía contenía en relación con el golpe militar y la etapa de Queipo desapareció sin dejar rastro.

En junio de 2001 Fátima Gómez obtiene un certificado del Centro Penitenciario de Sevilla, dependiente del Ministerio del Interior, por el que se hace constar que Juan Gómez Guerra: «Ingresó en prisión el 29 de julio de 1936 a disposición de la Autoridad Militar de la Plaza en méritos de Causa n.º____ (no consta) siendo juzgado el___ (no consta) y condenado a la pena última ___años ___meses y ___días, por un delito de___ (no consta). Fue entregado a la Fuerza Pública para Ejecución Sentencia el 14-04-37, siendo excarcelado el día_____. Habiendo permanecido en prisión por un período de_____ años, OCHO meses y 15 días. Y para que conste…». Esto es todo lo que puede decir sesenta y cinco años después el centro donde estuvo recluido y de donde salió para el cementerio. También obtiene copia de las fichas que recogen el paso de su madre y sus tías y tío por el Hospicio Provincial, en el que permanecerán hasta 1951 (¡catorce años!), y en las que consta que sus padres eran «Juan Gómez Guerra (a quien se aplicó el bando de Guerra) y Carmen Vela Vela, fallecida…».

Uno de los documentos más interesantes que obtiene Fátima Gómez Vela, en este caso generado a petición suya, es sin duda el Auto que le entrega en mayo de 2001 el Tribunal Militar Territorial Primero. Dice así:

Mayor absurdo no cabe: la misma institución que se rebeló contra la legalidad imponiendo una dictadura militar fascista y que segó vidas a capricho es la que sesenta y cinco años después «acuerda conceder la gracia de amnistía» a Juan Gómez Guerra, a quien condenó a muerte por el delito de «rebelión militar», es decir, por el delito cometido por quienes se sublevaron. Amnistía en griego significa olvido y su antónimo era verdad. En este caso la etimología nos ayuda a comprender el trasfondo de la farsa. Resulta de sentido común que la verdadera justicia para Juan Gómez Guerra y sus familiares debería consistir en revisar y anular la farsa judicial-militar que puso fin a su vida.

Por fin, en marzo de 2005, aparece la causa relativa a Juan Gómez Guerra. Por la documentación parece evidente que su detención tuvo un carácter preventivo. Era un obrero, trabajaba en instalaciones militares y fue detenido. Según una nota primera, aunque los militares de Tablada no saben de su actuación, todo se fía al testimonio del vecino de San Juan, Nieves Escobar Cordero, también obrero de Tablada, quien aseguró que el 18 de julio se le vio armado por las calles de San Juan de Aznalfarache controlando el movimiento de los obreros. La Guardia Civil lo considera extremista peligroso. A esa nota sin fecha le sigue otra de 20 de enero de 1937, dirigida a la Delegación de Orden Público y firmada por la Guardia Civil, que recoge el testimonio de Escobar. A partir de ese momento ya siempre se le menciona como individuo peligroso de extrema izquierda. Sin embargo, el 12 de diciembre Juan Gómez Guerra había declarado que el 18 de julio estuvo trabajando hasta las 13.00 horas, en que se fue a su casa, donde permaneció hasta las 20.00 horas, en que marchó con mujer e hijos hasta Mairena. El día 20 intentó volver al trabajo pero, dado que el puente de San Juan estaba levantado, volvió para casa. Finalmente, el 21 pudo trabajar. Negó haber tenido participación alguna en aquellos días y declaró que únicamente pertenecía a la Sociedad de Obreros y Empleados de Aviación. Con fecha 28 de julio de 1936 consta la ficha de detención y con fecha 29 su ingreso en la Prisión Provincial.

El 16 de marzo de 1937 es interrogado nuevamente, declarando que ni ha pertenecido al Partido Comunista ni estuvo patrullando por San Juan en julio. La Guardia Civil, sin embargo, pese a no disponer de prueba alguna ni de antecedentes de ninguna clase, mantuvo que era uno de los jefes comunistas que recorrió armado las calles. Ese mismo día un industrial de San Juan, Julio Navarro Ceferino, declara haberlo visto patrullando por las calles de la localidad. No se produce careo alguno entre testigos y acusado. El 17 de marzo el Instructor presenta su informe, considerando a Juan Gómez Guerra como autor del delito de rebelión militar. El 31 de marzo de 1937 el Consejo de Guerra Especial Permanente lo condena a muerte, considerando probado que pertenecía al Partido Comunista y que actuó con armas en la mano; el delito, rebelión militar. Juan Gómez Guerra fue asesinado a las seis de la mañana del 14 de abril de 1937 en los muros del Cementerio de San Fernando. Su inscripción en el Registro Civil al día siguiente omitía naturaleza, domicilio, profesión, estado civil y nombre de la esposa e hijos.

El último documento que Fátima Gómez consigue es el Auto de sobreseimiento del expediente abierto a su abuelo por el Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas en 17 de abril de 1944, por el que se hacía saber a los herederos que recobran la libre disposición de sus bienes si los poseen. Firman Enrique Ruiz Martín, José Ruiz Martín, José Ortega Ruiz y el secretario Federico Herrero.

Fátima Gómez Vela conserva las últimas cartas que su abuelo escribió, a las que pertenecen estos fragmentos:

El caso de Juan Gómez Guerra, o de Fátima Gómez Vela, muestra el complicado proceso que ha tenido que seguir mucha gente para saber por qué nunca conocieron a sus abuelos. Un largo viaje desde el silencio o ignorancia familiar hasta el penoso recorrido por archivos y centros oficiales. Pero en este caso había una «ventaja»: al ser la víctima obrero de Tablada se conservaba su ficha en el Archivo de Capitanía y al pasar por consejo de guerra —aunque tal cosa no ocurra en la mayor parte de los casos— quedó constancia de todos los pasos, desde la detención hasta su inscripción en el Registro Civil. Respondiendo a una profunda necesidad humana, todas las personas que como Fátima Gómez buscan los consejos de guerra que sentenciaron a muerte o a largos años de prisión a sus familiares piensan que esta documentación les desvelará las razones que existieron para que tal cosa ocurriera. En realidad, lo único que encuentran es la engorrosa farsa judicial-militar, que sólo sirve para encajar una pieza más en el puzzle de cada historia familiar oculta.