Con la caída de Mérida Y Badajoz se produjeron dos bolsas en torno a la línea que unía ambas ciudades: una desde ahí hacia Cáceres, ya en poder de los sublevados, y otra mucho más extensa que comprendía todos los pueblos situados desde allí al sur de Badajoz e incluso algunos del norte de Huelva, con la raya de Portugal a un lado y la vieja ruta de la Plata al otro. Dicho territorio equivalía a media provincia y contenía más de la mitad de sus pueblos. Su ocupación se efectuó en dos fases, una primera del 17 al 29 de agosto y otra del once al 21 de septiembre. No hubo un plan claro, sino que se hizo a medida que fue posible y a base de columnas mixtas constituidas en esos días. A grandes rasgos, en la quincena de agosto se acabó con la primera de las bolsas citadas y con el núcleo central de la otra; y en septiembre —coincidiendo con la campaña sobre la zona minera y la sierra de Huelva— se concluyó la tarea con la toma del sur de la provincia. A consecuencia de ello se produjo una gran masa de huidos que se fue congregando día a día en torno a Fregenal. De los que intentaron buscar salida por Portugal ya se ha tratado. Hubo otros, sin embargo, cuyo destino se verá aquí, que optaron por llegar a zona republicana atravesando desde los pueblos del sur hasta la zona de Granja de Torrehermosa en una involuntaria aventura de alto riesgo. Finalmente el 21 de septiembre cayó Azuaga, operación planificada desde el Estado Mayor de la II División por la que los sublevados acabaron de manera definitiva con las amenazas que procedían de ese sector y que venía a poner fin, cincuenta días después de su inicio, a la primera fase de la ocupación de la provincia.

Como ya vimos, todavía con las fuerzas de Yagüe en la capital extremeña, se realizaron incursiones en su entorno, bajo el mando del comandante Vierna Trápaga. El 17 de agosto cayó Alburquerque y al día siguiente San Vicente de Alcántara. Los setenta y dos derechistas detenidos en Alburquerque —la mayoría liberados antes de la ocupación del pueblo— pudieron quejarse del trato recibido, de algunos saqueos en sus fincas y casas particulares o, por ejemplo, de que mientras entraba el barbero a afeitarlos había gente armada vigilando. El momento de mayor peligro, un simulacro de fusilamiento anunciado con toques de difunto por las campanas, el 28 de julio en la iglesia de San Mateo, fue cortado a tiempo por fuerzas militares del Regimiento Castilla, que se impusieron a los milicianos forasteros implicados en aquella acción. Entre los hechos más notables destacó la creación de un matadero colectivo formado a base de animales incautados en la zona y, sobre todo, del traslado desde Cáceres de la ganadería de Muguiro. Otro suceso significativo fue el protagonizado por el industrial y futuro alcalde Juan Oliveros Cuéllar, obligado a reconocer como hija suya a la de una prostituta de la localidad ante notario y con testigos. Alburquerque fue ocupado por fuerzas de la Guardia Civil al mando del sargento Agustín Ramos «El Rubio» o «El Lobo», comandante del puesto de San Vicente, con quien colaboraron falangistas como los conocidos por «El Morera», «El Cerezo», «El Chato», «El Mateo» y «El Balancho», los cuales,

con algunos «señoritos», realizaron una terrible represión entre el campesinado de los pueblos de la comarca en las cunetas de la carretera, en el «Cuarto de Abajo» y en «Puerto Elice», entre los canchales próximos a una vieja mina^[383].

Con las fuentes habituales con que contamos, en San Vicente de Alcántara, aparte de unas veintitantas detenciones, no se produjo nada reseñable para la derecha hasta que el día 28 de julio llegó una columna de milicianos de Badajoz, al mando del coronel Puigdengolas. Sin embargo, nos detendremos en ella por una historia que ejemplifica claramente dos procesos de los días iniciales del golpe militar: la absorción de la jurisdicción ordinaria por la militar y la manera descarada en que esta justicia militar era utilizada por los golpistas para proteger a los suyos. El 28 de julio de 1936 el médico Laureano Carlos Herrero comunicaba al Juez Municipal la aparición y reconocimiento de los cadáveres de Casimiro Madera Correa, Narciso López Serrano, Antonio Entonado Preciado y Ramón Camisón Serrano. La viuda de Casimiro Madera, Facunda Gaspar Miró, que prestó declaración dos días después, contó que en la mañana del día 27 un grupo de milicianos y carabineros tomaron posiciones en la azotea de su casa, cercana a la carretera, para controlar mejor los movimientos de una columna enemiga que se acercaba por la carretera de Salorino.

La columna, al mando del comandante José Linos Lage, el teniente Girbal y el sargento Prado, estaba compuesta por fuerzas de Asalto, un grupo de fascistas al mando del capitán Luna Meléndez, guardias civiles, dos compañías de fusileros y una de ametralladoras con dos cañones y algunos obuses del Regimiento de Infantería 27. En total serían unos seiscientos hombres, ante lo cual el alcalde en funciones, José Pizarro Borrega, pidió ayuda al Gobierno Civil, que ordenó que se replegaran de inmediato en dirección a Alburquerque y no combatieran. No obstante, hubo cruce de disparos hasta que finalmente la columna de Girbal accedió al pueblo por la Fuente de los Caños y por el cementerio. Algunos milicianos recorrieron el pueblo pidiendo que se dispusieran para la lucha y que a falta de otras armas calentaran agua y aceite para arrojarla desde los balcones sobre el enemigo. Ya en el pueblo los ocupantes comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra puertas y fachadas. Las autoridades, que salieron al encuentro de la columna, fueron maltratadas y el Ayuntamiento fue saqueado por los fascistas mientras la Guardia Civil impedía la entrada a las autoridades. A continuación el alcalde, el depositario, el secretario y tres vecinos fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento que en cierto momento fue cortado por un capitán que se hizo cargo de los prisioneros, a los que trasladó a Valencia de Alcántara, donde los dejó en libertad, «ya que no se les cogió armas ni opusieron resistencia». En el pueblo quedaron detenidos 17 paisanos, el brigada y tres carabineros, más tarde llevados a Cáceres. Atemorizados por lo sucedido, más de la mitad del vecindario huyó al campo.

Sobre la muerte de Casimiro Madera, su mujer contó que cuando comenzaron los disparos ella cogió a los hijos y salió por la puerta trasera, quedando allí el marido para no dejar sola la casa. A media tarde, cuando cesó el combate, volvió a su domicilio, ya sin milicianos ni carabineros. Serían las cinco de la tarde cuando se presentaron en la puerta las fuerzas ocupantes, un grupo de fascistas entre los que destacaba Joaquín Cabrera Benito —hijo de Carlos Cabrera Orellana, vecino de Valencia de Alcántara y conocido por el vizconde de la Torre—, quien, «dirigiéndose a las fuerzas de Asalto y Guardia Civil les exigía hacer los crímenes que tenían convenido y les exhortaba a que obraran sin piedad». Luego se llevaron a Casimiro Madera y, cuando iban unos doscientos metros más arriba, se escuchó una tremenda descarga que acabó con el prisionero por disparos en la cabeza. Lo asesinaron en presencia del hijo, Francisco Madera, de 31 años, que se ofreció a acompañar a los fascistas para proteger a su padre; ni siquiera se le permitió acercarse al cadáver. Durante las horas en que los ocupantes se dedicaron a tirotear puertas y fachadas nadie se atrevió a moverse. El vecino Antonio Entonado Preciado murió por disparos de Joaquín Cabrera cuando intentaba huir de su casa por una ventana. A Narciso López Serrano «Manolín», enfermo cardíaco, lo sacaron de su casa y lo maltrataron en la calle; falleció en el acto a consecuencia de la impresión. Al estar declarado el bando de guerra no se pudo llamar al juez para el levantamiento de los cadáveres hasta que a las seis de la mañana del día siguiente se fueron los ocupantes. El médico acudió por la mañana para certificar las defunciones y esa misma tarde fueron enterrados^[384].

La siguiente declaración, de Felipa Cruz Reina, fechada el once de agosto y en ella, esta mujer, viuda de Ramón Camisón Serrano, la cuarta víctima, afirmaba que su marido —exalcalde radical vuelto a colocar en la Alcaldía por los sublevados el 27 de julio— fue asesinado al día siguiente, el 28, por los disparos de un numeroso grupo de milicianos llegados desde Badajoz. Unos días después el pueblo caía en poder de los fascistas. Después todo quedó paralizado hasta el 20 de enero de 1937, cuando Rosario Rosado Samaniego declaró sobre la muerte de Camisón. Entonces se produce un cambio brusco en la ya extraña instrucción. El 18 de febrero, en autodictado por Francisco González Naharro, Eduardo Pérez del Río y Pablo Murga Pérez, se lee:

Que el conocimiento de esta Causa es de la competencia de la Jurisdicción de Guerra, puesto que los hechos que la motivan se relacionan con el servicio de armas y tuvieron lugar al ejecutar el mismo, lo cual está comprendido en el artículo séptimo número tercero y cuarto, apartado último, en relación con el artículo 237, todos del Código de Justicia Militar, precepto no derogado por el Decreto Ley de dos y once de mayo de 1931, ratificado por la Ley de 18 de agosto de dicho año, [y] no puede perderse de vista aunque el espíritu [y] las modificaciones hechas por la República en nuestras Leyes tradicionales en orden a la Jurisdicción Militar tienden a reducir la extensión en su competencia, [que] dejaron subsistentes todo lo referente a la competencia por razón del delito y como los hechos a que la misma se refiere han tenido lugar durante el Movimiento Salvador de España, son de aplicación las normas tradicionales antes citadas pues no es posible desconocer que las fuerzas que luchaban por defender el honor de España en actos de servicio de armas que afectan esencialmente a la vida Militar deben ser juzgados en todo caso por la Jurisdicción de Guerra.

De este modo la jurisdicción civil se inhibió en favor de la militar en uno de los pocos casos en los que hemos podido asistir —por farragoso que resulte— a este proceso. El cambio se nota de inmediato. En un informe de la Alcaldía de abril de 1937, dirigido al instructor comandante Enrique López Llinas, sobre las cuatro muertes habidas a finales de julio se leía que Casimiro Madera Correa, aunque republicano de izquierdas era «mero simpatizante con el Frente Popular pero sin actuación directa» y que «tuvo la mala suerte de que en su casa se parapetaran algunos carabineros marxistas y murió a consecuencia de ser cogido por una descarga». La otra víctima, Antonio Entonado, era calificada de «marxista peligroso y de acción» y su muerte, según el informe municipal, se produjo «al paquear el Ejército desde su casa después de tomar el pueblo». En el caso del enfermo López Serrano se decía simplemente que «la diligencia de autopsia no dio lesión alguna». Pasaba luego el alcalde a comentar la muerte de Ramón Camisón y aquí la cosa variaba:

El día 28 vino a este pueblo una columna marxista desde Badajoz al mando del tristemente célebre Puigdengolas, cuyas hordas asesinaron vil y cobardemente y en su propio domicilio al exalcalde radical Don Ramón Camisón Serrano. Este fue el último alcalde de significación y actuación derechista.

Uno de los que presta declaración ahora, en mayo de 1937, es Joaquín Cabrera Benito, el falangista que el 27 de julio animó a los suyos a llevar a cabo lo convenido. Se limitó a decir que en San Vicente se les opuso resistencia,

por lo que se vieron obligados a hacer uso de las armas de fuego disparando también el declarante, pero ignora si a consecuencia de alguno de los disparos que hizo fue alcanzado algún individuo ni quien fuera éste ni qué clase de herida le produjera, pues al hacer fuego lo hizo contra aquellos sitios desde donde se disparaba también contra las fuerzas de ocupación y si algunas de las balas disparadas por el declarante alcanzó alguna persona debió de ser por tanto de los que hacían resistencia.

Un informe de la Guardia Civil de junio califica a Madera, López Serrano y Camisón de

republicanos pero de orden y completamente contrarios a los elementos que componían el funesto Frente Popular pues a pesar de estas ideas antes de iniciarse el movimiento siempre estaban al lado de las personas de orden.

Caso diferente era el de Entonado, de «ideas avanzadas y simpatizante del Frente Popular». El informe concluía que tres de ellos «fueron muertos por los Nacionales» y uno «asesinado por los rojos». Como era de esperar, el instructor López Llinas acabó considerando que las tres víctimas del 27 de julio murieron uno al repeler las Fuerzas Nacionales la agresión que se hizo desde el interior de su casa; otro, «marxista peligroso», porque «sin duda paqueaba a las tropas desde su morada»; y el tercero, según habían probado los informes médicos, «por la enfermedad cardíaca que padecía». El informe final del auditor de la II División seguía la misma línea:

Como los hechos en los cuales encontraron la muerte los vecinos de San Vicente de Alcántara, Casimiro Madera, Antonio Entonado y Narciso López, tuvieron lugar en acción de guerra, no pueden calificarse de delito, y en su consecuencia acuerdo sobreseer esta causa de conformidad con el número 2.º del artículo 536 del Código de Justicia Militar^[385]…

Del resto de lo ocurrido en San Vicente una vez en poder de los nacionales nos informa Enrique Santos, «El Secretario», en su libro de recuerdos:

La mayoría de los [huidos] capturados eran fusilados en el mismo lugar en que eran encontrados. Mujeres y niños padecieron también aquella furia. A estas mujeres y niños se les aplicaba castigos más suaves: se les rapaba la cabeza, dejándoles sólo en lo alto un mechoncito para adornarlo con lazos rojos. Así se les paseaba por la calle haciéndoles levantar el puño como señal de la ideología extremista de izquierda. Otro de los leves castigos fue el de las purgas con aceite de ricino … Los desfiles procesionales de mujeres y niños pudo contemplarlos el narrador en Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara y Alburquerque. En la primera de dichas localidades, uno de los muchos desfiles que se celebraron fue el siguiente: anudadas fuertemente a una larga soga, caminaba una hilera de mujeres con alguna de sus hijas —no mayores de cinco o seis años— luciendo sus cabezas afeitadas, sus lazos rojos, sus vestiduras rasgadas. A uno y otro lado, los verdugos con látigos, fustas y palos, propinándoles constantes golpes y obligándolas a decir en voz alta ¡Somos comunistas! Si aquellos gritos no se pronunciaban con la suficiente energía, los látigos se encargaban de que lo fueran …

Se inician las detenciones, las purgas, los malos tratos, los «paseos». Ningún detenido es sometido a procedimiento. No se estila. Se persigue indiscriminadamente, sin interrogatorio, sin declaraciones, sin derechos humanos. A algunas jóvenes se las violaba, se les robaban sus alhajas, después se las fusilaba … Una especie de «comisión de limpieza» determina quiénes deben desaparecer, de entre los que no han huido … Algunos detenidos pasan por la sacristía, convertida en sala de torturas. Don Facundo, que ha vuelto, ayuda o, al menos, tolera. Y de allí, a la fosa común. Hay constantes «paseos» en los mismos lugares que en el caso de Alburquerque: el Cuarto Abajo, Puerto Elice, en los canchales, en unas viejas minas^[386] …

El mismo día que cayó San Vicente, el 18 de agosto, pasó también a poder de Vierna el pueblo de La Albuera. Al trato recibido por los derechistas presos, a los que se hizo trabajar con pico y pala en las peores horas de agosto, se achacó el derrame cerebral sufrido por el joven Manuel Rueda Prieto, quien moriría posteriormente en el Hospital Provincial de Badajoz. La Causa General, no obstante, se permitió aludir a torturas allí donde se refería a los insultos y amenazas a que fueron sometidos. Un caso especial, mencionado en la Causa General de Entrín Bajo, sería el de Pedro Talayero Suárez, de 63 años, radical y secretario del Ayuntamiento de dicho pueblo, que murió víctima de una paliza el día cinco de agosto después de ser trasladado de Entrín Bajo a La Albuera. Se responsabilizó de su muerte a Manuel Serrano Leva y a Antonio Flores Díaz, fallecidos posteriormente. El único fusilamiento producido en La Albuera, realizado por milicianos de la columna Sosa, tuvo como víctima al Corazón de Jesús, al que se vistió de blanco para la ocasión. Las responsabilidades recayeron sobre Antonio Flores Díaz, Antonio Martínez Atochero y Marcelo Moro Mulero, muertos ya todos cuando la Causa los señaló como culpables. Entre los dirigentes rojos huidos destacaban el alcalde José Calderón Chinarro, Gumersindo Mata González, primer teniente de alcalde; Manuel de la Cruz Murillo, secretario de la Casa del Pueblo, y Ángel Asenjo Sanz «Gañancino», presidente del Partido Comunista.

Olivenza fue ocupado el 17 de agosto por un grupo al mando del capitán de Infantería Ildefonso Blanco. Entre los sectores que más lamentaban los «días rojos» se encontraba la Iglesia, que en abril del 36 asistió a la expropiación por el Ayuntamiento de los cementerios; y después, tras el 18 de julio, se quedó sin templos. El de la Magdalena, por ejemplo, fue dedicado a Centro Comunista. En numerosos cortijos y algunos domicilios particulares se incautaron alimentos por orden del Comité, que estableció un almacén comunal en el Parque de Artillería. Los presos, unas cien personas, se quejaron de malos tratos —como hacerles subir y bajar las escaleras del castillo— y de haber sido sometidos a simulacros de fusilamiento. Aunque un informe oficial destacaba que «donde más se ensañaron fue con los obreros», la verdad es que lo que más dolió a algunos fueron las más de doscientas mil pesetas que tuvieron que pagar a numerosos jornaleros «por diferencias de jornales». Fueron considerados como máximos responsables de todo esto José González Olivera, Felipe González Mazón y Máximo Gil Cordero, tachados de comunistas los dos primeros y de socialista el último. Hay que señalar que los derechistas detenidos se quejaron de malos tratos ante el alcalde socialista Ignacio Rodríguez Méndez, que accedió a formar una comisión de tres médicos de la localidad que certificase si habían existido malos tratos. El informe se inició, pero no llegó a término por problemas entre presos y médicos, dos de los cuales, Julio Blasco de la Torre y Antonio León Mora, fueron acusados de «formar parte del Comité Rojo», lo que más tarde les costaría la vida. Los presos sólo aceptaban al médico Matías Ramírez Ramírez. La derecha también admitió que hasta el 18 de julio, aunque fueron prohibidas las procesiones y demás actos externos, los actos de culto se siguieron celebrando con absoluta normalidad. Igualmente se hizo notar que todos los maestros habían sido de derechas salvo el de la Aldea de San Jorge, Luis Quirós, catalogado de «marxista, tanto teórica como prácticamente», que había escapado del pueblo. Este tono vuelve a notarse en otros informes:

… en cuanto a la Administración Municipal el día 21 de febrero tomó posesión en forma espectacular el ayuntamiento llamado del Frente Popular, que fue elegido en abril de 1931, asistiendo al acto más de 2000 personas, días después eran depuestos en sus cargos todos los funcionarios municipales que no simpatizaban con el Frente Popular poniendo en sustitución los que eran de su confianza, económicamente y en otros muchos detalles la Administración no fue alarmante, pues dicho en honor a la verdad el que ejercía el cargo de alcalde aunque socialista era moderado y pudo impedir muchos hechos que sin su actuación se hubiesen realizado^[387].

En Olivenza tuvo lugar un caso significativo de aquel momento. Temeroso de que los rojos le quitaran dinero, el notario Clemente Rodríguez Díaz le entregó 14 000 pesetas al comerciante Manuel Álvarez Rodríguez para que se las guardara en su caja fuerte. Ambos estaban unidos por el noviazgo de dos de sus hijos. Pero lo que realmente ocurrió es que el 17 de agosto llegó la columna de Badajoz, que, además de designar nuevas autoridades, detuvo y saqueó lo que les vino en gana, caso del comercio de Manuel Álvarez, de donde desapareció todo el dinero, incluidas las 14 000 pesetas del notario. Este, que sabía que los responsables eran falangistas al mando del capitán Pedro Fernández García, denunció el hecho y obtuvo por respuesta —nada menos que del inspector-jefe de la Falange de Badajoz Adrián Carballo, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia— que el comerciante era marxista, que el dinero se había utilizado para comprar armas y que no era posible saber qué falangistas habían intervenido en la operación. Como la investigación prosiguiera fue el mismo jefe provincial Arcadio Carrasco el que en julio de 1937 informó de que

la compra de armas fue autorizada por el entonces gobernador militar hoy general Yagüe, quien facilitó el paso a la frontera y la adquisición de armas hechas en Portugal, que lo fueron por conducto de la representación del Estado español en Lisboa. Las pesetas importe de la operación fueron entregadas personalmente a Don José María Gil Robles, quien hizo las gestiones oportunas para la compra de armas cerca del Agente Portugués señor Bramao, no interviniendo por tanto Falange en la operación, mientras el pago de la misma, pues insisto nuevamente en que las pesetas fueron entregadas al señor Gil Robles, quien se encargó de la adquisición y pago de las armas, que entregadas a Falange y por la urgencia y necesidad de las mismas fueron inmediatamente traídas a Badajoz y distribuidas entre falangistas, paisanos y militares^[388].

En octubre de 1937, puesto que no aparecía justificante alguno del dinero entregado a José María Gil Robles, se le citó para que testificara sobre la operación, mediante la publicación en el BOP de diciembre de la correspondiente citación. Puesto que Gil Robles no compareció, la causa volvió al Juzgado de Olivenza a mediados de 1938, solicitándose informes sobre el comerciante Manuel Álvarez a los habituales: Falange, Alcaldía, párroco y Guardia Civil. Aunque el del párroco fue positivo sólo se tuvieron en cuenta los demás, justificándose en todo momento la necesidad de la incautación. Por supuesto todos se guardaron de mencionar que Manuel Álvarez Rodríguez había desaparecido el 17 de septiembre de 1936. Poco después el auditor de la II División dictó sobreseimiento provisional.

Otro de los pueblos ocupados esos días fue Aceuchal, tomado por el teniente Jaime Ozores Marquina el 18 de agosto^[389]. El Comité, previendo la procedencia del peligro, decidió volar el puente de la carretera de Badajoz, pero el intento resultó fallido. Como en todos los pueblos se produjeron requisas de alimentos en algunos domicilios particulares, y como dato curioso se destaca que iban siempre «con exigencia de jamón, lomo, etc., rechazando cuando alguien les facilitaba chorizo, morcilla o tocino». Entre los principales propietarios afectados se encontraban Francisco Cabeza de Vaca Gutiérrez de Salamanca, vecino de Villafranca; Juan López Oliva, Diego Valero Diosdado, Antoliano Argueta Rodríguez, José de Solís Liaño, José Solís Montero de Espinosa, Domingo y Leonardo Rodríguez Indias, Fernando Argueta Durán, María Argueta Rodríguez y Emilio Delgado Gómez. El Comité elaboró también una lista con los nombres y la cantidad de dinero que algunos deberían de dar; con esta «colecta» se juntaron unas seis o siete mil pesetas. Los 52 presos, a los que según ellos mismos no se consintieron «excesos de comodidades», hubieron de reconocer que, siendo Aceuchal lugar de paso de cientos de huidos de diversos pueblos ya afectados por la represión, y que se dirigían a Badajoz buscando refugio y protección, sÁlvaron la vida por la firme actitud de las autoridades locales, que decidieron ponerlos en libertad varios días antes de la llegada de los sublevados. Esta noticia llegó a los sublevados en Almendralejo, pues el alcalde de Aceuchal envió allí un oficio el día 14 de agosto informando a los ocupantes de la puesta en libertad de los presos y garantizándoles la entrega del armamento en su poder. El alcalde añadía algo interesante que debió ocurrir en otros pueblos: la existencia de un pacto entre los vecinos del pueblo por el que todos debían respetarse vidas y haciendas^[390]. No debió ser fácil, pues, justificar a posteriori la represión, cobrando así sentido algo de lo escrito en uno de los informes:

Afortunadamente no fueron maltratados de obra, lo fueron de palabra por la chusma desde la calle y existe la convicción de que hubieran llegado a más si las tropas del glorioso Ejército a su llegada a Almendralejo no hubieran dado el escarmiento que dieron. Las noticias que de ello recibían los desconcertó y acobardó y debido a esto nada hicieron aunque lo tuvieran proyectado por consigna general, pues existe la creencia de que hubo día en que la gasolina y la dinamita estuvieron dispuestas^[391].

Además de los componentes del Comité, fueron acusados de intervenir en diversas acciones Eusebio Vacas Benito, Manuel Hermoso Robles, Andrés Rodríguez Merchán, Antonio Morales de la Hiz, Carmelo García Muñoz, Miguel Pablos Gutiérrez, Pedro Indias Indias, Francisco Baquero Lozano, Eladio Hermoso Robles, Eladio Prieto Merchán, Vicente Maclas Pérez y Rufino Cortés Cordero.

De esos días data un comunicado del capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal informando de la existencia de «una columna roja volante» integrada por huidos de los pueblos ocupados y constituida por unos 18 vehículos entre camiones y coches. Esta columna representaba una amenaza para los sublevados en ciertos pueblos cercanos a la zona republicana como Hornachos, Hinojosa y Llera. Navarrete la situaba a mediados de agosto en Valencia del Ventoso y advertía del peligro que corrían entre otros Fuente de Cantos, su pueblo, y Zafra, con cincuenta guardias civiles el primero y ocho el segundo. Por todo ello solicitaba regulares y legionarios y un pase de la aviación para bombardear Valencia del Ventoso, «teniendo en cuenta que la bandera roja está puesta en el local donde tienen encerrados a los de derechas»^[392].

En Aljucén, además de destrozar casi todas las imágenes de la iglesia, acometieron lo que la derecha consideró «el saqueo general a los elementos de orden, tanto en especie como en metálico». Al trato vejatorio para los presos se sumó en esta ocasión la violencia, que acabó con la vida de diez personas:

Al igual que en otras localidades, los presos fueron obligados a realizar duras tareas como llevar y trasladar sacos de arena en las peores horas del verano. Coincidiendo con la caída de Mérida se decidió acabar con los detenidos pero, según uno de los informes, no se ponían de acuerdo sobre cómo hacerlo. Entre los que proponían acometer la tarea a hachazos y los que preferían que se hiciese a tiros, se impusieron los que se decantaban por el uso de bombas, que fue lo que finalmente se hizo, pero sin los resultados apetecidos, por lo que se recurrió a las pistolas e incluso al uso de estoques. Algunos de los comentarios posteriores, acordes con la carnicería llevada a cabo, quedaron en el recuerdo de los sobrevivientes: «Chacho, saltaban como langostos»^[393]. Las culpas recayeron sobre Manuel Becerras Extrema, Juan Prieto Barrero, Pedro Becerra Molano, Pedro Álvarez Barrero, Jesús Moreno Ramos, Francisco Moreno Polo, Miguel Cordero Sánchez y Antonio Sánchez Palencia.

Cordobilla de Lácara, también al norte de Mérida, pasó a poder de los golpistas el día 22 de agosto por simple dejación de los republicanos. Aquí las requisas particulares se valoraron en 12 773 pesetas y las efectuadas en comercios en 13.751. Los veinte presos mantuvieron más tarde que había preparadas para ellos varias bombas asfixiantes que si no se usaron fue «por la gloriosa entrada de las tropas nacionales en la ciudad de Mérida». A sólo siete meses del golpe militar, con la represión salvaje todavía en sus tramos finales, la derecha exageró en sus informes la realidad de los días rojos. A falta de víctimas, a falta de checas, los derechistas de Cordobilla llegan a escribir que a uno de los presos se le impuso como condición para asistir al entierro de su suegro que llevara un vigilante o que

lo más cruel llevado a cabo por las hordas marxistas fue el negarles a los presos el cariño de una niña de ocho años que solicitaba un beso para su padre que lo tenían preso y no se lo consintieron, retirándola bruscamente de la puerta de la cárcel los vigilantes de guardia.

Con la misma intención de garantizar el flanco izquierdo del eje Sevilla-Mérida, pronto tocó el turno a los pueblos situados en la zona interior entre Badajoz, Olivenza y Almendralejo. El 19 de agosto el capitán de la Legión Francisco Sáinz-Trápaga Escandón ocupó Almendral y Torre de Miguel Sesmero. En Almendral se produjeron las requisas habituales y como acción peculiar el saqueo del cuartel de la Guardia Civil y del Sindicato Agrícola. Los presos, como era habitual, recibían las comidas de sus familiares, con los que normalmente no se les permitía hablar. Hubo quejas de palizas, que afectaron entre otros al falangista Manuel Carande Uribe —hermano del jefe provincial de Falange—, que muy pronto ocuparía la Alcaldía. Lo que peor llevaron —uno de ellos el párroco Francisco Rodríguez— fue la obligación de barrer las calles, regar el paseo y la realización de ciertas obras en la carretera. En julio de 1941 se envió al fiscal instructor de la Causa General de Badajoz una larga relación de nombres a los que se calificó de «directores y vigilantes» de los días rojos, en la que refleja parte de la represión fascista habida en Almendral^[394]. En Torre de Miguel Sesmero se repitieron las requisas de rigor, que afectaron a numerosos propietarios y al Sindicato Agrícola. Con los presos, salvo un simulacro de fusilamiento a dos falangistas a los que no se llegó a disparar, hubo el trato habitual. Un grupo numeroso fue obligado a limpiar la esterquera colectiva. Aunque fueron finalmente liberados dos días antes de la llegada de las fuerzas de Sáinz-Trápaga, hicieron correr el bulo y llegaron a escribir en los informes oficiales que «los rojos tenían preparados 600 litros de gasolina con destino a quemar a los presos».

El día 20 de agosto los legionarios y regulares ocuparon otros cuatro pueblos del área de Almendralejo: Fuente del Maestre, Feria, Santa Marta y Villalba. En Fuente del Maestre los derechistas fueron detenidos en cuanto se supo de la sublevación militar. Con las fuerzas de la Guardia Civil establecidas en el cercano pueblo de Los Santos, desde donde se unirían a los sublevados, el Comité de Defensa y la Casa del Pueblo, con las armas tomadas a los derechistas, dirigieron las acciones. Como en casi todos los pueblos la iglesia fue utilizada como cárcel. Los presos fueron tratados «si no con dignidad y respeto, tampoco de forma despiadada y cruel». Los saqueos afectaron únicamente a Manuel Ovando Sánchez Hidalgo y a José Jaraquemada Quiñones. La misma derecha reconoció que en el Comité prevalecieron sus elementos más moderados, logrando «evitar desmanes y atropellos con los detenidos». Estos presos fueron liberados el día nueve de agosto, cuando los izquierdistas, angustiados por lo ocurrido en Los Santos, Almendralejo y Villafranca, decidieron huir. Unas horas después, e informados de lo ocurrido por el chófer José Álvarez Sergio, llegaban al pueblo procedentes de Villalba y Santa Marta varios centenares de milicianos, entre ellos un fontanés cuyos padres habían sido asesinados por los fascistas en Los Santos.

El jefe de esa columna era Antonio Villarroel Villarroel, un propietario arruinado de 41 años, cercano al Partido Socialista y natural de Alcántara (Cáceres), de donde había logrado escapar. Fue en Mérida donde organizó esa columna con la que ahora llegaba a la Fuente tras recorrer diversos pueblos. Ocupado el Ayuntamiento, Villarroel ordenó que los derechistas volviesen a prisión. Al mediodía un grupo de milicianos se acercó al convento y detuvo a tres de ellos, los únicos que no habían escapado por quedar al cuidado de los niños. Los tres sufrieron malos tratos y, al anochecer, uno de ellos, Constantino Garmendia, al ser conducido por la Plaza camino del Ayuntamiento, fue asesinado de un disparo. A partir de este momento varios presos, entre ellos los otros dos frailes, fueron llevados a la Plaza, animados a irse a sus casas y asesinados a tiros.

En el caso de Corredera y Hernández-Prieta, ambos vecinos de Villafranca, ocurrió lo siguiente. En la tarde del 18 de julio acudieron con otros falangistas al cuartel de la Guardia Civil para sumarse al golpe, pero a la una de la tarde del día siguiente tuvieron que abandonar el refugio y los detuvieron a todos salvo a ellos, que huyeron al campo hasta que el 27 de julio los apresaron las milicias de Villalba, en cuyo depósito permanecieron hasta que el siete de agosto quedaron en libertad. Refugiados entonces allí mismo, en casa de Dolores y Delfina Rodríguez, fueron detenidos finalmente por una delación el día nueve, al paso de la columna Cartón, y trasladados a la Fuente^[395]. Los diez cadáveres habidos hasta ese momento fueron llevados al día siguiente al cementerio y arrojados a un pozo allí existente. El mismo diez de agosto detuvieron en el campo a dos de los franciscanos huidos, Ceferino Itarralde Untazo y Dionisio López Pérez, los condujeron a presencia de Villarroel y los encerraron en el Ayuntamiento en unión de un mendigo de nacionalidad checa, que llevaba varios días por el pueblo pidiendo y que había sido detenido bajo la acusación de pasar información al enemigo. En cierto momento trasladaron a los tres a las afueras del pueblo, asesinaron al mendigo y decidieron ingresar de nuevo a los dos frailes en la cárcel por discusión surgida entre los milicianos acerca de si había orden o no de matarlos. Esto les salvó la vida. La columna fue rechazada el día nueve cuando intentó entrar en Villafranca, por lo cual decidieron volver hacia Burguillos del Cerro. Antes de irse, Villarroel y sus hombres causaron diversos destrozos en el convento, entre otros la destrucción de los libros de texto^[396]. En total murieron once personas:

Cuando el día 20 llegaron los marroquíes, al mando del teniente coronel Delgado Barreto, los milicianos ya habían partido y los escasos izquierdistas que se les enfrentaron fueron barridos sin problema alguno. La purga empieza enseguida: las mujeres detenidas son conducidas a la ermita de Santiago y los hombres, además de al depósito, al convento franciscano y a algunas casas particulares con espacios apropiados. La tradición oral habla de unas trescientas víctimas desde la ocupación hasta que «las autoridades consideraron la purga convenientemente efectuada»^[397]. Una de las primeras medidas de las nuevas autoridades consiste en incautarse de la Casa del Pueblo para guardar los muebles procedentes de los saqueos practicados en domicilios particulares. Los testimonios recogidos por Mercedes Almoril en su trabajo sobre Fuente del Maestre nos narran lo ocurrido en todos estos pueblos extremeños:

Estuvieron varios días sin molestar a nadie, por lo que la gente, confiada, comenzó a regresar del campo a sus casas —yo entre ellos—. Fue entonces cuando empezaron a detener a muchas personas de las que tomaban declaración y les daban libertad. Con la confianza de «a mí ya no me molestan» los volvían a detener y los fusilaban. Fusilaron a unos 335, entre ellos unas 15 o 20 mujeres y también algunos menores de edad. Mucha de esta gente cuando las mataban iban completamente destrozadas y violadas. El 2 de septiembre a eso de las 12 del mediodía me detienen y me conducen al puesto de la Guardia Civil. Después de un corto interrogatorio me llevaron al convento de los frailes donde permanecí detenido tres días y tres noches (pero qué noches, en ninguna de ellas dejaron de fusilar y encima yo viéndoles subir a los camiones). Recuerdo que cuando me dijeron te puedes marchar había perdido varios kilos … Fui detenido por segunda vez el 11 de diciembre estando yo de dependiente de la casa de Pepe Salguero. Con la obligación de hacerme algunas preguntas fui conducido a la casa de la marquesa (Corredera), donde permanecí encerrado veintitantos días, incluso durante las Navidades. Una de las noches, sobre finales de mes, nos apartaron a unos cuantos, creo que éramos unos 20, para fusilarnos, con la suerte de que aquel mismo día llegó la orden de Franco de que no se fusilase a nadie más sin pasar por consejo de guerra; por lo que el comandante de la Guardia Civil impidió los fusilamientos, pese a que ellos querían a toda costa fusilarnos (figúrense las horas que pasé aquella noche)^[398].

La razón por la que me detuvieron fue el haber vendido durante un mes la prensa socialista. Se solían recibir de 60 a 80 ejemplares, según lo interesante de la información. Me pagaban una perra chica por repartirlos. Más tarde acepté trabajar por las noches en la barra de la Casa del Pueblo ganándome un jornalito de 6 reales y la cena, que no estaba nada mal. El 8 de diciembre, a eso de la 1 de la madrugada, se presentaron tres señores de Falange en mi casa, que me detienen y me conducen a la sede de Acción Popular. Nada más entrar me cachearon y me pasaron para adentro, encontrándome allí a unas 60 o 70 personas detenidas aparte de las que ingresaron conmigo, y un cuadro algo más que espantoso: todos sabíamos que íbamos a morir. En esos momentos recordábamos nuestras familias, nos abrazábamos y nos decíamos hasta siempre. Casualmente aquella noche sólo se dedicaron a interrogar, por lo que al rato soltaron a la mayoría, quedándonos unos diez que suponíamos que estábamos predestinados a morir. Al cabo de una hora, más o menos, se abrió el cerrojo y con malos tratos nos indicaron: ¡Venga, vayan saliendo, vamos al cuartel de la Guardia Civil! Rodeados de correajes y fusiles de todos aquellos falangistas que mataban a diario, nos dijo el sargento: ¿Dónde queréis ir, como voluntarios a la Legión o para Rusia (cementerio)? A lo que respondimos que a la Legión. ¿Estáis todos conformes? ¡Mañana a las 9 en punto les quiero ver en la Plaza! Conducidos por los falangistas más significados fuimos repartidos en tres coches con dirección al Cuartel de Menacho de Badajoz. Una vez allí y transcurridas unas horas se oyeron a través de un informador los nombres de aquellos quienes iban a la Legión y los que regresaban a casa. De siete que íbamos cuatro se fueron y al resto, Pedro Rodrigo, Fernando Villafruela y yo nos enviaron a casa. De regreso a la Fuente uno de los más asesinos se me acercó, me dio la mano y me dijo: ¡Me alegro que hayas salido bien! A los tres días fuimos nuevamente avisados al Cuartel, donde el sargento nos recordó que éramos los más sospechosos de todo el pueblo y que a la más mínima ya sabíamos^[399] …

Según Santiago Ramírez Chaves, otro de los testimonios recogidos por Mercedes Almoril,

los fusilamientos comenzaron casi de inmediato, siendo incluso a diario. Casi con exactitud se fusilaron a unas 310 personas, según el recuento que solíamos llevar en el taller, ya que siempre se oían las víctimas que caían cada día. Un día fueron tan numerosos que aparte del camión que los llevaba iban otros muchos atados andando. Normalmente solían cargarse de 10 a 12 personas, llegando ese día hasta 24^[400] …

La mayoría de las mujeres detenidas fueron rapadas y obligadas a tomar aceite de ricino. Según la tradición oral, fueron asesinadas unas 15, casi todas del mismo barrio. La perspectiva local de la investigación aludida de Mercedes Almoril constata la existencia de torturas y violaciones, alentadas por Queipo desde su micrófono de Sevilla y a las que, como experiencias sepultadas en lo más profundo del pasado oculto, resulta muy difícil acceder. He aquí el testimonio de Paula Blanco Zambrano:

Una vez que entraron las tropas nacionales en La Fuente, me detuvieron y me llevaron al convento de los frailes. Estuve 4 o 5 días encerrada en una celda individual, incomunicada, que anteriormente había sido ocupada por la pobre Pilar, a quien torturaron y cortaron los pechos. Posteriormente me trasladaron, de noche, a la casa de la marquesa, donde me enteré de las muertes de mis hermanos. Al más chico, con casi 17 años, lo mataron porque se trajo un pito y un balón en el saqueo de la casa de los señoritos, siendo más tarde denunciado por un tal Núñez a quien jugando le espantó el burro. Una vez que me dieron larga, a los pocos días, se presentó por mí un tal Calamonte con la idea de llevarme a pelar, por lo que recurrí a mi padrino y no me molestaron más. Pelaron a casi todo el barrio, las pelaban y purgaban para que fuesen sucias y ridiculizadas a misa de 11^[401].

Iban veintitantas o más. Las pelaron dejándoles una brocha donde les colocaron un lacito. Atadas, eran conducidas por los balillas que como borregos iban insultándolas en misa. No respetaron ni siquiera a las mujeres. Un día recuerdo que mataron a 24, de donde 18 eran hombres y 6 eran mujeres^[402].

La represión, que en el caso de Fuente del Maestre puede ser estudiada con detalle por haber sido inscritas las víctimas en su mayoría y por la aludida investigación de Mercedes Almoril, afectó especialmente a la población masculina de entre 20 y 40 años. El 62 por 100 de los hombres asesinados eran jornaleros y el 13 por 100 miembros de la Corporación Municipal o dirigentes de la Casa del Pueblo. Sin duda, una buena forma de cerrar este apartado dedicado a la represión en Fuente del Maestre será recordar las palabras de Diego Zambrano Chaves. Después de haber pasado por el estadio de Vallecas, por el campo de concentración situado en el cuartel de Artillería de Mérida —con miles de presos allí hacinados—, por el campo de Castuera y por la plaza de toros de Mérida, estando recluido en el convento de Santo Domingo en Mérida, recordaba así la pérdida de un amigo:

… pronto comenzaron las sacas, que se sucedieron durante noches. Había días que no dormíamos por las escenas tan dramáticas de quienes iban a morir; otros en cambio te llamaban para despedirse. Recuerdo el día que bajé al Rastrillo donde había unos pocos amarrados para subirlos al camión, ¡qué trabajito me costó bajar las escaleras! Cuando me vio mi amigo se me abrazó llorando y me dijo al oído «no se te olvide lo que estás viviendo y si algún día podéis, recordadnos siempre». Era maestro nacional y tenía sólo 24 años. Cuando subí a la brigada no pude dormir, no esa noche sino varias más^[403].

Ese mismo día 20 de agosto el teniente coronel Francisco Delgado Serrano ocupó Feria y Santa Marta. En Feria la derecha, que reconocía abiertamente que «nadie se lanzó en favor del Movimiento Nacional», admitiría después que el trato recibido durante los días rojos fue bueno. Por no haber no hubo ni requisas ni saqueos. Lo peor eran las visitas de los que venían huyendo de otros pueblos más al sur: entraban en las prisiones, les contaban lo que los suyos venían haciendo y los amenazaban con hacerles lo mismo. Pero todo quedaba en eso. Sólo hubo un caso de malos tratos: el que Manuel Gil Portero y otros «ya difuntos» dieron a José Tejada Flores, Timoteo Cortés y Julián Cuadrado^[404]. Como máximos responsables, tanto del cautiverio de los derechistas como de que —aunque no lo reconocieran— conservaran la vida, serian señalados el alcalde Serafín Noriega Noriega y los demás miembros del Comité, Felipe González Muñoz, Bartolomé Leal Sánchez y Antolín Becerra Gamito. Según la Causa General, «la liberación se hizo con toda normalidad, sin que los rojos se opusieran, huyendo al campo». Muchos de estos huidos, los que no cayeron en poder de los golpistas, serían inscritos posteriormente en el Registro Civil como desaparecidos^[405]. Ya en 1937, cuando el ciclo represivo había concluido, el fascista Rodrigo González Ortín propagó en su Extremadura bajo la influencia soviética que los izquierdistas de Feria tenían pensado celebrar un banquete en la plaza servido por jóvenes de familias derechistas de la población «completamente desnudas», con las que pensaban cometer toda clase de excesos. Esta morbosa historia de la comilona servida por jóvenes desnudas debió de circular bastante, como prueba el hecho de que el periodista portugués José Augusto ya la hubiese contado a mediados de septiembre a los lectores del Diário de Notícias situándola en Puente Genil^[406]. Con tales infamias se trataba sin duda de justificar la ola de crímenes —varios de ellos sobre mujeres— que asoló a la localidad a partir de su ocupación.

Santa Marta de los Barros quedó marcada por la muerte, ocurrida el 19 de agosto de 1936 en el término de Feria, del teniente coronel Juan Seguí Almizara y de los capitanes Patricio Medina Lafuente y Rodrigo de la Calzada Vargas-Zúñiga. Estos militares, que se dirigían en coche desde Sevilla a Badajoz por la carretera de Santa Marta en la creencia de que ésta ya había sido ocupada, se toparon de pronto con milicianos apostados en la entrada del pueblo, ante lo cual tomaron de inmediato para Almendralejo. Unos kilómetros después tuvieron que abandonar el coche, dañado por los disparos que se cruzaron. Campo a través, y orientados por un campesino al que preguntaron, tomaron para Los Santos. Pero el campesino informó de lo sucedido al llegar al pueblo, saliendo en su busca los dirigentes socialistas Francisco Sanabria Tinoco «Peseta» y García Carballo Rosa con algunos milicianos más, caso de Manuel Rejano Rosa. Tras ser localizados, se produjo un tiroteo en el que murieron los tres militares. De los posibles milicianos caídos nada se sabe. El chófer del automóvil pudo regresar a Los Santos. El campesino que informó fue eliminado más tarde; Sanabria y Carballo encontrarían la muerte durante una batida a comienzos de octubre del 36. En el pueblo se recordaba a los que anduvieron en los días siguientes con los distintivos y demás objetos arrebatados a los militares. Probablemente nunca llegaron a saber que al matar a Seguí habían eliminado a la persona elegida por Queipo para organizar desde los primeros días las llamadas milicias de voluntarios selecta agrupación de propietarios dirigidos por individuos como Ramón de Carranza Gómez o Alfredo Erquicia Aranda —jefe del grupo de señoritos, caballistas y gentes del mundo del toro que fue conocido como «Policía Montada» y que se especializó en «tareas de limpieza de campos»—. Precisamente la misión de organizar las milicias de voluntarios en Badajoz fue la que llevó a Seguí, Medina y de la Calzada a tan fatal destino.

Lo cierto es que Santa Marta fue ocupado por las fuerzas de Delgado Serrano después de recoger los cadáveres abandonados de los militares. En el pueblo además había ocurrido otro hecho luctuoso. Un miliciano llamado Ángel Cáceres Rodríguez había asesinado de un disparo a Simona Rodríguez Maestro —una mujer de ochenta años, madre de uno de los derechistas presos— cuando pretendía que le pasaran algo de comida. Esto ocurrió el cinco de agosto. También se hizo constar en los informes, aunque no en la Causa General, la muerte del vecino Francisco Rodríguez Fuentes, de 64 años, herido accidentalmente cuando Francisco Amado Rangel —uno de los integrantes de los servicios de control— disparó contra Enrique Boza Hernández, guardia civil de paisano que pretendía entrar en su domicilio, el cual resultó herido en la cabeza y fue trasladado a una casa para ser atendido. Luego salvó la vida gracias a la vecina Julia Pajares Hermosell quien, pese a su «filiación política marxista», impidió que fuera sacado de allí. También se habló de otro militar, un teniente coronel jefe de la Caja de Reclutas de Villanueva, que habría sido hecho prisionero en Santa Marta y trasladado a Jerez de los Caballeros donde, según rumores, habría sido asesinado en el despacho del alcalde.

El trato dado a los más de cien derechistas presos «fue bastante malo», pues además de tenerlos en la cárcel,

que era una verdadera pocilga, se complacían en mortificarlos haciéndoles trabajar en los oficios más repugnantes, barrer calles y plazas, acarrear agua, limpiar los retretes, siempre bajo la amenaza de las escopetas y los insultos de las mujeres, algunas también armadas.

Entre las seis personas que recibieron una paliza se encontraba el párroco Juan Holgado y el secretario del Juzgado Augusto Montes, al que después se le permitiría trasladarse al hospital de Badajoz.

La derecha destacó en sus informes los delitos sufridos por la propiedad rústica en los meses del Frente Popular, señalando de manera especial «el caso de sembrar algunas fincas», hecho que afectó a derechistas, «que ellos desde luego los consideraban como fascistas». También resaltó que las ceremonias católicas (bautizos, bodas y matrimonios) existieron sin problemas hasta el 18 de julio, pero que a partir de entonces se clausuró la iglesia y se prohibió todo tipo de manifestación religiosa. La derecha denunciaba las huelgas, las bases del trabajo, los repartos de obreros y la obligación de pagar a éstos el jornal incluso sin trabajar, todo ello fruto de un plan conjunto entre el alcalde Francisco Romero Marín y el delegado provincial de Trabajo^[407].

El 20 de agosto también cayó Villalba de los Barros, contra la que había sido enviado un grupo de fuerzas mixtas al mando del teniente de Artillería Jaime Ozores Marquina y un tabor al mando del comandante Mohammed Ben Mizian ben Kasem. Villalba contaba con un potente núcleo falangista armado, muy activo durante los meses del Frente Popular, y que el 18 de julio, al igual que sus compañeros de la provincia, se queda sin cabeza al fracasar la sublevación en Badajoz, por lo que sus miembros ingresan en la cárcel en los días siguientes^[408]. Poco pudieron hacer frente a esto las milicias organizadas anteriormente por el diputado José Martínez Cartón. Los principales dirigentes frentepopulistas fueron Luis Casillas Quiñones, Martín Casillas García, Antonio Valero Panizo, Pedro Maclas Pozo, Antonio Maclas Fernández, Juan Solís; entre los representantes de los partidos destacaron José Santos Sánchez, Luis Bolaños Solís, Antonio Cruz Murillo, Severiano Nieto Fernández y Julio Vicente Solís. Precisamente con motivo de una de las visitas de Martínez Cartón fueron trasladados los dos jefes falangistas que serían asesinados en Fuente del Maestre. Según los «Papeles de Cuesta» a los presos de derechas se les trató «a la forma que es peculiar en los elementos marxistas, no llegando a cometer asesinato alguno».

Fuente del Arco, pueblo que ya vimos antes en relación con Llerena, fue ocupado el día 21 de agosto por un tabor al mando del comandante Miguel Rodrigo. «Se cometieron desmanes en las cosas, fueron respetadas las personas», se leía en un informe. Se volaron dos alcantarillas de la carretera de Guadalcanal. El Ayuntamiento lo componían Eduardo Bozas, José Antonio Domínguez Luis, Isidro Pérez Mateos, Antonio Gálvez Gordon, Rufino Brioso Moreno y Nicolás González Gutiérrez, ninguno de los cuales consideró conveniente huir. En este pueblo no se detuvo a ningún derechista. Los milicianos, numerosos y armados, utilizaron como cuarteles el de la Guardia Civil, las escuelas y la Casa del Pueblo. Muchos de ellos, así como los miembros del Comité, pasaron a zona republicana.

Ese mismo día 21 de agosto cayeron tres pueblos más del entorno de Badajoz: Arroyo de San Serván, La Garrovilla y Villar del Rey. Los dos primeros fueron ocupados por las Milicias de Vigo, un grupo de falangistas gallegos incorporados a los sublevados del sur. En Arroyo de San Serván sólo recordaban la destrucción de algún santo y el saqueo de los comercios de Juan Cortés González, Teodulio Prieto, Josefa Martínez, Juan Otero Rodríguez y Juan Talero Jiménez. Los 62 derechistas presos recibieron un trato «en general regular» en que sólo destacó el amago de fusilamiento de los falangistas Miguel Pajuelo Rosa y Guillermo Calvo Palomo, sacados de la prisión de madrugada y devueltos más tarde al Ayuntamiento con vida «por no tener valor suficiente» para matarlos, según informe de la Alcaldía de enero de 1937. Arroyo constituye un buen ejemplo de la actitud de los elementos de derechas respecto a la sublevación. De entre los donativos entregados destacaron los de Luis López Ramírez (90 000 ptas.), Juan Gallardo Segura (45 000 ptas.) y Alfonso y Ana Salguero (40 000 ptas.). En La Garrovilla los saqueos afectaron a los propietarios que habían huido del pueblo. Los 32 presos se quejaron de que les revolvían las comidas con las manos antes de entregárselas y, sobre todo, de que dos de ellos, Miguel Jiménez Fernández y Bartolomé Alarcón Romero, fueron sometidos a simulacros de fusilamientos en la noche del primero de agosto. De las nueve personas que intervinieron en estos hechos sólo sobrevivió una^[409]. En Villar del Rey se detuvo a 62 derechistas. Hubo varios casos de maltrato y se obligó a algunos presos a salir a la calle y tirar ellos mismos los excrementos que generaban. Uno que se negó fue pelado al cero. No obstante, el informe de la Alcaldía afirmaba que «el trato que recibieron los prisioneros en general no fue malo». La derecha controló el pueblo una vez que salieron los izquierdistas. Sobre la represión que siguió se cuenta con el testimonio del dirigente socialista Basilio González Bueno, quien a su regreso del exilio contó que tras las detenciones y malos tratos,

los primeros fusilamientos empezaron por los dirigentes del partido, el alcalde y los concejales. En el primer fusilamiento me incluyeron a mí, a otros 7 hombres y a una mujer. El día 12 de septiembre, a las 12 de la noche, se presentaron en el local donde estábamos falangistas y guardias civiles y a fuerza de golpes nos introdujeron en vehículos que aguardaban en la calle. A unos cinco kilómetros, por carretera, pararon los coches y usaron el mismo procedimiento para bajarnos de ellos. A continuación dispararon sus armas contra nuestros cuerpos y fuimos cayendo uno tras otro, quedando tendidos en el suelo. Después nos cubrieron con paja para que no pudiésemos ser vistos desde la carretera y se marcharon del lugar. Yo recibí dos disparos pero no fueron de muerte. Me retiré del lugar donde quedaban muertos siete hombres y una mujer. Caminando alcancé un sitio seguro donde me pude curar^[410].

En Cheles, al sur de la capital y junto a la frontera portuguesa, ocurrió algo curioso. El 22 de agosto fue traído de Badajoz y leído el bando de guerra, pero al día siguiente se presentaron varios coches con falangistas declarando otra vez el bando, por lo que un numeroso grupo de vecinos tanto de derechas como de izquierdas, ante la notoria confusión reinante, pasaron a Portugal. Sólo unos días después, aclarada la situación, volvieron los de derechas. Como la mayoría de los pueblos extremeños, Cheles contaba con un activo grupo fascista que ya era sobradamente conocido desde los días del Frente Popular. Eran sus principales elementos Manuel Troca Recio, Manuel Sierra Ambrona, Ángel y José Díaz Nogales, Hipólito Sosa Angoña, Leonardo Mayorga Contador y Francisco Torrado Contador. Frente a ellos se encontraban militantes socialistas como Manuel Vélez Contador, Valeriano Valencia Contador (presidente de las Juventudes Socialistas), Adolfo Rosado Mayorga y Carlos Caramelo de los Santos. Un hecho clave en aquellos días fue la invasión de fincas en marzo del 36, cuando fueron ocupadas y roturadas la dehesa «Don Juan», propiedad de Juan y Fermín Pocostales Macias, de Badajoz; «Jatillo» y «Martinya de Abajo», de Gregorio Moreno Sáenz, de Jerez de los Caballeros, y «Talanquera», de Juan Díaz Ambrona, que luego sería saqueada el cuatro de agosto. Tampoco se olvidó la tensa firma del pacto de trabajo, ocurrida en mayo, en la que intervinieron de una parte un grupo de patronos representados por Ramón Díaz Ambrona, y de otros dirigentes izquierdistas como Manuel Rodríguez Huertas, Valeriano Valencia Contador, Adolfo Rosado Mayorga, Carlos Caramelo y Sixto Sánchez Nolasco. En cuanto al ritual católico, los actos de culto fueron limitados al interior de la iglesia, poniéndose grandes dificultades a la celebración de entierros, bodas y bautizos. Tanto la iglesia, donde fueron encerrados unos cincuenta presos, como el cuartel de la Guardia Civil sufrieron grandes desperfectos a partir del seis de agosto^[411]. El informe sobre la educación —«enseñanzas antirreligiosas e inmorales»— resume bien la situación general:

La actuación de las Escuelas [fue] con grandes riesgos para los maestros por ser todos ellos elementos de derechas; no se dieron enseñanzas antirreligiosas ni antipatrióticas, antes por el contrario a espaldas de los dirigentes marxistas se les hacía inculcar el buen sentir de las ideas religiosas, familiares y patrióticas^[412].

En el caso de La Nava de Santiago contamos con el valioso testimonio escrito de Jorge Solís Galán, maestro, alcalde y jefe local del Movimiento en los primeros años cuarenta, y uno de los presos de julio del 36^[413]. Solís, según cuenta, ya había tenido numerosos problemas con los padres de los niños en los días del Frente Popular, lógicos si mencionarnos su afán por

quitar de las vestiduras de los escolares la máscara que hacía de ellos unos propagandistas de la masonería y del judaísmo aunados con el comunismo, que es lo que pregonaban los dirigentes de la localidad.

Dichas máscaras no eran otra cosa que los lazos e insignias de los partidos izquierdistas que circulaban por todos lados tras las elecciones de febrero del 36. Jorge Solís, cuyo escrito —dentro del tono habitual sobre el estado de la enseñanza de la mayor parte de los informes— revela hasta qué punto la derecha mantuvo durante la República su control, y dejó relación detallada de los distintos conflictos que jalonaron los meses del Frente Popular, en los que siempre los malos eran las fieras marxistas y los buenos la Falange clandestina. Sin embargo, el relato de Solís Galán es interesante por otro motivo. El día 14 de julio de 1936 ingresaron en el depósito municipal de La Nava varios patronos por negarse a emplear a los obreros que proponían los sindicatos. La derecha consciente de que el gran día estaba cerca, optó por pedir ayuda a la Guardia Civil de Montijo, lo que no llegó a hacer, y al mismo tiempo un grupo de falangistas armados al mando de José Tabares Gragera se adueñó durante la noche de la calle, destrozó la puerta del Ayuntamiento y liberó a los patronos. Es decir, que cuatro días antes del sábado 18 de julio, ya estaba La Nava en poder de la reacción y «por la calle solamente andaban los hombres y las mujeres amantes de la paz y de la Justicia». Así amaneció el día 15 de julio.

Ante estos hechos, dos izquierdistas de la localidad, Avelino Carrasco y Quintín Gragera, se acercaron ese mismo día a Mérida y expusieron la situación al capitán Rodríguez Medina, quien a las pocas horas envió fuerzas de Asalto al mando de un teniente. Al ser avistadas, los fascistas se esfumaron del pueblo y se inició ese mismo día 16 una serie de registros y detenciones en las que intervino de manera activa el alcalde socialista Pedro Flores Valhondo. Entre los detenidos figuraban Manuel y Francisco Franco Sánchez, Toribio Macías Dorado, Luis Agudo Durán, Marcelino Vizcaíno Nevado y Miguel Vizcaíno Garrido. Los de Asalto permanecieron en La Nava hasta la mañana del 18, en que recibieron la orden de regresar de inmediato a Mérida. Con ellos se llevaron al jefe de Falange José Tabares Gragera y a otros falangistas como Toribio Macias Dorado, Camilo Agudo Cortés, Tomás Quintana Cerezo, Juan Moreno Candado, Francisco Romano Sánchez, Juan Fernández Rueda, Francisco Vizcaíno Carreto, Francisco Sánchez y Felipe Cerezo Cortés. Ese mismo día fueron ingresados en la cárcel de Mérida.

No tardó mucho en formarse el Comité, presidido por Juan Corcho Nevado, quien en unión de las autoridades municipales decidió las acciones a seguir. La primera que se adoptó fue, como en todos sitios, la requisa de armas y el acopio de víveres. Una de las fincas registradas fue «Matapegas», de Pedro Bueno Carvajal, en la que el municipal Diego Barril Sánchez hirió a «un fiel criado» que moriría unos días después en el hospital de Badajoz. Las primeras milicias, integradas por 110 hombres y 34 mujeres se constituyeron el lunes 20 de julio bajo la supervisión de Tomás Palomo Martín, vicepresidente del Comité. Se trataba de gente muy joven —ataviada de lazos y banderolas al carecer de uniformes—, que anduvo recorriendo la población durante varios días al grito de UHP y que recibió ciertas nociones de instrucción militar.

Los que vigilaban a los presos ingresados en la iglesia a partir del 26 de julio estuvieron al mando de Fernando Rueda Romero, quien se encargó de que los enfermos, caso del párroco Antonio Álvarez Higuera, recibieran atención médica. En la noche del día 29, Jacinto Benítez Santos, primer teniente de alcaide, ordenó su traslado a una de las capillas de la iglesia, situación que se mantuvo hasta que a principios de agosto el número de presos, que aumentó hasta alcanzar 63, obligó a utilizar la nave central. También se ocupó Benítez de que el cura fuera atendido correctamente e incluso ordenó a uno de los presos que le sirviera de enfermero. A partir de la mañana siguiente se permitió a los presos que acudieran a su casa a desayunar con el compromiso de volver.

El día siete de agosto fueron asesinados en las afueras de Mérida José Tabares Gragera, industrial de 33 años, concejal y jefe de Falange, y los también falangistas Antonio Vizcaíno Carreto, Toribio Macias Dorado (ambos del campo) y Camilo Agudo Cortés (dependiente), de 46, 22 y 20 años de edad respectivamente. La Causa General atribuyó el hecho a los miembros del Comité. En el informe que seguimos, Jorge Solís contó también que el día ocho de agosto lo sacaron de la prisión para que, puesto que conocía la clave, abriera la caja fuerte de la fábrica electro-harinera, operación a la que obligaron a asistir a la madre de Tabares, cuya familia era propietaria de la fábrica. Como ya había sido forzada, la clave no servía, pero al final la consiguieron abrir. Curiosamente Solís, en su informe de 1943, dice que pese a que lo que buscaban eran los «documentos del FASCIO» lo único que obtuvieron fue dos mil pesetas; sin embargo, en otro informe anterior, de enero de 1937, él mismo afirma que hallaron dichos documentos, ya que el gerente de esa fábrica no era otro que José Tabares Gragera, el jefe de Falange, dato ocultado en el otro informe.

El 12 de agosto los presos recibieron la visita de Máximo Calvo, quien ordenó el interrogatorio del párroco, de Solís, del secretario del Juzgado Ángel Melgar Guerra y de Calixto Lencero García. Según Solís les formularon varias preguntas; pero, si realmente fueron las que él indica, hay que deducir que los interrogadores andaban un tanto perdidos. Además de carecer de sentido («¿es Vd. capitalista?») o de tratarse sin más de preguntas estúpidas («¿es Vd. el jefe o por lo menos uno de los dirigentes de los fascistas de este pueblo?»), roza ya el desvarío que se interrogara a los derechistas sobre si habían trabajado en las elecciones del 16 de febrero a favor de las derechas o si su voto contribuyó «para que salieran derrotados los candidatos del Gobierno». Y más absurdo todavía que se les preguntase si creían que «la salvación de España ha de venir de la Falange». Más bien parecen licencias de Solís para exponer sus opiniones, largas peroratas en las que, si hemos de creer al cronista incluso Máximo Calvo se quedaba pensativo al escucharlas^[414].

Pero lo más interesante de este testimonio viene a partir de ese momento. Cuando los interrogados fueron devueltos a la iglesia en un camión varios miembros de la JJSS se les acercaron y les increparon: «Todos uds. son iguales; todos son responsables de cuanto ocurre; todos han contribuido a que la clase trabajadora pase hambre; todos deben pagar lo que deben». Entonces, ante la posibilidad de que Máximo Calvo y sus hombres se llevaran a los detenidos para matarlos y que prendieran fuego a los que se encontraban en la iglesia —tal como se escuchó—,

hombres y mujeres unidos y acompañados por los socialistas que militaban de buena fe en ese partido del FRENTE POPULAR se opusieron a que se consumara el crimen que fraguaron los más exaltados … Máximo Calvo y sus esbirros tuvieron que abandonar su presa ante el temor de ser víctimas de la ira de un pueblo que despierta a la realidad. Y los montados en el camión, como igualmente los que quedaron en la iglesia para ser quemados y muertos con bombas de mano, fueron puestos en libertad.

Entonces, todos ellos se postraron ante el Sagrado Corazón para agradecer el favor recibido: a partir de entonces este hecho se adjudicaría a una intervención de la Divina Providencia. Todo ocurrió el 12 de agosto.

Por si fuera poco, el 16 de agosto pasó por el pueblo una columna con órdenes de llevarse a los detenidos, lo que sólo pudo hacer con el anciano párroco de La Nava. Ya en camino, éste, pensando que llegaba su última hora, escribió su nombre en una tarjeta que escondió en un calcetín para que su cadáver fuera reconocido. Pero cuando se encontraban en una viña uno de los vigilantes dijo: «Me da pena de este pobre señor», a lo que el otro añadió: «Yo no diría nada si se quedara oculto en esas malezas cuando dieran la orden de marchar». Y efectivamente así ocurrió. La columna prosiguió su camino y el cura, campo a través, llegó a Montijo.

Mientras tanto en La Nava volvieron a ser detenidos algunos de los liberados y aquellos que, procedentes de la cárcel de Mérida, regresaron al pueblo una vez ocupada ésta. Serían definitivamente puestos en libertad en la mañana del día 22 de agosto cuando entraron en el pueblo las fuerzas de Asensio. Ni que decir tiene que, como se comprueba al repasar la lista de víctimas de La Nava de Santiago, nada de lo anterior fue tenido en cuenta a la hora de ajustar cuentas con las fieras marxistas^[415].

En La Roca de la Sierra, también ocupada por Asensio ese mismo día 22, habían huido previamente 61 personas. Convirtieron la iglesia en almacén de los productos que se requisaban para el consumo de la comunidad. Todos los domicilios de derechistas fueron registrados en busca de armas y aparatos de radio. Los presos no sólo no fueron maltratados sino que se permitió que fueran atendidos por el médico y que los que llevaban peor el encierro por la edad o por motivos de salud fuesen trasladados a sus casas. A algunos vecinos, caso de Julio Sánchez Fuentes y José y Sixto García Ávila, se les obligó a entregar dinero; a otros, como Julio González Morcillo, los interrogaron sobre la preparación del golpe en el pueblo.

El 22 de agosto también pasó a poder de los sublevados, del teniente de artillería Jaime Ozores Marquina, Solana de los Barros, otro de los pueblos extremeños donde, según informes oficiales, la Falange contaba con

armas automáticas manejadas por unos 60 falangistas, adquiridas con las aportaciones de los elementos de orden de la localidad, interviniendo en hechos de armas de gran resonancia durante el dominio del Frente Popular^[416].

Esto ocurrió en la mayoría de los pueblos y, aunque normalmente se ocultó por no convenir a una propaganda orientada exclusivamente en demostrar la supuesta revolución en marcha, tenemos constancia de ello porque sale a relucir a la hora de mostrar méritos pasados. Así, por ejemplo, cuando el emeritense Manuel Serván Reyes tuvo que defenderse de la acusación de masón, adujo que ya desde febrero y marzo del 36 mantenía contactos con los falangistas Victoriano y Ramón Pacheco Fernández y con la propietaria de Solana Josefa Díez Madroñero, esposa del primero, para el pago de cantidades con las que adquirir armas y municiones para afrontar las «campañas de acción» que se efectuaron en diferentes pueblos de la provincia como Aljucén, Carmonita, Guardia, etc^[417]. Sin embargo, como otros pueblos, el 18 de julio, al no caer la capital, son los izquierdistas los que aseguran el control de la situación, metiendo a todos los derechistas en la cárcel. Nadie sufrió daños en Solana y, sin embargo, se incluyó en la Causa General a Alberto Elías del Toro, asesinado en Almendralejo; y se añadió una nota en la que se indicaba que el médico Luis Gómez Horrillo murió congestionado en el campo «huyendo de la ira marxista». Sufrieron daños en sus propiedades dos vecinos de Badajoz, José Bolín García y Fernando Torres; una de Mérida, Margarita Pacheco; uno de Puebla de la Calzada, Pedro Maza Coca; y nueve de Solana: Antolín Hurtado Galea, Manuel Bote Barrera, Manuel Pérez Rodríguez, José Caro Cisneros, José Requejo García, Manuel Martín García, Valentín P. González, Víctor de la Cruz Benítez y Jesús Caro Cisneros^[418]. Ocupado el pueblo, Ozores Marquina envió a Sevilla el siguiente telegrama: «Presidente Comisión Gestora Teniente Ozores Marquina. Sin novedad. Entré en Solana de los Barros con elementos Falange. Nombrada Gestora. Vida normal. Viva España».

Más al oeste, cerca de Olivenza, el capitán Pedro Fernández García entraba ese mismo día en Valverde de Leganés, que ofrecía el panorama habitual: detenciones, requisas, daños en la iglesia, saqueo de cortijos, etc. A los presos se les obligó a pagar ciertas cantidades (unas tres mil entre todos), y tres de ellos (Luis Delicado, Andrés Serrano y Joaquín Obando) fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento en la puerta del cementerio^[419]. Se ordenó el saqueo, en busca de armas y alimentos, del cortijo de «La Jineta», de Joaquín Obando Mendoza, y la finca «La Dehesilla», de Matilde y Federico Fernández de la Puente. Entre los «excesos» sufridos con anterioridad se destacó que en las elecciones de febrero se utilizaran automóviles para trasladar a votar a los que vivían en el campo. Un informe al auditor de la II División resaltó que la mera existencia desde hacía treinta años de la Casa del Pueblo suponía unas obligaciones y compromisos poco deseados para la clase patronal, obligada a aceptar todo tipo de abusos. Fueron responsabilizados de lo ocurrido el alcalde Julio Antúnez Rodríguez y los concejales Juan Bravo Ortiz, Antonio López Ramos, Manuel Nogales Puente, Isidoro Lagos Rodríguez, Emilio Reina Rodríguez, Baldomero Moreno, Ángel Velázquez Rastrollo, Manuel Moreno Madera, José Abejón Antúnez y Antonio H. Rastrollo.

Unos meses después, en enero de 1937, se calculaba que cien izquierdistas habían conseguido huir. Al amparo del bando de perdón de Franco dictado en la Navidad del 36, y una vez conseguido el necesario salvoconducto por los familiares, se presentaron Diego y Luis Parras Ortiz (padre e hijo), Paulino Cano Fragoso, Adrián Flores Laso (presidente de las Juventudes Socialistas) y Agustín Pascual Zambrano, quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse en la carretera con un grupo de falangistas y guardias civiles que decidieron llevarlos a la finca «El Higueral» en vez de al pueblo. Unas horas después los trasladaron a otra finca por orden del falangista Andrés Serrano y los asesinaron y enterraron en el campo. Para mayor escarnio algunos de los asesinos pasaron luego por las casas de las víctimas, quitándoles a las viudas los animales de labranza, las aves de corral y los productos que tenían almacenados. La matanza se conoció porque el padre de uno de los que volvían, Juan Flores Jaramillo, sabía que se iba a producir la entrega y los estaba esperando. Tanto este hombre como las viudas Margarita Méndez Silva, Teresa Ortiz Guisado y Rosario Duarte Trejo denunciaron como responsables a Conrado Calvo Borreguero, oficial del Cuerpo de Aduanas y jefe de Milicias de Falange; a Andrés Serrano de la Concha, jefe de las JONS; a Juan Forte Merino, secretario de Falange, y a Avelino Berrocal Rubio, jefe de la Caballería de Falange. Este hecho dio lugar a uno de los procesos más escandalosos de la justicia militar franquista, cuya instrucción estuvo a cargo primero del capitán Máximo Trigueros Calcerrada, y más tarde del coronel de Carabineros Mariano Larios Rodríguez. Ante la evidencia de que lo que allí se había producido era un vulgar asesinato, y a pesar de las insostenibles contradicciones entre unos acusados y otros, tanto las autoridades civiles como las militares cerraron filas en torno a los acusados. Como siempre, salvo la denuncia inicial, nunca se volvió a tomar declaración a los familiares de las víctimas. Este caso marca un punto álgido del cinismo judicial-militar del auditor Francisco Bohórquez Vecina, quien admitió a la vez los testimonios que mantenían que los huidos querían entregarse y fueron detenidos, y los que decían que los huidos murieron al repeler las fuerzas su ataque. Y todo ello habiéndose probado que ni portaban armas ni en la localidad se habían producido delitos de sangre ni daño alguno a los detenidos. Dos años para acabar en sobreseimiento provisional^[420].

El 23 de agosto se ocuparon Corte de Peleas, Nogales y La Morera. Corte de Peleas fue tomado por el cabo de la Guardia Civil Francisco Martín Delgado. Salvo las requisas sufridas por José Hermosa Llinas, Emiliano Agudo Contreras y Vicente Rey Rodríguez, nada hay que decir. En La Morera visitaron todos los cortijos e impusieron a los presos —pequeños y medianos propietarios en su mayoría— una multa de cien pesetas si querían salir de la prisión. Huidos los izquierdistas, la derecha se hizo con el poder. La Causa General recoge —no sería el único conflicto— la muerte de Francisco Álvarez González, labrador de 46 años, fallecido el 27 de septiembre por huidos de la Sierra de Monsalud. En Nogales, ocupado por el capitán Pedro Fernández García, el trato a los presos fue «bueno relativamente». Sólo a uno de ellos se le obligó a limpiar los retretes. Un caso ocurrido en este pueblo con un vecino de Salvaleón nos pone sobre la pista del componente económico de la represión, al que es muy complicado acceder. Como otros muchos vecinos, Luis García Román, cuyo hijo mayor, Luis García Romo, había sido asesinado por los fascistas en Salvaleón el 16 de septiembre, fue detenido por ser considerado de izquierdas, tras lo cual se le exigió que entregase 22 000 pesetas al alcalde de Salvaleón y otro tanto al de Nogales. Primero se negó, pero más tarde, cuando se le dijo que si no lo hacía lo tomarían ellos directamente del banco, accedió. Acompañado por la Guardia Civil, Luis García Román exigió al mencionado alcalde un recibo y éste se lo entregó. El documento decía así:

Nogales, en la cárcel. Yo no he hecho donativo, a mí se me prometió pagar dicha multa, no donativo, como castigo por ser de izquierda y como yo no he manchado mis manos en sangre ni mi conciencia, ni he intervenido en requisas ni he sido de la Comisión, por tal, mi conciencia está tranquila y creo he pagado con exceso mi actuación por el solo hecho de ser republicano. Luis García.

Entregado el dinero pidió que se le permitiera ver a una hermana, lo que no pudo hacer por no encontrarse en casa pero que le permitió dejar allí disimuladamente el recibo. Cuando más tarde decidieron eliminarlo lo primero que hicieron fue pedirle el comprometedor documento, pero ya no consiguieron encontrarlo. Se encargaron directamente de llevarlo a las tapias del cementerio tres guardias civiles de Salvaleón y un fascista de Almendral, que aprovechó la ocasión para matar a su vecino Francisco Andrino Cumplido. Según parece, Luis García Román también fue obligado a pagar una cantidad aún mayor, unas 150 000 pesetas, a la gestora de Barcarrota. El caso de García Román se completará si se tiene en cuenta que dos de sus hijos, uno militar retirado por la Ley Azaña y otro falangista —que logró que se interesaran en el caso varios altos cargos de la Falange sevillana— intentaron infructuosamente salvarle la vida. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Salvaleón en septiembre de 1939, constando que había fallecido a consecuencia de «los sucesos revolucionarios»^[421].

De Entrín Bajo, donde la derecha controló la situación el 24 de agosto, sacaron el ocho de agosto de ese mismo mes al secretario del Ayuntamiento Pedro Talayero Suárez, de 63 años, del Partido Radical, a quien asesinaron en La Albuera. La Causa General responsabilizó del crimen a Emeterio Romero Bravo y a Francisco González Pérez, que, aunque no causantes directos de la muerte, sí fueron los que lo trasladaron en coche hasta allí. A Talayero lo trasladaron desde Badajoz al pueblo, donde lo obligaron a corear lemas izquierdistas y lo maltrataron hasta que al cabo de varios días lo sacaron de allí. Hubo también acusaciones de palizas a varios presos contra los hermanos Antonio y Gernán Romero Silva, desaparecidos en la represión posterior. Los presos fueron obligados a acarrear agua, a fregar y a tirar las basuras. Como en muchos pueblos se invitaba a los milicianos forasteros a visitar la cárcel, donde se aprovechaban de que nadie los conocía para amenazar a los derechistas, sin pasar nunca de ahí.

El 25 de agosto tocó el turno a Alconchel y Barcarrota. Alconchel fue ocupado por fuerzas del Regimiento Castilla y falangistas al mando del comandante Fernando Ramos Díaz de Vila. En la hoja de servicio de éste consta que hubo resistencia que se causó «al enemigo» cuatro o cinco bajas^[422]. El último Ayuntamiento republicano estaba compuesto por Cipriano Palo Herrera, alcalde, y por Vicente Herrera Díaz, Ramón García Martínez, Fermín Pulido González, Cipriano Chávez Campo, Tomás Pérez Pérez, Manuel Nogales Manzano, Eduardo Cuello Pulido, Ramiro Bodión Rodríguez y José Díaz Berrocal. Los 59 presos fueron distribuidos entre el depósito y la iglesia, «siendo el trato mediano aunque sin torturas ni martirios». Como en otros casos se les obligó a mantener la limpieza en el corral que servía de retrete. Entre los visitantes que recibieron, los informes resaltaban a los obreros que habían trabajado para ellos en la siega, que exigían el pago de los domingos y horas extraordinarias desde 1930 hasta la fecha, y los jornales íntegros para aquellos que habían trabajado para propietarios que no habían concluido las tareas. Unos quinientos milicianos, armados con pistolas, escopetas y fusiles, las dos primeras procedentes de las requisas a derechistas y los últimos de Badajoz, utilizaron como cuartel el Ayuntamiento y la Casa del pueblo. Convencidos de que la derecha tenía preparado un depósito de armas para la sublevación, anduvieron excavando en la iglesia y en otros lugares sin resultado alguno e incluso llegaron a cachear a san Francisco. Entre los centros saqueados destacó el Sindicato Católico Agrario con todas sus existencias. Se apropiaron también de los fondos existentes en el Ayuntamiento: diez mil pesetas para la crisis obrera y tres mil para la intensificación de cultivos. Todas estas actividades fueron dirigidas por el alcalde Cipriano Palo y por Vicente Herrera, presidente del Comité.

Barcarrota fue ocupada por el capitán Fernando López Diéguez y por el teniente Manuel López Verdasco, de la Guardia Civil, guiados ambos desde Almendral por Ramón García Morlesín y Antonio Martínez Becerra, vecinos de la primera. Las milicias locales habían sido organizadas por el diputado socialista José Sosa Hormigo^[423], quien lograría pasar a zona republicana, en la que un batallón llevaría su nombre. A los presos de derechas se les recluyó en la plaza de toros, donde, según los «Papeles de Cuesta», Argelio Alzas Gallardo quitó la vida a Miguel Molina Rodríguez, mecánico de 41 años. Las responsabilidades recayeron sobre el alcalde Teófilo Proenza Borrachero y sobre rojos señalados como David Núñez «El Quince» y Luis Reyes Rodríguez «Diente de Oro». En relación con los presos fueron mencionados Antonio González Moreno «Pestaña», Luis Silva Rodríguez «El Cebollo», Félix Mato Rodríguez «El Gallego» y Rafael Hermosel Benavides «Taconera», todos ellos guardias municipales. El Comité estuvo formado por Francisco Mulero Saavedra, José Díaz Hernández y Juan Sosa Hormigo, los tres asesinados posteriormente. Los dos guardias civiles que ocuparon el pueblo caerían dos años después en un enfrentamiento con los huidos de la zona.

Cabeza la Vaca sería, el 25 de agosto, uno más de los pueblos ocupados por el tan activo como temible capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal. El pueblo se mantuvo en una actitud dudosa e incierta hasta que un grupo de derechistas se acercó a Fuente de Cantos para demandar a las fuerzas militares que ocuparan la localidad. Previamente ya habían viajado a Sevilla para pedir armamento, que les fue concedido por Queipo. Los izquierdistas, que ni siquiera habían llegado a organizar milicias ni a detener a un solo derechista y que se limitaron a requisar armas de caza y a realizar algunas guardias, huyeron antes de la llegada de Navarrete. En Cabeza la Vaca no sufrió daño alguno la iglesia, ni padecieron registros o saqueos los domicilios y comercios. Al día siguiente Navarrete envió a Queipo el siguiente telegrama:

Con fuerzas guardia civil, falange y guardia cívica ocupé sin novedad el pueblo de Cabeza la Vaca, constituyendo comisión gestora y restableciendo puesto guardia civil, volviendo a Fuente de Cantos para proseguir ocupación^[424].

La Causa General recoge, sin aclarar responsabilidades, la muerte de José María Jiménez Zapata, un labrador de 34 años asesinado el 18 de septiembre cerca del pueblo, en la Solana del Castaño, «por manos extrañas después de liberado este pueblo».

El 27 pasarían a poder de los golpistas La Parra y Táliga, dos pequeños pueblos donde la vida apenas se alteró en aquellos días y lo único reseñable fue la detención de quienes pudieran secundar o apoyar el golpe militar. En el primero se detuvo a 23 personas, con las que no hubo «crueldades especiales, pero sí morales», como por ejemplo que las comidas no pudieran ser llevadas por las criadas sino la propia familia. Los informes destacan que, aunque no se destruyó nada ni se produjeron «asaltos a la propiedad», sin embargo se practicaron requisas de alimentos en tiendas y casas particulares. Como más perseguidos se destacó a Vicente Murillo Trejo y Avelino Lagar Lahera. En Táliga las cosas tampoco fueron muy diferentes. El trato dado a los presos fue considerado «bueno» por más que se les obligara a transportar el agua en cubos, «por lo demás el trato que recibieron es digno de tenerse en cuenta, pues no fueron en ningún momento castigados ni molestados para nada», decía un informe de principio de 1937.

En Higuera de Vargas, conocida la sublevación y siguiendo las instrucciones emanadas de Badajoz, se movilizaron de inmediato el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo. Primero, casa por casa, desarmaron a la derecha, constituyeron las milicias —unos cien hombres— que debían encargarse de las diferentes tareas (enlaces, vigilancia, control, abastos, etc.) y detuvieron a quienes podían representar algún peligro o eran manifiestamente antirrepublicanos. Algunos de los 77 presos —caso del cura, al que quitaron el breviario— sufrieron palizas y amenazas de fusilamientos. A otro de ellos, Antonio González Cordón, presidente de la Hermandad del Cristo de los Afligidos, le dieron una paliza delante de la imagen, a la que sacaron los ojos. Sometidos al cuidado de «milicianos de la más baja estofa», se vieron obligados a comer «a estilo de los cerdos», sin cubiertos, y a hacer las necesidades en la misma habitación, teniendo además que sacarlas cada día^[425]. Entre los edificios saqueados habría que destacar el cuartel de la Guardia Civil, donde se adueñaron de sables, lo único que encontraron. También requisaron las radios, máquinas de escribir, automóviles y camiones que se hallaban en las casas y cortijos de Leopoldo Olea Villanueva, María Josefa Villanueva, Cecilio Salguero González, Wenceslao Villanueva Olea, Francisco González Romero de Terreros, José Salguero González, Nicolás Bosch Gómez, Juan del Pozo Uribe, Manuel Gil Viera y Luis Larios Flores. Se inculpó a unas 25 personas, todas asesinadas salvo Manuel Viera Perera, al que en octubre del cuarenta se suponía en Francia. Otras iniciativas de las milicias fueron volar parcialmente un puente del camino a Zahínos y colocar una serie de barreras —algunas de ellas tan inocentes como troncos, alambres y cuerdas— para retrasar el avance del enemigo. En Higuera llegó a instalarse un radio comunista dirigido por Julio Meiriño Flores, Luis Torrado Berjano y Valentín González Pina.

Como en otros casos, fueron vecinos del mismo pueblo los que desde el cercano Alconchel guiaron la ocupación, que tuvo lugar en la madrugada del día 28 por fuerzas de Caballería, Infantería y Falange al mando del capitán de Regulares Adolfo Artalejo. Los izquierdistas, que divisaron la llegada de la columna, salieron antes de su llegada, se unieron a otros huidos de los pueblos de la zona y organizaron su respuesta para el día siguiente. Efectivamente, el día 29, un grupo entre quienes se encontraban las primeras autoridades —Antonio Delgado Antequera y Antonio Adame Delgado «Silva», el segundo teniente de alcalde Alfredo Asencio Rangel «Cañaña» y los guardias municipales José Fernández Domínguez, José Núñez León, José María Felipe, Manuel Hernández y Servando Gil Aguilar— intentó recuperar la población infructuosamente ante las mejor preparadas fuerzas de Artalejo, auxiliadas por la derecha local y —si hemos de creer algunos informes— por algunos «rojos no fugitivos que habían acatado con su permanencia el Régimen Nacional liberador»^[426]. Los documentos oficiales recogerían así aquel contraataque:

En alrededores Higuera de Vargas libramos ayer encuentro con fuerzas rojas compuestas por huidos de la provincia refugiados en la Sierra, los que usaron una ametralladora e hicieron disparos de mortero. Por nuestra parte tuvimos un soldado del Regimiento muerto y tres heridos falangistas. Apresamos ocho prisioneros con armas que se fusilaron y se les hicieron algunas bajas durante el encuentro. En este momento se está dando una batida por aquellos contornos para acabar ahuyentándolos … Respetuosamente comandante Cañizares^[427].

Un interesante informe sobre el estado de la enseñanza en la localidad nos dice —además de que los tres maestros y cuatro maestras de la localidad superaron la depuración— que durante toda la República la izquierda sólo ocupó el poder en Higuera entre el 29 de febrero y el 28 de agosto, ya que «las Autoridades locales eran de derechas bajo el nombre o mote que tuvieron que ponerse para poder continuar en el Ayuntamiento, ya que es curioso hacer constar que fue el mismo que estaba cuando vino la República». «En una palabra —finalizaba el informante— los elementos marxistas de este pueblo no tuvieron tiempo para meterse en las cuestiones de enseñanza en este pueblo»^[428]. Ese mismo día 28 de agosto, Villanueva del Fresno, junto a la frontera portuguesa, fue ocupado por un grupo variopinto de fuerzas al mando del capitán Olegario Briones y del falangista Agustín Carande Uribe. Cuando entraron, cientos de vecinos estaban ya camino de Portugal o de Valencia del Mombuey, y hallaron el pueblo semidesierto, por lo cual sólo fueron recibidos por los suyos y por los detenidos de derechas, entre los que se encontraba el cura párroco, uno más de esos curas fuera de todo control que en este caso haría pagar muy caro la humillación por haberle obligado a decir: «Me cago en Dios». El día 29 de agosto fuerzas de Infantería al mando del comandante Ramos Díaz de Vila tuvieron que rechazar un intento de recuperar Higuera de Vargas, en el que los milicianos perdieron ocho hombres, y los sublevados tuvieron un muerto y tres heridos. Ramos quedó a cargo de dicho sector (Barcarrota, Salvaleón, Alconchel, Táliga, Villanueva e Higuera), e inició las incursiones y «limpiezas» de huidos por la zona de Jerez de los Caballeros.

El día 30 de agosto, en plena preparación de la gran operación sobre Talavera de la Reina, el general Franco fue informado de que el día anterior se habían ocupado dos pueblos en la provincia de Badajoz: Salvatierra de los Barros y Salvaleón, «cogiéndole al enemigo diez muertos». A Salvatierra llegó la noticia de la sublevación militar por la radio de la Casa del Pueblo en la mañana del 18 de julio. Una de las primeras decisiones del Comité Antifascista —ubicado en la Escuela de Niñas y presidido por Francisco Saavedra Esquivel, a su vez presidente de las Juventudes Socialistas— fue la detención ese misma día, sobre las tres de la tarde, de todos los que se hallaban en el Casino, operación que fue dirigida por el inspector de la Guardia Municipal Francisco Merchán Vázquez. Esta primera detención duró varias horas. Los registros domiciliarios en busca de armas y víveres comenzaron al día siguiente. Una parte de la escuela se utilizó como almacén desde el que se distribuían los productos y otra para la toma de decisiones del Comité. Las milicias —según los informes de la derecha— se armaron «de palos y otros utensilios de la Edad Media, izaron la bandera roja en el ayuntamiento, cantaban la Internacional, la que era coreada por muchos simpatizantes». Además de los habituales daños al patrimonio eclesiástico, fueron detenidas en el depósito municipal 32 personas, una de las cuales, Manuel Bermejo Naharro, fue sometida el cinco de agosto a interrogatorio para que delatara la trama falangista, que existía pero no fue descubierta. De todo lo referente a la relación con los presos se acusó como máximos responsables a Fernando Vázquez Pérez, Francisco Merchán Vázquez y José González Fernández, y, como segundones, a Pedro Bermejo, Francisco González Ramírez, José Pérez Rosa y Valentín Merchán Vázquez. La noche del 26 de agosto, dos días antes de la ocupación, un grupo de milicianos de Burguillos del Cerro, enterado de que el Comité de Salvatierra había liberado a los presos, se presentó en el pueblo pretendiendo que se los entregaran. Por suerte para éstos, las autoridades locales, que conocían bien la situación y el peligro de que se produjeran hechos graves como los de Burguilios, supieron resolver el problema permitiendo que el día 20 de agosto cada cual tomara el destino que quisiera. Además, algunos de los que se quedaron fueron protegidos por gente del pueblo. De ese modo unos pudieron esconderse y otros alejarse. Sin embargo el párroco, Pedro Gómez Asensio, de cincuenta años, fue localizado y asesinado en plena calle el día 26 de agosto. Cuando dos días después llegaron los sublevados el pueblo estaba casi desierto. Todos los izquierdistas, con el alcalde Julio Vaca Vega en cabeza, habían partido hacia zona republicana.

El Comité frentepopulista de Salvaleón estuvo formado principalmente por representantes del Partido Socialista y de Izquierda Republicana. Sus misiones, como siempre, fueron de enlace con otros pueblos y la capital, de control, de abastos, etc. También en este pueblo los presos, previo pago de cantidades diversas por diferentes conceptos, fueron puestos en libertad antes del 20 de agosto, cinco días antes de que empezara la desbandada. Como solía ser habitual toda la responsabilidad recayó sobre el alcalde, el socialista Miguel Merchán Vaquerizo^[429], taxista, y sobre los municipales Tomás Mangas Colazo, Francisco Moreno Rebollo, Pedro Serrano Moreno, Félix Flores Sanabria y Eutiquiano Cáceres Cáceres. Cuando la Causa General requirió información sobre los «malos tratos» sufridos se informó que «no se sabe [que] se empleasen malos tratos con los detenidos». No obstante, fueron acusados de cometer violencia con algunos de los vecinos (Marcelino Navarrete Román, José González Marín, Gil Mangas Contreras, Braulio Vasco Núñez, León Álvarez Torrado, José Guijarro Román, Agustín Peña Maldonado, José Maldonado Nogales y José Pereira Martín) Antonio y Benito Ledesma Nogales, Félix Flores Sanabria, Tomás Mangas Colazo, Pedro Serrano Moreno y Ramón Contreras Lorido^[430].

La fuerza que ocupó el pueblo —una columna de camiones procedentes de Barcarrota— estaba al mando del teniente de la Guardia Civil Manuel López Verdasco, que conocía bien aquellos pueblos del entorno de Jerez de los Caballeros —donde era conocido por «El Mocoso»— por ser natural de allí^[431]. Lo acompañaba el párroco de Barcarrota, don José Martín Domínguez, apodado «El Asesino», al que se unirá el cura local, Eusebio Vázquez Macías, más conocido por «El Tío Chinote», de nefasta memoria. Cerca del pueblo, en sitio conocido por Las Crucitas, se encontraron con dos jóvenes de Nogales, Cándido Carballo Hernández y Andrés Jarones García, a los que dispararon matando a uno de ellos; el otro, herido, es detenido, curado y más tarde asesinado de dos tiros en la cabeza ante el teniente y el cura. Lo primero que hicieron al llegar a la entrada del pueblo, como era habitual, fue saquear la casa de Julio Fernández Tardío, amontonar todo en la carretera y prenderle fuego. Luego llegaron a la Plaza y, siguiendo precisas instrucciones, repitieron la operación con el bar de Fernández. Ambos locales quedaron requisados. Después subieron a la Plaza de Ayala y asaltaron la casa del maestro don Jorge Proiss Hernández, natural de Almendralejo, que se encontraba fuera y que posteriormente sería eliminado. El cura de Barcarrota al mando de cuatro falangistas se encargó personalmente, pistola en mano, de registrar la casa de Luis García Román, un acomodado ganadero de ideología republicana al que le fueron sustraídas armas de caza, ropas, chacina, cubiertos y monedas de valor y una radio que luego el cura tuvo que entregar a un particular. La nueva gestora nombrada por la autoridad militar local, el jefe de Puesto Manuel Matos Corrales, quedó integrada por Félix Nogales Cáceres, Eloy Vela Carretero, Lorenzo Cuenda Guerrero, Lorenzo Roma Nogales y Blas Casas Malpica, todos ellos de Falange. La gestora ordenó detenciones a partir del 30 de agosto. Los dos primeros cadáveres aparecieron en la mañana del nueve de septiembre, día siguiente al de la patrona.

El caso de Salvaleón constituye un buen ejemplo de que los formularios de la Causa General inducían a elaborar informes un tanto exagerados. Además de mencionar a los detenidos, a los encargados de la vigilancia y a los componentes de los comités, había que redactar la «relación nominal de las personas que emplearon malos tratos y servicios con los sometidos a su custodia durante la dominación roja en este pueblo» y la «relación de las extracciones o entregas de presos para ser asesinados durante la dominación roja en esta localidad».

El último día de agosto tuvo lugar el contraataque republicano sobre Llerena del que ya se trató en su momento. Fue precisamente entonces, tras informar de la exitosa operación, el momento elegido por Cañizares para solicitar una entrevista con Franco para informarle sobre la situación de Badajoz —que a partir de ese momento y durante dos semanas se mantendrá estable— a falta de la ocupación definitiva de la zona interior de Jerez de los Caballeros y Fregenal. Ese mismo día Franco felicitó a las fuerzas que habían intervenido y, siguiendo el consejo de Cañizares, ordenó el envío de un blindado a las fuerzas que avanzaban hacia Madrid. En esos momentos, y dado el peligro que representaba Azuaga, se pensó en su ocupación, lo que finalmente se desestimó por la negativa de Queipo a desproteger otros objetivos. Añadía: «La haré momento oportuno con otro Tabor u otra Bandera si Vd. no puede hacerla con fuerzas Badajoz».

Tras un breve paréntesis de dos semanas entre el 29 de agosto y el once de septiembre, momento en que toda la acción se concentra en el avance hacia Madrid —recordemos que el día tres de septiembre tuvo lugar la toma de Talavera, una operación que absorbió todas las fuerzas de Yagüe—, el día 12 de dicho mes se reanudaron los movimientos encaminados a ocupar totalmente las poblaciones que, aisladas del territorio controlado por los sublevados, se encontraban aún en poder de sus autoridades legales. En ese lapso se produjeron varios hechos violentos. El día cinco de septiembre murió en las afueras de La Lapa Máximo González Vázquez, obrero de treinta años, vecino de Zafra, en un encuentro con huidos cuando se dirigía a su pueblo para pedir auxilio. Unos días después, el diez, fueron asesinados en Zarza de Alange —uno de esos pueblos que pasan de mano a mano durante varias semanas— Eusebio Machío Muñoz, de 54 años, vaquero, y Justo Minero Cidoncha, zapatero de 51. La historia se repite un día después en Don Álvaro, donde asesinan al farmacéutico y Juez Municipal Feliciano Sánchez Sánchez, de lo que se responsabilizó, entre otros, a Luis Casado y a Tomás Lorenzo Barrera. La Causa General es parca en datos sobre estos sucesos. En estos pueblos ocurrió que la gente ya no sabía quién entraba. Emilio Berrocal cuenta en sus memorias que cuando poco después de la caída de Mérida y Badajoz pasó con sus compañeros de las Juventudes Socialistas de Don Benito por Don Álvaro había gente que salía de las casas gritando «Arriba España».

La lista de agravios de los derechistas de Alconera, además de algunos actos de profanación en la iglesia, incluían el saqueo de la casa de Luis Toro Burrero, que huyó a Zafra; y el saqueo y destrucción del comercio de Francisco Gallardo Medina y de la fábrica de conservas de Victoriano Romero. Calcularon el valor de todo lo destruido (ganadería, cosechas, etc.) en 362 000 pesetas, aunque cuatro años después, en la Causa General, la valoración había bajado a doscientas mil^[432]. Los presos se quejaron de que les quitaban la comida y de que les obligaron a entregar dinero varias veces. Este es uno de los pocos pueblos donde se recogió una queja que afectó a las mujeres. Según se dice en un informe, a tres de ellas, Abad Martínez, Carmen Carrillo y su hija Isabel Toro, de 67, 60 y 22 años respectivamente, las sacaron de sus casas por la noche en camisón y las amenazaron de muerte. Pero, como siempre, quedó en amenaza. Se acusó como máximo responsable al alcalde y presidente del Comité, Adrián Asensio Megías, al que acompañaron como vocales Fernando Trujillo Blanco, Emilio Toro García, Adrián Pérez Lima, Rafael Parra Gordillo, Luis Rodríguez Parra (ya muertos); y Florentino Mancera Gordillo, Rafael Barrientos Tinoco, Dalmacio Carrillo Roblas y Félix Santos Hernández (todos en prisión). Entre los encargados de la prisión destacaron Valentín Méndez Méndez (ya muerto), Quintín Parra Gordillo, Modesto y Florentino Mancera Bellido, José Magdaleno Rey, Fermín Roblas Asensio, José Velasco Ballesta (todos en prisión) y Luis Rodríguez Pérez (en libertad).

La historia del pueblo en esos días estaba marcada por tres fechas: el siete de agosto, cuando la huida de los izquierdistas de Zafra arrastra a los de Alconera en dirección a Burguillos; el día diez del mismo mes, en que los huidos vuelven a tomar el poder que la derecha ha ocupado, y finalmente el día 12 de septiembre cuando la columna de García Blond, que formaba parte de la del comandante José Álvarez Rodríguez, entra en Alconera. Ese día precisamente se produjo un suceso que trascendió. El telegrama que informó de ello a Franco el 14 de septiembre decía así: «En Alconera al intentar imprudentemente registro de una casa dos falangistas resultaron muertos. Dos de éstos por individuo en ella escondido que no se evadió. También en tiroteo afueras de dicho pueblo fue herido leve un cabo Regimiento Castilla. Susto fuerzas. Sin novedad»^[433]. Los «Papeles de Cuesta» —que eran informes de la Guardia Civil— dan otra versión según la cual al jefe de Falange lo atacó un hombre que luego se refugió en una casa desde la cual acabó con la vida de dos de los que intentaron detenerlo. Una vez apresado fue ejecutado en la plaza.

En Atalaya asesinaron el 12 de agosto a José Calatrava Moreno, labrador de 47 años, cuyos restos se encontraron en una finca de Burguillos. También fue asesinado en Burguillos de Cerro Ramón García Maraver, de Alconera, labrador de 76 años, monárquico y que había sido en varias ocasiones concejal y alcalde. Murió el siete de septiembre después de ser trasladado a la cárcel de Burguillos y su cadáver apareció en un pozo cubierto de escombros. La Causa culpabilizó a Manuel Hernández de la Cruz y a Julián Infantes Portales de guiar a los rojos de Burguillos y Alconera. Otros hechos señalados fueron las requisas de numeroso ganado en las fincas «La Joya», propiedad de Daniel y Ramón Vellido Maraver; «Las Torradas», de Antonio Arribas Hernández, y «Fuentefría», de Antonio Martínez Arribas, cuyo domicilio se habilitó como sede del Comité. También se vieron afectadas las casas de Inocencio Portales Arribas, Antonio Caballero Acuña y Carmen García Chamorro, la esposa de García Maraver.

En el término de Alange se recogieron tres cadáveres, dos de ellos de vecinos de Zarza y uno de un miliciano anónimo de la columna Cartón muerto por disparos en fecha desconocida. Los dos primeros eran Justo Minero Cidoncha, zapatero de curenta y seis años, y Eusebio Machío Muñoz, panadero de cincuenta y cinco; el primero considerado de derechas y el segundo de izquierdas. Sin que se sepan más circunstancias, ambos murieron el 10 de septiembre, recayendo la culpa sobre Crisanto Ruiz Benítez. Según parece habían sido acusados de espionaje. Entre los hechos denunciados se destacaban las agresiones sufridas por Emilio Doblado Mancha y Juan Luis Doblado Blázquez; los saqueos de propiedades de Leopoldo López Martín de Yangua, Justo Adames Lozano, Fernando Crespo Garanchón, y las requisas de ganado, entre cuyos afectados se encontraban el conde de Bagaes, Julián Marín Maine, la viuda de José Ovando y Félix Quintana Moreno. De las agresiones se responsabilizó a Antonio Gutiérrez Corbacho, Joaquín Rico López, Manuel y Juan José López Gordo, Manuel Mejías Medrano y Rafael Flecha Díaz, de Mérida; de los saqueos y requisas la culpa recayó sobre Marcelino Gordo López, Mateo Gordo González y un número indeterminado de milicianos forasteros.

Para protegerse, los milicianos destruyeron el puente que comunicaba Alange con Almendralejo y Mérida. Sobre los presos se lee en un informe:

Después trasladaron al depósito municipal para fusilarlos (aunque no llegaron) a los peligrosos fascistas (según lista hallada) Antonio Mejías Enrique, Luis Ortiz, Manuel Monís, José Moreno, Agustín de Rueda, Juan Martín Vivas, Segundo Bonilla, Juan Borrero, Claudio Poncela, Pedro Hurtado,[y] Armando Álvarez; no llegaron a fusilarlos por la oportuna llegada del Tercio^[434].

Como en otros casos, los presos fueron obligados a limpiar los retretes. Además —en referencia a casos como Fuente de Cantos— les contaban lo que habían hecho con ellos en algunos pueblos, siendo especialmente duros con los que eran de igual condición social que ellos.

En Villagonzalo, que sufrió dos bombardeos de los golpistas, la derecha, en un primer informe de enero de 1937, se quejó poco: seis personas afectadas por los registros y requisas —una de ellas el cura Macario Márquez Ávila^[435] y algunos simulacros de fusilamientos—. Todo aumentó cuando en julio de 1941 se rellenaron los estados de la Causa General. La iglesia fue saqueada y quemada, al igual que la imagen del patrón y trece imágenes más. Además del Comité funcionó también un radio comunista, ambos dedicados a las requisas y a las exigencias monetarias. Uno de los presos, Mariano Fernández Parra, un ganadero de cincuenta y cuatro años, casado y con nueve hijos, fue trasladado a Guareña, donde fue asesinado. Nadie había olvidado en el pueblo la noche del cuatro de mayo de 1936, cuando el propio alcalde socialista hubo de proteger al propietario Alberto García Suárez de Figueroa, objetivo de los izquierdistas locales (se citaba especialmente a Blas Galán Rodríguez y Galo Rodríguez Cortés) por su negativa a pagarles jornales —no trabajados, decía él— a los obreros que le repartían. Después de la sublevación, siete de los presos (Fernando Hernández Sánchez, Francisco Godoy Suárez, Andrés Vivas Espinosa, Pedro Mancha Godoy, Alberto García Suárez, Jesús Bejarano Barco, Miguel Prieto Carvajal y Modesto Peña Ponce) fueron llevados de noche al Casino, ahora convertido en Comité, donde varios forasteros los interrogaron y maltrataron. El 12 de septiembre liberaron a los presos, porque, según la Causa General, «se acercaban Fuerzas de nuestro Ejército, pudieron evadirse antes de ser quemados dentro de la iglesia como proyectaron los rojos»^[436]. Otra versión propone que el asesinato de los presos se aplazó para la noche del día 13, fecha en la que tradicionalmente eran los fuegos artificiales de las fiestas, y en vez de cohetes se había pensado en «utilizar armas de fuego contra las cabezas de los sentenciados». Según esta versión «el horrendo crimen no se consumó porque la Providencia consintió que la mañana de ese día llegasen nuestras Gloriosas Fuerzas Liberadoras».

Villagonzalo —considerado un lugar importante para los republicanos por contar con una fábrica de harina y una central eléctrica que surtía a varios pueblos— fue ocupado por un escuadrón de Caballería, una sección de Infantería, guardias civiles y los falangistas de las Milicias Gallegas, todos ellos al mando del capitán Artalejo. Debido a los enfrentamientos aislados murieron dos milicianos forasteros, uno de los cuales ostentaba insignias de oficial. Esa misma tarde del día 13, se organizó un contraataque desde Guareña para recuperar el pueblo, pero, a pesar de ser una operación de envergadura en la que se llegaron a utilizar ametralladoras, fracasó totalmente, recogiéndose luego los cadáveres de doce milicianos que fueron trasladados al cementerio sin practicar inscripción alguna ni allí ni en el Registro Civil. También recuperaron más de mil ovejas marcadas con la hoz y el martillo y más de sesenta vagones de trigo.

Por fuerzas de esta Comandancia a las órdenes del comandante Guerrero se ocuparon a las 7.15 Alange, Zarza de Alange y Villagonzalo, causando 18 muertos al enemigo, entre ellos un teniente de las nuevas fuerzas de la Guardia Civil roja. Se recojieron [sic] cuarenta caballos, un camión cargado tabaco, tres coches ligeros, tres fusiles, un mosquetón, correajes de cartuchería y gran cantidad de escopetas y pistolas. Por nuestra parte sólo tuvimos un herido leve, ya que los citados pueblos se tomaron por sorpresa, estando rodeados al amanecer. Ha quedado en nuestro poder una fábrica de harina en Villagonzalo y la luz que suministra energía a cinco pueblos rebeldes, que se han quedado por consiguiente sin luz y sin teléfono. En Villagonzalo hay bastante material ferroviario excepto máquinas. Se han distinguido en este hecho el comandante Guerrero y capitanes Artalejo y Pardo, así como algunos subalternos. Máximo entusiasmo inspirando absoluta confianza. Saludóle todo afecto y respeto^[437].

En cuanto al terror rojo, Burguillos del Cerro fue uno de los puntos negros de la provincia. Desde un principio se produjeron con los presos simulacros de fusilamientos en fosas abiertas en el cementerio, con el propósito de que respondieran a los interrogatorios. Estas escenas también se repitieron en la iglesia, donde se colocó a los presos ante piquetes de milicianos dispuestos a disparar hasta que en el momento clave aparecía alguien con una oportuna orden del Comité por la que se aplazaba la ejecución. Como era de esperar, los detenidos fueron obligados a realizar no sólo «oficios no propios del sexo masculino» como barrer o fregar, sino también tareas supuestamente impropias de la clase social de muchos de ellos, tales como transportar el estiércol que se generaba en la sacristía a las afueras del pueblo. Entre las amenazas recibidas destacó la de ser llevados a los lugares de lucha, «pues decían que dichos presos eran los que los tenían que salvar[los] a ellos e ir en vanguardia». Además a los familiares se les exigía guardar largas colas para la entrega de la comida, que no podían llevar las criadas. También fueron obligados a cantar La Internacional con acompañamiento de órgano.

Al convertirse Burguillos en paso obligado cuando no en núcleo de acogida de cientos de huidos de la procedencia más diversa, los centros de reclusión (el depósito, la capilla de las Monjas y las ermitas del Cristo y de Nuestra Señora del Amparo) eran lugar de visita obligado de todos ellos, gente que venía huyendo del terror y que no necesitaba ser incitada para desear lo peor a aquellos derechistas allí recluidos, quienes para empezar debían recibirlos puño en alto, en posición de firmes y al grito de ¡Viva la revolución!, o ¡Salud! En Burguillos también se denunció la existencia de maltrato a las mujeres, detenidas en número muy superior a lo que fue norma en la provincia y que fueron liberadas en su mayoría el día ocho de agosto. Una de las mujeres que corrió grave riesgo fue la telefonista de Burguillos, trasladada por los milicianos a Jerez de los Caballeros, donde pese a los peores augurios fue encontrada con vida. No hay que olvidar que las encargadas de las centralitas telefónicas locales jugaron en aquellos momentos un papel clave en muchos pueblos, ya que habitualmente actuaron al servicio de la sublevación. Según los informes hubo prácticas lascivas con las presas y se llegó a llevar barberos a la prisión para cortarles el cabello, lo que según parece no pasó del intento. También se refieren conatos de violaciones, pero precisamente al tratar de esta cuestión aparece sin pretenderlo la gran diferencia entre la violencia revolucionaria y la violencia fascista:

A las Sras. intentaron por varias veces violarlas, encontrándose todo preparado y lo hubiesen realizado a no ser por la intervención de otros milicianos rojos que se compadecieron, entablándose entre ellos por tal motivo una fuerte lucha^[438].

Esta escena de fuerte lucha entre izquierdistas por evitar que unas mujeres de derechas fuesen violadas resulta impensable en el otro bando y dice mucho de esos revolucionarios que todavía, a pesar de la situación, no han perdido los principios básicos del comportamiento humano. Desgraciadamente no ocurrió lo mismo con los presos. La primera víctima fue Francisco Melado Requejo, guarda de la finca «Alcornocal», asesinado por un grupo de milicianos el 21 de julio. Sería el primero de la gran matanza que se produjo a partir del diez de agosto:

Francisco Alba Moreno, alférez de la Guardia Civil, 51 años (Huelva).

Emerito Álvarez Moriche, propietario 59 años.

Francisco Benito Domínguez, perito mercantil, exconcejal.

Fernando Calvo Jiménez, secretario del Ayuntamiento, 33 años.

José Antonio Carretero Peláez, sacerdote, 62 años.

Antonio Carvajal Hidalgo, auxiliar de farmacia, 19 años, falangista.

José Castilla Fernández, sacerdote, 39 años.

Santiago Cintas Pérez, propietario, 62 años, Acción Popular.

Aurelio Cumplido Bravo, estudiante, 19 años, falangista.

Juan Antonio Cumplido Martínez, propietario, 44 años, Acción Popular.

Luis Díaz Alvarado, cabo de la Guardia Civil, 27 años (Huelva).

Juan Díaz Calvo, propietario, 57 años, fiscal municipal.

Avelino Díaz Gómez, estudiante, 25 años, Juventudes AP.

Julián Domínguez Díaz, pastor, 17 años.

José Durán Candalija, propietario, 50 años, exalcalde.

Antonio Durán Tinoco de Castilla, estudiante, 18 años, falangista.

Juan Durán Tinoco de Castilla, estudiante, 21 años, falangista.

Francisco Fernández-Salguero Fernández-Salguero, propietario, 27 años.

Manuel Fernández-Salguero Fernández-Salguero, propietario, 33 años.

Juan Fernández-Salguero Herrera, estudiante, 21 años, Juventudes AP.

Juan Fernández-Salguero Jarillo, propietario, 58 años, Acción Popular.

Eusebio Fernández-Salguero Liaño, propietario, 59 años, Acción Popular.

Ramón García Maraver, labrador, 76 años.

Leopoldo Herrera Gallego, propietario, 42 años, Acción Popular.

Gregorio Lozano Calvo, secretario de Juzgado, 44 años.

Francisco Melado Requejo, zapatero, 54 años.

Julián Merchán García, pastor, 42 años.

Juan Pozón Carretero, labrador, 56 años.

Rafael Requejo Santos, militar, 37 años.

Luis Rivero Domínguez, estudiante, 23 años.

Luis Rivero Minero, agente comercial, 52 años, exconcejal.

Pedro Rodríguez Dorado, labrador, 67 años.

Narciso Rodríguez Fernández-Salguero, estudiante, 27 años, Juventudes AP.

Antonio Testai Fernández-Salguero, propietario, 35 años, Acción Popular.

Miguel Vargas Salguero, labrador, 38 años, Acción Popular.

José María Vázquez Díaz, sacerdote, 40 años.

Fernando Zapata Rodríguez, labrador, 46 años.

Esta carnicería tuvo lugar en el sitio conocido por El Pontón, de Burguillos, después de haber sido trasladados los presos a la cárcel de Jerez de los Caballeros a partir del siete de agosto. Allí en Jerez se les permitió mantener algún contacto con los familiares hasta que desde el día diez comenzaron a desaparecer en medio de la barbarie más absoluta durante los días diez, 17, 26, 27, 28, 29 de agosto y primero de septiembre. Unos fueron quemados vivos, otros semienterrados, otros colgados. Así a lo largo de varias noches. Esta matanza de El Pontón afectó no sólo a personas de Burguillos —emparentados muchos de ellos— sino a presos de diversa procedencia agrupados por diferentes motivos en Jerez de los Caballeros. Así, por ejemplo, había varias víctimas de Atalaya e incluso de pueblos del norte de Huelva, como los guardias civiles Alba Moreno y Díaz Alvarado, procedentes de Cumbres Mayores y asesinados el 29 de agosto. Como si no fuera suficiente con lo ocurrido, la derecha mantuvo en sus informes que si no murieron todos los presos, para los que había preparados bidones de gasolina y explosivos, fue por la providencial llegada de las «Gloriosas Fuerzas Nacionales» el día 14 de septiembre al mando del capitán Carlos García Blond. Componían las fuerzas una batería ligera, una compañía de ametralladoras, una de fusileros, una de Asalto y dos centurias de Falange.

En término de Burguillos también aparecieron varios cadáveres cuyos asesinatos fueron imputados a los rojos. Serían los casos de dos porqueros, padre e hijo, llamados Julián Merchán G. y Julián Merchán Domínguez; y de Ramón García y Fernando Calvo Jiménez, el primero labrador y el segundo secretario del Ayuntamiento, encontrados respectivamente en las fincas «Alcornocal» y «Valle Espín»^[439]. Fueron considerados «directores» de todo lo ocurrido Benito Lima Picón, Mariana Merino González, Andrés Paquico Cansado «Pepe Merino», Francisco González Gordón, Fabián Gómez García, Segundo Rodríguez Cumplido, Cándido Zapata Rentería, Manuel Meléndez Megías y José Álvarez Berrocal^[440].

El 14 de septiembre fue ocupado Segura de León por la columna motorizada que el capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal puso en marcha en esos días, y que estaba constituida por unos seiscientos hombres entre guardias civiles, falangistas y personal de milicias^[441]. En esta ocasión se contó con falangistas de Cabeza la Vaca y Fuente de Cantos. Como en casi todos los pueblos los informes de la Guardia Civil hubieron de reconocer la inexistencia de «acto alguno de participación en el Movimiento Nacional, por cuyo motivo [los rojos] no pudieron ser vencidos». Las órdenes de detención de los derechistas fueron dadas por el alcalde (las siete primeras) el 27 de julio y por el Comité (las once siguientes) el 31 del mismo mes. Unos fueron recluidos en el Juzgado y otros en el convento de las Hermanas de la Cruz. A los demás presos, otros nueve, los detuvieron el cuatro de agosto. Todos se encontraron con vida el 14 de septiembre, o como se leía en un informe: «No se dio ningún caso en [esta] localidad de extracciones o entrega de presos…». Del siempre comprometedor trato con ellos se relacionó a Diego Figueras Díaz, Manuel Toro Arroyo, Jacinto Hurtado Chacón, Antonio Morato Domínguez, Isidro Agudo Jaramillo, Manuel Masero Ramírez, Antonio Blanco Blanco, Máximo Megías Medina, Manuel Lorenzana Carbajo y Francisco Rubio Maya. Dos de los presos, Eduardo Sánchez Royano y Jesús Maya Medina, fueron conducidos fuera del pueblo y amenazados de muerte para que dijeran dónde se encontraban las armas de que disponían los falangistas. Una de las tareas realizadas por el Comité fue la requisa y sacrificio de reses para el abastecimiento de la población y de los numerosos forasteros procedentes del sur que pasaron por el pueblo durante todo ese tiempo. Buena parte de ese ganado era del que muy pronto sería nombrado alcalde, Fernando Agudo Aparicio. Se vieron afectadas las haciendas de los propietarios Antonio Casquete Hernando, Rodrigo Montero de Espinosa Sher y Francisco Montero de Espinosa Jaraquemada, Pilar Sánchez Arjona Velasco y Diego Casquete Jaraquemada, pero quienes realmente tuvieron que hacer frente a las exigencias del Comité, además de pasar por la prisión, fueron sus representantes: José Medina Maya, Jesús Maya Medina, Manuel Rey Miranda y Luis Rubio Luengo. El párroco, Antonio Leal Leal, pese a haber tenido un serio conflicto con el Comité a propósito del cierre de una iglesia, no fue detenido.

El 14 de septiembre del 36 apareció en la finca «La Dehesilla» el cadáver del falangista Antonio Chaves García, labrador de veinte años, cuya muerte se achacó a Manuel Martínez Nieto y varias personas más acusadas por el padre de la víctima. Aunque no se llega a aclarar las circunstancias del fallecimiento en el Registro Civil se lee «muerto por las hordas marxistas al pasar éstas por dicha finca»^[442].

Con fuerzas Guardia Civil, Falange y Guardia Cívica se ocuparon en el día de hoy los pueblos de Segura de León y Fuentes de León, no teniendo por nuestra parte más que un herido grave y uno contuso, haciéndole al enemigo en ambos pueblos aproximadamente unas cien bajas. Posteriormente fuerza enemiga procedente de Fregenal ataca constantemente Segura de León, rechazando nuestra columna referidos ataques, conservando dichas posiciones^[443].

Son estos comunicados los únicos en los que aflora la resistencia popular al golpe y las pérdidas humanas que se produjeron en el momento de la ocupación de los pueblos, resistencia siempre ocultada salvo por la necesidad de los propios golpistas de mostrar sus méritos ante sus jefes.

En el caso de Segura conocemos algunos detalles sobre los primeros momentos de la ocupación por las diligencias abiertas al músico militar retirado Juan Antonio Medina Delgado para esclarecer si la muerte del vecino Lorenzo Rodríguez Rodríguez, a quien consideraba «de filiación derechista», se debió a una venganza personal. La denuncia, presentada el 22 de septiembre de 1936 en las oficinas de la II División, ocho días después de los hechos, fue realizada por Antonio Rodríguez Rodríguez, natural y vecino de El Coronil (Sevilla) y hermano de la víctima. Obviamente este tipo de denuncias solamente podía atreverse a ponerlas quien se encontrara al lado del nuevo orden. Lorenzo Rodríguez expuso que existían intereses encontrados entre su hermano y el militar respecto al local en el que el primero tenía su comercio en el número uno de la calle Cruz. Medina entró con la columna en el pueblo y lo primero que hizo fue dirigirse al comercio de Lorenzo Rodríguez, donde tras apropiarse de su cartera, de un reloj de bolsillo de plata, de una sortija de oro y de un billete de lotería, sacó a Rodríguez a la calle y lo entregó a la Guardia Civil, diciéndole: «Ahora vamos a ajustar las cuentas de tu casa». Nada volvió a saberse de él —según Antonio Rodríguez— hasta que los vecinos comunicaron a la familia la aparición del cadáver. Se encargó de la instrucción el abogado jurídico-militar Antonio Hoyuela del Campo, quien resolvió el caso rápidamente. Cuando interrogó al acusado Juan Antonio Medina Delgado, éste declaró que

encontrándose en la plaza del pueblo se le acercaron dos individuos de Falange, cuyos nombres ignora, para preguntarle si había en Segura comercios cuyos dueños fueran marxistas, el declarante les [dijo] que sí, y como insistieran en preguntarle si lo era el de Lorenzo Rodríguez Rodríguez, les contestó afirmativamente; que al arremeter los falangistas contra el indicado comercio, el declarante tuvo necesidad de advertirles que aquella casa era suya para que no le estropearan las ventanas; que poco después el Lorenzo Rodríguez salió la puerta del comercio protestando de la imputación de izquierdista que según él le hacía el declarante; que cuando volvió a la plaza vio al Lorenzo Rodríguez detenido en el ayuntamiento, marchándose y habiéndose enterado después de que había muerto …

Por supuesto Medina negó haber realizado registro alguno, haberse apropiado de objetos de valor o haber amenazado a los familiares de la víctima. Su declaración —decía al final— podía verificarla «el presidente y demás miembros de la Comisión Gestora y todas las demás personas de orden de este pueblo». Efectivamente, el siguiente en declarar fue Fernando Agudo Aparicio, presidente de la Comisión Gestora, que manifestó conocer a Medina y haber estado encarcelado con él en los días pasados. Agudo declaró que se trataba de «una buena persona, incapaz de realizar actos reprobables» y que «le consta que no intervino en el asalto y registro del establecimiento de Lorenzo Rodríguez, ya que el declarante lo presenció y observó que el Juan Antonio estaba en la plaza con un hermano suyo llamado José». El instructor tomó también declaración a otro miembro de la Comisión, el médico Manuel Díaz Hidalgo, y al médico titular Santos Bernáldez García, ambos amigos del acusado, al que apoyaron en todo momento. Como telón de fondo todos ellos mencionaron un oscuro episodio ocurrido en la plaza entre Rodríguez y Medina, que concluyó con la detención de este último y su ingreso en el depósito municipal durante veinticuatro horas.

El informe que el instructor Hoyuela eleva al auditor Bohórquez el día siete de octubre constaba de la denuncia, la declaración del acusado y los tres testimonios de los miembros de la Comisión Gestora y el médico, todos ellos amigos del acusado. A nadie, y menos al Auditor Bohórquez, se le ocurrió plantear al instructor si no tenían nada que decir la esposa, la hermana y el suegro de la víctima, mencionados en la denuncia y en alguna de las declaraciones, y que fueron testigos de estos hechos.

En todo lo actuado no ha sido comprobado ninguno de los extremos de la denuncia presentada, no pudiéndose atribuir la muerte al que se le imputa y en su consecuencia decreto la terminación de las presentes diligencias previas …

concluía el auditor el 18 de octubre^[444]. Unas semanas después el músico militar Juan Antonio Medina Delgado era nombrado juez instructor de la Comisión Local de Incautación de Bienes.

Con Medina cayó también Fuentes de León. A las nueve de la mañana de ese día, un grupo de milicianos, al mando de algunas autoridades civiles, hicieron frente a la columna de ocupación a costa de varias pérdidas. Fracasada la resistencia, los milicianos y un gran número de habitantes partieron hacia Fregenal. De entre los encargados de los presos, pudieron huir y pasar más tarde a Francia, Ángel Sánchez Blanco, Eulogio Macías Flores y Ángel Rey Uceda. Sin embargo acabaron en campos de concentración, o localizados allí donde vivían, Joaquín Martín Reinoso, Pedro Sánchez Navarro y Leopoldo Rodríguez Reyes. En relación con lo mismo fueron también citados Antonio Sánchez Jaramillo, Luis Suárez Albarrán, Antonio Fernández Abril, Rafael Sánchez Navarro, Damián Macías Flores y Gumersindo Núñez Vázquez. Los informes aludieron genéricamente a

la comisión de todo tipo de desafueros, detenciones de personas de orden y atentados contra la propiedad, saqueándose casas y comercios con incautaciones de metálico, comestibles, tejidos y otros artículos, así como destrucciones de huertas e incendios de varias fincas.

En Valverde de Burguillos fueron detenidas 17 personas. Según un primer informe de enero de 1937, a pesar del gran número de milicianos existentes para el tamaño de la localidad —unos trescientos de una población de 1350 personas— ni la iglesia, ni los domicilios particulares ni los comercios ni los cortijos sufrieron saqueo o daño alguno. El trato a los prisioneros se denunció «malísimo, amenazando a muerte todos los días, yebando [sic] a varios al cementerio y judiqueando y haciendo simulacros y disparando al aire barios [sic] tiros». El pueblo fue ocupado sin oposición alguna el 14 de septiembre por fuerzas procedentes de Zafra al mando del comandante José Álvarez Rodríguez. Sin embargo, la Causa General, cuyos estados son cumplimentados en 1941, denuncia saqueos en propiedades de Remedios Díaz Calvo, José Carretero Fernández, Florencio Martínez Gallego, Juan Gallego Rodríguez, Leopoldo Herrera Gallego, Manuel Gallardo Indiano, Florencio Martín Bellido, Ladislao Navarro Navarro y la Guardia Civil. Según la misma fuente «fueron varios los autores de los hechos que se mencionan, los cuales han fallecido en choque con la fuerza pública».

Aprovechando las operaciones de captura de huidos desarrolladas en la serranía de Hornachos, entre el 14 y 17 de septiembre, los sublevados tomaron Puebla de la Reina y Palomas. En Puebla de la Reina había sido incendiada la parroquia, ardiendo parte del archivo, retablos y ornamentos diversos. Varios comercios, domicilios particulares y cortijos fueron sometidos a requisas y saqueos^[445]. Entre los afectados estaban Benjamín y Gregorio Gallardo Lozano, Cándida Amado Balas, Rafael González-Pelayo Rodríguez, Cándido Lobato Garay, Juan Ballesteros Macías (párroco), Martiniano Barrero Mateos, Tiburcio Murillo Martínez, Victoriano Ginés Mateos, Domingo Muñoz Barrero, Francisco López Rebollo, Francisco López Moreno, Concepción Benítez Chamorro (viuda de Severiano Muñoz) y Pilar González López; y como hacendados no residentes, Casimiro Fernández Blas (Ribera), José de Solís Liaño (Badajoz), Fernando Sánchez-Arjona Vargas (San Sebastián), Carmen Sánchez-Arjona Pidal (Madrid), el marqués de Valderrey (Madrid), José de la Lastra (Sevilla) y los sres. Fernández de Soria (Villafranca), Luis García Barroso (Villanueva de la Serena), Pedro y Benjamín Barquero Barquero (Quintana de la Serena), Rafael y Alejandro Barquero García-Coronado (Quintana de la Serena) y Vicente Leopoldo Naranjo (Cáceres). Fueron apresadas 17 personas, siete de ellas el mismo 18 de julio y el resto unos días después. Se quejaron de trato «indecoroso», destacando que les cerraran las ventanas de la prisión para que pasaran más calor. También en esta ocasión se dijo que si no los quemaron fue por no disponer a tiempo de la gasolina.

La Causa General de Puebla recogió dos víctimas no mencionadas en informes anteriores: Juan José Bermejo de la Cruz, pastor de 44 años, y Diego Acedo Acedo, bracero, considerado el primero de izquierdas y el segundo de derechas. Desaparecieron los días 21 y 22 de septiembre del 36 sin que sus cuerpos fueran hallados y sin que se llegara a saber nada de los culpables. El pueblo fue ocupado el 14 de septiembre por una columna al mando del capitán Medardo Chicote.

Unos días después, el 17 de septiembre, le tocó el turno a Palomas^[446]. Aquí habían sido ocupadas varias fincas abandonadas —algunas de ellas de Juan Manuel Pidal («El Chaparral» y «Las Toras»)—, que fueron trabajadas por los obreros, quienes entregaban una cuarta parte de la producción al propietario. Según parece, el alcalde republicano, que tenía algunas tierras, ordenó que las suyas fuesen las primeras en ser ocupadas. El 18 de julio, ante el panorama de inseguridad que se abría, izquierdas y derechas llegaron al acuerdo de protegerse mutuamente según el curso de los acontecimientos. Cuando se dio la orden de detener a los elementos de derechas se respetó el acuerdo, pero la desconfianza de algunos llevó a elaborar un listado de izquierdistas que fue enviado a Almendralejo por medio del sacristán. Así, cuando el día 17 llegaron las fuerzas de ocupación, al mando del falangista Novillo, pudieron comprobar que ningún derechista había sufrido daño alguno; a continuación detuvieron a diez de los principales dirigentes izquierdistas y los asesinaron. Sólo entonces comprendieron que la única salida era la huida, lo que hicieron unos cien; otros se enrolaron en las filas franquistas con la idea de unirse más tarde al bando republicano. La memoria colectiva también guardó las terribles represalias que recayeron sobre las mujeres de ideas avanzadas o simplemente relacionadas con los izquierdistas. Todo esto cobra valor especial si tenemos en cuenta que, unos días antes de la llegada de los sublevados, había pasado por el pueblo la columna Cartón preguntando por el cura, los derechistas, etc. En ese momento fue el pueblo, con el alcalde al frente, el que impidió a los milicianos de Martínez Cartón cualquier amago de violencia. Sin embargo, sin explicación alguna, cuando hubo que proteger a los rojos nadie, ni el cura, salió en su defensa. Lo único que se les pudo echar en cara fue los daños causados en la iglesia el día seis de septiembre, de los que se culpabilizó a Antonio Roco Trejo, Juan Trejo Delgado, José Ortega Gómez y Francisco Velarde Pérez, que acabaron en prisión, y a Juan Benítez López, Victoriano Velarde Pérez, Diego Soto Nevado y los hermanos Francisco y Victoriano Garrido Delgado, que pudieron huir a Francia.

Últimas operaciones en el sur de la provincia: ocupación de Fregenal y Jerez de los Caballeros

Entretanto, en la madrugada del 17 de septiembre, era ocupada «sin novedad» en el sur de la provincia Valencia del Ventoso. Se iniciaba así la ofensiva que acabaría con toda resistencia al golpe militar en dicha zona, la única que del oeste de la provincia quedaba por ocupar. La Guardia Civil de Valencita, como se denomina a este pueblo, había sido concentrada en Fregenal, a partir de lo cual el Comité organizó una milicia e incluso un grupo a caballo. Estas fuerzas pasaron íntegras a zona republicana antes de que entraran en el pueblo los guardias civiles del capitán Navarrete Alcal y los falangistas del capitán Fernández. Concluida la operación, Navarrete informó a Queipo y Cañizares a Franco. Se denunciaron daños en la iglesia y en el convento de las Concepcionistas, utilizado como prisión, y requisas en comercios diversos. Las quejas de los presos fueron las habituales: amenazas, dureza en las condiciones de reclusión, algunas palizas, castigos humillantes como acarrear el agua, etc. Al cura Juan Silva Torres lo sacaron de noche al jardín del convento y lo sometieron a un simulacro de fusilamiento.

Entre Fregenal y Valencita, junto al cauce del Ardila, fue brutalmente asesinado el once de septiembre el guardia civil Fernando Rastrollo González, de 41 años, simpatizante de Falange y que se encontraba en el depósito de Fregenal. La iniciativa del traslado la achacaron al Comité de Valencia del Ventoso. Fueron responsabilizados Román González López, Reyes Gala Fernández, Juan Cid Aceitón y Vicente Hernández Guarnido, todos fusilados en la posguerra, salvo el último que se evadió a Francia. González Ortín también habló en su libro de Rafael González, factor de RENFE, José Criado Amaya, Isidro Follarat «Gaona», Lorenzo Guarnido, José Zama «El de la Ruleta» y de una activa miliciana conocida por «Clarita Campoamor».

En Higuera la Real encontramos lo habitual en los pueblos del suroeste: ningún apoyo al «Alzamiento Nacional» (los derechistas son detenidos si es que no han huido al cercano pueblo onubense de Encinasola) y un absoluto control del poder local por parte de las autoridades municipales y del Comité hasta la ocupación. Cuando el 18 de septiembre llegaron las fuerzas desde Fregenal —entre otras unos cuarenta falangistas al mando de Agustín Carande— ya habían partido los izquierdistas.

Otro de los pueblos ocupados por Navarrete Alcal fue Bodonal de la Sierra. Aquí el memorial de agravios había comenzado en los meses del Frente Popular. El 12 de abril del 36, con motivo de dar vivas al Fascio, el teniente de alcalde Joaquín Matito Vita ordenó la detención de los falangistas Antonio Quintanilla Lázaro, Antonio Navarro Matito, Luis Navarro Garrido, Lorenzo Venegas Maya, Miguel Domínguez Lozano, Lorenzo Rasero Guerra, Leandro Burgos Hernández y Antonio Burgos Florido. Igual suerte corrieron al día siguiente, por orden del alcalde Ramón Hernández Caballero, Manuel Contreras Luna y el abogado y juez municipal Mariano Pérez de Guzmán Burgos. El día 14 de septiembre pasó por Bodonal una columna de mineros procedentes de la cuenca minera onubense que se dirigía hacia zona republicana. Ése fue el motivo por el que el mismo día se detuvo a trece personas de derechas, de las cuales sólo una, Manuel Contreras Luna, sufriría daños. Parece indudable que con esas detenciones se pretendía alejar a esas personas del alcance de los mineros, de forma que tal como se lee en los informes «de todos los detenidos no se entregaron ninguno a una columna de mineros de Río Tinto que se presentó en ésta; no se cometieron en esta villa ni en su término municipal asesinatos», o como consta en otro informe de la Causa General: «Sin que a pesar de la anarquía reinante, como en todos los sitios, ocurrieran hechos luctuosos dignos de mención». Fueron algunos de estos mineros, junto con otros huidos de la zona, los que intentaron infructuosamente uno de esos días recuperar Segura de León. A su regreso, ante el temor de que acabaran con los presos, la agresividad de la columna fue orientada por el Comité contra la ermita de la Virgen de las Flores y contra el abandonado cuartel de la Guardia Civil. Unos días después, en la madrugada del día 18, cuando ya los izquierdistas más significados se dirigían hacia Llerena, entraba la columna de Navarrete, que comunicó a Queipo: «Con columna Guardia Civil, Falange, Requeté y Compañía militarizada ocupé a las 4.30 Bodonal y a las 5.15 Fregenal de la Sierra. Sin novedad»^[447].

El que era alcalde en 1940, Remigio Amaya, y el secretario del Ayuntamiento, de nombre Eugenio y de ilegible apellido, rellenaron los estados de la Causa General de manera improcedente para los que instruían el gran proceso, pero de forma especialmente valiosa para nosotros. Cuando estos funcionarios leyeron que había que relacionar los nombres de las «personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree fueron asesinadas», no tuvieron la menor duda de que aquello debía referirse a las únicas muertes violentas habidas en la localidad, es decir, la de los izquierdistas asesinados desde «la liberación». Y así fue como hicieron constar sus nombres, edad, profesión, filiación política y cargos públicos, fecha de la desaparición, lugar donde se halló el cadáver y si fue inscrito en el Registro Civil. El apartado de «personas sospechosas de participación en el crimen» les debió parecer poco apropiado y lo dejaron en blanco^[448]. Gracias a estos laboriosos funcionarios sabemos que 31 personas fueron capturadas y eliminadas en la encerrona de Llerena, y que otras 52 fueron hechas desaparecer en Bodonal y su entorno.

En Fregenal de la Sierra las autoridades actuaron como en los demás sitios pero se encontraron con un problema: la actitud de la Guardia Civil, en cuyo cuartel se concentraron todos los puestos de la demarcación más los destacados en Jerez de los Caballeros. Unos 75 guardias civiles en total al mando del teniente Ramón Silveira. Aunque acuartelada, disponía de informadores que les mantenían al tanto de lo que sucedía en el pueblo. Cuando las autoridades que ya habían practicado diversas detenciones de derechistas, se percataron de que no se podía contar con ellos, intentaron que desde Badajoz se les ordenara salir de la población. El 26 de julio pasó por Fregenal una columna de 18 camiones cargados de milicianos que invitó a los guardias a sumarse a la defensa de la República, pero estos se negaron y esa misma tarde un grupo de ellos, en representación tanto de Fregenal como de Jerez, huyó a Cumbres Mayores (Huelva) y se puso a disposición del general Queipo. Dos días después, el 28, llegó una orden de Badajoz para que se incorporaran a la defensa de la República, pero la desoyeron por igual. Ante esta situación, y muy especialmente ante la posibilidad de que se desencadenase una lucha abierta entre guardias civiles y milicianos —ya se habían producido detenciones de izquierdistas en salidas esporádicas de los civiles—, el tres de agosto se acercó desde Badajoz una columna mixta de carabineros, soldados y milicianos, dirigida por el mismísimo coronel de Regimiento de Infantería y por los jefes de las Comandancias de la Guardia Civil y Carabineros. Se llevaron a la mayoría de los guardias a Badajoz, donde quedaron en el cuartel bajo vigilancia, lo que no les privaría —con Silveira al frente— de sublevarse unos días después. En el pueblo permanecieron unos cuantos guardias desarmados para encargarse del traslado de las familias y unos cuantos carabineros a fin de supervisar la operación. Este episodio repercutiría en la resolución de otras situaciones límite del entorno, como la de la Guardia Civil de Cumbres Mayores (Huelva).

Fregenal fue un lugar de concentración de huidos, de modo que a mediados de septiembre eran ya entre cinco y seis mil personas las allí agrupadas sin saber muy bien qué hacer ante el curso de los acontecimientos. Su único armamento eran las escopetas y pistolas obtenidas en los registros domiciliarios y unos cuantos fusiles depositados en los cuarteles de la Guardia Civil y distribuidos por orden de las autoridades provinciales. El 15 de septiembre, al día siguiente de ser ocupada Segura de León, una columna de milicianos partió de Fregenal para recuperarlo pero hubo de regresar al final del día sin haberlo conseguido. Y fue en esa tesitura cuando en la mañana del 16 las autoridades republicanas —antes de iniciar la partida hacia Llerena y tras deliberar con algunas personas de orden temerosas de lo que pudiera pasar— ordenaron la liberación de los derechistas detenidos. El día 17 esas mismas personas se trasladaron a Segura y comunicaron a Navarrete que «acudiese sin demora alguna a ocupar esta población, dándole toda clase de seguridades de que no encontraría la menor resistencia»^[449]. Finalmente, en la madrugada del 18 de Septiembre, fue ocupada Fregenal nada menos que por dos columnas con un total de tres mil hombres, una primera al mando del capitán Ernesto Navarrete Alcal y otra dirigida por el comandante José Álvarez Rodríguez. Las detenciones iniciales son guiadas por los falangistas Manuel Darnaude, Francisco Mejías, Antonio Girón, Fernando Aguilar y Gustavo Gutiérrez, quienes se jactaron de haber localizado al alcalde republicano escondido en un cortijo^[450].

En los dos meses que duraron los días rojos destacaron, a falta de otros crímenes, las incautaciones y requisas, que afectaron a Juan y Luis Peche Valle, Jesús Corujo Valvidares (Madrid), Manuel Sánchez Arjona, viuda de Rodrigo Calzada Vargas-Zúñiga, Román García de Blanes, Vicente y Rodrigo Sánchez Arjona (Sevilla), José Manuel Romero Camacho (Mérida), Antonio León Moreno, José Manuel Martínez Duque, Adela Moreno Márquez, Lesmes López Ruiz, viuda de Reviriego, Julián Vázquez Ortega, Antonio López Ramos, Manuel Ramos Moreno y Carlos Pla García^[451].

La Causa General recoge un hecho violento ocurrido el 16 de septiembre: la extraña muerte por arma de fuego del jornalero de treinta y seis años Manuel Muñoz Fernández, cuyo cadáver se encontró en el vivero. Como responsable, se hace constar: «La turba que huía».

También el 18 de septiembre caía finalmente en poder de los sublevados el último gran foco de resistencia del sur de Badajoz, Jerez de los Caballeros, ocupado desde Fregenal y Barcarrota por columnas al mando de los comandantes José Álvarez e Ildefonso Medina Mogollón. Una nota manuscrita de Cuesta Monereo sobre uno de los informes de la Guardia Civil que componían sus «Papeles» nos ofrece una información siempre oculta en otros casos: tras la ocupación del pueblo se recogieron de sus calles 60 muertos. Por su parte, los derechistas detenidos contaron que fueron obligados a cavar zanjas bajo la amenaza de que acabarían allí sus vidas. De los 134 presos, unos 30 fueron trasladados a otro lugar con la intención de eliminarlos, pero debido a la promesa de los golpistas de que si respetaba la vida de los presos nada les pasaría, se logró salvar a todos, excepto a ocho (los dos guardias civiles de Cumbres y seis vecinos de Burguillos: el secretario del Juzgado G. Lozano Calvo, el cura J. A. Carretero Peláez y cuatro propietarios: Juan Antonio Cumplido Martínez, Santiago Cintas Pérez, Francisco Benito Domínguez y José Durán Candalija). Las responsabilidades recayeron sobre los dos pueblos, de manera que, además de los ya mencionados, fueron acusados también varios vecinos de Jerez: Antonio Rodríguez de la Llave, Antonio Peña Rodríguez, Juan Peña Rufo, Antonio Bruguera Mendo, Manuel Gómez Gil, Arturo Cordero Sánchez y Eladio Sánchez Cordero^[452]. La documentación no permite saber cómo se organizó ni quiénes fueron realmente los responsables de esta matanza, pero lo cierto es que entre los cadáveres hallados en el arroyo del Pontón no había ningún jerezano, pese a lo cual el listado de víctimas se recogió en la Causa General tanto en Burguillos como en Jerez. La única víctima de Jerez que pudieron contar los vencedores fue el procurador Julio Marcos Fernández, de treinta y siete años y de Acción Popular, que tampoco murió en Jerez sino en Madrid.

Un comunicado de 21 de septiembre recibido en la II División relató la ocupación de Jerez de los Caballeros en estos términos:

En la provincia de Badajoz se ha ocupado el último reducto de los huidos en Jerez de los Caballeros, que estaba hace días completamente cercado, quedando librada totalmente la frontera portuguesa de focos rebeldes. En esta acción se cogieron al enemigo 60 muertos^[453].

Unos seiscientos huidos de Jerez intentaron acceder a Portugal en los días siguientes, pero la mayoría fueron detenidos y entregados. El destino de muchos de ellos queda reflejado en memorias de militares sublevados como Rafael González Toro: «Pasamos por Salvaleón —pueblo de ricos y sabrosos jamones— cuando aún no ha salido el sol. Poco antes de llegar a nuestro destino divisamos a un hombre a caballo que al ver los camiones que nos conducen se arroja rápidamente al suelo y, saltando el parapeto de piedra que bordea la carretera, se interna en los olivares. Mi sección, que va en vanguardia, le da el alto repetidas veces y como no se detiene hace fuego sobre él y lo mata. Es un hombre joven, casi un niño, armado con una escopeta de dos cañones. No lleva documento alguno»^[454]. Con Jerez cayeron igualmente en los días siguientes Oliva de la Frontera, Valle de Santa Ana y Valle de Matamoros. De los sesenta muertos recogidos —tres de ellos en Oliva— no todos cayeron en combate; también hubo entre ellos simples vecinos que fallecieron en el curso de las operaciones. La toma de Oliva en la madrugada del día 21 por el grupo de Navarrete causó a los sublevados cinco bajas: dos muertos y tres heridos. Como solía ocurrir con estos jefes de columnas, ávidos de protagonismo, Navarrete ocultó que en la toma de Oliva intervinieron también fuerzas de Carabineros de Encinasola (Huelva) al mando de noventa hombres y que fueron precisamente dos de esos hombres, los falangistas Joaquín Galván Olivares y Alberto Alcaide, los que murieron en ese encuentro^[455]. En Oliva de la Frontera se había constituido una milicia formada por unos trescientos hombres, dirigidos por el cabo de carabineros Fermín Velázquez. Se destrozaron algunas imágenes y se registraron varios domicilios particulares; también se apropiaron de la llamada Casa de Caridad, propiedad de Marcelina Durán, y se incautaron de todo cuanto les apeteció del Sindicato Católico Agrario y de la Sociedad de Ganaderos y Labradores.

El trato recibido por los cincuenta presos «acusó la refinada maldad de los marxistas», pues resultó que primero fueron metidos en un «calabozo inmundo» y luego, ante las quejas, trasladados a las escuelas. El Comité prohibió que las criadas llevasen la comida a los presos, obligando de esta forma a que lo hicieran los propios familiares. Los peores recuerdos de los presos irán asociados, también como en otros lugares, a esos forasteros que recorren los pueblos para observar in situ el curso de la «revolución»: visitan la iglesia y la cárcel y, amparados en el anonimato, alientan el uso del fuego purificador y la eliminación de fascistas. El Comité intentaba saber dos cosas: quiénes eran los que habían donado dinero para financiar la trama golpista y dónde se hallaban las armas compradas meses antes. Se denunciaron varios simulacros de fusilamientos e incluso algún conato de dinamitar la prisión con los presos dentro, pero lo cierto es que tras mes y medio de cautiverio, el día 30 de agosto, cuando aún no había amenaza alguna, el Comité, para evitar desenlaces no deseados, decidió liberar a los presos. Transcurrieron luego tres largas semanas, aprovechadas por éstos para huir a otros pueblos y unirse a las columnas; mientras los milicianos se mantuvieron a la espera de acontecimientos antes de emprender la gran marcha. La Causa General de Oliva culpa a las «turbas rojas» del asesinato del concejal socialista Francisco Márquez Ramos, un campesino de 45 años muerto por herida de bala en la puerta del Ayuntamiento unos días antes de la ocupación. Ninguna otra fuente trata este hecho. El día 21 llegaban a un pueblo semiabandonado las fuerzas de Navarrete Alcal.

Merece la pena, teniendo en cuenta lo anterior, reproducir el detallado informe sobre los elementos rojos de Oliva:

INFORMES SOBRE LOS ROJOS DE OLIVA

DE LA FRONTERA

Emiliano Romero Coronado, alcalde socialista y presidente de uno de los Comités.

Francisco Márquez Ramos, teniente de alcalde y miembro del Comité.

Manuel Gigante Gómez, concejal y miembro del Comité.

Ramón Forero García, concejal y miembro del Comité.

Pedro Miranda Morrillo, jefe de los comunistas.

Manuel Matamoros Pombero, nombrado alcalde y presidente del Comité Rojo, muy destacado durante el tiempo que desempeñó dichos cargos.

José García Miranda, miembro de uno de los Comités.

Antonio Bermejo Barneto, elemento muy significado de uno de los Comités.

Dionisio Sánchez García, miembro de uno de los Comités y significado.

José Méndez García, miembro de uno de los Comités, de Izquierda Republicana.

José Nogales Márquez, directivo de los Comités Rojos (comunista).

Fernando Nogales Márquez, miembro del Comité.

Ángel Montes Torrescusa, miembro de uno de los Comités (de cuidado).

Manuel Bermejo Barneto, miembro del Comité.

Manuel Matamoros Garrido, perteneció a un Comité.

Andrés Pardo Portil, directivo y presidente de las Juventudes Socialistas.

Isidoro Boza Lebrato, miembro del Comité.

Fermín Velázquez Vellarino, jefe de las Milicias Rojas, de malos instintos.

Alfonso Almena Ruiz, muy significado en persecuciones y saqueos, organizador de las milicias rojas y dinamitero.

José Duarte González, muy significado en saqueos persecuciones incitador.

Manuel García Amaya, elemento muy significado, de malos instintos.

Francisco Márquez Barragán, se significó en maltratar a los detenidos.

José Moreno Márquez, fue uno de los más significados en detenciones, miliciano de acción de malos sentimientos, fue uno de los que con los detenidos los sometió a simulacros de fusilamientos.

Antonio Preciado Márquez, significado en maltratar a los detenidos, fue el que a la persona de don Juan Pacheco Gómez que fue detenido por este sujeto le hizo objeto de malos tratos.

Ceferino Pérez Moreno, se significó maltratando a los detenidos.

Ramón Pérez Salguero, destacado en persecuciones, saqueos y detenciones.

Manuel Rivera Franco, significadísimo, de malos instintos.

Celestino Gamero Moreno, se significó en las detenciones.

José Plano Torrado, muy significado como miliciano incitador.

Francisco Pereira Rodríguez, muy significado como propagandista incitador.

Antonio Pinilla Torrado, muy significado, propagandista de cuidado.

Fernando Rivera Vellarino, significado por sus propagandas socialistas.

Lorenzo Sánchez González, significado en persecuciones y detenciones.

José Sánchez Melgarejo, significado en persecuciones, detenciones.

Aparicio Sánchez Melgarejo, significado en persecuciones, detenciones.

Francisco Toscano Hernández, significado en propaganda miliciana egerciendo [sic] cierta beligerancia entre los elementos rojos.

Manuel Teodoro Rivera, elemento de los más significados en persecuciones, detenciones y saqueos, considerado peligrosísimo.

Manuel Lebrato Moreno, significado miliciano de mala conducta y malos instintos.

José Carballo Lima, muy significado antes y durante el dominio rojo.

Alfonso Carvallo Cumplido, significadísimo, pertenecía a uno de los Comités, de acción y de malos instintos^[456].

Finalmente, el 22 de septiembre, un día después de que la columna Madrid ocupara Maqueda, caería Zahínos en poder del comandante Mariano Lobo Navascues. Por Zahínos pasó e hizo noche la columna de mineros y milicianos procedentes de Jerez que a finales de agosto intentó recuperar Higuera de Vargas, ocupada el 28 de ese mes. Como otros ataques similares resultó un fracaso. La columna, con más de mil hombres, totalmente desmoralizada, regresó mermada ese mismo día a Jerez. En Zahínos temieron el regreso pero nada ocurrió, pues además los derechistas presos ya habían sido liberados. Transcurridos varios días, gente de orden del pueblo se acercó a Higuera de Vargas para avisar a las fuerzas dejadas por los ocupantes de que podían entrar en Zahínos, «puesto que los rojos hacía varios días habían dispuesto [sic] su actitud, ostil [sic] y desorientados hacían vida pacífica». El pueblo sería ocupado el 23 de septiembre por dos columnas, una procedente de Higuera y otra de Oliva, que

establecieron el respeto, el imperio de la Ley que exigía nuestra Sagrada Causa Nacional. El pueblo echóse en general a la calle lleno de amor patrio y una vez ofrecerle [sic] al Glorioso Ejército sus servicios, hogares, y bienes de que dispone, se pusieron al lado de éste, de nuestro invicto Caudillo y de España, y dedicáronse desde aquel momento cada uno a sus oficios y trabajos propios^[457].

A mediados de septiembre se supo por diversas fuentes de la existencia de una enorme columna de siete u ocho mil personas que, localizada en torno a Fregenal de la Sierra, parecía disponerse a reconquistar Segura de León. Al detectarse que dicha columna tomaba rumbo a Llerena fue cuando se planeó la ocupación de Higuera la Real y Fregenal de la Sierra. La decisión parece que la tomaron en Valencia del Ventoso los comités populares allí congregados tras la caída de Fregenal. La organización de la columna y el plan de marcha fueron dirigidos por el diputado Sosa Hormigo. Según fuentes facciosas —esos informantes que desde Jerez y Fregenal mantenían al día al Estado Mayor de Queipo— la intención era «reunirse con el Camarada Sediles»^[459]. El armamento de que disponían estos milicianos consistía en catorce fusiles de los carabineros de Fregenal, veinte de los guardias civiles y carabineros de Rosal de la Frontera, otros catorce de los guardias de Cumbres, unas mil escopetas y bombas caseras de todas clases. Según Pons Prades, el grupo que inició el avance estaba compuesto por unas dos mil personas, en su mayor parte familias completas con sus animales domésticos y enseres de todo tipo, precedidas por unos cuantos milicianos. A este grupo lo seguiría otro de unas seis mil personas en iguales condiciones^[460]. Aunque ignoramos realmente la magnitud de la columna, podemos afirmar que estaba integrada por varios miles de personas procedentes de Huelva y del sur de Badajoz, y que entre ellas había numerosas mujeres y niños, además de animales acarreando también gran cantidad de trastos y enseres. El caso es que el acceso a Portugal estaba cada día más complicado, con toda la raya cuajada de falangistas y de fuerzas militares portuguesas, por lo que decidieron llegar a Azuaga. El empeño no era fácil. Había que cruzar por una zona ya ocupada atravesando la carretera general que unía Sevilla con Mérida entre Monesterio y Fuente de Cantos, y seguir hacia Azuaga sorteando los peligros que podían acechar en Llerena y su comarca.

La marcha se inició el día 16 y transcurrió sin problemas hasta que hubo de pasar entre Llerena y Fuente del Arco, junto a Reina. Esto ocurrió el día 18, después de haber atravesado durante la noche la carretera general. Fue allí, en un lugar denominado «Cornocosa», donde les esperaba el capitán Gabriel Tassara con una compañía del Regimiento Granada y unos quinientos voluntarios armados, preparados para la encerrona desde que se tuvo noticia por Sevilla del itinerario de la columna de refugiados. En un informe sobre los hechos se lee:

El 18 de septiembre pasó por los límites de este término [Llerena] en dirección a los pueblos de Trasierra, Reina y Fuente del Arco una columna roja compuesta de unas 8000 personas de ambos sexos procedentes de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, y de algunos pueblos de ésta, de tránsito para la Zona roja, de cuya columna, debido a la astucia y pericia del señor capitán Tassara, destacado en Fuente del Arco, copó con sus fuerzas y las que fueron de auxilio de esta ciudad [Llerena], unos 2000 [prisioneros], entre estos unas 30 mujeres y niños en las proximidades de Fuente del Arco, trayéndolos a esta localidad donde fueron constituidos en prisión^[461].

Contamos con el testimonio de Antonio Muñoz Calvo, vecino de Castaño de Robledo (Huelva), quien nos dejó sus recuerdos de aquella terrible experiencia:

En septiembre tuvimos un gran combate que duró varias horas. En la columna iban viejos, mujeres y niños, y unos 5000 hombres capaces de luchar pero sin armas. Nos hicieron muchas bajas, porque nos tenían emplazadas cuatro ametralladoras en puntos altos de la sierra que íbamos subiendo. Entonces la columna se partió, de forma que ya no pudimos pasar todos, quedando aislados unos 1500 compañeros muchos de los cuales, por no conocer bien aquel terreno, cayeron en su poder. Aquello fue tan horrible que cuesta recordarlo. Nos dividimos en grupos para no ser tan vistos y así estuvimos hasta finales de noviembre, en que ya quedábamos sólo siete y nos dirigimos a la zona de La Nava, El Repilado y Cortegana, donde pasamos parte del invierno. Luego nos mataron a un compañero ya mayor, Nicomedes, de cincuenta y tantos años, y entonces nos fuimos cada uno por un lado. Ya no podía más y me fui al pueblo, al doblado de la casa de mis padres^[462].

Efectivamente, las fuerzas de Tassara esperaron a tener controlada a la mayor parte del grupo hasta que decidieron disparar. El resultado fue el caos. Según otra versión, la que ofreció en sus memorias Victorio Rafael Quintana, se engañó a la vanguardia de la columna enviando a su encuentro a un grupo con una bandera republicana, lo que les hizo creer que se encontraban ya en territorio leal. Quizá sea esta la «astucia» a que se refería el documento^[463]. Otra versión bastante poco creíble del engaño procede de las memorias de Rafael Medina, para quien Tassara, vestido con mono, al verse rodeado casualmente de unos 1500 milicianos rojos y carabineros durante una descubierta, optó por engañarlos diciendo que eran republicanos que venían a luchar «contra los fascistas». Por si fuera poco, visto el pobre armamento que traían, les dijo que les daría mejores armas a cambio de que entregaran las que tenían, a lo que, según el duque de Medinaceli, accedieron, siendo detenidos en masa como corderitos cuando se dirigían al pueblo para recibir el armamento^[464]. En medio de aquel infierno unos consiguieron pasar adelante, otros pudieron dar marcha atrás y el grupo más numeroso quedó desperdigado y aterrorizado sin saber qué hacer. Los informes mencionaron unas ochenta bajas entre los que huían, pero no hay que dar gran credibilidad a esta cantidad. Tassara se presentó triunfante en Llerena —como si de una batalla viniera— con dos mil presos que se vieron engrosados con cincuenta más esa misma tarde tras una batida dirigida por el teniente de la Guardia Civil Antonio Miranda Vega, quien localizó a uno de los grupos que habían podido huir y les causó otros veinticinco muertos. De esos cincuenta presos capturados por Miranda diez eran mujeres.

Enterraron a los muertos allí mismo, provocando posteriormente macabras escenas a causa de los animales que al hurgar en la tierra sacaban restos humanos a la superficie^[465]. Los prisioneros corrieron diversa suerte. Según los recuerdos de Victorio Rafael Quintana los llevaron a un lugar de Llerena denominado «La Maltería», en la calle de la Estación; los animales fueron conducidos a un almacén de maderas de la calle Aurora. Muchas de estas personas fueron asesinadas en el cementerio de Llerena, donde según parece fueron obligadas a cavar sus propias fosas. Algunos testimonios mantienen que la plaza de toros de Llerena se utilizó como centro de reclusión de hombres y como fusiladero^[466]. Cuando los detenidos eran de Badajoz se llamaba a veces a sus pueblos preguntando qué hacer con ellos. Éste fue el caso de Juan Vázquez, alcalde de Salvaleón, quien según el testimonio de Francisco Marín Torrado, actual juez de Paz de dicho pueblo, fue asesinado después de dar el visto bueno la derecha local. Muchos de los presos andaluces fueron enviados a Sevilla, donde pasaron directamente al Cabo Carvoeiro, un barco-prisión del que muy pocos lograron salir con vida. En él encontró la muerte, por ejemplo, Próspero Castaño, alcalde republicano de Cabeza la Vaca. Respecto a Huelva, tenemos constancia de la desaparición en Llerena, en los días posteriores al 18 de septiembre, de personas procedentes de Aroche, Calañas, Aracena, la Nava, Cortegana, Zufre, Corteconcepción y de diversos pueblos mineros. Manuel González García, por ejemplo, amigo y paisano de Antonio Calvo Muñoz, quedó preso en Llerena hasta que a los pocos días lo trasladaron a Sevilla para eliminarlo. En algunos casos, al extenderse la noticia por toda la zona, fueron las mismas autoridades locales las que, en busca de piezas de importancia y temiendo que los presos ocultaran su identidad, se desplazaron a Llerena. Así, en Sevilla serán asesinados los hermanos Alejandro y Manuel Martín Roncero (Aracena), Antonio Tascón Tascón y Andrés Tascón Ortega (Aracena), Rosendo Guerra Moreno (La Nava), Siro Márquez Vázquez (La Nava), Manuel Flores Martínez (Aracena), Manuel López Linares (La Nava), José María Domínguez Domínguez (La Nava), Clemente Alex Martín (Santa Ana la Real) o José Luis Romero Lobo (Aracena), todos capturados en Llerena. Transcurrido un tiempo, y cuando ya habían sido expurgados a capricho, se eliminó a los restantes sin dejar huella alguna en el Registro Civil. Éste sería el caso de Antonio Miguel Domínguez Domínguez (Aracena), Manuel Alcaide Borrero (Aracena), Bonifacio Vázquez Duque (Zufre), Senén Alfonso Fernández (La Nava) y de Gumersindo Domínguez Domínguez (La Nava)^[467]. Se trata de datos sueltos por los que apenas podemos atisbar la matanza. Sin embargo algunos documentos de procedencia judicial dan fe de ella. Así, por ejemplo, tal como puede verse en el listado de víctimas de Llerena, sabemos que de Bodonal de la Sierra fueron asesinadas 31 personas y de Segura de León 22. Cuando los funcionarios del Ayuntamiento de Bodonal, por error y a falta de otra cosa que poner, rellenan los formularios de la Causa General con los vecinos asesinados en Llerena, declaran tranquilamente que ninguno de ellos había sido inscrito en el Registro Civil.

En Badajoz se ha efectuado limpieza de focos constituidos por gente evadida de Sierra Morena. Tales operaciones han sido efectuadas por la columna del comandante de Infantería [Alfonso] Gómez Cobián, que guarnece el sector de Llerena, el cual, habiendo tenido noticia de una concentración enemiga, la atacó brillantemente, haciéndole 80 muertos, 30 heridos y 2200 prisioneros, con armas y caballos. Es decir, que esos milicianos, como son tan valientes, siendo en número de más de dos mil trescientos, se dejaron derrotar y capturar por fuerzas compuestas por no más de quinientos hombres. Según las últimas noticias se han recogido más de cincuenta caballos y una gran cantidad de armas y municiones, que no pueden detallarse todavía porque se está procediendo a clasificarlas. A los prisioneros se les está alojando en los corrales de las casas y se procede a darles de comer, pues se hallan extenuados y en situación lastimosa. Entre ellos hay diversos heridos, como consecuencia de la confusión que se promovió en sus filas. Hay varias mujeres, algunos maestros de escuela y otros hombres de carrera.

El ABC de Sevilla del día siguiente bajo el titular «Entre Reina y Fuente del Arco cae en una emboscada una columna marxista, siendo deshecha totalmente» resumió brevemente lo dicho por Queipo con la sola diferencia de precisar que se trataba «de una columna formada por 7000 marxistas fugitivos» y del traslado de los prisioneros a Llerena. En pocas líneas el periódico monárquico-fascista convertía a aquel grupo de huidos en «marxistas fugitivos» y a la cobarde emboscada realizada por los golpistas en victoriosa batalla. Peor había sido la charla de Queipo, quien fiel al espíritu nazi de su maestro Goebbels, se permitió aludir a la poca valentía de los «milicianos», al cuidado que se prestaba a los prisioneros o destacar —mal presagio— que entre ellos había mujeres, maestros y hombres de carrera. El Hoy, por su parte, incluyó en su edición del 25 de septiembre una noticia titulada «Operación cerca de Llerena». Según este diario, una vez alertados, los de la columna mostraron deseos de parlamentar. En esta versión los presos serían 1200, Y primero fueron trasladados a Fuente del Arco y más tarde a Llerena en tren. Por la tarde el comandante Cobián envió al teniente Miranda al frente de unos sesenta hombres, y de algunos elementos civiles como Julio Burgueño y Victoriano Maesso, contra los huidos, que sufrieron una nueva emboscada en el puerto del Águila, «de la que resultaron más de 30 muertos y algunos heridos, cogiéndoles 50 prisioneros y armas de todas clases». Así mintió el diario, callando a su vez la existencia de prisioneras. A esto se redujo la repercusión de aquella matanza, una más de las que hubo en el suroeste español en el verano del 36. Luego el tiempo y la dictadura se encargarían de cubrir de olvido aquella triste aventura iniciada unas semanas antes en las serranías del norte de Huelva y del sur de Badajoz^[468]. Según el mencionado Rafael Medina, el capitán Gabriel Tassara recibió por esta acción la medalla al mérito militar.

Aunque quede fuera de la zona de estudio trataremos también por su importancia el caso de Azuaga, una amenaza constante para los sublevados que aplazaron su decisión hasta que el 21 de septiembre —coincidiendo precisamente con la sustitución de Yagüe por Asensio al frente de las columnas que marchaban hacia Madrid y con la reunión celebrada en Salamanca por la que Franco era declarado jefe de todas las fuerzas sublevadas— se preparó desde Sevilla una operación en toda regla, casi paralela a la iniciada en esos días para fortalecer la línea de defensa de Mérida y cuyo objetivo no era otro que proteger el eje Sevilla-Mérida. Azuaga, con fuerte presencia anarquista, tenía una clase obrera muy poderosa que en cuestión de semanas organizó un batallón de mil hombres, en cuatro compañías, formado por miembros de las Juventudes Socialistas y por muchos de los milicianos que llegaban del sur y del oeste. Como era previsible, la presencia del teniente Antonio Miranda Vega, uno de los elementos claves de la trama golpista en Badajoz, resultó fatal: el mismo 19 de julio ordenó disolver una concentración provocando la muerte de 17 izquierdistas —«heridas producidas por bala de máuser», se lee en la inscripción— y la de un guardia civil de 24 años, lo que abriría una senda de violencia que derivaría en agosto y septiembre en una de las mayores y más terribles matanzas de derechistas de toda la provincia y la mayor de las aquí estudiadas. Tras los sucesos del día 19, el teniente Miranda —«así empezó a dar ejemplo este teniente», escribe González Ortín refiriéndose a los sucesos del día 19— salió de Azuaga y, como ya vimos, se pasó a los sublevados en Llerena. La mayoría de las autoridades municipales, como el alcalde Manuel Manchón Martín o los concejales José Moruno Zapata, Antonio Pulgarín Naranjo, Miguel Muñoz Morillo, Manuel Prieto, Narciso Vaquera López, Eulogio Vázquez Rengifo, José Chavero Alfaro, Diego Ojeda Puerto, Francisco Sevillano Blanco, Daniel Hernández Naranjo y José Carrizosa Pulgarín, huyeron a tiempo; otros como Pedro Fernández Sánchez, Francisco Moruno Castillo y Cándido Ortiz de la Tabla Barrantes fueron asesinado por los sublevados a los pocos días de la ocupación. Sólo se libró, según parece, Juan Checa Flores^[469].

En Azuaga fueron detenidas 115 personas de derechas que denunciaron constantes malos tratos, de los que acusaron a José Antonio Moncayo, un tal «Vito», José Antonio G. Mansego «El Calderero», Andrés Gallardo Lafe, José Merino Bella «El Granate», Manuel Agudo, José Cuenca Vera «El Bonito Pascualo» y sus hermanos Francisco y Eulogio, un tal «Cañero», Nemesio Blanco «El Guinda», Cándido Blanco Gordon, Manuel Martínez, Antonio Ramos Paredes «El Carbonero», Manuel Sevillano Alexandre «El Gordito», Manuel Alexandre Vázquez, Eulogio Chicote Hidalgo, Francisco Alejandro Esquivel «El Culantro», José Antonio Hernández Durán (juez de la cárcel), Juan Hernández (fiscal de la cárcel), Rodríguez Sanabria, uno apodado «El Florido» y Manuel Parejo García «El Colillero». Además de incautarse de todas las armas en poder de los derechistas, asaltaron la armería de Máximo Calvo Ravanera.

¿Qué sabían los sublevados de lo que les esperaba en Azuaga? Calculaban en unos dos mil los huidos de Huelva, Sevilla y Badajoz allí congregados, pero hablaban de un total —obviamente excesivo— de unos diez mil hombres armados. Para su organización, además de algunos oficiales forasteros, fue sacado de prisión un teniente de Artillería de derechas llamado Victoriano Molina Esquivel. Azuaga permaneció bajo el poder de las milicias republicanas durante 68 días. Volaron varios puentes, como los de la carretera de Malcocinado y Fuente Obejuna, y colocaron minas y un cable de alta tensión de 75 000 voltios en los alrededores del pueblo; en los accesos se construyeron parapetos con sacos terreros, que también llegaron a situar en algunos balcones y ventanas. En el castillo, donde disponían de un motor y un alternador por si fallaba la corriente de alta tensión, procedente de Peñarroya, se construyeron trincheras y se colocaron alambradas. Los dirigentes locales se habían visto desbordados por las circunstancias, y quienes realmente mandaban eran varios militares procedentes de Madrid, que relegaron incluso al teniente Molina. Según el informe «los directivos han perdido el control sobre la masa y la esperanza de triunfo, pero no así la masa, que cree en el triunfo». Las milicias de Azuaga, al contrario de lo que había ocurrido hasta entonces, contaron con dos ametralladoras, dos cañones de 105, un millar de rifles y tercerolas, algunas pistolas ametralladoras y muchas escopetas. También disponían de algunos camiones, entre ellos dos blindados. Azuaga también tenía un campo de aterrizaje que era utilizado con frecuencia por la aviación republicana^[470]. Estos datos procedían de los testimonios prestados por varios vecinos como los hermanos Barrena o los hermanos Juan y Manuel Ávila Moyano. Los sublevados tenían incluso un plano del pueblo donde se leía:

Las llaves de los cables están en una casa marcada con una x en el barrio llamado «Cerro Hierro». El pueblo tiene unos 23 000 habitantes, habiendo grandes contingentes de otros pueblos, Guadalcanal, Cazalla, Peñarroya, Llerena, etc. A 12 km se encuentra Granja de Torrehermosa, con 12 000 habitantes y a 30 km aproximadamente Peñarroya.

En el mapa, además de la casa indicada, se localizaba el Cuartel de Milicias de la CNT, a la entrada del pueblo, junto al parque; el Cuartel General de Milicias, en el convento, junto a la Plaza de la República; la Casa del pueblo, la sede de la FAI y el castillo. La orden de operaciones se hizo en Sevilla el 21 de septiembre del 36:

ORDEN DE OPERACIONES

PARA LA TOMA DE AZUAGA

I. INFORMACIÓN Y NOTICIAS DEL ENEMIGO: • Se adjuntan en pliego aparte.
II. MISIÓN: • Ocupación de Berlanga, Ahillones, Valverde de Llerena, Azuaga y Granja de Torrehermosa.
III. FUERZAS: • Dos columnas que se encontrarán el martes 22 en Llerena y Guadalcanal.
a) Columna de Llerena:

Una compañía de Regulares de Larache (procede de Algeciras) 120 H.

Tres compañías fusiles (2 de Llerena y 1 de Sevilla)

Una compañía Ametralladoras (de Llerena) Rgto. 6 ………… 360 H.

Un escuadrón montado

Una sección armas automáticas Rgto. Taxdir n.º 7 ………… 130 H.

Una Batería de 10.5 de Cádiz ………… 50 H.

Una Batería de 7.5 del 3.º Ligero (de Llerena) ………… 50 H.

Una Centuria de Falange (de Sevilla) ………… 100 H.

Una ambulancia

b) Columna de Guadalcanal:

Una Compañía de Regulares de Ceuta (de Antequera) ………… 120 H.

Dos Compañías de Asalto (de Sevilla) ……… 200 H.

Un escuadrón pie a tierra (de Alanís) ……… 100 H.

Una Compañía voluntarios (de Jerez) ……… 150 H.

Una Compañía ametralladoras del Regimiento de Cádiz ……… 60 H.

Una Batería del 7.5 del 3.º Ligero ……… 50 H.

Una Centuria de Falange ……… 100 H.

Una sección Zapadores con material de puentes

Una ambulancia
IV. MANDO:
a) Columna de Llerena:

1.º Jefe: Comandante de Infantería D. Alfonso Gómez Cohián.

2.º Jefe: Comandante de Ingenieros D. Julián Azofra Herrería.

b) Columna de Guadalcanal:

1.º Jefe: Comandante de Caballería D. Gerardo Figuerola.

2.º Jefe: Comandante de Seguridad D. Francisco Corrás.

Ambas columnas salieron de Sevilla, la de Llerena de la Puerta Jerez y la de Guadalcanal del Paseo de Colón. La de Llerena ocuparía el día 23 los pueblos de Berlanga, Ahillones y Valverde de Llerena, donde además de contactar con la de Guadalcanal, debía pernoctar. Esta columna salió para Azuaga a las seis de la mañana del día 24 y una hora después, a las siete de la mañana, lo hizo la de Llerena desde el cruce de Berlanga. Las baterías de ambas columnas, a tres kilómetros del objetivo, abrieron fuego a las nueve de la mañana. La infantería actuó a las diez mientras la primera columna, flanqueada por el Escuadrón y la sección de armas automáticas, abordaba la ciudad por el norte y la segunda por el sur. En el momento en que se reuniesen ambas columnas el mando pasaría al comandante Figuerola. Finalmente, el día 25, la columna de Llerena, engrosada con la Compañía de Regulares, los voluntarios de Jerez y la sección de Zapadores, debería caer sobre Granja de Torrehermosa, que sería ocupada exactamente igual que Azuaga, pues —como decía la orden de operaciones firmada por el capitán de Estado Mayor de Queipo, Manuel Gutiérrez Flores— las maniobras de envolvimiento son «las que dan resultado positivo en esta modalidad de guerra (ocupación de pueblos)». La otra columna permaneció en Azuaga dispuesta a prestar ayuda en caso de necesidad. Tomada Granja regresaron a Azuaga los regulares y los voluntarios jerezanos^[471].

Según los primeros informes de los comandantes Figuerola y Gómez Cobián, el 24 de septiembre, entre las cuatro y las cinco de la tarde, se tomó Azuaga a bayoneta después de vencer una gran resistencia durante siete horas. La lucha se extendió al interior de la población, donde perduraron núcleos de resistencia aislados hasta el día siguiente, cuando se acabó con ellos mediante el envío de los regulares con granadas de mano. Hasta los sótanos y las conducciones subterráneas fueron revisadas buscando rojos. En estas tareas de búsqueda y limpieza tuvo especial relevancia el grupo de propietarios y señoritos al mando de Alfredo Erquicia, conocidos como «Policía Montada», que había venido con las columnas desde Sevilla. Bastará con decir que, según los primeros informes, fueron recogidos los cadáveres de más de cien milicianos —cifra luego rebajada— además de armamento (12 ametralladoras, 70 pistolas ametralladoras, 90 escopetas, muchos fusiles …). Los prisioneros, entre ellos uno que se encontraba dormido junto a una de las ametralladoras, fueron ejecutados. Las fuerzas de Queipo sufrieron la pérdida de un cabo, un alférez (Olmo), dieciocho soldados heridos, varios contusos y un caballo muerto. Los hombres de Gómez Cobián quedaron tan exhaustos que se pospuso la parte del plan de seguir para Granja de Torrehermosa hasta el día siguiente^[472]. En un informe posterior el número de cadáveres de rojos se cuantificó en cuarenta y se estableció —excediéndose— en torno a 175 personas el número de derechistas asesinados. Para asombro de la derecha local fueron destrozadas todas las imágenes salvo un cristo que fue respetado. Según algunos testimonios, entre los que murieron ese día, los que huyeron y los que fueron aniquilados en meses posteriores la población se redujo a menos de la mitad:

He recorrido el pueblo, que es hermoso y hello, y barrios enteros están totalmente deshabitados, con las casas abiertas de par en par y la visión, trágica y desóladora, de las camas rotas, los colchones despedazados, las arcas desvalijadas y los suelos llenos de informes montones de cosas destrozadas^[473].

El día 25 la aviación republicana arrojó sobre Azuaga diez u once bombas que cayeron en los alrededores de la ciudad sin causar daño alguno^[474].

La operación contra Azuaga demostró una vez más que la resistencia popular, por más que se organizara, no tenía nada que hacer contra unas fuerzas militares y paramilitares no sólo más numerosas sino mejor preparadas para la guerra. En pequeña escala sucesos como el de Azuaga permitían observar lo que más tarde pasaría en escenarios mucho mayores y con fuerzas más numerosas: por más altos que fueran la combatividad y el espíritu antifascista de los milicianos, poco tenían que hacer ante unidades militares y mucho menos ante las fuerzas de choque del Ejército español, inevitablemente en vanguardia cada vez que la resistencia se agudizaba. Esto lo sabían los golpistas y lo comentaban entre ellos. Así, unos días después de los hechos narrados, el día cuatro de octubre, tras la caída de Guareña, uno de los oficiales que intervinieron, el comandante Guerrero, escribe a Franco sobre los problemas que trae la cada vez mayor resistencia que ofrecen los milicianos. Dice:

Bástete saber que en la estación me detuvieron a la columnita de flanqueo, que iba sobre este objetivo, ocho horas y eran 30 milicianos los atrincherados allí. Claro que murieron los 30, pero por las horas de detención te darás cuenta de que mis 250 hombres no eran elementos de choque. Por confidencias que tengo del campo enemigo, bastante fidedignas, me consta que las concentraciones fuertes comienzan en Medellín … que la gente que aquí tenemos son semirojos y desde luego los más cobardes de ellos, lógica aplastante si tenemos en cuenta que se han ido incorporando al Regimiento de Badajoz conforme se iban liberando los pueblos de la provincia, siendo seguro que un 80 por 100 de ellos eran milicianos rojos y los más cobardes, puesto que los valientes siguieron haciéndonos la guerra sin tener en cuenta, como los incorporados, en que íbamos venciendo.

Por su parte, el gobernador militar Cañizares intentó convencer a Franco de completar la ocupación de Badajoz y de que no había que preocuparse por la calidad de las fuerzas: sólo en el sector de Mérida se contaba en ese momento con ocho mil hombres, de los que cinco mil eran tropas regulares. Finalmente fue el coronel Francisco Martín Moreno, del Estado Mayor del Cuartel General de Franco, quien el siete de octubre, coincidiendo con el reinicio de la marcha hacia Madrid, comunicó a Cañizares que la ofensiva sobre Don Benito y Villanueva debía esperar por la atención que requerían los objetivos principales, especial mente Madrid^[475].

El día diez de octubre de 1936, puesto que la misión encomendada a Cañizares era la de mantener la línea defensiva que protegiera Mérida-Almendralejo-Llerena, la zona ocupada de la provincia fue dividida en cuatro sectores: Badajoz, Jerez de los Caballeros, Mérida y Llerena. El primero dividido en plaza y zona exterior, quedó a cargo del teniente coronel Eugenio Pantoja Corrochano y del comandante Ildefonso Medina Mogollón; el segundo, del comandante Mariano Ramos Díaz de Vila; el tercero del comandante Mariano Lobo Navascues; y el último del comandante José Álvarez Rodríguez, todos ellos pertenecientes al Regimiento Castilla y, como hemos visto, muy activos en la implantación del golpe en la provincia. Desgraciadamente las órdenes e instrucciones dadas a estos jefes militares, pese a ser mencionadas en la documentación, no aparecen^[476]. Por aquellos días, después del golpe de efecto que supuso el desvío hacia Toledo y la gesta del Alcázar, con Franco ya en la jefatura del Estado, las columnas reiniciaron la marcha hacia Madrid. Fue también entonces, a comienzos de octubre, cuando Franco decidió la disolución de las diversas milicias que al mando de guardias civiles como Navarrete Alcal venían actuando desde los primeros días de la sublevación. En Badajoz, completado el proceso de ocupación de la zona occidental de la provincia iniciado dos meses antes, comenzaba una larga guerra de frentes a la que sólo pondría fin dos años y medio después el último parte de guerra. Fin a la guerra, porque la campaña duraría bastante más.

4. Operaciones secundarias