3. El susto en el cuerpo

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EL SUSTO EN EL CUERPO

Para levantarla [la moral pública] he organizado un desfile, unas manifestaciones y gran propaganda, pero son poco sensibles y el susto no acaba de salirles del cuerpo.

Comienza la batalla de la propaganda: las bajas de Yagüe

Según Juan José Calleja, la operación sobre Badajoz tuvo un costo para las fuerzas de Yagüe de 285 bajas «entre muertos y heridos», de las que 106 corresponderían a la IV Bandera. La cifra de 285 es la que consta también en la hoja de servicios de Yagüe. De entrada —incluso manteniéndonos dentro de la óptica franquista— este número de víctimas parece escaso para una operación de tal calibre. No es muy lógico que los atacantes de una fortaleza casi inexpugnable sufran menos víctimas que los defensores. La excepción, si admitimos la pesada tradición, sería la entrada por Puerta Trinidad, tan gravosa para Yagüe según todos. Pero he aquí que las 106 bajas que desde entonces han sido aireadas machaconamente como el alto costo de la gloriosa hazaña de Puerta Trinidad, todas las fuentes hablan de los famosos catorce o quince supervivientes en la creencia de que los 106 eran todos muertos —se convierten de pronto— según el propio parte de Asensio de ese día (que todos parecen ignorar) en 24 muertos y 82 heridos. Pero esto es sólo el principio. De las otras fuerzas dependientes de Asensio, el II Tabor de Tetuán sufrió seis bajas el día 13, todos ellos heridos, y siete el día 14, también heridos; y la 1.ª Batería de Montaña, cinco bajas, igualmente heridos. En cuanto a Castejón, la V Bandera tuvo doce bajas (cuatro muertos y ocho heridos), y el II Tabor de Ceuta, 24 bajas (tres muertos y veintiún heridos). Finalmente habría otras quince bajas en I Tabor de Tetuán (diez muertos y cinco heridos), y otras diez (tres muertos y siete heridos) en la fuerza de artillería, todas ellas debido al bombardeo de aviación^[267]. En total, 44 muertos y 141 heridos, es decir, 185 bajas. ¿Qué había pasado pues con las 285 bajas? ¿Por qué razón, sabiendo Martínez Bande mejor que nadie que las 106 bajas de la IV Bandera englobaban a 24 muertos y 82 heridos no lo especificó^[268]? ¿Por qué Calleja, teniendo como fuente nada menos que a Yagüe, no sólo no entró en detalles —como podía haber hecho—, sino que dejó flotando la cifra de 285 bajas por más que no haya manera de pasar de 185? ¿Cómo es posible que en la propia hoja de servicios de Yagüe se falsee el número? Parece evidente que todos ellos —con Yagüe en cabeza— querían ocultarlo y, al mismo tiempo, inflar la cifra. Había que adaptar la realidad a la leyenda. Menos explicación aún tiene que otros autores^[269] hayan mantenido el mito de los 106 «muertos» hasta la actualidad, pese a haber tenido delante el parte de Asensio en el que constaban estos datos:

Es llamativo que sea precisamente Mario Neves el que en su crónica del 15 de agosto se refiera a la compañía más afectada, la que tuvo «más de 25 muertos», y que en la del día siguiente, tras la visita al cementerio de Badajoz, nos informe de que a la salida se encuentran «23 cuerpos de legionarios, los que cayeron bajo el fuego intenso de las ametralladoras en la brecha de la Puerta de la Trinidad»^[271]. Estos datos se ven confirmados igualmente por el artículo de Le Temps reproducido en la nota 467, en la que se lee que «la 16.ª Compañía del Tercio tuvo 30 muertos y 50 heridos sobre unos efectivos de 120 hombres». ¿Cuántos muertos hubo realmente en esas 185 bajas? Según los periodistas franceses, el costo de la toma de Badajoz fue de 60 muertos y 150 heridos, cifra bastante cercana a la mencionada por Sousa Pereira, cónsul portugués en Badajoz, en su telegrama del 16 de agosto del 36, en que habla de 200 bajas entre muertos y heridos^[272]. Es decir, que todos, periodistas, cónsul y quienes los informaron sabían que las bajas de Yagüe habían sido muy pocas y que, por tanto, no existía proporción entre las bajas y la represión posterior. Da la sensación de que quienes no distinguen entre muertos y heridos desean que todos pasen por lo primero con la idea de justificar la actuación de los ocupantes, ya que como se ha repetido una y otra vez, debía suponerse que la violencia fue la respuesta adecuada a la resistencia encontrada. Y qué decir del laconismo del propio Asensio, quien, al cabo de los años y luego de haberse comprometido a «tratar con más detalle las operaciones desarrolladas para cumplir mi primera misión en la Cruzada», describe la hazaña en estos términos: «A las 15 horas del día 14 quedaba terminada la ocupación de Badajoz, en la que tuvo un comportamiento heroico la 16.ª Compañía de la Legión»^[273]. Por si fuera poca la confusión, y como si se tratara de reescribir la absurda operación a costa de lo que fuera, con motivo de la concesión de la Medalla Militar un mes después de la ocupación de Badajoz, se pudo leer que en la toma de la ciudad «realizó una peligrosísima marcha de flanco, entrando en la plaza dos horas antes que nadie»^[274]. Castejón, por su parte, se contentó con dejar claro a su hagiógrafo Ortiz de Villajos que el primero que entró en la capital extremeña fue él^[275]. Esta tendencia a falsear la realidad en beneficio propio (además del prestigio personal estaban los premios y los ascensos rápidos para todos ellos), unida a la escasez documental, plantea problemas de difícil solución.

Nadie quería confesar —ni Yagüe, ni Asensio, ni Castejón primero, ni los historiadores franquistas después— que la conquista de la ciudad había costado 44 vidas a los golpistas. ¿Cómo justificar entonces la matanza? Tampoco se podía decir nada sobre la verdad de lo ocurrido a la 16.ª Compañía de la IV Bandera: ni los muertos fueron 106 ni los sobrevivientes 14 o 15. La realidad fue que la 16.ª Compañía perdió 20 hombres y tuvo 22 heridos y dos desaparecidos, de forma que si en total eran 158, conservaron la vida más de 100 de sus hombres; los otros cuatro muertos y los 60 heridos pertenecían a las otras tres compañías de la IV Bandera. Estos datos desbaratan el discurso del exceso represivo en venganza por el daño recibido y confirman lo que ya sabíamos: que la represión efectuada por los golpistas no guardó relación con la violencia previa o con la oposición encontrada. También desmontan toda una línea historiográfica empeñada desde entonces hasta hoy en negar o en minimizar la matanza de Badajoz a costa de imponer o favorecer la leyenda de Badajoz. Es decir, que si de la hazaña sangrienta quitamos la primera parte todo se reduce a una carnicería, de ahí el interés de los golpistas en negarla.

Y si esto ocurre con las bajas de los vencedores, cuya publicación por otra parte fue oficialmente prohibida a partir de septiembre del 36^[276], poco podremos esperar saber de los vencidos. Inexplicablemente, y a pesar de las menciones que se hacen de las «bajas enemigas», incluso anunciando que se detallarán, no existe documento alguno en los archivos militares que nos aclare el número de víctimas que sufrieron los defensores. Textualmente se dice: «Cogido miles de armamento [sic] y numerosos muertos enemigo cuvo número detallaré»^[277]. Pues bien, no hay forma de encontrar el documento donde se especifican los resultados de la operación. Debió existir e incluso es probable que algunos lo llegaran a ver, pero ya no hay nada. Disponemos —cómo no— de los datos de Juan José Calleja, el biógrafo de Yagüe, quien a grosso modo habla de unos mil muertos, cifra a la que habrá que otorgar la misma fiabilidad que a los 285^[278]. En su hoja de servicios Yagüe se limita a señalar que la toma de la ciudad produjo «cientos de muertos y prisioneros». Cándido García Ortiz de Villajos, el cronista de Granada que siguió a Castejón en sus correrías, había escrito al poco tiempo de los hechos en su estilo habitual: «El castigo que se infligió a los rojos en la capital de Extremadura fue ejemplar. Pero nunca en proporción con sus crímenes y latrocinios, que dejaron huella permanente en la histórica población»^[279]. Sin embargo, no entraba en detalles sobre tales crímenes y latrocinios. Por otra parte —como ya puso en evidencia Alberto Reig Tapia— tal como se nos ha contado que se desarrolló la operación, lo lógico hubiera sido que las 285 víctimas fueran del bando de los defensores y las 1000 del de los ocupantes^[280]. Finalmente, Berthet y Dany hablan en sus crónicas de 600 a 800 muertos a consecuencia de la toma de la ciudad, un número quizá más fiable que el anterior. Lo más probable es que Yagüe y Calleja —además de inflar las bajas de los ocupantes— incluyeran como víctimas de guerra lo que no fue sino fruto de la represión. Dada la forma en que entraron en la ciudad, ¿cómo distinguir los muertos en combate de las víctimas de la represión? No obstante, con lo caótica que fue la operación es lógico pensar que a lo largo de la mañana del 14 de agosto muchas de las personas que se encontraban en la ciudad decidieran abandonarla en diversas direcciones. ¿Acaso no percibirían los propios defensores la total desconexión entre las diversas fuerzas ocupantes? ¿No llegaría a los defensores de Puerta Trinidad, antes del ataque definitivo, la noticia de que los ocupantes estaban ya dentro de la ciudad? Quizá así, dentro de ese caos, se explique el alto número de personas que pasan a Portugal o que consiguen llegar a la Extremadura republicana. Desde el punto de vista militar la operación sobre Badajoz fue tal desastre que todos optaron por las leyendas creadas por los periodistas y cronistas afines.

Admitir el bajo coste humano de la operación para los sublevados no supone ni aumentar, ni disminuir el valor de los defensores, pues hay que reconocer la enorme valentía de quienes, con medios militares inferiores y con una mayoría de personal civil, decidieron afrontar aquella terrible situación. Desgraciadamente, como la realidad se encarga de demostrar a cada momento, salvo excepción, las guerras no las suelen ganar los que tienen la razón de su parte sino los que disponen de mejores medios y de hombres mejor preparados. Y éste no era el caso de los defensores de Badajoz.

Los golpistas celebran la toma de la ciudad

El primer radiotelegrama enviado por el jefe de Investigación y Vigilancia a Franco desde el interior de la ciudad ocupada sale a las ocho y media de la tarde: «Esta tarde ha sido tomada esta plaza por nuestras fuerzas. Viva España»^[281]. Poco después Yagüe comunicaba a Franco que la ciudad había sido ocupada:

En el día de hoy se ocupó Badajoz entrando las fuerzas en el fuerte reducto de la plaza a las 13.30 horas por tres de las puertas de la muralla, arrollando las resistencias y causando al enemigo numerosas bajas y muchos prisioneros, entre ellos el teniente coronel de Carabineros que dirigía la defensa de los rojos y un comandante que le secundaba. Parte de las fuerzas del Ejército que se encontraba con los revoltosos se entregaron a los asaltantes. Las columnas Asensio y Castejón al mando de Yagüe llevaron el peso de las operaciones fuertemente apoyados por nuestra gloriosa aviación, que con un espíritu de sacrificio grandísimo prestó una colaboración eficacísima a la toma de los baluartes ametrallando a los defensores para facilitar el acceso a los asaltantes. Durante esta operación se presentaron ante Mérida varios trenes de rojos con ánimos de recuperar la plaza y evitar de este modo el asalto a Badajoz. Las fuerzas que la guarnecen a las órdenes del tte. coronel Tella y formada también por fuerzas de Cáceres salieron contra el enemigo al que pusieron en huida con grandes bajas y cogiendo varios prisioneros. Por fuerzas de ametralladoras fue derribado un avión enemigo^[282].

Franco, desde Sevilla, contestó a Yagüe:

Yagüe comunicó a Franco su resumen de los hechos el día 15:

Ese mismo día 15 Yagüe escribe de nuevo a Franco sus impresiones sobre la operación del día anterior. Merece la pena reproducirlas:

Sin embargo, la realidad es más compleja, tanto por lo que se refiere a la dificultad de la operación como al sacrificio en vidas humanas que supuso. Badajoz era una fortaleza inexpugnable en el siglo XVIII, pero poco tenía que hacer ante la artillería y, sobre todo, frente a la aviación, verdadera clave de la operación. Por lo demás, como ya se ha visto, la carnicería que tuvo lugar en la brecha de la Puerta Trinidad careció de todo sentido, pues mientras Yagüe destrozaba una compañía en la supuesta creencia de que nadie había podido acceder a la ciudad, sus hombres ya estaban por el centro de la misma, tanto los que habían entrado por la Puerta de Carros como los que lo hicieron por Puerta Pilar y cuarteles adyacentes. Cuando aún no se había producido el ataque definitivo por Puerta Trinidad, ya habían llegado las fuerzas de Castejón a Correos, donde estaba situado el mando militar republicano desde el día anterior. Los primeros contactos entre unos y otros tendrían lugar sobre las cuatro de la tarde, lo que nos obliga a plantearnos dos interrogantes: el primero sería si no fue un sacrificio voluntario en pro de una mística hasta entonces poco lucida; y el segundo —suponiendo que tal voluntad de derroche voluntario no existiera— si no fue una operación mal planificada y ejecutada de la que sus propios protagonistas, especialmente Yagüe y Castejón, ni quisieron entrar en detalle ni dejaron muchos documentos. Pondré dos ejemplos. Un buen número de autores coinciden en que fue la V Bandera la que ocupó el cuartel de Menacho; pues bien, el juicio contradictorio abierto poco después de los hechos, con motivo de la muerte del teniente coronel Rodrigo Amador de los Ríos, demostró que ni éste ni la Bandera habían intervenido en dicha acción, sino que fue parte del tabor de Regulares de Ceuta al mando de un cabo. Otro tanto ocurre con la ocupación del cuartel de la Bomba, objeto de otra información indagatoria realizada para la concesión de una Medalla Militar individual^[286]. Esto prueba que o no había documentos o se habían destruido, y que cada cual se adjudicaba lo que podía. ¿Cómo es que no existían partes detallados en los que se especificara qué jefes y qué fuerzas habían intervenido en cada fase de la operación? Y Yagüe ¿qué hizo entre las once y las catorce horas? ¿No comunicó nada a Franco en todo ese tiempo? ¿Y qué pensar de un Asensio que desaprovecha en «El avance sobre Madrid» la oportunidad de ofrecernos su punto de vista sobre la entrada por la dichosa «Brecha de la Muerte»? ¿Acaso no era ya tiempo en 1961 de sacar otra vez la vieja historia o simplemente no creyó oportuno contar su punto de vista sobre la absurda hazaña? ¿Eran conscientes de que cualquier cosa que dijeran cercana a la verdad destruiría el mito? El mismo Martínez Bande abordaría en La marcha sobre Madrid uno de los misterios:

Queda por explicar por qué las unidades de Castejón, que habían entrado en Badajoz a las diez y media de la mañana, no se extendieron luego por el interior de la ciudad, atacando de algún modo por la espalda a las fuerzas que, desde las murallas, se oponían a la IV bandera^[287].

Y si los legionarios y moros de Castejón andaban ya por la ciudad, ¿cómo es que no fueron en ayuda de los que querían entrar por la Puerta Trinidad? Y añade: «Nos falta documentación para contestar a estas preguntas». Y si esto lo dijo el coronel encargado de realizar desde el Servicio Histórico Militar la serie de monografías de la guerra civil, ¿qué hemos de añadir los que nos iniciamos en dicho archivo como si fuera un coto privado? Tampoco se entiende muy bien que Martínez Bande pasara de largo por la relación de bajas de la columna Madrid que existía en su archivo. El resultado fue: poca y falsa información sobre las bajas propias y ninguna sobre las ajenas. Surge finalmente otra duda razonable: ¿mantuvo desinformado Castejón a Yagüe de sus movimientos con el objetivo de acaparar la gloria para él sólo?^[288]. Desde este punto de vista no es de extrañar que su hagiógrafo, Ortiz de Villajos, una vez narrado el asalto al pabellón del coronel Cantero y la entrada en la ciudad, escriba:

A partir de aquel momento, la resistencia de Badajoz se fue debilitando y, muy pocas horas después, solamente se oían tiros sueltos por los barrios extremos, que ya parecían salvas para celebrar la gran victoria del ejército del sur^[289].

Con Yagüe en su puesto de mando, ignorante de lo que ocurría, Asensio apostado ante la Puerta Trinidad, y sin la más mínima mención para las fuerzas que entraron en la ciudad por la Puerta de Carros, ¿no estaba acaso insinuando Castejón que, pese al episodio de la IV Bandera, el héroe de Badajoz fue él?

Portugal y los refugiados españoles.

La aventura del Nyassa

En cuestión de días la frontera portuguesa se vio inundada de personas que buscaban protección y seguridad. Primero fueron derechistas que huían de la situación y vecinos que lo hacían de la lucha que se aproximaba, pero a medida que se acercaba el día empezó la huida de los militares favorables a la sublevación o de los que simplemente carecían de valor para resistir-a las fuerzas de Yagüe. Los portugueses diferenciaron claramente las dos oleadas: los primeros —gente adinerada por lo general— fueron acogidos por las autoridades, y los segundos fueron protegidos por el pueblo. La avalancha final tendría lugar entre el 13 y el 14 de agosto, cuando cientos de izquierdistas, de republicanos, de militares que habían defendido la ciudad o de ciudadanos temerosos de las represalias optan por pasar la frontera portuguesa. Los portugueses quedaron desbordados y las autoridades tuvieron que decidir día a día qué hacer ante aquellos refugiados, si lo que prescribían las leyes internacionales o lo que podía esperarse de la afinidad ideológica entre el régimen salazarista y los golpistas españoles. Aunque al principio se plantearon ciertas dudas sobre la actitud a seguir, el gobierno portugués acabó adoptando pronto la indicación que Queipo —que ya venía animando desde julio mediante su micrófono al gobierno portugués a dejar de lado las leyes internacionales— había hecho a Franco el día diez de agosto: Portugal debía evitar la huida de los que intentasen escapar por Elvas^[290]. La iniquidad de Queipo carecía de límites: el 14 de agosto dijo por la radio que Azaña había declarado que iba a imponer terribles castigos a Burgos, Sevilla y… a Lisboa^[291]. Por lo pronto, el mismo día 14 fueron enviadas a la zona fronteriza de Badajoz varias compañías del Regimiento de Infantería n.º 17, de Beja, y del batallón de Cazadores n.º 4, de Faro^[292]. Todas estas fuerzas se situaron en Barrancos, localidad portuguesa tan unida a España que de ella decía el lingüista José Leite de Vasconcellos que «se fala português pela manha, espanhol durante a tarde e barranquenho à noite». En cuestión de días, con la colaboración de falangistas españoles, se organizaron batidas que persistirían hasta finales del año 1936 y que respondían de manera manifiesta a «medidas rigurosas en el sentido de que ningún elemento peligroso pueda escapar de la necesaria justicia»^[293]. El mismo subsecretario de Estado de Guerra dio órdenes «en el sentido de que no se permitiera la entrada de refugiados en Portugal» y «si fuera necesario se usaran armas para hacer cumplir estas disposiciones»^[294]. De entrada los refugiados fueron divididos en dos grupos, militares y civiles, pasando a depender unos de las respectivas autoridades militares y otros de la Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE). He aquí, por ejemplo, la relación de personas que, procedentes de Badajoz, ingresan el día 14 en el Fuerte de Graça, de Elvas:

Este listado fue elaborado por Antonio Alor, presidente de la Agrupación Socialista de Mérida, quien en algún momento puso una cruz tras el nombre de seis personas: Emiliano Cristóbal Guerrero, Alfonso Ramírez Zambrano, Justo Ramírez Cobos, Alfonso Zambrano López, Manuel López Zambrano y Armengol Sampérez. No iba mal orientado. Los apellidados Zambrano fueron asesinados el 17 de octubre del 36 y Sempere lo había sido cuatro días antes. De los primeros hallamos otras noticias en su crónica del 13 de agosto, en la que dice Mário Neves:

Uno de los soldados, que ya me conoce, me acoge con una sonrisa: —Venga usted. Tenemos aquí a unos grandes señores. Nuestra curiosidad nos lleva a cometer una infracción pero no nos resistimos. Acompañado por un carabinero y por un compatriota armado, vamos hasta un grupo de casas que está del lado de allá de la frontera española… Cuatro personas que llegaron de Badajoz en un bello automóvil fueron allí encarceladas, tras haberle sido aprehendido el coche. El civil que me acompaña, un joven de 17 años, con la pistola montada, me permite estar a mis anchas con los presos. No se entromete en la conversación, y se aparta incluso, discretamente. Pero ¿para qué? Los cuatro hombres se levantan nerviosos, lo que me lleva a declarar para tranquilizarlos: —Soy periodista y nada más… No hacen declaraciones. No han visto nada —dicen—. Pero se prestan a identificarse. Comprendo entonces por qué el sublevado les había llamado «grandes señores»: con voz nerviosa van diciendo sus nombres y sus categorías. Se trata de un concejal del Ayuntamiento de Mérida y del alcalde de Fuente del Maestre. El otro es un muchacho de Mérida, estudiante de medicina e hijo del alcalde del Maestre. Salgo sin más preguntas. Reconozco la inutilidad de proseguir el interrogatorio^[296].

También conocemos el final de Armengol Sampérez Ladrón de Guevara, director de un gimnasio en Badajoz y personaje muy popular, republicano de pro y compromisario electo en mayo del 36, por haber sido el encargado de la representación local que debía intervenir en la Olimpiada Popular de Barcelona en 1936. Un alumno suyo, Julián Márquez Villafaina, nos ha contado cómo una mañana vio su cadáver en la tapia del cuartel de Caballería: «… yacía boca arriba, ojos entreabiertos y camisa desabrochada, mientras dos o tres moscas se le paseaban por la cara, bajo el tórrido calor de aquella mañana…»^[297]. Todos ellos —además de otros como el pacense Andrés Cordero— serán igualmente recordados por los refugiados que en octubre logran finalmente llegar a la España republicana, que nombrarán a Armengol Sampérez, a Justo Ramírez Cobos y a los tres Zambrano entre los compañeros que quedaron en el camino, y cuya entrega a los fascistas españoles supondría un plante por parte de los refugiados.

Pero el escándalo internacional se suscitó por dos casos más relevantes. Según informaba a últimos de agosto de 1936 el entonces embajador español en Lisboa Claudio Sánchez-Albornoz:

Las Autoridades fronterizas facilitaron con su gestión parcial de internamientos y entregas la toma de la ciudad. De los horrores de esta represión ha quedado testimonio incluso en la Prensa de Lisboa, tan propensa siempre a elogiar las virtudes de los rebeldes. Como significativa adjunto en el apéndice n.º 1 la crónica que el 16 de agosto publicó el Diario de Lisboa de su enviado especial Mario Neves, que por cierto pidió a la Dirección de su periódico ser relevado de sus trabajos de cronista en Badajoz por no poder presenciar durante más tiempo los trágicos incidentes de la salvaje represión. Tomada la ciudad, los falangistas, el propio teniente coronel Yagüe, recorren el territorio portugués de la frontera frecuentando sobre todo la ciudad de Elvas y unas veces haciendo un simulacro de demanda de extradición y otra en relación directa con la policía Internacional, internan en España numerosos refugiados republicanos que inmediatamente son fusilados por las fuerzas que dominan Badajoz. Entre los internados que perdieron la vida al ser entregados figuraron el alcalde de Badajoz don Sinforiano Madroñero y el diputado socialista don Nicolás de Pablo, hecho éste que ya tuve el sentimiento de comunicar a V. E. y que me hizo formular una de mis más enérgicas protestas ante el gobierno portugués…^[298].

A pesar de saber el destino del alcalde y del diputado desde el 21 de agosto, Sánchez-Albornoz no dejó de preguntar por ellos al ministro Armindo Monteiro, que se limitaba a contestar que no constaban en los registros. Según María Ruipérez, la protesta del embajador se basaba en noticias recibidas de algunos militares, en las crónicas ofrecidas por los corresponsales de Le Temps y Paris Soir —que habían informado el 16 de agosto de la llegada de Madroñero y De Pablo a Portugal— y en el testimonio de la propia esposa de Nicolás de Pablo, Amelia Martín, quien en telegrama enviado desde Madrid el 25 de agosto había comunicado a Sánchez-Albornoz la llegada de su marido a Portugal. Además, se disponía de los testimonios de Puigdengolas, del comandante Bertomeu y del capitán De Miguel, quienes habían comido con los dos el día 14 en Campo Mayor^[299]. Según el embajador, el coronel Puigdengolas, dos comandantes (Antonio Bertomeu Bisquert y Luis Benítez Ávila) y dos capitanes (Guillermo de Miguel Ibáñez y Luis Suárez Codes) habrían quedado detenidos en el Cuartel del Batallón de Cazadores de Elvas, cuyos jefes se negaron rotundamente a entregarlos a la Policía Internacional cuando ésta los solicitó. Gracias a las gestiones de Sánchez-Albornoz esos hombres pasaron finalmente el 24 de agosto al Fuerte de Caxias, en Lisboa. Madroñero y De Pablo, sin embargo, al no tener quien los amparara, no corrieron esa suerte: Monteiro ocultaba un comunicado del comandante de Campo Mayor fechado el 16 de agosto:

Fueron detenidos ayer, en el puesto fiscal del Retiro, el gobernador militar de Badajoz, coronel Puigdengolas, el mayor Ibáñez, un capitán, dos sargentos, soldados y civiles de categoría todos partidarios del gobierno de Madrid^[300].

A pesar de que esos «civiles de categoría» no podían ser otros que Madroñero y De Pablo, Monteiro se mantuvo en que ninguno de ellos constaba en los registros y cuando tuvo que ofrecer explicaciones al presidente del Comité de No Intervención (en el que Portugal se ve obligada a entrar el 21 de agosto por presiones británicas y francesas), lord Plymouth, afirmó que el día 13 se presentaron tres individuos y, que al ser requerida por los funcionarios la policía portuguesa, volvieron a entrar en España. Entre esos individuos estaban «el diputado y el alcalde de los que habla»^[301]. El desprestigio internacional, que de Europa pasó a América, llegó a preocupar al gobierno portugués, el cual, emulando a sus amigos españoles, negó que el gobierno español tuviese pruebas de la entrega de refugiados^[302]. El escándalo hubiera sido mayúsculo si se hubiera conocido que el gobierno de Salazar además de entregar a refugiados estaba aprovechando la ocasión para deshacerse de sus propios súbditos, entre ellos algunos menores. Una muestra del ambiente creado sería la carta que Riba Tâmega, encargado de negocios de Portugal en Alicante, escribe a Monteiro en aquellos días:

Los refugiados políticos españoles que huyendo de la monstruosa matanza de Badajoz y de los asesinatos perpetrados en masa cn otras regiones de Extremadura y Galicia intentaban poner a salvo sus vidas atravesando la frontera portuguesa. Su único delito era ser leales al gobierno legítimo de España. Sin embargo fueron sometidos a un régimen de persecuciones y de campos de concentración sin precedentes por su dureza en el tratamiento de refugiados políticos en el extranjero^[303].

Las visitas de las camadas falangistas a Campo Mayor eran habituales; se les permitía, con la mayor impunidad, irrumpir en cafés y restaurantes e insultar y vejar públicamente a los republicanos españoles. Uno de los casos más escandalosos fue el ocurrido al gobernador Miguel Granados Ruiz, al que un grupo de Falange —en venganza por haber ordenado unos meses antes la detención y expulsión de la provincia del jefe provincial Arcadio Carrasco— quiso sacar del hospital donde había buscado protección y cuidado. Salvó su vida gracias a las órdenes impartidas por el gobernador de Elvas y a la firmeza del personal del hospital. Sobre este suceso declararía Arcadio Carrasco: «Ya le enviamos un regalito pero desgraciadamente falló»^[304].

Las entregas no sólo afectaron a personalidades relevantes. Desde el mismo día 14 sus principales víctimas fueron la gente corriente que no tenía a quién recurrir en busca de ayuda. Conocemos una de estas entregas, la que tuvo lugar el día 21 de agosto a las tres de la mañana, cuando fueron sacados 40 españoles del Fuerte de Graça, en Elvas, y entregados a las autoridades de Badajoz. La orden provenía del teniente de guardia del Fuerte Domingo Severo y afectó a José Alor del Fresno, Pedro Gil Sánchez, Juan y Francisco Pajares, Tomás Fatuarte, Agustín Chaparro, Pedro Mateo, Alfonso «Fanega», José Bejarano, Domingo «El de las Moreras», Juan Piris, Antonio Otero, Roque Salvatierra, José García Tacones, Fernando «Carapiedra», Jacinto «Cascarrete», Alfonso Vargas Rendón^[305], Francisco Cortés Hierro, Manuel Martín Piedehierro, Casildo González Caballero, Garlito «Sardina», Manuel Marín, Rafael Rodríguez, Antonio (de Villafranca), Germán Franco Santiago, Francisco Gonzalo Ciudad, Manuel González Martín «El Soldado» y un grupo de portugueses. Según el hermano de uno de ellos, Antonio Alor, que denunció por escrito el hecho a Francisco Largo Caballero el siete de septiembre del 36, no sabían el destino, pero por lo que le dijeron los propios militares portugueses, todos fueron eliminados en la plaza de toros. Esto respondía a la costumbre que adoptó la policía salazarista de responder a quienes les preguntaban adónde los llevaban: «Ahora va usted a la plaza de toros de Badajoz»^[306]. Ninguna de estas personas fue registrada en el cementerio y sólo dos fueron inscritas en el Registro Civil. Alor también daba nombres de los que fueron entregados en días sucesivos: el 24 de agosto José Rubio Heredia (jardinero de José Rincón); el día 25, Rafael Giménez y José Zambrano Blanco; el día 27, Francisco Camacho, José Ceballos y J. Romero Regalado; y el día 28, Emilio Muñoz y Joaquín Fariña^[307]. Las entregas también afectaron a ciudadanos de otras regiones españolas congregados en Lisboa, como por ejemplo un maestro de Puenteáreas (Pontevedra) que fue puesto en manos de los sublevados por Badajoz^[308]. Esta saca del día 21 de agosto quedará en la memoria de los refugiados, como prueba el testimonio de uno de ellos a su llegada a Tarragona a mediados de octubre: recordaba cómo fueron seleccionados, atados con alambre entre ellos, subidos a un camión y entregados a los fascistas españoles en la frontera^[309]. Si al celo portugués unimos la frenética actividad de los grupos militares y paramilitares del lado español —como el del sargento Ramos o el de la famosa «furgoneta de la campanilla»— podemos hacernos una idea de la angustiosa situación de los izquierdistas.

Sánchez-Albornoz asistía impotente a las agresiones toleradas de continuo por el gobierno portugués, convencido de que lo que éste deseaba era provocar una reacción de ruptura del gobierno español que le permitiera asociarse plenamente con la Junta Militar de Burgos. Mientras el cónsul portugués en Badajoz se dedicaba a recordarle a su gobierno, «para lo que proceda», que la zona comprendida entre Moura y Barrancos estaba aún en poder de los marxistas, la obsesión del embajador español no era sino la repatriación de los refugiados. A finales de agosto ya había en el Fuerte de Caxias más de doscientos refugiados españoles, cifra que se engrosaría en las semanas y meses siguientes con los grupos de detenidos republicanos procedentes de Moura, Elvas, Bragança, etc. Veamos, siguiendo las relaciones que conservó Sánchez-Albornoz, qué militares de Badajoz se encontraban en Caxias a finales de agosto:

La mayoría había entrado en Portugal el día 13. Hubo un intento por parte del mando militar de entregarlos a los sublevados tras la ocupación de la ciudad, pero fue cortado por la oficialidad portuguesa. Uno de los casos, el de Benítez Ávila, fue recogido por Mário Neves en su crónica del día 13:

Hoy por Caya ha pasado asimismo el comandante de la Guardia de Asalto de Badajoz, Luis Benito [sic] Ávila, que lamenta el hecho de que antiguos compañeros de colegio estén ahora combatiendo entre sí y manifiesta su deseo de continuar hacia Barcelona, lo que no le será posible realmente^[310].

Cuando esta gente llega a Caxias ya hay allí una numerosa colonia de españoles procedentes de todas las provincias limítrofes, desde Orense a Huelva. Entre los reunidos de Badajoz se encuentra el exalcalde de Ribera del Fresno y diputado provincial Ignacio Caña Exojo, en Portugal desde el día seis y que ocultó su faceta política bajo la condición de simple labrador de Ribera del Fresno que quería ir a Francia pagando él; a su hijo, Guillermo Caña Báez, le había perdido la pista en Elvas, donde fue detenido. Ignacio Caña —miembro de la Junta Provincial de Reforma Agraria en 1933 y que según la Causa General formó parte del Tribunal Popular de Extremadura— acabará en poder de los franquistas, que lo asesinarían en diciembre de 1940 en Mérida. También están allí el abogado Hermógenes Pacheco Gordillo, el estudiante nicaragüense Adolfo Vega Killius, el dependiente Antonio Rollano Carrión, el militar Manuel Salguero Gallego y el chófer Ramón Cuervo Salgado. Todos habían pasado entre los días cinco y ocho de agosto. Otro que pasa a Portugal poco antes del 14 de agosto —lo que sabemos en este caso por su expediente masónico— es Felisardo Díaz Quirós, natural de Olivenza y vecino de Badajoz, ciudad de la que había sido alcalde y concejal en los primeros tiempos de la República. A finales de 1938 el Servicio Nacional de Seguridad le tenía perdido el rastro^[311]. Un caso similar sería el de Francisco Robles Macías, vicepresidente de Acción Republicana de Badajoz.

Hasta hace poco desconocíamos casi todo sobre las cientos de personas internadas en Portugal desde sus pueblos de Huelva y Badajoz. Sin embargo gracias a las investigaciones realizadas a ambos lados de la raya, especialmente por Paulo Barriga, sabemos hoy que muchos de esos refugiados fueron internados en un «campo de concentración» que tomó el nombre de la finca donde se hallaba, Coitadinha, que no era sino una gran hondonada en la mitad del campo cercana al río Ardila, línea divisoria entre ambos países, junto a la impresionante fortaleza medieval de Noudar, estratégicamente situada entre Portugal, Extremadura y Andalucía. Entre onubenses y extremeños —hubo incluso sevillanos— en este campo llegaron a concentrarse más de mil refugiados durante el verano de 1936. El origen de dicho campo se encontraba en la «captura» de un grupo de 773 refugiados procedentes de Jerez, Oliva, Villanueva, Higuera, Alconchel, Valencita, etc. Este grupo, formado por 54 mujeres y niños (diez de Jerez, 20 de Oliva, 19 de Villanueva y cinco de Valencita-Colaraço) y 719 hombres (de los que 32 eran carabineros), venía siendo perseguido en su huida desde la frontera por fuerzas españolas que les había causado ya varias bajas. En unos días el número de refugiados ascendió a 806 personas. Ante la gravedad del problema, el comandante de la Región Militar, Joaquín da Silveira Matheiro, sin saber todavía qué actitud adoptar, ordenó recluirlos en un lugar cercano a la raya y bajo la vigilancia de un pelotón y medio de soldados al mando de dos tenientes, uno de los cuales, Antonio Augusto Seixas, sería el máximo responsable. Los concentrados podían acercarse al río para lavarse y pasear por la zona vigilada. El problema de la alimentación, del que el comandante Silveira se inhibió, se solucionó mediante colectas para comprar productos y, sobre todo, con los donativos de los vecinos de Barrancos, que se volcaron con los españoles hasta que en octubre pasaron a depender del Ministerio de la Guerra, que al poco tiempo decidió zanjar el problema entregando a los «forajidos espanhois» que había en ese momento.

Hay también noticias de otro de estos campos en la finca Russianas, en el lugar conocido por Mofedinha o Choca do Sardineiro. Fue organizado por el teniente Seixas para hacer frente a la llegada de nuevos refugiados y, en lo que hay que considerar como un gesto humanitario por su parte, ocultó su existencia a las autoridades militares temiendo que ante la importancia del asunto se optase por una solución drástica. Este campo albergó a menos personas, unas trescientas (223 hombres y 76 mujeres y niños). Los problemas que se planteaban a los militares portugueses podemos valorarlos por este testimonio:

En Oliva de la Frontera, las personas eran llevadas para el cementerio, las ataban y las mataban. Una de las veces llevaron un grupo de gente, entre ellas una muchacha y su primo y los ataron juntos, ya debidamente preparados para ser fusilados, con las cabezas rapadas y apenas con una mecha de cabello. El primo, sin que los guardias se percatasen, desató las manos de su prima y así, cuando dispararon, ella se tiró al suelo fingiéndose muerta. Todos los otros murieron y ella, de este modo, huyó para Portugal, y vino hasta el monte de Coitadinha, donde no podía quedarse porque ya había mucha gente en el campamento; entonces pidió que la matasen allí, pues no quería morir en España en las manos de los asesinos. El teniente Soares, ante esto, la acogió, acabando por quedarse mucho tiempo en el campamento^[312].

Pese al trato recibido por algunos vigilantes y a las condiciones de vida que debieron soportar, algunos militares portugueses quedarían en la memoria de los refugiados por haberlos protegido, incluso arma en mano, de las peligrosas incursiones que grupos de fascistas españoles, amparados en la impunidad más absoluta, realizaban con frecuencia por tierras portuguesas en busca de huidos. Los testimonios portugueses recogidos en los años noventa por F. E. Rodrigues Ferreira se refieren repetidamente a casos de mujeres españolas violadas que, huyendo del terror, llegaban buscando protección. El problema se planteó en octubre cuando, al acatar las decisiones del Comité de No Intervención, se decidió trasladar a los refugiados de los campos a Moura y de aquí a Lisboa, pues los vehículos previstos para el primer destino —varias camionetas propiedad de Antonio Rodrigues Arreganha— sólo daban cabida a los 614 internados en Coitadinha, pero no a los de Russianas, que no constaban en registro alguno. Preguntado por la diferencia y para evitar una investigación, el teniente Antonio Seixas intentó justificarla diciendo que eran antiguos refugiados de Coitadinha que tras haber salido del campo habían optado por volver. Finalmente, gracias a la intervención de Seixas y de algunos otros militares portugueses volcados en dar buen fin a aquella historia, todos ellos, tanto los de un lado como los del otro, serían trasladados —como si de ganado se tratara— en camiones en los primeros días de octubre desde allí a Moura. Las mujeres y los niños pasaron a un gran caserón propiedad de Armando Rosa da Silva y los hombres a la plaza de toros. Al día siguiente, nueve de octubre, salieron dos trenes hacia el Puerto de Lisboa con un total de 1025 refugiados, más de cuatrocientos sobre los previstos.

El teniente Seixas, sospechoso de haber consentido la entrada de refugiados sin declarar el hecho, fue sometido a una engorrosa investigación que en noviembre de ese año daría como resultado un castigo de dos meses de inactividad —por el «perjuicio material y moral para el Estado, que para satisfacer los compromisos tomados tiene que tomar a su costa el transporte de esos españoles para el puerto de Tarragona»— y el pase a «situaçao de reforma». Esto ha llevado a Paulo Barriga —recordando el caso de Oscar Schindler— a hablar de «la lista de Seixas», sin tener en cuenta quizá que, a diferencia del alemán, Seixas no sólo no sacaba ningún beneficio de la operación sino que, como ocurrió, ello le podía deparar perjuicios. A partir de la marcha de los refugiados todos los que osaron pasar la raya fueron devueltos a España. Solucionado el problema y ese «cabo suelto» llamado Seixas, en marzo de 1937, cuando ya no había nada que ver ni oír, fue visitada la zona por los observadores del Comité de No Intervención encabezados por el británico Robert Lloyd. Ni el zapatero Charrama ni el vecino Daniel Costa pudieron contarles que aquellas personas habían estado sometidas a condiciones tales que «parecían bichos» y que «fueron tratados como cerdos» desde su llegada hasta su partida. Incluso el Jornal de Moura comenté que «el espectáculo miserable de esta caravana no podía dejar de conmover a quien lo presenció»^[313].

Sabemos algunos detalles de esta historia por el emotivo testimonio de Manuela Martín Martín, vecina entonces de Villanueva del Fresno (Badajoz), de donde salió el 28 de agosto con sus padres y hermanas, y a la que el destino llevaría finalmente, tras una larga estancia en Tarragona durante la guerra, al que hoy es su lugar de residencia, Rennes (Francia)^[314]. Según Manuela, que tenía entonces 18 años y que probablemente estuvo en Coitadinha con su familia, un militar portugués que no debe ser otro que Seixas se puso del lado de aquella gente inerme y perdida, y si un día impedía a los fascistas acceder al campo, otro se encargaba personalmente de cazar alguna pieza para que los niños y las mujeres embarazadas —había varias— tuvieran algo que llevarse al estómago o de conseguir por vía expeditiva un cerdo o una vaca para aquella masa humana hambrienta. El trabajo de Paulo Barriga confirma que, efectivamente, durante la estancia en Moura dieron a luz dos mujeres. Fue Seixas también quien se encargó de que un médico de Barrancos, el doctor Fernandes, atendiera los casos más graves que a medida que pasaban los días se fueron presentando. También hubo mujeres que se vieron obligadas a parir fuera de los campamentos en penosas condiciones y con el riesgo de ser denunciadas a los guardinhas y entregadas a los fascistas.

Cuando llevaban varios días allí, hartos ya de vivir como animales y de comer en ocasiones lo poco que la naturaleza les ofrecía, los refugiados decidieron organizarse un poco, construyeron chozas y zonas de aseo y designaron un comité que afrontara aquel caos y tratara con los portugueses sobre su destino. Como los fascistas españoles ofrecían recompensa por cada huido entregado, hubo también quienes no pudieron llegar a aquel islote en que la miseria coexistía con un mínimo humanitarismo y cayeron antes en poder de guardinhas que por un poco de dinero los entregaban por la frontera de Badajoz. Tal fue el caso del pacense José Mora Romero o del alcalde socialista de Valverde del Camino (Huelva), Juan Fernández Romero, cazado el 20 de agosto por la Brigada Móvil de la Sección Internacional de la PIDE al mando de Julio Lourenzo Crespo, o, por poner un ejemplo más, de Cristóbal Llamas, factor de RENFE en Fregenal, cuyo final ignoramos. Otros, como José Muñoz Roblas, que venía huyendo desde Puebla de Sancho Pérez, ya cerca de Villanueva del Fresno, fue advertido del peligro que corría pasando a Portugal, por lo que anduvo errático con otros muchos por el sur de la provincia hasta que lograron pasar a la zona republicana. También hubo quien, no pudiendo soportar aquella vida en Coitadinha, decidió regresar a España o quienes, como Benjamín Hernández González, vecino de Valencia del Mombuey capturado en abril de 1937, optaron por la vida del huido hasta caer finalmente en alguna batida; otros, como la familia Caraballo, quizá amparados por familias portuguesas, pudieron seguir otras rutas y bandear los tiempos peores.

Cuando estalló el movimiento nosotros vivíamos en Oliva de la Frontera. Entonces pasamos a Portugal, lo hicimos los padres y tres hermanos; los cinco pequeños se quedaron en el pueblo, repartidos entre Oliva y Jerez de los Caballeros, porque mis padres eran de Jerez. Hasta el final de la guerra no volvimos a verlos. Mi padre cobraba las contribuciones en Oliva, trabajaba allí. Pasamos a Barrancos, de Barrancos a Evora y de allí nos llevaron a Lisboa. Nos embarcaron en un barco que les habían regalado los alemanes a los portugueses, por lo visto, cuando la primera guerra europea … En el vapor iban muchos carabineros, también guardias civiles, unos 1300 o 1400. Desembarcamos en Tarragona el 13 de octubre de 1936. Como yo era pequeño, me metieron con las mujeres en un hospital^[315].

Cuando en octubre desapareció el campo de refugiados los huidos capturados fueron entregados a los españoles, quienes los eliminaban inmediatamente, teniendo que ser los portugueses los que en numerosas ocasiones debían enterrarlos «para evitar que os corpos fossen comidos pelos bichos» o «sepultados no campo como um animal»^[316]. Este problema afectó especialmente a los pueblos del sur de Badajoz que cayeron en poder de los sublevados a lo largo de septiembre. Para evitar estas actuaciones tanto la policía portuguesa como la española aumentaron la vigilancia fronteriza. Un ejemplo de cómo fueron aquellos días para los que vagaban por los campos sería el del esqueleto encontrado años después en el tronco de una gran encina: alguien se refugió en uno de sus pliegues y no quiso o no pudo salir. Hay algunos testimonios —en este caso de San Vicente de Alcántara— sobre cómo celebraban los fascistas en los pueblos la captura de huidos:

Cuando hay detenidos y según la importancia personal del reo, el campanillo se hace oír antes para que las gentes acudan y contemplen la «fiesta», los autos de fe inquisitoriales. Alguien jalea la ceremonia, como la «seña Rafa …», mujer «de orden», que grita entusiasmada desde sus balcones al paso de los reos. Algunos llegan apaleados, martirizados y son así arrastrados por las principales calles, como Atilano, hecho prisionero dentro de Portugal. O como Sendras [Antonio Sendras, alcalde de San Vicente de Alcántara] y «El Horma» —con H aspirada como se pronuncia en Extremadura—, que también habían huido al país vecino. Estos dos últimos, al cabo de unos días de estancia en tierras lusitanas, pretendieron legalizar allí su situación como refugiados. Para ello, visitaron en Portalegre a un abogado. Este les prometió estudiar y resolver el caso. Cuando llegaron al bufete del letrado, había varios guardiñas esperándoles. Obedeciendo órdenes del Gobierno de Oliveira fueron conducidos a la frontera española y entregados a un grupo de falangistas que los estaba esperando y que habían sido avisados por las autoridades … El abogado portugués los había traicionado. A su llegada al pueblo atados, maltratados, sangrantes y agotados, la «fiesta del campanillo» fue excepcional, porque también aquellos desgraciados lo eran. Después de la procesión fueron fusilados en el cementerio. En el camposanto se había cavado una gran fosa común. En la puerta de entrada al cementerio había guardia permanente de «personas de orden» armadas con fusiles. Algunos condenados se resistían a traspasar la verja. Suplicaban, gemían, rezaban, querían justificar su inocencia, se aferraban a los hierros. A culatazos se les partían los brazos para desasirlos y ya, malheridos, pasaban a engrosar la fosa común. … Ningún fallecimiento fue inscrito en los libros registro de los juzgados, ni recogidos los cadáveres^[317].

Entre los refugiados se produjo muy pronto una clara división entre quienes querían salir de la Península, los que deseaban incorporarse a la España republicana, y aquellos cuyo deseo era volver a Badajoz y sumarse a la causa de los sublevados. Los dos primeros grupos orientarán sus esfuerzos a través de la Embajada española representada por Claudio Sánchez-Albornoz y el tercer grupo por medio de lo que se llamó el «Comité rebelde de Lisboa». Evidentemente el poder del Comité, cuya misión consistió en hacer la vida imposible a los republicanos españoles que vivían en Portugal, era mucho mayor que el del embajador, cuya influencia se veía mermada día a día. Dirigía dicho Comité José María Gil Robles y lo integraban, entre otros, el marqués de Quintanar, el conde de las Cortes, el marqués de Foronda, el conde de la Torre, el conde de Rojas, la marquesa de Arguelles, el duque de Maura y el abodo Del Moral. Ellos eran los que sostenían el Radio Club Portugués, dirigido por el capitán Jorge Botelho Moniz, la más potente emisora portuguesa de propaganda fascista al servicio del golpe militar; y ellos fueron, con Gil Robles en cabeza, los que se encargaron de reunir dinero y armas para los militares sublevados e incluso para los falangistas, a los que el autor de No fue posible la paz compró pistolas que entregó al jefe provincial Arcadio Carrasco por Badajoz. Muchos de estos hechos, y especialmente la feroz campaña antirrepublicana que realizaba cierta prensa portuguesa —a principios de agosto ya hablaban de trescientos muertos provocados por los marxistas en la ciudad de Badajoz—, fueron denunciados a diario desde el periódico Vanguardia, de Izquierda Republicana, que exigía al cónsul Sousa Pereira que declarase públicamente la verdad. Éste, que reconocía que tales noticias eras «enteramente falsas», se negaba a realizar cualquier declaración pública «por el honor de la nación», pues «decir la verdad ante semejante amenaza podría parecer cobardía con quiebra de la dignidad nacional»^[318]. En cuanto le llegó el rumor de que cada vez había más ganas en Badajoz de hacerle una visita huyó con su familia a Elvas hasta el día 15 de agosto, en que regresó a la ciudad.

Finalmente, a comienzos de octubre, después de mes y medio de penurias y de inseguridades para los refugiados —nunca comparables a las que sufrieron los miles de huidos que optaron por llegar a zona republicana internándose en dirección a Llerena y Azuaga, aniquilados a partir del 18 de septiembre—, el Gobierno de Salazar decidió tener un gesto que calmase a la opinión internacional. Se comunicó a los españoles recluidos en Lisboa que serían trasladados a Tarragona. En el caso de los que procedían de Badajoz, dadas las características especiales de lo ocurrido allí, se permitió elegir entre Cataluña o volver de nuevo a España por Elvas. El viaje a Tarragona se realizó en el buque Nyassa, a bordo del cual fueron agrupados todos los españoles que, procedentes de diferentes puntos de Portugal, querían librarse de caer en poder de los franquistas. Los hombres fueron alojados en una zona común y las mujeres distribuidas de cuatro en cuatro en cabinas. Esperando la salida y cuando ya muchos estaban exhaustos —desde hacía semanas se mantenían a base de trozos de tocino añejo o de latas de sardinas— comieron por primera vez desde su salida de España un plato de garbanzos. El Nyassa partió de Lisboa en las primeras horas del día diez de octubre de 1936, tardó más de 48 horas en hacer el trayecto y fue escoltado en todo momento por el contratorpedero Douro. Se encargaron de la vigilancia 58 guardias de la Policía de Seguridad Pública y cuatro agentes de la PIDE. En algunos momentos del viaje la aviación franquista sobrevoló amenazante el navío, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta la nota emitida por el Cuartel General de Franco el día once de octubre:

Sobre Jefes, Oficiales y Suboficiales huidos de Badajoz al ser ocupada y que se encontraban detenidos en el Fuerte de Caxias (Portugal), que se trata de reintegrar a España, debiendo impedirse que pasen a zona enemiga^[319].

El Diari de Tarragona, en sus ediciones del 14 y 16 de octubre, informó de la llegada de la expedición de refugiados el día 13, destacando que entre ellos vinieran incluso mujeres y niños^[320].

Nadie en Tarragona podía imaginar el terrible estado en que llegaba aquella gente después de dos o tres meses de exilio salvaje, un total de 1435 personas, entre las que había unos 30 oficiales y suboficiales, 30 soldados, 135 carabineros, 15 maestros, cuatro médicos, 50 niños, 160 mujeres y algo más de mil paisanos. Aunque la mayoría procedían de Extremadura, también había algunos andaluces y gallegos. Fueron alojados en la caserna de la Rambla de Pablo Iglesias, en el Hospital de la Sangre y en algunos hoteles de la ciudad. De entre los llegados la prensa dio varios nombres: el gobernador catalán Miguel Granados Ruiz; el coronel Puigdengolas; los comandantes Luis Benítez Ávila y Antonio Bertomeu Bisquert; los capitanes Guillermo de Miguel Ibáñez y Manuel Perea Garrido; el capitán de carabineros Luis Suárez Codes; los alféreces Gonzalo Guardado Criado, Manuel Bazaga Amaro, Joaquín Borrego y Agustín López Pichel; el teniente José Almaraz; los sargentos aviadores Galera y Cuartero; el sargento Antonio Balas Lizárraga; los brigadas Ramiro Cabalgante Vilela y Antonio Cañón Burón; los agentes de Vigilancia Juan Antonio Martínez Mora y Pedro Iglesias Estévez; un inspector del Cuerpo de Aduanas; varios abogados y jueces como José García Mayorga, Rafael Moreno Cassola, Luis Tello Tello; José María Jiménez Baena, secretario del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán (Huelva)^[321]; Luis Castro Garrido; varios médicos, entre ellos Francisco Riudavetz^[322], Mariano Villar y Carlos Encina; diversos funcionarios de Correos y Telégrafos, así como chóferes, mecánicos, pilotos, etc. Es posible que entre esos refugiados también estuviera el médico y presidente de Izquierda Republicana de Badajoz Jesús de Miguel Lancho. Algunos llegaban acompañados por sus familias. Un caso que llamó inevitablemente la atención de la prensa fue el de un obrero que se hallaba en grave estado después de sobrevivir a un fusilamiento y atravesar la frontera con varias heridas producidas por la misma bala^[323]. Unos días después, Puigdengolas^[324], 15 militares, 20 soldados, 130 carabineros y un grupo de paisanos marcharon a Madrid. Antes de que esto ocurriera la prensa publicó una nota titulada «Deuda de gratitud», que decía:

La llegada de los refugiados, que no había sido comunicada previamente a las autoridades republicanas, representó un grave problema que hubo de ser solucionado sobre la marcha a base de voluntad y solidaridad. Para empezar, según los recuerdos de Manuela Martín, todos los hombres recibieron cazadoras y gorras de visera. En días y semanas sucesivos hombres y mujeres se integrarían en la vida cotidiana. Para muchos de los llegados Tarragona se convertirá en la escala más prolongada del largo camino que llevaba al exilio^[325]. El 22 de octubre se cortaban las relaciones entre la República española y el Portugal de Salazar. Mientras tanto, en Lisboa, Claudio Sánchez-Albornoz daba su misión por concluida y partía para Francia.

Mientras todo esto ocurría en la Cataluña republicana, otros —pocos, comparados con el grupo del Nyassa— se entregaban a los sublevados por la frontera de Elvas. Allí estaban el sargento José Méndez Hidalgo, los brigadas Santiago Agujetas García y José Menor Barriga, el chófer Manuel Álvarez, los sargentos Fernando Gómez Muñoz y Joaquín Zafra Mill o los cabos de carabineros Diego González Carmona y Leoncio Palacios. Contaron cuándo (la mayoría el 13), cuántos (unos 30) y por dónde (Caya, Amareleja, Campo Mayor, Benavides) habían huido y que por acuerdo general habían escrito a Franco, a Queipo, a Gil Robles y al gobernador de Badajoz pidiéndoles que se les permitiera incorporarse al Ejército. La primera solicitud de regreso a Badajoz la hicieron el 23 de agosto, al día siguiente de ser trasladados de Elvas a Lisboa, al reducto norte del fuerte de Caxias. Finalmente, el tres de octubre, estando Agujetas, el mecánico militar Valentín Trujillo Morales, los sargentos Gervasio Santos Naharro, Joaquín Zafra Mill, José Cerro, José Méndez, Fernando Gómez y los carabineros Fidel Diego, Martínez y el músico Luis Díez, les comunicaron que por acuerdo entre Madrid y Lisboa saldrían para Tarragona, pero protestaron y les dieron a elegir entre Tarragona y Badajoz. Fueron conducidos el día ocho a Elvas, desde donde la Guardia Civil los trasladó a la prisión Provincial. Todos los que eligieron como destino Badajoz fueron felicitados por los oficiales portugueses de Caxias. Al día siguiente les tomó declaración el capitán Luis Marzal Albarrán y el cinco de diciembre el teniente Diego López Bueno. Santos Naharro y Zafra Mill recordaron que durante su estancia en Lisboa soportaron todo tipo de insultos Y amenazas de los rojos refugiados, los cuales apuntaron su nombre y los de la «canalla fascista» para asesinar a sus familiares; incluso hubo un sargento de aviación apellidado Galera que dijo que iría a Badajoz y la bombardearía. Para que purgaran un poco sus culpas, a la mayoría de estos hombres se les obligó a convivir varios meses entre los presos de la prisión Provincial, sufriendo así día a día un régimen de terror que probablemente nunca llegaron ni a imaginar en sus peores pesadillas portuguesas^[326]. El paso por el tribunal militar, como luego veremos, vendría mucho después.

El final del coronel José Cantero

y de otros militares rebeldes

Los golpistas despacharon el caso del coronel José Cantero Ortega como era habitual en estos casos. Al igual que los demás jefes que no apoyaron el golpe militar, fue tachado de persona débil, insegura y fácilmente manipulable, pero además, dado el desenlace, sembraron dudas sobre la causa de su fallecimiento. Todavía a estas alturas hay quien plantea si perdió la vida asesinado por los hombres de Yagüe o, si como otros prefieren al objeto de salvar la dignidad militar, bajo las bombas lanzadas por la aviación sublevada. Se ha llegado a sostener que la represión no afectó especialmente a los militares^[327]. Lo cierto es que la historiografía franquista no asumió nunca ni siquiera estas muertes, pensando quizá que no resultaba muy correcto eliminar in situ a unos militares que, cumpliendo con su deber, acababan de ser derrotados, y arrojar después sus cuerpos a los fosos de las murallas cercanas. La guerra entre caballeros salía malparada, de manera que como otras tantas cosas había que ocultarlo. Frente a la deteriorada imagen que el fascismo nos legó del coronel Cantero, los datos de que disponemos, sin embargo, lo muestran como un militar básicamente legalista que conoce la extensión de la trama golpista en el regimiento y que logra bandear el empuje de la sublevación, primero el 18 de julio y, sobre todo, el día 21 con las reuniones con oficiales y suboficiales. Si Cantero hubiera estado en Sevilla en vez de en Badajoz se hubiera visto arrollado por los oficiales, pero —como se ha dicho— la clave del fracaso de la sublevación en Badajoz estriba precisamente en la existencia de un núcleo de jefes y oficiales contrarios a toda intentona golpista y en la intervención de los suboficiales, propiciada por el coronel Cantero y los comandantes. Además, ni la guarnición de Badajoz estaba tan trabajada por los sublevados como otras del país, ni Badajoz era una provincia fácilmente controlable. Los jefes enviados por la República a partir de las elecciones de febrero respondieron. Sólo hace falta comprobar el destino de los máximos responsables de la Guardia Civil (José Vega Cornejo), de las fuerzas de Carabineros (Antonio Pastor Palacios), y el del propio José Cantero Ortega. En este caso los golpistas les ahorraron la farsa de los consejos de guerra sumarísimos. No les sirvió como atenuante no haber pasado a Portugal, circunstancia que ha servido una y otra vez para descalificar a los que optaron por tal solución.

El 22 de agosto del 36 el comandante Fernando Ramos Díaz de Vila, que se había incorporado a la sublevación desde Portugal el día 15 de agosto, preguntado por los oficiales que no habían prestado declaración, dio a conocer que dos de ellos, el coronel Cantero y el comandante Alonso, habían sido fusilados^[328]. A pesar de esto, dos meses después, el 27 de octubre, el juez Instructor mandó oficios al comandante Militar de Badajoz, al jefe del Regimiento de Infantería y al alcalde de Badajoz para que se informara si se seguía ignorando el paradero del coronel. El único que contestó fue el último, quien hizo constar que el cadáver de Cantero estaba en el Cementerio desde el 17 de agosto. Precisamente al día siguiente de enviar esos oficios, Pilar Olea Cortés, esposa del comandante Enrique Alonso García, compareció ante el instructor para «deponer en descargo de la actuación que según rumores públicos se le atribuye a su difunto esposo», cuyo cadáver, según declaró, había recogido personalmente y al que dio sepultura e inscribió en el Registro Civil^[329]. Cuando se le preguntó sobre la actitud de su marido respecto a la sublevación declaró que carecía de ideas políticas y que había prometido al coronel Cantero que «nunca lo abandonaría sucediese lo que sucediese»^[330]. Días después se preguntó al Juzgado si constaban en sus registros los nombres de los militares desaparecidos y se informó que sólo existían datos acerca de Enrique Alonso García, «fallecido el 14 de agosto en su expresado domicilio a consecuencia de hemorragia», pero que nada podían decir de Cantero, Terrón, Méndez Lemo y Salvador Márquez. Y el 30 de octubre fue el mismo Gobierno Militar de Badajoz quien comunicó al instructor Membrillera que se seguía ignorando el paradero del coronel José Cantero Ortega.

El dos de noviembre el sargento Luis Cantero, hijo del coronel, ofreció su testimonio:

Que su padre el Coronel José Cantero le consta que falleció el 14 de agosto próximo pasado, día en que fue tomada la Plaza de Badajoz por las tropas del Ejército Nacionalista, habiendo recibido enterramiento el cadáver en el cementerio de esta capital siendo también testigo del fallecimiento la señora del Teniente Coronel Furundarena^[331].

Ésta, América Gil, declaró al día siguiente:

Que tenía cierta amistad con el coronel y su familia. Que al tener noticia el día 17 de agosto de que el cadáver del Coronel se encontraba en los fosos del Cuartel de la Bomba sin que hubiera quien se ocupara de darle sepultura se ocupó la declarante de hacerlo pudiendo por lo tanto asegurar que ha fallecido el referido coronel por disparos de arma de fuego y ha recibido sepultura en el Cementerio Municipal de esta ciudad^[332].

Nuevos testimonios informarían en días sucesivos del final de los otros militares que no habían prestado declaración ante el instructor. Así, por ejemplo, el capitán Otilio Fernández y los tenientes Patrocinio Carretero Polo y Alfonso Ten Turón afirmaron haber visto y reconocido los cadáveres del maestro armero Salvador Márquez y de los alféreces Benito Méndez Lemo y Juan Terrón Martínez.

Los que pudieron escapar, caso de Ruiz Farrona, o los que pasaron a Portugal, fueron procesados, declarados en rebeldía y emplazados mediante requisitorias. Éste sería el caso del comandante Antonio Bertomeu Bisquert, del capitán Guillermo de Miguel Ibáñez, de los tenientes José Pizarro García y José Rodríguez Rodríguez, de los alféreces José Torrado Berjano, José León Borrajo y Joaquín Borrego Martínez. La causa 397/36, abierta contra el coronel Cantero y demás jefes y oficiales por el delito de auxilio a la rebelión, concluyó en Sevilla en marzo de 1937:

Que el coronel del mencionado Regimiento don José Cantero Ortega, el Comandante del mismo don Enrique Alonso García, los alféreces don Juan Terrón Martínez y don Benito Méndez Lemo y el Maestro Armero don Salvador Márquez, que tan activa actuación tuvieron a favor del gobierno rojo de Madrid aparecieron muertos en la Plaza de Badajoz el día de la toma de ella por el Ejército Nacional alcanzando así el castigo al que se habían hecho acreedores por su funesta actuación contra la Patria^[333].

La sentencia decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto de los fallecidos y el sobreseimiento provisional de todos los encausados: Luis Andreu Romero, Buenaventura Carpintero López, Domingo Alvarado Pascasio, Juan Ruiz de la Puente, José Almansa Díaz, Valeriano Lucenqui Pasalodos, Anastasio Riballo Calderón, José Sánchez Arellano, Leandro Sánchez Gallego, Francisco Fernández Gragera, Emeterio Fernández Touriño, Eleuterio Cernuda Fando, Hermenegildo Fuentes Iglesias, Iluminado Fuentes Prieto, Antonio García Gómez, Domingo Mejías Rivera, Adrián Jaramillo Nogales, Antonio González Dorado, Filomeno Centeno del Valle y Manuel Vázquez Chacón.

Proceso al Regimiento de Infantería Castilla n.º 3

La instrucción abierta al Regimiento de Infantería Castilla n.º 3, a cargo del teniente coronel de Artillería Juan Membrillera Beltrán, fue incoada el 17 de agosto de 1936. Para entonces ya han sido asesinados o están lejos la mayor parte de los militares claramente definidos a favor de la República. Los que permanecen, un grupo numeroso entre oficiales y suboficiales, empezarán por justificar su actitud en los momentos claves (el 18 de julio, la noche del día 21, las salidas con las columnas o su papel en la defensa durante las jornadas del 13 y 14 de agosto) pero, acuciados por los diferentes grados de responsabilidad, acabarán por inculparse unos a otros para salvarse. Puede excusarse que se sirvieran de los muertos o huidos para situarse en un plano «superior», pero es difícil entender el duelo de descalificaciones en que entraron: Almansa, que daba clases de gimnasia en la Diputación y que era pariente del odontólogo Áureo Alvarado, hermano del capitán Domingo Alvarado Pascasio, fue acusado de connivencias con la izquierda; Lucenqui, más que a colaborar en la preparación de la sublevación, se afanaba en enchufar al hermano en la Diputación, para luego, vestido con el mono, seguir a todas partes al capitán De Miguel; el alférez González Dorado estuvo siempre ligado a los extremistas, empezando por sus dos hermanos; Andreu, «al sol que más calienta», ha causado daño irremediable al estar más cerca del mando que de sus verdaderos compañeros; etc. Éste era el tono de las declaraciones a principios de septiembre. Quizá se entienda el clima teniendo en cuenta la opinión de los que, ajenos a todo lo ocurrido en Badajoz, observan desde fuera el espectáculo:

Si este regimiento se hubiese unido a Franco, si los Jefes y Oficiales que lo componían hubiesen recordado que eran militares y que esta condición llevaba forzosamente aparejada la de ser caballeros y defensores de España hasta morir, no se hubiera derramado tanta sangre en Extremadura ni se estaría derramando aún^[334].

Cuando el instructor Membrillera realiza su informe a finales de septiembre concluye que con los elementos que se contaba no pudo prepararse nada, que el coronel fue presionado por jefes y oficiales «marxistas», que le obligaron a mantener la legalidad y que la llegada de Puigdengolas fue clave para la evolución posterior. Un comentario del Auditor de la II División Francisco Bohórquez Vecina, en uno de los expedientes, puede resultar ilustrativo de la actitud que se tuvo hacia el Regimiento: «[No puede olvidarse] el retardo que en las operaciones guerreras que ulteriormente habrán de realizarse produjo la campaña para la reconquista de Badajoz»^[335].

Cuando enumeró a los militares a quienes no se había tomado declaración obvió al coronel Cantero y consideró en paradero desconocido a los comandantes Bertomeu y Alonso. Uno de los más duramente tratados, y también en ignorado paradero, fue el capitán De Miguel, de quien se afirmaba que más de una vez, ante la posibilidad de que los oficiales se sublevaran, había animado a cabos y soldados a que acabasen con ellos. Otro al que no se pudo interrogar por pasar a la otra zona fue el teniente José Pizarro García, que luego se uniría a los sublevados. Lo mismo ocurrió con todos los que marcharon a Madrid con Ruiz Farrona. En los «rojos» declarados como los alféreces Terrón o Borrego ni se entraba. Los informes no dejan lugar a dudas:

Además de la Causa 397/36 contra los jefes y oficiales del Regimiento de Castilla n.º 3, se abrió una segunda pieza dedicada a los suboficiales, de la que se derivaría la Causa 693/37. El informe final del instructor, el capitán de Infantería retirado Gregorio Martínez Mediero^[336]. reconoce por lo que respecta a los suboficiales que «los ha habido francamente hostiles al movimiento y con habilidad suficiente para hacer imperar su criterio». Martínez Mediero dividió a los encausados en varios grupos: «bien conceptuados», «sin conceptuar», «medianamente conceptuados», «en mayor grado» y «mal conceptuados». Los últimos eran: los brigadas Máximo Gragera Paredes (ignorado paradero), Juan Tena Franco (ignorado paradero), Ramiro Cabalgante Vilela (ignorado paradero), Victoriano Lagoa Gómez (ignorado paradero), Manuel Trujillo Álvarez (ignorado paradero); y los sargentos José Balas López^[337] (en Madrid), Pedro Duque Alhama (baja por enfermedad), Pilar Macarro Peña (detenido), Eugenio Blázquez Sánchez (en Madrid), Luis Blázqez Sánchez (ignorado paradero), Marcos Falconet Salguero (ignorado paradero), Daniel Perera González (ignorado paradero), Manuel Mota Mimbreaos (ignorado paradero), Fernando Gómez Muñoz (ignorado paradero), Juan Orantos Cid (ignorado paradero), Bartolomé Collado Ramírez (ignorado paradero), Rafael Méndez Penco (en Madrid), Antonio Balas Lizárraga (ignorado paradero), Francisco Saavedra Rodríguez (en Madrid), José Méndez Hidalgo (en Madrid), y Joaquín Sancho Trujillo (en Madrid). No aclaró el instructor, al contrario de lo que ocurría con los jefes y oficiales, que el «ignorado paradero» ocultaba al menos en los casos de dos de los brigadas y de tinco de los sargentos la desaparición física, pese a lo cual se dictaron autos de procesamiento contra todos ellos y fueron declarados en rebeldía el cinco de febrero de 1937. El consejo de guerra tuvo lugar, finalmente, el 21 de febrero de 1938 y fue presidido por el coronel Juan Membrillera Beltrán^[338], quien reconoció que en el Regimiento de Infantería Castilla n.º 3 no existía organizado ningún «Comité Rojo»; calificó los hechos allí ocurridos de auxilio a la rebelión militar y solicitó doce años y un día para los alféreces y sargentos José Cano Pulido^[339], Florencio Cerrato Mansilla^[340], Luciano Carrasco Carrasco^[341], José Menor Barriga^[342], Florencio García Puerto, Julián Hidalgo Carrillo^[343], José Méndez Hidalgo^[344], Pilar Macarro Peña^[345], Fernando Gómez Muñoz^[346], Eladio Frutos Moreno^[347], Juan Rubio Lozano^[348] y Tomás Estévez Sánchez^[349]. Fue retirada la acusación a Pedro Duque Alhama^[350], Florencio García Suárez, Juan de Dios Gómez López^[351], José Díaz Navarro^[352]. y Miguel Fernández Boza^[353]. El defensor, que se adhirió a la petición del fiscal, dijo no encontrar cargo alguno y qué poco marxistas serían cuando volvieron desde Portugal. He aquí algunos de sus considerandos:

Finalmente, fueron absueltos todos salvo los sargentos Fernando Gómez Muñoz y José Méndez Hidalgo, quienes serían condenados a doce años por auxilio a la rebelión militar, pena que luego —tal como la propia sentencia aconsejaba— les sería conmutada por la de dos años de prisión militar correccional. Pese a la atenuante de haber regresado a Badajoz pudiendo haberse dirigido a Tarragona, habían realizado servicios de armas «a favor del gobierno rojo». Como señal de indulgencia hacia el Regimiento Castilla, en general, la sentencia recogía que aunque en la defensa de Badajoz hubo unidades del mismo que intervinieron, «éstas se portaron pasivamente rehuyendo cuanto le fue posible hacer armas contra los asaltantes».

Rebelión militar en el ayuntamiento de Badajoz

La orden de actuar contra el alcalde y quince concejales del Ayuntamiento de Badajoz partió del gobernador militar Cañizares. El motivo fue «votar créditos para los milicianos rojos que combatían en contra de nuestro Glorioso Ejército Salvador», y se calificó como un delito de auxilio a la rebelión. Cuando se ordenó la detención de los acusados se informó desde el Gobierno Civil y desde la Comandancia de la Guardia Civil que el exalcalde Madroñero y los exconcejales Bizarro, Higuero, López Alegría, Lozano, Moratinos, Terrón, Ruiz, Sanguino, Villarreal, García Sito y Viñuela habían fallecido; y que Campini, Cienfuegos, Domínguez Agudo y Domínguez Marín se hallaban «en ignorado paradero» y habían sido declarados prófugos tras ser citados a través del Boletín Oficial de la Provincia y transcurrir el plazo legal. Ninguno acudió a prestar la fianza de treinta mil pesetas. El juez comandante Enrique López Llinas solicitó al Juzgado las partidas de defunción de alcalde y concejales, y se le comunicó que «no existían datos oficiales del fallecimiento de dichos exconcejales y alcalde». Posteriormente, y también a propuesta igualmente del gobernador militar —propuesta a la que Sevilla dio el visto bueno a los pocos días—, a este expediente se unió la pieza relativa a las responsabilidades civiles en que pudieran haber incurrido los encartados. Dicha pieza instruida por el magistrado de la Audiencia de Badajoz en funciones de juez especial Arturo Suárez Bárcena, quien se encargó de incautar todos los bienes pertenecientes al alcalde y a los concejales pacenses basándose en el bando sobre incautaciones de 23 de septiembre de 1936. En este proceso por malversación de fondos se decretó el embargo de bienes a todos los encausados por valor de treinta mil pesetas a cada uno.

En los primeros días de septiembre se solicitaron informes sobre los procesados a bancos, entidades financieras y Registro de la Propiedad. El Banco de España comunicó que Crispiniano Terrón de la Cámara tenía una cuenta corriente con 9,99 pesetas y que Eladio López Alegría disponía de 127 pesetas en cuenta, 784 pesetas por corretajes devengados y un depósito de 7000 pesetas a disposición de la Junta Sindical del Colegio de Corredores de Comercio para responder de su gestión. El Banco Español de Crédito certificó que sus clientes Sinforiano Madroñero, Crispiniano Terrón, Juan Villarreal, Eladio López Alegría y César Moratinos disponían de cuentas corrientes por valor de 50, 232, 94, 12, y seis pesetas respectivamente, y que sólo Terrón de la Cámara tenía una libreta de ahorros con 1135 pesetas. El Banco Hispano-Americano informó de que Pedro Cienfuegos, empleado de ese banco, contaba con 191 (un adelanto solicitado en octubre de 1935, advertía preocupado el director), Eloy Domínguez con 13,80; Eladio López Alegría con 301; Sinforiano Madroñero con 23 457; César Moratinos con 50,20, y Juan Villarreal con 8706. El Banco Central dijo contar con fondos de Sinforiano Madroñero, 47 pesetas; Juan Villarreal, 80, y Eladio López Alegría, 500 pesetas. El Banco de Bilbao sólo tenía una cuenta a nombre de Eladio López Alegría por importe de 118 pesetas. El Registro de la Propiedad envió informes sobre José García Sito (un terreno de 692 m en Pardaleras), Crispiniano Terrón de la Cámara (el derecho de habitación por veinte años de la casa número seis de la calle Doctor Lobato), Eladio López Alegría (la quinta parte de la casa número 30 de la calle Meléndez Valdés y la quinta parte de la casa número 2123 de la calle Vicente Barrantes). El 21 de septiembre fueron embargadas todas estas propiedades. En esta fecha se incorporaron al expediente las declaraciones prestadas a finales de agosto por los funcionarios municipales y algunos de los concejales que habían tenido relación con la supuesta malversación. Los funcionarios manifestaron no haber tenido que ver nada con el asunto, y el depositario afirmó que todo lo que hizo fue obligado por los milicianos, que incluso lo llegaron a sacar de su casa a las horas más inoportunas para que realizase los pagos exigidos. Peor lo tuvieron los concejales. Eladio López Alegría, que declaró el siete de septiembre, se reconoció republicano y adujo haber asistido a la sesión municipal para pedirle al alcalde un salvoconducto. Mantuvo que votar en contra en aquellas circunstancias hubiera sido peligroso. César Moratinos Mangirón, que también tuvo que reconocerse republicano, alegó que votó los acuerdos de esas sesiones sin saber lo que hacía, por distracción. Guillermo Viñuela Fernández, socialista, se excusó por haber votado los acuerdos de la sesión del 20 de julio «porque estaban cohibidos y como nadie se atrevió a decir nada él tampoco lo dijo».

El abogado López Alegría sería asesinado el 16 de septiembre en unión —según parece— de un hijo de 14 años; el jubilado Moratinos el primero de octubre, y el albañil Viñuela al día siguiente. Y precisamente ese mismo día el gobernador civil ordenaba la detención del alcalde y de los concejales, «en ignorado paradero». Unos días después un informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia, realizado por orden del gobernador, dio cuenta al instructor López Llinas de que el alcalde y los concejales Bizarro, Higuero, López Alegría, Lozano, Moratinos, Ruiz, Sanguino, Terrón Villarreal y Viñuela «han fallecido»; y que Campini, Cienfuegos, Domínguez Agudo, Domínguez María y García Sito estaban «en ignorado paradero». El 15 de octubre apareció una requisitoria contra éstos en el Boletín Oficial de la Provincia. El tres de noviembre el juez municipal comunicó que ninguno de los fallecidos había sido inscrito y un mes después el primer jefe de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Pereita Vela, informó al instructor que «suponía que hubiesen fallecido, pero no es que se tuviera la seguridad de ello; ni se ha encontrado en el curso de las averiguaciones hechas por la fuerza de esta Comandancia quien lo atestigue». Sin duda, uno de los informes más cínicos de esta macabra farsa fue el enviado por Adrián Carvallo, inspector jefe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia:

Sólo quince días después Carvallo añadió que las gestiones practicadas para la detención de los encausados habían resultado infructuosas. Hay otro informe de Pereita de 28 de diciembre —día muy apropiado— en el que se refiere que siguen investigando y que ya avisarán en caso de encontrar algo.

A lo largo de 1937, ya con Máximo Trigueros Calcerrada al frente de la instrucción, se realizó en el Juzgado la inscripción del alcalde y de todos los concejales fallecidos, salvo de Salvador Sanguino, Joaquín Lozano y Guillermo Viñuela. Y en abril de 1938, a causa de su desaparición, fueron sobreseídos del delito de rebelión todos los acusados excepto Vicente Campini Fernández, Pedro Cienfuegos Bravo, Jesús María Domínguez Agudo, Eloy Domínguez Marín, Salvador Sanguino, Joaquín Lozano Jurado y Guillermo Viñuela, todos los cuales —incluidos los tres últimos, ya asesinados— fueron declarados en rebeldía. En abril de 1938 Queipo firmaba su visto bueno al sobreseimiento definitivo y al mes siguiente el auditor José Clavijo, suplente de Francisco Bohórquez Vecina, devolvía las actuaciones al instructor para ver qué sucedía con los demás rebeldes. Sólo tres meses después, cuando se cumplía el segundo aniversario del golpe, el juez elevó las actuaciones «por si procediera su archivo», lo que se verificó el once de agosto de 1938. Sin embargo, en abril de 1940, el auditor Bohórquez reclamó otra vez la causa 1567/36 porque estaba instruyendo procedimiento sumarísimo contra Jesús María Domínguez Agudo.

Partida de Yagüe y sus columnas

El bando de guerra de Yagüe, según Calleja, fue el siguiente:

Sin embargo hay que acudir al Boletín Oficial de la Provincia del 14 de agosto, que lo recoge íntegro, para conocer el contenido literal del bando:

Además de éste, Yagüe dicta desde el primer momento otros bandos encaminados supuestamente a normalizar la vida ciudadana. Lo primero que hubo que hacer, por supuesto, fue recoger los cadáveres, que acabarán apilados en el cementerio. Como dice Calleja «no sin severas medidas de rigor retornó la normalidad a Badajoz». Otro bando, firmado por el gobernador civil, el comandante Díaz de Liaño, ordenó la devolución del fruto del saqueo a que fue sometida la ciudad:

Este bando daría lugar en semanas y meses posteriores a numerosas denuncias, algunas de las cuales llegaron a la Auditoría. Por ejemplo, una vecina de San Roque, Francisca Aguza Lozano, que se vio investigada sobre la procedencia de dos relojes, declaró que los había comprado el día 17 a un moro a cambio de diez pesetas y otro reloj viejo. El valor real de los relojes era de 65 pesetas uno y de 35 otro. La Comisaría de Vigilancia, que llevó la investigación, informó que no había podido averiguar el nombre del moro ni cómo llegaron los relojes a su poder. Por suerte para la mujer todos los testigos que testificaron «sobre su conducta y antecedentes» —el párroco inclusive— la definieron «como persona entusiasta de la Causa Nacional». Su explicación era

que al comprar los relojes al moro lo hizo con la sana intención de creer que se trataba de un vendedor ambulante, no extrañándole lo barato del precio por suponer que los relojes serían muy inferiores. Que repite que no tuvo conocimiento del Bando …

Tras largos meses de investigación el caso se sobreseyó en noviembre de 1937^[355].

Siguiendo a su biógrafo, Yagüe «confió a la jurisdicción competente de la plaza los cientos de prisioneros capturados, y viose luego en el penoso imperativo —desgraciadamente insoslayable en un conflicto— de constituir los tribunales militares encargados de administrar justicia con arreglo al derecho de guerra. Excepto el coronel Puigdengolas, gobernador militar republicano, y el gobernador civil, señor Granados, que lograron fugarse a Portugal, los cabecillas detenidos y hallados culpables por el tribunal fueron juzgados en causa sumarísima y pasados por las armas»^[356]. Fuera como fuera, lo cierto es que no hay rastro de la actuación de tribunal militar alguno hasta la puesta en marcha del aparato judicial-militar a comienzos de 1937. Aunque es posible que Yagüe y Calleja, al hablar de «tribunales encargados de administrar justicia», se estuvieran refiriendo simplemente a la designación de un militar o un guardia civil que asesorado por personas de orden acometiera la limpieza inicial. No obstante sabemos que, además de la plaza de toros y del entorno de la Puerta Pilar, fue utilizado como campo de concentración para hombres y mujeres un amplio sector situado entre el cuartel de la Bomba y la muralla^[357].

La consecución de los objetivos iniciales en tan breve tiempo y la perspectiva que daba contemplar el panorama desde Mérida llevaron a algunos a pensar que Madrid estaba al alcance de la mano. Las noticias sobre el avance de la sublevación no podían ser mejores y un solo día podía proporcionar acciones tan variadas como la caída de Archidona (Málaga), con los Regulares de Melilla por delante; la ocupación de Higuera de la Sierra (Huelva) por la columna Redondo, con los Regulares de Alhucemas al frente; o el bombardeo aéreo de una columna republicana que se dirigía a Llerena. Las fuerzas de Asensio permanecerán en Badajoz el día 15 en «servicios de seguridad». Su IV Bandera formará ese día ante el Ayuntamiento junto a la V Bandera mientras se impone a la primera la corbata con la inscripción «Brecha de Badajoz»^[358]. La situación en la ciudad desde el punto de vista de los ocupantes era la siguiente: «La tranquilidad en Badajoz es completa desde anoche. Hoy la vida se ha desarrollado normalmente. En la acción de ayer se han cogido al enemigo numerosos muertos y tres mil armas»^[359]. Yagüe quiere celebrar esa tarde los entierros con toda solemnidad, para lo cual solicita la presencia de la aviación, pero Franco no puede enviársela ese día. Tella, por su parte, advierte en la mañana del día 15 a Franco que la II División está enviando más carburante del necesario, dado que con las existencias de que se dispone en Mérida, Zafra, Almendralejo y Badajoz —en total cerca de dos millones de litros— cubren de sobra sus necesidades^[360].

El día 15 de agosto, una vez controlada Badajoz, Franco envía a Yagüe el siguiente plan: dejar en la ciudad una de las columnas para «seguridad y reorganización»; garantizar el dominio sobre Navalmoral de la Mata y el puente de Almaraz —a cargo hasta ese momento de fuerzas de Cáceres— mediante el envío de un tabor, y marchar sobre Don Benito de noche para evitar la aviación y la huida del contrario y así acabar con los grupos allí concentrados y apoderarse del aeródromo. Tras esta última opción se apunta: «Puede hacerlo otra columna con sus medios». También se indica la necesidad de controlar el ferrocarril para cortar las incursiones desde Ciudad Real, operación tras la cual la fuerza debía replegarse sobre Miajadas^[361], punto de partida, ocupando momentáneamente Santa Amalia, aunque añade: «Si pueden organizar Don Benito con su gente no hace falta ocupar Santa Amalia»^[362]. Este interés por Don Benito-Villanueva se debía al daño que la aviación causaba sobre las columnas y al peligro constante que la concentración de milicias republicanas en la zona representaba para la marcha de la columna cuando todavía faltaban 180 kilómetros para llegar a Madrid; el mismo Yagüe opinaba que su ocupación facilitaría la tarea de las columnas y permitiría disponer de fuerzas para otros frentes. Unos días después, el 21, Franco, que admite que sus efectivos se encuentran reducidos a unos seis mil hombres, comenta a Mola la situación y la ruta a seguir:

CLAVE ESPAÑA — Situación nuestra vanguardia ciento ochenta kilómetros Madrid en Navalmoral de la Mata velocidad avance depende resistencia enemiga y aviación contraria terreno despejado y acción aviación contraria obliga a proteger con aviación propia operaciones columnas. Necesidad de adelantar aeródromos hacia el norte que estamos preparando cómo disponer cazas inmediata columnas en defensa su movimiento tenemos fuerte concentración Villanueva de la Serena. Hostiliza flanco Oropesa. Primer avance que haremos stop. Segundo Talavera Tercero Maqueda Toledo Cuarto Navalcarnero Torrejón de la Calzada Valdemoro y Pinto Alarcón Leganés y Villaverde. Estos avances sufrirán las variaciones a que obliga resistencia pueblos actividad enemigo y sus movimientos así como resistencia tropas propias stop. Hoy un pueblo bien defendido puede detener avance stop^[363]…

Asensio —aunque el mismo día 15 envía el II Tabor de Regulares de Tetuán a Mérida, a las órdenes de Castejón— permanece el día 16 en Badajoz con la IV Bandera y la batería. Al día siguiente enviaría, al mando de Vierna, la Bandera y una sección de la batería contra Alburquerque y Valencia de Alcántara; y un día después, el 18, mandaría a una sección de ametralladoras de la IV Bandera y a una compañía de fusiles contra La Albuera y Almendral. Los días 19, 20 y 21 se mantiene en Badajoz haciendo alguna salida para controlar la zona fronteriza a la caza de huidos. El 22, a las cuatro horas, Asensio salió con todas las fuerzas a su mando para ocupar el cortijo «Pesquerito», Roca de la Sierra, Puebla de Obando, La Nava de Santiago y Mirandilla, tras lo cual marchó hacia Logrosán por Cáceres y Trujillo, y permaneció en ese lugar los días 23, 24 y 25, cuando sobre las siete de la tarde inició el traslado del II Tabor de Guadalupe a Trujillo y del resto de sus fuerzas desde Logrosán a Alinaraz. Fueron bombardeados en varias ocasiones y se produjeron víctimas entre civiles y militares (cuatro muertos y siete heridos graves entre la población civil y tres heridos entre los militares). El día 26 llegó a Almaraz, donde al día siguiente se le unió el tabor del comandante Del Oro y la batería desde Trujillo. Por la tarde partieron hacia Navalmoral, donde para la ocupación de Calzada de Oropesa se incorporó a la columna de Tella. En esta operación las fuerzas republicanas sufrieron la pérdida de trescientos hombres y numerosos prisioneros pertenecientes a unidades denominadas Wad-ras, Pasionaria, Batallón de Acero o de la llamada columna Fantasma. Mientras tanto Mérida quedó controlada por el tabor del comandante Rodrigo Amador de los Ríos, que llegó el 22 de agosto desde Los Santos, donde permaneció el comandante Mizian con sus hombres.

Ya en los días siguientes tendría lugar la operación sobre Lagartera, Oropesa y Puente del Arzobispo, de cuya importancia dará idea las bajas propias señaladas por Asensio: 23 muertos y 93 heridos. Del contrario se citan 18 muertos cerca de Puente (Cerro del Rollo) y dos en Alcolea^[364]. Estas actuaciones, así como las realizadas sobre Trujillo o Talavera, constituirán impresionantes maniobras como muestran las detalladas órdenes de operaciones que se conservan. Tras estas experiencias Franco, además de recordar a los jefes de columnas que el mando absoluto seguía radicando en Yagüe, ordenó que las fuerzas del teniente coronel Delgado Serrano —constituidas como las demás por dos tabores y una bandera— pasasen a depender de Yagüe, como columna de reserva del teniente coronel Asensio^[365]. Serían estos movimientos los que llevarían a Franco a elaborar, ya en octubre, sólo unas semanas antes del gran fracaso ante Madrid, las últimas instrucciones a las columnas de esta fase de la guerra, que se centraron en el protagonismo creciente de la aviación. La necesidad de preservar a las fuerzas de choque, a su ejército, era evidente.

Entre el 16 y el 17 de agosto Castejón ocupa Trujillanos, Valverde de Mérida, San Pedro de Mérida y Santa Amalia. En Trujillanos, en circunstancias poco conocidas, murió por disparo de arma de fuego el 19 de julio, en la calle Corredera, el falangista camisa vieja Robustiano Gómez Ledo, labrador de 25 años de edad, cuya muerte recayó sobre los izquierdistas Cipriano Vaquero Tobalo, Francisco Sánchez Fernández y Primitivo Barrera Morgado, asesinados poco después. Además, los informes destacaron algunos daños en las cosechas y en domicilios particulares. En su memorial de agravios los derechistas presos destacaron las amenazas o, por ejemplo, la prohibición de afeitarse durante los días de cautiverio, o usar la luz de noche. Como en otros pueblos, los propietarios llevaron mal la obligatoria entrega de dinero o especies (aceite, garbanzos, queso, trigo, ovejas, etc.). El último alcalde republicano, José Bernet, concitó muchas de las iras. El día once de agosto, tras la tonta de Mérida y cuando ya la corriente de huidos arrastraba a todos hacia adelante, el concejal Antonio Ledo liberó a los presos antes de que cualquiera cediera a la tentación de acabar con sus vidas. Ni siquiera los Valhondo, padre e hijo, trasladados en camioneta a Don Benito por iniciativa de los hermanos Ángel y Mateo Gómez, perdieron la vida. Con todo, como veremos más tarde, lo más llamativo de la Causa General de Trujillanos fue la inclusión por error en su Estado 1 —el dedicado a las «personas residentes en este término municipal, que durante la dominación roja fueron muertas violentamente o desaparecieron y se cree que fueran asesinadas»— de veinte de los izquierdistas asesinados (19 hombres y una mujer), de los que se ofrecía la edad, profesión, filiación política y fecha de su muerte. Sin embargo, otros datos relativos a los cadáveres o a las «personas sospechosas de participación en el crimen» fueron lógicamente omitidos. Trujillanos sufrió un bombardeo republicano el 16 de agosto del que fue víctima el considerado como «rojo local» Juan Barrena González. En San Pedro de Mérida sólo pudo destacarse la prisión de seis derechistas, que recibieron trato «mediano», y el saqueo de dos cortijos (Quintano y El Huevo) y el comercio de Joaquín Cidoncha. En Santa Amalia, sin embargo, el trato dado a los presos entre el 23 de julio y el 17 de agosto fue considerado «durísimo», poniéndose como ejemplo la obligada instrucción militar a que fueron sometidos todos, incluso los más viejos. También se quejaron de que a las horas de descanso tocaban un armónium de la iglesia, que finalmente estropearon. Igualmente se hizo constar que, aunque no hubo castigo material, sí se les hirió «con la palabra en sus más hondos sentimientos de Patria, Religión, Familia, etc., en lo que se distinguieron Manuel Romero Fernández y Manuel Tello Muñoz». Los numerosos milicianos forasteros —unos 350 hombres y 150 mujeres al mando de un teniente retirado de Medellín— nunca llegaron a controlar la situación en la localidad. Como reconocían los informes «asesinatos no se llevaron a efecto con ninguno de la cárcel ni de fuera». Nada de esto hizo falta a Castejón ni al capitán de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos, a sus órdenes en esta ocasión, para ejercer sobre el terreno una durísima represión: «La columna del comandante Castejón ha ocupado Santa Amalia con alguna resistencia por parte del enemigo que ha sido duramente castigado»^[366]. Desgraciadamente no contamos con el parte de Castejón, pero sí con el «Diario de Operaciones del 2.º Tabor de Ceuta», que especifica que Santa Amalia le costó seis muertos y 14 heridos (de un total de 55), es decir, más que Badajoz. Santa Amalia, que ya había sufrido un bombardeo republicano el día 31 de julio —por creer que se habían refugiado allí los guardias civiles sublevados en la estación de Medellín—, que causó cinco víctimas, tuvo que soportar otro de gran dureza el mismo día de la ocupación, el 17 de agosto, que provocó 46 muertos.

Por su parte, Yagüe —que sería nombrado tres años después hijo adoptivo de Badajoz, la ciudad que había dejado casi irreconocible— permaneció allí hasta el día 18, cuando se trasladó a Mérida. Esa, la de su partida, sería la primera noche en la que se permitió al vecindario circular por la población hasta las doce. Ese día escribió alarmado a Franco comentándole el contenido de una proclama arrojada por aviones republicanos sobre Navalmoral en la que se animaba a la población a restablecer al alcalde del Frente Popular; y añadía: «Caso de hacerlo esta noche debe ir el alcalde a Herrera. De lo contrario mañana será bombardeado e incendiado por la aviación». Y, como siempre, la habitual conclusión de Yagüe pidiendo la intervención de la aviación «para levantar ánimo población Navalmoral»^[367]. El día en que Yagüe abandona Badajoz, Franco comunica a Mola que en la ciudad reina la total normalidad y que ha ordenado la detención de la mujer e hijos del general Castelló como rehenes^[368]. Yagüe hace también llegar a Franco un telegrama de las señoritas de Collazo en representación de «las mujeres de Badajoz», mediante el que agradecen la «liberación de la ciudad de la esclavitud marxista» gracias a la Legión, por lo que ofrecerán una misa el día 22 de agosto^[369]. Al día siguiente, Yagüe, antes de avanzar, comenta a Franco que ha de contar con una base sólida, para la que necesitarán dos unidades de África y una batería del 75, además de otras cinco unidades y una batería del 105 para el avance. De paso aprovecha para comentarle que la ocupación de Medellín, Don Benito y Villanueva —su gran obsesión— aclararía el panorama en la zona y permitiría disponer de tropas para otros frentes^[370]. Esto se plasmaría finalmente en un «proyecto para la ocupación de Medellín, Don Benito y Villanueva» a cargo de dos potentes columnas procedentes de Mérida y Miajadas, que no se llegaría a materializar^[371].

A estas alturas, y con el gran número de prisioneros capturados a los republicanos a lo largo del mes de agosto, Yagüe envía a Franco el día dos de septiembre un informe sobre las características del enemigo. El informe comienza exponiendo el estado de desmoralización e indisciplina en que

se encuentran las llamadas Columnas rebeldes, que carecen en absoluto de mandos eficientes, pues la oficialidad subalterna está reclutada entre las clases, que se les han unido, a las que han promovido al empleo inmediato, dándole además mandos de compañía

y que como los cabos no tienen autoridad alguna sobre las fuerzas. «Se da el caso de que estas clases formaban en la hora de la comida en la misma fila que la tropa y mezclada con ella», señala el informe. Después de aludir al engaño en que se encuentran sumidos los militares y a la presión que ejercen sobre ellos los milicianos, el informe concluye que «lo francamente rebelde del frente» son los oficiales y clases, a los que hay que añadir los milicianos voluntarios, que representan lo opuesto a la disciplina y virtud militares; los soldados, según Yagüe, deseaban sumarse a sus filas^[372].

En los días siguientes y antes de su cese al frente de la columna Madrid, el 20 de septiembre, tendrá lugar, entre otras, la importante operación que conIcluirá con la toma de Talavera de la Reina (del Tajo entonces), que cae el día tres de ese mes. Al contrario de las acciones anteriores, para la de Talavera, que queda fuera de este estudio, se cuenta con abundantes documentos entre los que destacan las diversas órdenes que entre el 27 de agosto y el tres de septiembre consiguieron el objetivo final. El día ocho de septiembre Yagüe expondrá a Franco la conveniencia de añadir a las tres agrupaciones iniciales de la columna (Asensio, Tella y Castejón) una cuarta al mando del teniente coronel Delgado Serrano, petición que será atendida el día 18 de ese mes manteniendo la estructura anterior pero creando una columna de reserva al mando de dicho militar con dos tabores de regulares, una bandera del Tercio, una batería, una estación de radio a caballo y una estación óptica pesada.

Curiosamente, ahora que Yagüe volvía a recibir de Franco la potestad de organizar a su antojo las diversas fuerzas que componían la columna, fue cuando ésta tardó más de dos semanas en avanzar desde Talavera a Santa Olalla y Maqueda, donde llegaría respectivamente el 20 y 21 de septiembre, día en que para sorpresa de todos se produjo la sustitución de Yagüe, primero por Asensio y finalmente por Varela Iglesias^[373]. El día 21, con las columnas a la altura de Maqueda y mientras sus compañeros golpistas le entregaban el mando absoluto que lo convertía en comandante en jefe, Franco decidió anteponer la ocupación de Toledo a la aproximación a Madrid. Fue entonces, y no tras la ocupación de Badajoz como mantuvo Martínez Bande, cuando se produjo un cambio de estrategia en el estilo de guerra^[374]. Dicho cambio —un eslabón más en el tránsito del golpe a la guerra— quedó bien reflejado en lo que Franco respondió al coronel italiano Emilio Faldella cuando, tras varios meses de cerco a la capital, éste le ofreció tropas para ocuparla de una vez: «En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje al país infectado de adversarios»^[375]. A 21 de septiembre era obvio que Franco —a pocos días de alcanzar la jefatura del Estado— no tenía interés alguno en que la ocupación de Madrid cerrara el proyecto iniciado el 17 de julio en Melilla. Por lo pronto, la marcha hacia la capital no se reiniciaría hasta el seis de octubre.

El informe Cañizares

Tras la salida de Yagüe la ciudad quedó a cargo de varios militares: el 16 de agosto —casi recién salido de la prisión Provincial— es designado como gobernador civil el comandante de Infantería retirado Marciano Díaz de Liaño Facio. Al día siguiente será otro comandante del mismo cuerpo e igualmente retirado, Francisco Sancho Hernández, quien ocupe la presidencia de Diputación, y un capitán de Infantería también ya alejado del Ejército, Manuel García de Castro, ocupa la Alcaldía. De fuera llegan otros dos militares para hacerse cargo de la Guardia Civil y de la Comandancia Militar. El primero será el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Pereita Vela^[376], que unos días antes del golpe pasa de Badajoz a Sevilla para volver de inmediato, una vez tomada la ciudad, y rodearse de otros guardias como Marzal o Carracedo; y el segundo, el comandante de Infantería Eduardo Cañizares Navarro^[377].

Forjado en las guerras africanas, Cañizares se había puesto a las órdenes de Franco y Orgaz el mismo 18 de julio desde su puesto de comandante en el Regimiento de Infantería Canarias, de Las Palmas. El 24 de julio, «en misión especial del Generalísimo Franco», fue a Granada hasta el día 28, en que se trasladó a Sevilla, partiendo ese mismo día a Tetuán, el día 29 otra vez a Sevilla y el 30 a Córdoba, siempre «en misiones especiales» que desgraciadamente no se especifican. El dos de agosto se halla en Sevilla y el día tres vuela a Tetuán. Dos días después, el cinco, y de nuevo a las órdenes de Franco y Orgaz, fue a Ceuta para colaborar en el paso del convoy que trasladó a las fuerzas africanas a Algeciras, tras lo cual regresó a Tetuán a las órdenes del general Luis Orgaz Yoldi. Después de realizar tareas de inspección en Arcila, Larache y Tetuán regresó el 18 de agosto a Sevilla, de donde al día siguiente se marchó a Badajoz para hacerse cargo del Gobierno Militar de la ciudad y provincia, y al mando del Regimiento Castilla y de todas las fuerzas armadas^[378].

El 22 de agosto del 36, a los tres días de su llegada a Badajoz, Cañizares envió a Franco un informe sobre la situación. Traza una descripción de gran interés para conocer el estado de los ocupantes a una semana de la toma de la ciudad. Primero especifica las fuerzas con que cuenta: dos batallones, una compañía de un tercero más otra con los destinos, una agrupación que será batería y una compañía de ametralladoras, pendientes de recibir materiales y unos doscientos «ginetes» [sic]. Contaba además con unos cien guardias civiles, unos 140 de Asalto y unos cincuenta carabineros. Reconocía, por otra parte, que la escasez de oficiales se debía a que muchos de ellos estaban sometidos a procedimientos judiciales. Las fuerzas paramilitares eran escasas, unos setenta falangistas (de los que ¡ocho!, se denominaban jefes) y treinta y tantos requetés. Se quejaba a continuación de la escasez de armas, criticando la facilidad con que se habían repartido por los pueblos a gentes «de baja moral y mucho miedo». Dado que el temor reinaba en la mayoría de los pueblos ocupados —destaca en las llamadas de socorro Villafranca de los Barros, siempre divisando columnas rojas por todos lados desde la incursión de la columna Cartón el día diez de agosto— aconsejaba protegerlos con compañías móviles. El temor de las autoridades locales —proporcional a la represión ejercida— era que en alguna de esas columnas aparecieran los rojos locales que habían tenido que huir.

Respecto a quienes se encuentran ocultos o huidos, apunta ya en fecha tan temprana que la «excesiva represión» sobre los que son detenidos va a crear primero un problema de concentración de huidos y después su transformación en «bandoleros». «En mi opinión —dice Cañizares— hay muchos que no vienen a nuestro lado por temor a ser ejecutados». Por ello propone aplicar las sanciones «duras y ejemplares» sólo a quienes tengan delitos de sangre y a los directivos. Sobre el estado de los vecinos en general —el texto habla de moral pública— Cañizares es clarificador:

Muy abatida en el campo y en la plaza. Ya y para levantarla he organizado un desfile, unas manifestaciones y gran propaganda, pero son poco sensibles y el susto no acaba de salirles del cuerpo.

Lugar aparte merecían las relaciones con Portugal, «excelentes desde todo punto», según Cañizares. Narraba que precisamente ese mismo día había estado en Elvas con el comandante militar, del que decía estar recibiendo constantes atenciones en «donativos, obsequios, entrega de detenidos, etc.». Y añadía: «Dado el carácter de estos señores ¿no sería gran estimulante, mi General, conceder a este coronel alguna condecoración nuestra?». El precio desde luego valía la pena, pues se trataba nada menos que de apresar a Puigdengolas y a varios jefes y oficiales republicanos que se encontraban detenidos en Portugal. «Para ello hoy tengo aquí y atiendo, pues serán influyentes intermediarios, un oficial portugués y una prima del ex Rey de Portugal que han venido trayendo unos regalos en especie»^[379]. El día anterior al que Cañizares escribía esto, se organizó una manifestación en honor de Portugal que el cónsul Vasco Manuel Sousa Pereira comentaba así:

Realizóse antes de ayer por la tarde una grandiosa manifestación en honor a Portugal compuesta por cerca de 2000 personas entre las cuales se veían las de las más prestigiosas familias de la región, un grupo de falangistas y la banda municipal. Al llegar la referida manifestación al edificio del consulado, su comisión organizadora gritó numeroso vivas a Portugal … Respondí con un viva a España y otro a la mujer española, después de que la banda municipal entonara «La Portuguesa», que fue escuchada con religioso silencio brazo en alto, presentando las armas el grupo falangista.

Entre las numerosas personas que lo saludan y felicitan, el cónsul destaca al obispo Alcaraz y Alenda, «que me abrazó muy emocionado, teniendo palabras de gratitud y elogios a Portugal y felicitándome por mi actitud digna»^[380]. Éste será el mismo cónsul que unas semanas después escribirá a su gobierno:

Los falangistas, los más numerosos, a las personas de izquierdas que no fueron fusiladas, los castigan haciendo[les] tomar grandes vasos de aceite de ricino, les cortan el cabello, siempre en público, igualmente lo hacen con las personas de derechas que teniendo dinero no contribuyen al mantenimiento del ejército nacionalista. Los masones son desposeídos de sus cosas y encarcelados, los funcionarios públicos de filiación izquierdista si ejercían cargos públicos fueron fusilados, y los demás suspendidos de sus cargos. No se deja a los acusados comunicarse con nadie, hay constancia de denuncias falsas por motivos personales, parece ser que se ha fusilado a muchos inocentes^[381].

Franco se limitó a dar el visto bueno a casi todo, apuntando además que los falangistas designasen un solo jefe y dando su conformidad para todo lo que procurase la entrega de Puigdengolas y sus compañeros^[382]. Las medidas tomadas por Cañizares consiguieron un aumento del número de voluntarios en cuestión de días.