2. La toma de Badajoz

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LA TOMA DE BADAJOZ

Estas muchedumbres caminaban dando gritos de UHP y elevando los brazos de crispados puños. Desde las aceras la gente de orden contemplaba con ojos desolados el paso de los manifestantes y en todos los corazones se arrinconaban tristezas infinitas. A mí me comía una ira sorda y desesperada. Tenía la cabeza llena de ideas homicidas y hubiera dado la vida por quitársela a toda aquella gentuza, cuya presencia insolente era humillación y reto.

Aquellos días asistí a dos grandes desfiles de camisas rojas … El desfile en Badajoz fue imponente y pudiera decirse que se había congregado allí todos los trabajadores extremeños, educados en las ideas y tácticas del socialismo político. «¿Qué te parece tanta gente?», preguntaban a cada paso los espectadores entusiasmados, a lo que yo respondía invariablemente: «Esto es muy bonito y pintoresco pero no sirve de nada para una revolución». Y así fue …

Mérida, objetivo estratégico

La orden que designaba al teniente coronel Juan Yagüe Blanco como Jefe de la columna Madrid —Calleja habla para ese momento de unos 4500 hombres en total— fue dada el día once de agosto en Los Santos de Maimona. En el documento en que ello consta, dirigido a la II División, a los Jefes de Agrupaciones y a quienes habrían de formar parte del Estado Mayor, se detallan las fuerzas que compondrían la columna Madrid y su organización:

El documento incluye además varios apartados con instrucciones diversas. El apartado IV, sobre disciplina, exigía mantenerla «con todo rigor y apelando a los medios más violentos», y dedicaba especial atención a la comisión de excesos:

Los actos de crueldad serán severamente castigados; las razias y el pillaje desprestigian a la unidad que los cometen [sic] y deshonran al Ejército; no pueden admitirse por lo tanto más que como castigo impuesto y ordenado por el Mando. De los actos de pillaje serán responsables no sólo los que los ejecutan si no [sic] los Jefes de las Unidades que demostrarían con ello no tener sobre su tropa el ascendiente necesario para evitarlos.

Si tenemos en cuenta lo ocurrido a lo largo de la ruta, el texto resulta revelador de lo que en realidad debía estar pasando y deja claro que lo que pretendía el mando no era erradicar los actos de crueldad sino monopolizarlos, y así evitar de esta manera una violencia incontrolada que en ocasiones se dirigía contra sus propios partidarios. Cuestión aparte sería tratar de establecer la relación entre la teoría y la práctica en una institución como la militar, con larga tradición en ocultar ciertas cosas y hacer públicas otras. El apartado V se extendía sobre el modo en que debía realizarse la marcha de la columna y el VI sobre los estacionamientos. Finalmente se fijaban una serie de normas sobre cómo efectuar el combate y acerca de las precauciones frente a la aviación enemiga. El documento concluía:

Jefes, oficiales, suboficiales y tropa de la Columna Madrid, el Mando que me han conferido me llena de satisfacción y alegría pero echa sobre mis hombros una gran responsabilidad y he de poner a contribución todas mis facultades. No me detendrá nada, delante de mí está Madrid, hay que conquistarlo rápidamente. ¡LO MANDA ESPAÑA! Columna de Madrid, ¡ADELANTE! Sin pensar en la fatiga ni peligros, la Patria lo necesita, nuestro honor lo impone^[135].

No obstante, pese a la designación de Yagüe como jefe único de las columnas, dado el ansia de protagonismo de los diferentes jefes —Castejón especialmente— y tras las experiencias acumuladas entre Sevilla y Talavera, Franco tuvo que recordarles a principios de septiembre que todos —Asensio, Tella y Castejón— deberían aceptar lo que dispusiera el teniente coronel Yagüe, «de quien dependerán en absoluto, pudiendo por tanto reforzar con elementos de unas o de otras la que estime conveniente» y «sin tener en cuenta lo que los demás le digan»^[136]. Lo que realmente ocurriera en el breve lapso de tiempo que transcurrió hasta el día 20 de ese mismo mes de septiembre, cuando Franco decidió sustituir a Yagüe por Asensio al mando de la columna Madrid, sigue siendo objeto de debate^[137].

Desde Don Benito se comunicó a Madrid que la situación de Mérida, cuyo bombardeo por la artillería comenzó en la tarde del día diez, era dificilísima y que a la entrada de la ciudad existía una columna enemiga formada por 115 camiones de rebeldes que debían ser bombardeados; desde Badajoz se dijo igualmente a Madrid que la caída de Mérida era inminente. El parte de Asensio detalla los diversos choques producidos en la ruta hacia Mérida: el primero cerca de Calamonte, sobre las siete horas del día once; y el segundo en el cruce de las carreteras de Sevilla y Badajoz, a base de artillería en las puertas de la ciudad. De este bombardeo tuvo noticia Madrid entre las nueve y las diez de la mañana, al mismo tiempo que el capitán Carlos Rodríguez Medina solicitaba artillería y aviación y declaraba estar sin municiones. Estos contactos con Madrid desde Mérida, Badajoz o Don Benito se mantuvieron hasta el momento en que Mérida fue ocupada, dando un carácter angustioso a la mañana del día once de agosto. En uno de los últimos mensajes, llegado a Madrid a través de Don Benito, el Comité del Frente Popular de Mérida declaraba que la ciudad estaba perdida y que era urgente, ante la potencia del enemigo, el envío de ametralladoras y cañones. En la fachada del Ayuntamiento quedó hasta no hace muchos años la huella de la granada de cañón que hacia las once de la mañana señaló el principio del fin, hecho que según la derecha supuso la descomposición del Comité y la huida masiva de dirigentes y vecinos.

El plan de ocupación de Mérida —como en el caso de Badajoz no aparece la orden de operaciones por más que es seguro debió de existir— consistía en acceder a su interior por el puente romano (V Bandera), cruzando el Guadiana tras ocupar Alange y Zarza (IV Bandera); y en abordarla desde el lado Este (II Tabor) para cerrar la retirada. El puente romano fue atravesado por la Bandera entre las doce y la una del mediodía, al mismo tiempo que el II Tabor de Tetuán cumplía su misión de vadear el Guadiana, tras pasar por Don Álvaro, y accedía a la ciudad por su flanco derecho produciendo efectos devastadores sobre los defensores; la IV Bandera, sin embargo, sobre la que recaía el peso de la operación, no pudo cruzar el Guadiana con los camiones y tuvo que regresar a Almendralejo y acceder a Mérida por la carretera. Ésta fue la primera operación de la ruta en la que, además de realizarse una maniobra de cierta amplitud y complejidad, la artillería y la aviación actuaron intensamente. Al mismo tiempo fue también la primera operación fallida, pues cabe pensar qué hubiera ocurrido si a la absurda maniobra de la IV Bandera se hubiera unido la destrucción del puente romano. Sin embargo, el comité emeritense, pese a tenerlo minado, fue incapaz de volarlo al paso de las fuerzas de Castejón. La irrupción en la ciudad de moros y legionarios, tras la entrada por el puente romano, a base de bombas de mano, fue apocalíptica. Según Calleja, «sesenta milicianos que resistieron dentro de un establecimiento acabaron aplastados», lo que en realidad equivalió a que fueron asesinados uno a uno a medida que fueron saliendo^[138]. Por su parte, la aviación republicana bombardeó a la columna de camiones y en dos ocasiones a las fuerzas que tomaron Mérida, causando en total nueve bajas. En poder de los ocupantes quedaron dos piezas de 7.5, cuatro ametralladoras y gran cantidad de fusiles y escopetas. Las fuerzas de Yagüe tuvieron tres heridos; los defensores de Mérida, sólo en el encuentro habido a la altura de Calamonte con las fuerzas que se dirigían hacia el puente romano, unos cien muertos frente a las veinticinco bajas de los sublevados^[139].

Ese mismo día once de agosto y en carta encabezada por «EJÉRCITO DE ÁFRICA Y SUR DE ESPAÑA», Franco celebró la toma de la ciudad comunicándolo de inmediato a la II División y a las Fuerzas de Marruecos. Destacaba el enclave estratégico de la ciudad como nudo de comunicaciones y la importancia que Madrid había dado a su defensa:

Nuestras tropas se han apoderado de dos cañones, camiones blindados, varias ametralladoras, muchos fusiles. El enemigo además ha dejado en nuestro poder más de 250 muertos y gran número de prisioneros. Nuestras bajas han sido muy escasas. En la población reina tranquilidad^[140].

A media tarde se interrumpieron las comunicaciones con Madrid. Uno de los últimos mensajes, transmitido desde Guardia tras la llegada de los primeros huidos de Mérida, mencionaba la necesidad de una ofensiva intensa «para levantar espíritu gentes»; otro posterior decía escuetamente: «Mañana amanecer será atacado Badajoz por el enemigo según noticias»^[141]. Todas las medidas adoptadas desde Madrid ante la gravísima situación existente en Extremadura, como el envío del comandante Jurado y el del capitán Manuel Uribarry Barrutell, desde Valencia, venían tardíos, pues ya había caído Badajoz. Con la toma de Mérida, el final de Badajoz, totalmente aislada, podía darse por seguro.

Cuando los golpistas entraron en Mérida se encontraron con que tres días antes, coincidiendo con la avalancha de huidos de Almendralejo, habían sido asesinadas diez personas^[142]:

La mayoría de estos asesinatos se produjeron en las afueras de Mérida, en las dehesas denominadas «Los Colgados» (margen del río Aljucén), «Los Retamares» (Trujillanos), «El Chaparral» (Trujillanos), en el cementerio de Mirandilla y, un solo caso, en la entrada del cementerio de Mérida; los dos últimos —uno de ellos de Llerena— fueron asesinados en Mirandilla. La responsabilidad recayó de manera general sobre un grupo de personas —todas ellas relevantes políticamente— relacionadas en la Causa General: José Calderón Sama, Rafael Flecha Díaz, Pedro y Manuel Becerra, Juan Prieto Barrero, Antonio Pulido, Antonio Sánchez, Antonio Coronado Alcántara, Antonio Cidoncha Vaquerizo, José Cienfuegos Cervera, Joaquín Álvarez García, Pedro Arce, Manuel de la Portilla, Diego Rubio^[143], Juan Usagre Expósito, Manuel García Molina, Antonio Alor del Fresno, Juan Nevado Galán, Bernabé Costijo Oviedo, José Domínguez, Abdón Durán Béjar, Domingo Corrales Aguilar, José y Heliodoro Bernet Rivero, Pedro Collado, José Humanes Pozo, Alfonsa Moreno, Manuela Jiménez Carroza, Rita Aznar Coronado e Isabel Hernández.

La resistencia estuvo organizada y dirigida por Carlos Rodríguez Medina, capitán de Infantería destinado al Cuerpo de Seguridad y Asalto que contaba entonces treinta y seis años de edad. Él fue el encargado de preparar a las milicias. Posteriormente, ya en noviembre del 36, pasó al Cuerpo de Seguridad, donde permaneció hasta agosto de 1938, cuando sería designado Jefe de la 2.ª Zona. En octubre del 36 había ascendido a comandante y en agosto de 1938 a teniente coronel. Capturado al término de la guerra fue finalmente fusilado en Alicante el 15 de julio de 1939^[144]. La Guardia Civil, al mando del capitán Luis Alguacil Cobos, actuó el 18 de julio practicando varias detenciones por la Plaza de España y calles cercanas pero, dado el curso de los acontecimientos, hubo de retirarse. Esta fuerza, junto con un numeroso grupo de guardias civiles de Badajoz, se sublevaron de manera definitiva el día 30 de julio en la estación de Medellín, cuando eran enviados a Madrid.

Recién ocupada la ciudad, por iniciativa del centenar de mujeres que habían estado presas, se celebró una procesión que recorrió la ciudad: «Iban descalzas y con los brazos en cruz las mujeres, y los hombres lloraban con sagrada unción, bendiciendo el favor de Dios y el nombre de Franco»^[145]. Al contrario que para otras poblaciones, en el caso de Mérida disponemos de un listado inicial de donativos a favor de Francisco Franco Bahamonde, en el que destacan los casos de Juan Moreno Gómez (2200 pesetas), José Fernández López (1000), Vicente Díaz Clemente (5000), Marcelino Ledo Barragán (1000), Narciso Rodríguez Ramírez (2000), Luis Díez Fernández (1750), José Colomo Amarillos (1000), Antonio Cascón Chito (1000)^[146], Pablo Lesmes García (50 000), Nietos de Pedro Macías (15 000), Carmen García de Blanes (3379), Antonio Rubio Hervás (1000), Manuel Cancho Moreno (1500), Cipriano Hernández Piñero (2000), Manuel Díaz Clemente (25 000), Federico Álvarez Rodríguez (15 000), Cándido Pérez Marcelo (1000), Dolores Sánchez Pérez (1000), Manuel Vázquez Moreno (10 000), Francisco Vázquez Fernández (1000), Zoilo Zambrano Vivaracho (4000), Modesto González Matito (1800), Sucesores de Víctor García (1000), José Molina Rodríguez (2000), Nicolás Quirós Carballo (19 500), Dionisio Álvarez Puerto (1500) y Tomás Díaz Sánchez (18 000). En total, en las tres semanas siguientes a la ocupación y por los donativos de 127 personas, se logró reunir la cantidad de 206 700 pesetas. Otro listado recogía las monedas de valor y alhajas entregadas hasta mediados de septiembre, y en el que figuraban sonoros apellidos como Pironguelli, Albarrategui, Díaz de Entresotos, Colomo Amarillos, Saussol Sansinena, García Blanes, Mondéjar González de Quijano o Ruiz Lanuza. La realidad de los «donativos», como nos ha narrado en sus memorias Alberto Oliart, era muy diferente. Su abuelo, Juan Saussol, tuvo que dar 350 000 pesetas y al negarse poco después a efectuar otra entrega que le había exigido un alemán que apareció por allí, fue trasladado al casino y obligado a beberse un vaso grande de aceite de ricino^[147]. También se aprovechó para sacar dinero a los republicanos de derechas, algunos de ellos masones, caso del que fue concejal en Mérida durante el Bienio Negro, Manuel Serván Reyes, sancionado tras penoso cautiverio de año y medio con 20 000 pesetas de multa y con la obligación de entregar monedas, oro y sacos para trincheras. En su favor declaró Serván que, aparte de proporcionar dinero a Falange desde las primeros días del Frente Popular, entregó 10 000 pesetas a la Junta de Defensa el dos de septiembre y otras diez mil —éstas sin recibo— a los del Grupo Móvil de la Guardia Civil. Al estar además sometido a expediente de incautación sus bienes, cuentas y rentas estaban inmovilizados^[148].

Al contrario que la mayoría de los pueblos y ciudades ocupados en el verano del 36, Mérida, que había sufrido dos bombardeos fascistas antes de ser ocupada, y quizá en prueba de su importancia estratégica y de la enorme contrariedad que para la República representó su pérdida, sería bombardeada por la aviación republicana a lo largo de la guerra en cuarenta y cinco ocasiones, con un resultado de 80 muertos y 150 heridos.

La caída de Mérida acarreó la de los pueblos de su entorno, como fue el caso de Valverde de Mérida, primero controlado por Falange tras la huida de los izquierdistas, y después ocupado por fuerzas al mando de Tella^[149]. Se detuvo a unos cuantos derechistas a los que el día diez se puso en libertad. La Causa General repitió el consabido comentario de que «era evidente que los indicados prisioneros hubieran sido asesinados si no lo hubiera evitado la huida de los dirigentes por la sorpresa y pánico que les produjo la conquista de Mérida», olvidando que además de los días transcurridos era precisamente esa huida la que podría haber provocado una matanza. La Causa General de Valverde menciona el asesinato de Manuel González Fernández, guarda jurado de cuarenta y ocho años, considerado derechista, que estuvo preso en Don Benito y que fue asesinado en circunstancias desconocidas en septiembre del 36 fuera de la localidad. Otro caso es el de Pedro Hernández Sánchez, propietario de treinta y cuatro años, alcalde de Valverde durante la Dictadura y asesinado el día once de agosto en el patio del cuartel de la Guardia Civil de Guareña. De lo ocurrido en Valverde se responsabilizó al alcalde, Diego Cortés Alcón; a los tenientes de alcalde, Carlos Sánchez Galán y Cándido Ponce Barrado; a los guardias Rufino Sánchez y José Farrona Sánchez, y a Juan Vicente Vizcaíno^[150]. El primero había logrado escapar; los demás fueron condenados. También por la acción del Tercio fueron ocupados Alange y Zarza de Alange; de ésta sus escuetos informes destacaron el acuerdo del Comité por el que los propietarios tuvieron que aportar el diez por 100 de granos y artículos «para sostener a la clase obrera». Igualmente el día 12 de agosto caería Esparragalejo, ocupado por una sección de Regulares al mando del capitán Gabriel Fuentes Ferrer^[151].

Yagüe toma el mando

Yagüe fue designado jefe de las columnas que se dirigían a Madrid el día siete de agosto y ese mismo día se trasladó de Tetuán a Sevilla, desde donde el día 12 de agosto marchó a Mérida. Curiosamente en su hoja de servicios se incluyen —como si le pertenecieran— no sólo sus actividades a partir de dicho día, sino los movimientos realizados por estas columnas desde su creación en Sevilla hasta la caída de Mérida, que como sabemos corresponden a Asensio. Ese día 12 de agosto, el gobernador civil de Badajoz, Miguel Granados Ruiz, envió al ministro de Guerra el siguiente mensaje: «Si desde amanecer no hay sobre Badajoz una potente escuadra aérea se repetirá caso de Mérida fatalmente»^[152]. En la misma fecha el coronel-jefe del Estado Mayor de Franco, Francisco Martín Moreno, dio a conocer desde Sevilla unas nuevas instrucciones para las columnas de operaciones. Del documento, poco conocido, habría que destacar lo siguiente:

Por la tarde Yagüe comunicó a Franco que el día siguiente, el 13, ocuparía Lobón y Talavera la Real entre las ocho y las diez de la mañana, y que después prepararía la artillería para el ataque a Badajoz. Y añadía: «Necesito que desde las 5 horas hasta la ocupación de Badajoz esté volando aviación porque en el momento en que la aviación enemiga ve aparatos huye»^[154]. Yagüe sabía que en la ciudad de Badajoz disponían de mucha dinamita, cañones y doce ametralladoras distribuidas entre la torre de la catedral, las murallas y el Puente de Palmas. Según información proporcionada por quienes habiendo abandonado la ciudad se habían sumado a la columna contaban también con dos Compañías de Carabineros y unos cuatro mil milicianos armados^[155]. En la carretera de Sevilla había un destacamento con ametralladoras y, según se decía, poseían cables eléctricos de alta tensión. Conocedor de que en Don Benito disponían de cuatro aparatos, Yagüe pidió a Franco que se efectuasen bombardeos a las seis de la mañana y a las cuatro de la tarde. En su estilo habitual, Yagüe escribió este mensaje al «Jefe del Gobierno Nacional»:

Desde Mérida y al frente de poderosa columna con espíritu elevado e ímpetu arrollador le saludo y me pongo a sus órdenes. Badajoz, que ha ofrecido tenaz resistencia, se defiende en sus últimos baluartes, pronto estableceré contacto con Uds. Viva España. Viva Castilla^[156].

Las fuerzas que componían en ese momento la columna Madrid eran las siguientes:

Por esos mismos días, ciertos movimientos habidos en el sur de la provincia obligaron a dedicarle más atención, pues por diversos conductos llegaron noticias de que una columna de unos seiscientos hombres y con varios camiones blindados había pasado por la zona de Encinasola en dirección a Jerez de los Caballeros y a Zafra, y que las columnas de la cuenca minera onubense se acercaban peligrosamente a Santa Olalla, eje del abastecimiento de la columna Madrid. Para atajar el avance se planeó la ocupación del centro y norte de la provincia de Huelva mediante la formación de una columna que desde Sevilla iniciaría sus pasos el día 15 de agosto.

El gobernador Granados, agobiado por noticias contradictorias, seguía sin poder contactar con Mérida e instaba a Gobernación a que se le informase de la situación existente. El gobernador civil de Badajoz, en pleno bombardeo fascista, reconocía que cualquier idea de actuar sobre Mérida se veía minada por la continua desmoralización a que estaban sometidas las fuerzas militares, incapaces de enfrentarse a una columna como la de Yagüe. Desde Madrid se le mintió diciéndole que la situación en Mérida era favorable y que las fuerzas de Badajoz podían sumarse al ataque que se efectuaría ese día sobre la ciudad «coadyugando [sic] a las operaciones dispuestas por el Ministerio»^[158]. Lo de Madrid —realmente— no se sabe si era ignorancia, ineptitud o una mezcla de ambas. No obstante, previendo lo que se avecinaba, en Madrid se preparó a partir de ese momento la columna que intentaría ocupar Mérida el día 14, coincidiendo con la toma de Badajoz. Temiendo esto, y sin duda informados, fue precisamente por lo que se hizo permanecer en Mérida a Tella con la I Bandera y las fuerzas llegadas de Cáceres el día once al mando del comandante Linos Lage.

Mientras tanto Asensio, todavía al mando de todas sus fuerzas, permaneció ese día 12 en Mérida en lo que los golpistas denominaban «operaciones de organización y limpieza», que no era otra cosa que registros, asaltos, detenciones y formación de los grupos paramilitares encargados de la represión. Además envió una sección de Regulares a «pacificar» Esparragalejo y una compañía de la misma fuerza a la Sierra de San Serván, donde en unión de otra compañía similar enviada desde Almendralejo acabaron con núcleos de huidos allí establecidos. Tal como estaba previsto, y concluida su misión, esa misma noche Asensio limitó su mando a la IV Bandera y al III Tabor. La aviación republicana sólo hizo en ese día dos breves apariciones.

En Lobón fueron encerrados veintinueve presos en la parroquia el día 20 de julio; se les maltrató y se les exigió dinero, pero todos pudieron contar su calvario a Yagüe el día 13 de agosto. Sufrieron malos tratos Eduardo Maza Coca (Puebla de la Calzada), el párroco Francisco Muñoz Fernández, Juan Martín Rodríguez, Manuel León Giraldo, Juan Martín González, Fernando Pacheco Fernández (Mérida), Francisco Martín González, el conserje del casino Diego Pajuelo Carmona, Antonio Fernández Martín y Victoriano Aguilar Salguero, desconocido en Lobón y al que luego volveremos a encontrar. De estos hechos fueron acusados Juan Paredes Muñoz, Alfonso y Diego Sánchez Sánchez, Francisco Guerrero Poblador, Basilisa Sánchez y Florentina Iglesias. Según la Causa General, los hechos más graves ocurrieron el día 13, cuando, ya en retirada para Badajoz, dieron muerte a José Dorado Aunión, obrero de setenta y dos años; Antonio Molina Puertas, obrero de diecisiete años; Fidel Martín Martín, farmacéutico de sesenta y dos años, y su hijo Ángel Martín Martín, mancebo de farmacia, de treinta y cuatro años. Por su parte, el informe realizado por la Guardia Civil para Cuesta Monereo alude a «dos asesinatos cometidos por rojos en su huida»^[159]. Sin embargo, lo cierto es que tales hechos no sucedieron en Lobón sino en Talavera, adonde fueron trasladados esos presos. Los mismos informes municipales elaborados en la posguerra y enviados a la Causa General y a la sección salmantina de Recuperación de Documentos afirman que los izquierdistas de Lobón «no hicieron crímenes ni asesinatos»^[160]. Para mayor confusión Fidel Martín Martín aparece también entre las víctimas de Talavera, donde, entre los cadáveres recogidos en el término, aparece un Ángel Martín Merchán, hallado en el sitio las «Pedroneras» y que había sido alcalde de Lobón. Otro aspecto que tampoco suele constar en estos documentos es que los presos de Lobón fueron protegidos de quienes proponían acabar con ellos cuando se acercase la columna por el sargento de Infantería Antonio Balas Lizárraga, quien pasó por allí el día 13 con un pequeño grupo de soldados y de milicianos de la columna del diputado Sosa^[161].

El día 13 Yagüe, después de ocupar Lobón, advirtió por teléfono a Montijo de que si no se rendía sus baterías arrasarían el pueblo. Entonces una comisión formada por representantes de varios partidos: Mariano Aunión (IR), Rodríguez (PSOE), del Viejo (PCE), Manuel Zúñiga (PRR) y Alonso Rodríguez, Pedro Bueno Carvajal y Antonio Alba, éstos de derechas, parlarnentó con Yagüe y le garantizó la entrega del pueblo. Según algunas investigaciones Yagüe fue informado por los derechistas de que en Montijo no se había derramado sangre alguna, tras lo cual el militar africanista preguntó por el alcalde de la Dictadura y lo designó como Presidente de la Comisión Gestora^[162]. Las únicas quejas de haber recibido malos tratos vinieron de ciertos presos de derechas, caso de Miguel Campos Rico, José Pérez Parejo, Emiliano Gragera Tejeda, Juan Pinilla Pinilla, Bartolomé Gragera Domínguez, Serafín Cabo Rodas y Juan Ferrer Márquez. Según parece se les entregó una nota que decía: «Como elementos comprometidos en el movimiento subversivo en contra de la República, si no anotáis en esa cuartilla de papel el nombre de los demás comprometidos antes de las 4 de la mañana, seréis fusilados»^[163]. Esta amenaza no sólo no fue llevada a efecto sino que uno de los detenidos que se autolesionó fue trasladado a Badajoz para que recibiera atención médica.

En Montijo, a partir de la sublevación, se constituyó pronto un comité presidido por Santiago Cea y formado por quince personas. A su cargo quedaron las milicias frentepopulistas y sus diversas funciones tras la marcha de la Guardia Civil a Badajoz el día 24 de julio. Fue entonces cuando comenzaron las detenciones. El momento más grave, según testimonio recogido por Chaves Palacios, se produjo sin duda cuando un forastero con información sobre las matanzas que las columnas fascistas venían practicando desde el Sur animó a los vecinos de Montijo a que eliminasen a los detenidos. «Si no los matáis, ellos vendrán a mataros», dijo el forastero. Además del Comité, el Ayuntamiento siguió funcionando hasta el diez de agosto. Del alcalde, Miguel Merino Rodríguez, uno más de esos hombres buenos aniquilados por el fascismo español, puede comentarse, siguiendo a Chaves, las palabras de bienvenida a cuatro concejales designados por el gobernador tres días antes del golpe militar: «Os invito a los nuevos concejales a colaborar sin pasiones políticas por el bienestar y el progreso del pueblo de Montijo». Cuando Yagüe salió hacia Talavera no eran aún las diez de la mañana. «Ocupado Lobón, Montijo y Puebla sin novedad. Monto ataque sobre Badajoz, pido cooperación seria aviación», escribió a Franco^[164].

En Talavera la Real fueron detenidas por orden del Comité 82 personas, a 23 de las cuales se las trasladó al Depósito Municipal y al resto a la ermita de San José. Los de la cárcel sufrieron maltrato, como el caso del párroco Rafael Fernández Díaz, a quien le rompieron la columna dorsal de una paliza; a otro le aplastaron el pie con la culata de un fusil. Los castigos habituales fueron por el contrario la limpieza de la cárcel, del Ayuntamiento, de la Casa del Pueblo, de los casinos y de las calles, todo ello, como señalaba un informe de la Guardia Civil, «entre la rechifla del infrahumano populacho y los latigazos Y culatazos de los siniestros verdugos»^[165]. Eran paseados por las calles entre voces que les acusaban de canallas, verdugos y fascistas, y comenta Río Lagrimal: «Como si ser fascista fuera ser ladrón». Al igual que en otros lugares, no se permitió que las criadas llevasen la comida a los presos; debían ser los propios familiares, que debían guardar cola hasta que se les autorizaba a entregar los alimentos. Los propietarios fueron obligados a pagar las jornadas perdidas por los obreros a consecuencia de la represión de los sucesos de octubre de 1934. Veamos el testimonio de Avelino Villalobos:

… después el Comité me asignó una cuadrilla de nueve segadores, para el término de Talavera, teniendo la siega terminada y exigiéndome pagar esa cuadrilla, pagándole dos semanas que importaron MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y NUEVE pesetas, habiéndole pagado antes de asignarme la cuadrilla 18 jornales a 11,50 pts. sin haber segado, por la anormalidad de la situación; ahora vienen los del término de Badajoz, que eran seis; trabajaron veinte días, que segaron cuatro fanegas, y luego se presentan los que tuve en la máquina trilladora reclamando MIL CIENTO TREINTA Y CINCO pts. por horas extraordinarias del año pasado. Y como no tenía dinero, me llevaron de casa sesenta y siete fanegas de trigo; además me obligaron a pagar lo que correspondía a mi cuñado, que no pudieron detenerlo por encontrarse escondido en Badajoz. El Voz Pública me sacó CIENTO CUARENTA pts. por el tiempo que había estado cesante, como indemnización. Después vino un tal José González que me sacó CIENTO VEINTE pts. por el mismo concepto.

En algunos casos, como el de Ramón Juez, exigieron pagos desde 1931. Otras cuentas las exigieron de manera colectiva. Así, por ejemplo, todos los detenidos hubieron de pagar seiscientas pesetas a dos miembros del Comité en concepto de indemnización por el tiempo pasado en la cárcel durante el Bienio Negro; también 1560 pesetas a un guarda cesante, cuatrocientas para otro preso, etc. Si faltaba dinero, cobraban en víveres. Incluso a los guardias de la prisión tuvieron que pagar 11,50 al día. El documento más espectacular que hubieron de firmar decía, según el testimonio de Villalobos:

Los abajo firmantes nos comprometemos mancomunadamente y solidariamente a abonar en concepto de indemnización la cantidad de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO pesetas por haber estado presos año y medio en Ocaña a Fulano, Zutano, Zutano y Perencejo, con un total de treinta y seis nombres, respondiendo al pago con todos nuestros bienes presentes y futuros. Algunos de los detenidos, ya fusilados, de una manera correcta trataron de hacerles desistir, pero todo fue inútil. Tuvimos que firmar todos el documento.

Uno de los «rojos», José Bolaños González, posteriormente fusilado, entraba en donde estaban los presos y les decía:

Entro a veros aquí porque disfruto de veros penar, porque cuando yo estuve en Ocaña maté muchos piojos y chinches y pasé bastante; ahora que vosotros vais a pasar más que yo; todos los que estuvieron en la cárcel os piden indemnización, pero yo pido que os corten la cabeza.

También, dirigidas por el concejal Agustín Amador Guerrero, se practicaron requisas que afectaron a Antonio Morillo, Juan Tienza Villalobos, Valentina Crespo, Leocadio Valle y Teodoro Ardila. Los izquierdistas huyeron, llevándose a los 23 presos de la cárcel, al mismo tiempo que entraban las fuerzas de Yagüe arropadas por su aviación. Ya camino de Badajoz y como a un kilómetro del pueblo bajaron a todos los presos y les dispararon, tras lo cual partieron dándolos por muertos. Sólo dos de los 23 —Avelino Villalobos Guerrero y Leopoldo Río Lagrimal^[166]— salvaron la vida:

La responsabilidad de estos hechos recayó sobre Manuel Gómez Amador «El Mojoso», José Solís Villalobos, Jacinto Sánchez González, Frutos Carretero, José Becerra Ardila, Miguel Villalobos Merchán, Octavio Salamanca Barrera, Benigno López Carretero, Manuel Carvallo «Caena», José Boaños González, Mariano Flores Román y Francisco Vázquez Rodríguez. Sin embargo, otros documentos posteriores centran la responsabilidad en el primero de ellos, en Manuel Gómez Amador, miembro del Comité y «presidente de las Juventudes Comunistas» que fue, según la Causa General, quien dirigió toda la operación y el que mató personalmente a uno de los presos. Manuel Gómez «El Mojoso» pasó a zona republicana y acabó sus días en Chile. También fueron acusados de tomar parte en la reunión en que se decidió eliminar a los presos el alcalde Mariano Flores Román y el concejal José Becerra Ardila Todo se complica si seguimos el informe de la Comisaría de Investigación y Vigilancia que —salvo los casos de Gómez Amador y Bolaños— responsabiliza a José López Casado, Manuel Sáez Moreno, Francisco Gallardo Barrena, Aurelio Juez Cabezudo y Alberto Hernández Gómez «Largo Caballero».

El día 13, antes de la operación definitiva sobre Badajoz, pasan a poder de los sublevados Puebla de la Calzada y Torremayor. En el primero, con 67 derechistas presos, se acusó a los republicanos de proferir amenazas, «sin llegar a los malos tratos», y de sacarles en concepto de jornales atrasados unas 150 000 pesetas, parte de las cuales se cobraron en víveres. Se achacó a las fuertes impresiones de esos días la muerte del obrero preso Alonso Calamonte y las de Miguel Casillas, Caridad Espinosa y Asunción Bermudo, todos ellos familiares de presos.

Conocemos lo ocurrido en Torremayor por la investigación abierta en la Auditoría de Guerra de la II División acerca de la desaparición del maestro y miembro del Comité local Luis de Rivas Molina^[167]. Esta investigación fue posible debido a que el familiar que denunció el hecho era un prominente falangista sevillano. Con este motivo, y con el propósito de incriminar a Rivas, se incorporaron al sumario algunos documentos de interés, como por ejemplo dos actas de las reuniones del Comité de Enlace del Frente Popular. La primera tuvo lugar el domingo 19 de julio en el Ayuntamiento, con presencia del mencionado Luis de Rivas Molina, en representación de Izquierda Republicana; de Jacinto Pastrano, por la Casa del Pueblo; y de Ángel Ramírez Rodríguez. Como presidente del Comité actuó el alcalde socialista Cándido Collado Ramírez, Rivas como secretario y los otros dos como vocales. A continuación, siguiendo instrucciones del Comité Provincial del Frente Popular, se constituyeron servicios de vigilancia y control «para el mantenimiento del orden público en la localidad». Finalmente el Comité acordó condenar «el movimiento subversivo perpetrado por la reacción y el fascismo españoles contra el gobierno legítimo de la República». Cuatro días después, el 23, se celebró una nueva reunión para cumplimentar nuevas instrucciones recibidas del Comité provincial, y se redactó e hizo público el siguiente manifiesto:

Efectivamente, unas semanas después y ya ocupado el pueblo desde el 13 de agosto, Luis de Rivas pudo escribir el día 31 de ese mes a su cuñado diciéndole que

cuando se sepa la triste odisea de los pueblos de esta provincia se vendrá en conocimiento de que éste ha sido el único pueblo que despreciando insinuaciones, órdenes, coacciones y amenazas se ha comportado con el espíritu de la más alta civilidad, pues aquí ni un solo caso de detención ni saqueo ni siquiera amenaza, por eso el pueblo hoy es libre en completa tranquilidad y sosiego.

Sin embargo, aunque en la misma Causa General se reconocía que «sólo hubo algunas detenciones de pocas horas» sin importancia, otros documentos nos dicen que, aunque tratados con toda corrección, fueron detenidos 24 derechistas locales, a los que se obligó a despedir a los obreros de derechas y a contratar a los designados por el Comité^[168].

El 18 de julio en Badajoz

La ciudad de Badajoz, enclavada entre el río Guadiana y el arroyo Rivillas, con unos 42 000 habitantes en estos años, era históricamente una plaza fuerte, rodeada por una espectacular muralla y con varias defensas exteriores como los fuertes de La Picuriña, Pardaleras y San Cristóbal, además del propio Cuartel de Menacho. La muralla, con varias puertas como las de Palmas, Carros, Trinidad y Pilar, había llegado prácticamente íntegra al siglo XX, pero ya durante la República habían sido demolidos varios sectores de su perímetro para abrir varias vías de acceso. Así, entre 1933 y 1934, siendo alcalde Sinforiano Madroñero, se abre la muralla entre los baluartes de San José y Santiago (Avenida de Colón), entre éste y el de San Juan (Avenida de Huelva), y también se crea un acceso en la cara oriental del baluarte de la Trinidad para comunicar la ciudad con el barrio de San Roque, el único extramuros junto con la barriada de la Estación, y que sería precisamente el primero en ser ocupado por encontrarse a la derecha de la ruta de Yagüe y lindero a la carretera de Madrid^[169]. Ésas, y no las puertas ni las supuestas aberturas producidas en la muralla por la artillería o la aviación, como tantas veces se ha dado pie a pensar, serán las brechas de las que se servirán los sublevados para penetrar en la ciudad.

Badajoz vio considerablemente reducida su guarnición con las reformas de Azaña, y tuvo como jefes durante la República a militares tan prestigiosos como José Miaja Menant, Manuel Romerales Quintero y Luis Castelló Pantoja. En 1936, la ciudad contaba con el Regimiento Castilla n.º 3, las Cajas de Reclutas n.º 6 (Badajoz) y 7 (Villanueva de la Serena), el Departamento de Intendencia, el Cuerpo de Seguridad y Asalto (Badajoz y Mérida), el 11.º Tercio y la Comandancia de la Guardia Civil, la 13.ª Comandancia de Carabineros y la Plana Mayor de la 2.ª Brigada de Infantería. Según la versión de los vencedores, el encargado de preparar la trama golpista en Badajoz fue el capitán de Estado Mayor Julián García-Pumariño Menéndez, quien a fecha de 16 de julio, convencido del fracaso de su misión, se marchó a lugar más seguro, el Cádiz del general Varela. García-Pumariño justificó esta decisión en el escaso apoyo encontrado tanto en el ámbito castrense como en el civil, del que habría que exceptuar a Falange, considerada una fuerza importante, y que tenía elementos como el capitán retirado José Luna Meléndez (jefe territorial de la Falange extremeña), Arcadio Carrasco Fernández-Blanco (jefe Provincial)^[170]. Agustín Carande Uribe, Victoriano Pacheco Fernández, Enrique Fernández de Molina y Eduardo Ezquer Gabaldón^[171]. Falange se comprometía a aportar seiscientos hombres y el teniente coronel de Infantería Valeriano Furundarena Pérez 250 fusiles. Según esta misma versión, sería el «espíritu apocado y débil» del coronel José Cantero Ortega (nombrado jefe de la Guarnición cuando el general Castelló pasó al Ministerio de Guerra el día 19 de julio) el que hizo fracasar el proyecto. Para Manuel Pereita Vela, José Cantero —catalogado por todos los sublevados de «hombre de poca energía»—, aunque mantenía que con él no se había contado, conocía la trama. El capitán Martín González Delgado lo diría de otra forma:

La completa indiferencia del Coronel, que no quería salir de la legalidad jurídica que él llamaba y la estrecha intromisión de los oficiales mencionados, nos hacía imposible ponernos de acuerdo para intentar dar el golpe que todos deseábamos^[172].

Por su parte, el capitán retirado Leonardo Sánchez Risco, cuyo contacto con el Regimiento era el capitán Otilio Fernández Palacios, se había comprometido a aportar otros trescientos hombres, muchos de ellos militares retirados como él. El mismo Fernández Palacios fue el encargado de mantener contactos con los capitanes Manuel Carracedo Blázquez y Justo Pérez Almendro y el comandante Miguel de la Vega Mohedano, de la Guardia Civil, y con el teniente Fernando Acosta López y el capitán Ildefonso Blanco Hernández, de Asalto. Las reuniones de los golpistas se celebran en el café «El Gallo», propiedad de la familia Alba —los falangistas Emilio y Miguel Alba— emparentada con el omnipresente capitán Otilio Fernández. Según declaraciones del teniente Atanasio Riballo Calderón, allí se veían antes del 18 de julio con algunos políticos de derechas un grupo de militares entre quienes destacarían, aparte de Fernández Palacios y del propio Riballo, el teniente coronel Manuel Pereita Vela; los tenientes coroneles Emilio Recio Andreu y Valeriano Furundarena Pérez; los capitanes Leopoldo García Rodríguez, Francisco Rodríguez González, Martín González Delgado y Juan Ruiz de la Puente; y los tenientes Pedro León Barquero, Emeterio Martínez Touriño, Rafael Quintanilla de Gomar, José Sánchez Arellano, Alfonso Ten Turón, José Rodríguez Rodríguez, Jenaro Nieto Cabañas y Jacinto Ruiz Martín, y los alféreces Antonio García Gómez y Hermenegildo Fuentes Iglesias. La dirección de la sublevación recaía, como se ha dicho, en el capitán García Pumariño, quien había asegurado antes de su partida que del general Castelló no había que preocuparse, pues él se encargaría de sacarlo de Badajoz. Pereita Vela, como García-Pumariño, desaparecerá de Badajoz en dirección a Sevilla para volver inmediatamente después de la ocupación. Serán, pues, el capitán Fernández Palacios y el teniente León Barquero los que mantendrán la llama de la sublevación entre sus compañeros.

Como fue habitual en aquel momento, la Guardia Civil se volcó en bloque a favor de la sublevación que proponía el capitán Justo Pérez Almendro y que, al igual que ocurrió en otras comandancias, marginó a su jefe, el comandante José Vega Cornejo, único partidario de la legalidad —si exceptuamos al teniente Juan Díaz Alvarado— y tachado lógicamente por los golpistas de «voluble en sus actos»^[173]. Sobre este asunto contaba el teniente de Infantería Pedro León Barquero que, hablando el día 19 con el alférez de la Guardia Civil Luis Solís Borrego, éste le dijo que «si nos estorba el comandante Vega lo quitamos del medio»^[174]. La Comandancia de Carabineros, al mando del teniente coronel Antonio Pastor Palacios, salvo excepciones, era contraria al golpe. Finalmente los jefes de Asalto estaban divididos: el de Badajoz, el teniente Fernando Acosta López, se distinguía por su «españolismo», según la Historia de la Cruzada; y el de Mérida, el capitán Carlos Rodríguez Medina^[175], sería según la misma obra «comunista frenético y masón». En otras palabras, Acosta era un firme partidario de la sublevación y Rodríguez Medina un ferviente republicano. El capitán Ildefonso Blanco Hernández, también favorable a la sublevación, estaba en situación de disponible forzoso desde marzo del 36.

La Falange recibe la señal para actuar en la noche del 16 de julio mediante un mensaje enviado desde Madrid por Luis Giner a Feliciano Sánchez Barriga. Entonces, Carrasco, Molina y Carande se citan y deciden reunir en Badajoz a los falangistas de los pueblos cercanos, hacerse con las armas prometidas por Furundarena y ponerse a las órdenes de los golpistas. Al mediodía del día 17 Arrarás sitúa un choque entre falangistas y comunistas en que resulta herido uno de estos últimos, José Flecha Díaz, secretario de las Juventudes Socialistas. Esa misma noche, sobre las diez, penetran en la ciudad y se distribuyen de manera estratégica un numeroso grupo de falangistas procedentes de varios pueblos de la provincia. Cuando el capitán Miguel Valaer Bes paseaba por San Francisco se le acercó Guillermo Jorge Pinto, uno de los principales integrantes de la trama civil golpista, y le comunicó que estuviera preparado para el día siguiente. El enlace entre el capitán García-Pumariño y Guillermo Jorge Pinto era el sargento José Méndez Hidalgo^[176]. Por su parte algunos militares retirados favorables al golpe, reunidos en casa del capitán Pedro Fernández García, deciden contactar con el capitán de Infantería Francisco Rodríguez González, quien les asegura que la oficialidad está con el golpe y que sólo esperan la llegada de un delegado de Sevilla para la proclamación del estado de guerra. La Guardia Civil, también sondeada, delega la iniciativa en el Regimiento Castilla. Cuando a las diez y media de la noche del 17 de julio llegó la orden de acuartelamiento casi todos supieron lo que significaba y acudieron prestos y confiados al cuartel.

Toda esta trama se desinflará a lo largo del sábado 18 cuando las masas se lanzan a la calle en defensa de la República, porque si algo tuvieron claro los sublevados fue que el alma del Badajoz republicano y antifascista estuvo constituida por carabineros y milicianos, lo que sería recogido en las propias sentencias de los consejos de guerra al especificar que la resistencia procedía principalmente de éstos y que las fuerzas del Regimiento Castilla rehuyeron el combate con los ocupantes en la medida de lo posible. La derecha pacense también era consciente de ello, y así alguno, como Ramón Bueno Pereira, aludía a que si la gente no hubiera tenido armas igualmente «se hubieran adueñado de la calle con palos, sables y hachas»^[177]. Ya desde la tarde de ese día 18, en los cuarteles, se intenta escuchar Radio Madrid, pero se capta mejor Radio Sevilla, donde oyen cómo un oficial leía un bando de guerra. Lo cierto es que ni los falangistas logran entrar en contacto con los militares ni aparecen las armas de Furundarena. Las autoridades y los dirigentes frentepopulistas se reúnen en el Gobierno Civil. La presencia del comandante de la Guardia Civil José Vega Cornejo garantiza la fidelidad de un cuerpo al que se considera peligroso y que será sometido a vigilancia hasta que a finales de julio se decide enviar a Madrid a un buen número de sus miembros. Algunos suboficiales se ponen de inmediato al servicio de las autoridades y varios de ellos participan unos días después en la organización y preparación de las milicias. La detención de derechistas o de personas potencialmente peligrosas comienza de inmediato. El primero que ingresa en prisión el mismo día 18 es el falangista Agustín Carande Uribe^[178]. y le siguen en días sucesivos otros falangistas como el ya mencionado Guillermo Jorge Pinto (día 20), Felipe Moreno Damián (día 23) o Enrique Sardiña Peigneux (día 25); y personajes que más tarde llegarán a ser muy conocidos, como los militares retirados Máximo Trigueros Calcerrada —concejal entre octubre de 1934 y febrero del 36—, y Marciano Díaz de Liaño, o el cura fascista Isidoro Lomba Méndez^[179]. Tanto Pinto como Lomba habían actuado como apoderados de candidatos derechistas en las elecciones de febrero del 36. La mayor parte de estas detenciones, más de trescientas, aunque también intervino la autoridad militar, fueron ordenadas desde el Gobierno Civil.

Al mismo tiempo se contacta con los pueblos para que actúen en igual sentido. Inmediatamente se organizan grupos que desde los pueblos se acercan a Badajoz en camiones para recibir instrucciones y otear la situación. En cuanto llegan a la ciudad pasan por los cuarteles en busca de armas que nadie les da todavía. Al ver que no pintan nada allí y que en la ciudad existe la sensación de que no se cabe, muchos vuelven a sus pueblos. Ya el mismo sábado 18 los militares golpistas se sienten vigilados por los cientos de izquierdistas que rodean los cuarteles. Cualquier movimiento extraño que hubiera en un cuartel era inmediatamente comunicado al Gobierno Civil y a los grupos políticos, que rápidamente se movilizaban. Todos estos grupos de vigilancia eran coordinados por el dirigente comunista Luis González Barriga. Los militares favorables al golpe saben ya que Cáceres, Cádiz, Córdoba y Sevilla están en poder de los sublevados, pero no ven la manera de imponerse, ni dentro ni fuera. Unos escuchan las emisoras de Extremadura y Madrid y otros —al menos los primeros días— las de Sevilla, Tetuán y Castilla. Las charlas de Queipo, claves para los golpistas, fueron prohibidas en los cuarteles, pese a lo cual siempre habrá «amigos fascistas», como Fernando García Rodríguez, que los mantengan al tanto de lo que ocurre de sur a norte. Entre los días 18 y 21 hubo varias reuniones en «El Gallo». La más importante tiene lugar a las ocho y media de la tarde del 19 de julio. Asistieron el teniente coronel Emilio Recio y los capitanes Luis Andreu, Otilio Fernández y Leopoldo García. La Guardia Civil asegura a través del capitán Carracedo que, salvo el Jefe, todos están dispuestos a sumarse a la sublevación. Desde distintos ámbitos militares se plantea al coronel Cantero la urgencia de sublevarse, pero éste, que considera que sin orden superior y sin el acuerdo de todos —subalternos incluidos— no hay nada que hacer, rechaza la idea^[180]. Cuando desde Madrid se pregunta por la situación, Cantero asegura la fidelidad. Los únicos problemas surgidos en la provincia, como los casos de Azuaga, Villanueva de la Serena o Fregenal, asociados siempre a la Guardia Civil y especialmente graves en el caso de Villanueva por cortar la comunicación ferroviaria con Madrid, serán controlados en días sucesivos por columnas mixtas de militares leales y milicias.

La reunión decisiva

La última oportunidad de los golpistas sucede en la noche del día 21, cuando Cantero —«tibio, descompuesto y con voz apagada», según el teniente León Barquero— reúne a los oficiales para comunicarles la orden recibida sobre la una de la noche desde el Ministerio de la Guerra para que un batallón parta hacia Madrid. Cantero expuso crudamente que de cumplir aquella orden se situarían frente a los facciosos y que en caso contrario quedarían sublevados frente al Gobierno legal. A continuación dijo que los partidarios de lo primero se pusieran a un lado y el resto a otro. Algunos —a los que el teniente coronel Valeriano Furundarena, el capitán Fernández Palacios y el teniente Pedro León Barquero se encargan de llevar a la reunión— saben que la salida de ese batallón es el final de la sublevación en Badajoz. El ayudante del coronel, el capitán Luis Andreu Romero, intenta controlar sin éxito la fuerte discusión que se produce, en la que se llega a echar mano a las pistolas y que concluye cuando la mayoría de los oficiales allí reunidos deciden sumarse a la sublevación sin decir nada a los suboficiales. ¿Cómo contar —decía el alférez Antonio González Dorado— con los cabos, todos comunistas menos uno?^[181]. En ese momento son las tres de la madrugada. Cantero plantea entonces a Madrid que se aplace la salida de las fuerzas, pero Madrid reitera la orden, con lo cual Andreu aboga por acatar lo que decida el coronel. Acto seguido, por iniciativa de varios oficiales, especialmente el comandante Enrique Alonso, se decidió ampliar la consulta a los suboficiales, lo que se realizó de inmediato. Frente a las voces que pedían sumarse a la sublevación, los alféreces Joaquín Borrego Martínez, Benito Méndez Lemo y José Terrón Martínez; los brigadas Ramiro Cabalgante Vilela, Juan Pérez Rodríguez, Máximo Gragera Paredes, Juan Tena Franco y Pilar Macarro Peña, y los sargentos José Balas López, Antonio Balas Lizárraga, Rafael Méndez Penco y Fernando Gómez Muñoz, abogaron por mantenerse junto al pueblo y con la legalidad. Entonces el capitán Andreu comunicó a los oficiales que sus compañeros no se sumaban. Pero en ese momento algunos oficiales (los capitanes Otilio Fernández Palacios, José Almansa Díaz y Martín González Delgado) accedieron de nuevo a la reunión e intentaron convencerlos a todos —«que teníamos que ser todos uno y que donde hiciera falta el auxilio de uno fuéramos todos, que nadie desertara del acuerdo»^[182]—, encontrando una fuerte oposición en el grupo formado por Máximo Gragera Paredes, Ramiro Cabalgante Vilela, Juan Tena Franco, José Menor Barriga, los hermanos Luis y Eugenio Blázquez Sánchez, José Balas López, Antonio Balas Lizárraga, Eladio Frutos Moreno, etc., quienes mantuvieron que, aunque fuese solos, partirían hacia Madrid^[183].

En esta reunión el sargento Méndez Penco dijo que «su opinión era que puesto que estamos bajo el mando de un gobierno legalmente constituido había que obedecer su mandato»^[184]. Sin embargo, como existía una mayoría favorable al golpe, se adoptó finalmente la decisión de sublevarse, comunicada enseguida por los suboficiales republicanos a la Casa del Pueblo, con la que ya existía una relación previa y pública, pues para nadie era secreto el contacto entre el oficial Luis Moriano Carnicero y conocidos izquierdistas como José Aliseda Olivares o los hermanos Nicanor y Francisco Almarza Ferrón (socialista el primero y comunistas los segundos). Los partidarios del golpe, por medio de un soldado llamado Ibáñez, intentan transmitir lo acordado a su grupo de militares retirados, guardias civiles y falangistas, todos expectantes, pero al soldado ya no le es permitido salir del cuartel. Entonces, mientras algunos inician los preparativos para la declaración inmediata del estado de guerra, otros —como los comandantes José Ruiz Farrona, Enrique Alonso García y Antonio Bertomeu Bisquert, los capitanes de Miguel Ibáñez y Andreu Romero, y los alféreces Méndez Lemo, Borrego Martínez y Terrón Martínez— acuerdan con el coronel Cantero que no habrá sublevación y se seguirían las órdenes de Madrid, decisión que fue comunicada a las compañías. El teniente Pedro León Barquero imaginaba en declaración posterior que a Cantero le dijeron «que la Casa del Pueblo ya lo sabía, que había miles de campesinos armados y que dentro del cuartel nos cortarían la cabeza»^[185]. Pero lo que realmente le dijeron —lo conocemos por el teniente Alfonso Ten Turón, que quedó allí por orden de Recio— fue que era un disparate desobedecer al Gobierno y que pensase que la máxima responsabilidad recaería sobre él^[186]. Cuando los anteriores se dan cuenta, ya es demasiado tarde y lo que sale no es la fuerza a declarar el bando, sino el batallón para Madrid al mando del comandante José Ruiz Farrona, firme partidario de que prime la legalidad y que aprovecha la situación para llevarse con él a declarados progolpistas como el capitán Juan Ruiz de la Puente, los tenientes José Sánchez Arellano, José Rodríguez Rodríguez, Guillermo García Fernández y Emeterio Martínez Touriño, o el alférez León Carlos Borrajo. Como dirá luego el teniente Ten Turón, todos los oficiales que fueron a Madrid, salvo Ruiz Farrona, el único voluntario, eran de derechas. Algunos —los que creen que el bando de guerra no ha sido declarado por cobardía— piensan que las dos compañías que saldrían hacia la capital tendrían oportunidad de sumarse a los sublevados en Villanueva de la Serena y que la salida de Ruiz Farrona podría beneficiar a los que en la ciudad deseaban sublevarse, pero nada de eso ocurriría. Cuando a las nueve de la mañana del 21 de julio sale el batallón del cuartel camino de la Estación cientos de milicianos estaban cubriendo su trayecto cautelarmente^[187].

Estos hechos acarrearían una ruptura entre ambos sectores que no haría sino agrandarse con el paso de los días. Poco después, una de esas noches, el brigada Tena dijo en voz alta: «Con el pueblo no hay quien pueda y mañana vienen cinco o seis mil milicianos armados de los pueblos», ante lo cual el alférez Antonio González Dorado acudió primero al teniente coronel Furundarena, que le dijo: «¿Y qué quiere usted que yo haga? Como la otra vez, que me dieron ustedes una patada y me quedé solo»^[188]; luego pasó al teniente coronel Recio, que se limitó a recordarle su condición de agregado sin mando^[189] y finalmente al coronel Cantero, que le espetó: «Bueno, pues que vengan»^[190]. Los oficiales que apostaron por la sublevación contarían luego que a partir de ese día se ejerció una vigilancia continua sobre ellos similar a la que, temerosos de que se produjera una matanza de oficiales, ellos mismos realizaron sobre los suboficiales. Hicieron recaer su frustración sobre el coronel José Cantero, al que calificarían una y otra vez de pusilánime cuando no de mero comparsa entre Puigdengolas y Bertomeu. Uno de los principales elementos del golpe en Badajoz, el teniente coronel Manuel Pereira Vela, ausente de la ciudad entre el 17 de julio y el 19 de agosto, declaró después al instructor que «no puede determinar las causas que hayan motivado el que [las] cosas se hayan desarrollado de manera totalmente contraria a como estos señores se manifestaban»^[191]. Más sincero aún resultaría el brigada Santiago Agujetas García al decir que «el criterio de unos cuantos había podido más que tantos, cuando tan sencillo hubiera sido encerrarlos y matarlos»^[192].

La Guardia Civil —con oficiales claramente facciosos como el comandante Miguel de la Vega Mohedano (Mérida), el capitán Justo Pérez Almendro (Badajoz), el capitán Luis Alguacil Cobos (Mérida), el teniente Antonio Miranda Vega (Azuaga), el teniente Ramón Silveira Nieto (Fregenal) o el capitán Manuel Gómez Cantos (Villanueva)^[193]— seguía siendo un misterio sólo avalado por el comandante Vega Cornejo, quien sufriría la primera decepción cuando, al enviar al capitán Rafael Durán Machuca al mando de fuerzas que habrán de ocupar San Vicente de Alcántara, recibió la noticia de que el guardia civil se ha pasado al enemigo. Fue entonces cuando se decidió que lo mejor que se podía hacer con los guardias civiles —unos mil en toda la provincia agrupados en nueve compañías—, y así alejar de paso a algunos de los oficiales, era agruparlos en Badajoz y enviarlos a Madrid. Habría de ser otra columna formada por fuerzas de Infantería, Asalto, Guardia Civil y milicias la que ocuparía San Vicente unos días después. La Guardia Civil —con 250 guardias de Badajoz al mando del comandante de la Vega y 50 de Mérida al mando del capitán Alguacil— saldría finalmente para Madrid el día 31 de julio. Cuando llegaron a Medellín tomaron la estación en medio de un salvaje tiroteo y destrozaron cuanto hallaron a su paso hasta salir en dirección a Miajadas^[194]. Al tener noticia del incidente en Madrid y en Badajoz se ordenó de inmediato el desarme de los restantes guardias civiles, el cual —como luego veremos— no fue completo.

¿Por qué fracasó el golpe en Badajoz? En primer lugar podemos decir que pese a que la mayoría de la oficialidad era favorable a la sublevación, al contrario que en otras guarniciones, existía un activo núcleo prorepublicano o simplemente legalista que iba más allá de los jefes. Así, la actitud de los comandantes será decisiva. La trama golpista en Badajoz era amplia y similar en sus ramificaciones externas a la de otros lugares, pero al no contar de manera efectiva con los niveles superiores era inoperante. Esto fue lo que captaron García-Pumariño y Pereita antes de abandonar la ciudad en dirección a Cádiz y Sevilla, respectivamente, días antes del golpe. Por otra parte, la Guarnición de Badajoz no tenía relación alguna con las del sur —como las de Sevilla o Cádiz, minadas por un feroz antirrepublicanismo—, que habían vivido a lo largo de la República lo que podríamos denominar una situación de golpe permanente. En este sentido sería significativo el caso de Cádiz, donde las maniobras por las que se ocupa la ciudad el 18 de julio son las mismas practicadas desde marzo del 36, por motivos de orden público. O el caso de Sevilla, donde el golpe resume las experiencias acumuladas desde los graves sucesos del verano de 1931 hasta las prácticas contrarrevolucionarias de octubre de 1934, pasando por el triunfo del diez agosto de 1932. Nada de esto existió en Badajoz, pese a que el tono revolucionario de la provincia —más en sintonía con Andalucía que con Castilla— pudiera haberlo presagiado.

En segundo lugar, la sublevación fracasó en Badajoz porque la gente se lanzó a la calle en defensa de la República y las autoridades civiles y los líderes políticos y sindicales supieron dar una respuesta inmediata, tanto en la capital como en el resto de la provincia. No obstante, este apoyo popular fue similar al que se produjo en todo el sur y en gran parte de España, de forma que lo que en realidad influyó para que la situación se definiera en un sentido o en otro no fue sino la actitud de quienes tenían las armas. Sin embargo, la participación ciudadana sí es importante cuando el día 21 tienen lugar las reuniones que deciden si las fuerzas parten para Madrid o se sublevan. Han pasado ya varios días y con la ciudad y la provincia en plena efervescencia los militares saben que ya sólo podrán imponerse a sangre y fuego. Además en esas reuniones se produce lo que en ninguna otra guarnición: se permite que la máxima autoridad militar, sin definirse aún respecto a la sublevación, consulte a los suboficiales, hecho que será considerado posteriormente por los sublevados como clave del fracaso de la sublevación en Badajoz, y adjudicado en exclusiva al comandante Enrique Alonso García. Tal como podía leerse en una de las sentencias:

Que como causa cooperante con la debilidad y falta de espíritu militar del mando, influyó también en la conducta mantenida por el Regimiento la situación del Cuerpo de Suboficiales en razón a haber hecho adeptos entre los Brigadas y Sargentos las propagandas revolucionarias, relajando la disciplina y favoreciendo la relajación de la tropa, y así los escasos Jefes y Oficiales que sostenían franca y decididamente el criterio de adhesión al Gobierno rojo contaron desde el principio con un núcleo de aquellos que secundaron tal actitud, se impusieron a sus compañeros de contraria ideología y arrastraron a los neutrales dando por resultado que, contra el parecer de los más, las Unidades expedicionarias salieran para Madrid y no se declarara el Estado de Guerra en la Plaza^[195].

A partir de ese momento, con la guarnición dispuesta a mantener la legalidad y con el pueblo volcado en la defensa de la victoria electoral de febrero, sólo falta dar el paso siguiente: disponerse a rechazar el avance del fascismo mediante la instrucción de milicias ciudadanas y la entrega de armamento.

Llegada del coronel Ildefonso Puigdengolas

El 25 de julio llegó en avión a Badajoz el coronel de Infantería Ildefonso Puigdengolas Ponce de León, en funciones de comandante militar, que había aplastado la sublevación en Guadalajara y Alcalá^[196]. Tanto él como los tres sargentos que le acompañan en calidad de ayudantes visten mono. El recibimiento es apoteósico y los aplausos enfervorecidos lo acompañan durante toda su estancia en la ciudad. Entre sus primeras medidas ordena el desarme de los soldados de cuota y la separación del mando de los jefes y oficiales derechistas. Los tenientes coroneles Valeriano Furundarena Pérez y Emilio Recio Andreu, en situación de disponibles forzosos, son conducidos a Madrid el mismo día 26 por un delegado del gobernador civil, una pareja de milicianos y dos guardias de Asalto; y el capitán Guillermo de Miguel Ibáñez pasa a ser su ayudante. Para los golpistas la llegada de Puigdengolas representó el final de todo proyecto involucionista. Los cuarteles se llenaron de paisanos y comenzó su organización en la plaza de toros, donde fueron instruidos en grupos más o menos numerosos. Un momento de gran tensión se vivió cuando, al poco de su llegada, fueron tomadas con ametralladoras las inmediaciones del cuartel de Infantería y —con los teléfonos cortados y los milicianos supervisando la operación— se entregaron unos doscientos (también se habla de quinientos) fusiles al comandante de Asalto, que en cuestión de horas pasaron directamente a las milicias. La orden fue dada por el capitán Guillermo de Miguel. Aunque se dijera que el coronel Cantero había puesto como condición que se dieran a través de Asalto sólo a las milicias que integrasen las compañías, en realidad el responsable del armamento era el capitán Francisco Rodríguez González, quien tuvo la habilidad de no firmar orden alguna de entrega^[197].

Puigdengolas organizó una columna, que llevará su nombre, con tres compañías de Infantería, dos de carabineros, Guardia Civil y milicianos, y tres batallones que serán el germen de los que más tarde recibirán los nombres de los diputados Margarita Nelken, Nicolás de Pablo y José Martínez Cartón. Al mando de estas fuerzas estará el comandante Antonio Bertomeu Bisquert, quien tomará como ayudante al alférez Joaquín Borrego Martínez, inseparable de otra de las bestias negras de los sublevados, el capitán de Carabineros Luis Suárez Codes. Carabineros y la Guardia Civil estarán respectivamente a las órdenes de los comandantes Julio Ugarte Chinchilla y José Vega Cornejo. Una de esas compañías quedó a cargo del capitán Otilio Fernández Palacios, partidario de la sublevación pero que ahora se pliega a las órdenes de Puigdengolas, llegando a ser en palabras de sus compañeros «el predilecto del Coronel rojo», hasta el punto de ser propuesto para comandante, «según constaba en documentos que fueron hechos desaparecer al entrar las tropas, sin que sepa por quién»^[198]. El capitán Otilio Fernández responderá a estas acusaciones tachando de personal sospechoso desde el capitán José Almansa Díaz al también capitán Valeriano Lucenqui pasando por el teniente José Pizarro García o el alférez Antonio González Dorado^[199]. Toda la documentación generada durante el mando de Puigdengolas será destruida antes de la entrada de las fuerzas de ocupación.

Según diversas declaraciones, Puigdengolas pedirá en varias ocasiones al coronel Cantero personal del regimiento para la instrucción de milicias en Badajoz y en otras provincias —caso de Ciudad Real—, pero muy pocos se prestaran a ello. Al mando estuvieron Bertomeu, el brigada Botonero y los sargentos Torres y Rodríguez. Se menciona como instructores a los comandantes José Calderón Rinaldi y Luis Benítez Ávila, al capitán Guillermo de Miguel y a los alféreces Vázquez y Segismundo Martínez. Fueron por el contrario los suboficiales los que proporcionaron numerosos instructores de milicias, caso de los brigadas Victoriano Lagoa Gómez, Juan Tena Franco, Manuel Trujillo Álvarez, Guillermo Botonero Lechón, José Borrego, Ramiro Cabalgante, Máximo Gragera o Carrasco; de los sargentos Sánchez, Manuel Mota Mimbreros, Eladio Frutos Moreno, Juan Rubio Lozano, Pilar Macarro Peña^[200], Marcos Falconet Salguero, Bartolomé Collado, Juan Orantos Cid, Daniel Perera González, José Méndez, Joaquín Zafra Mill^[201] y Antonio Balas Lizárraga, y de los cabos José Bagacea, Ramón Tapia, Antonio Hernández, Codosera y del Cerro. Todos ellos fueron acusados de «traidores de ideas marxistas y de todo lo malo que pueda acumularse»^[202]. Estas compañías mixtas (tropa, carabineros, Asalto, guardias civiles y milicias) efectuarán varias salidas: San Vicente de Alcántara (28 de julio), Fregenal de la Sierra (tres de agosto), Fuente de Cantos (cuatro de agosto), Los Santos (cinco de agosto) y Puebla de Obando (siete de agosto). Aunque puedan aceptarse matices, los hechos ocurridos en Badajoz el 18 de julio, el día seis con la sublevación interior o ya en la etapa final entre los días diez y 14 de agosto, crearán una imagen en la que por un lado se hablará de guardias civiles y fuerzas de Asalto, y por otro de milicianos y carabineros. La movilización general de cara a la defensa de la capital comenzó tras la caída de Mérida, cuando militares y milicianos comenzaron a instalarse en las murallas.

El Comité de Defensa de Badajoz lo integraban Nicolás de Pablo Hernández^[203], Nicanor Almarza Ferrán, De Miguel, Anselmo Trejo Gallardo, Terrón de la Cámara, Armengol Sampérez, Madroñero, Amalio Fatuarte Rodríguez y Flecha; el asesor militar será en esos primeros días el comandante de la Guardia Civil José Vega Cornejo. El papel jugado por el gobernador civil Miguel Granados Ruiz —uno más de los gobernadores de Izquierda Republicana— plantea ciertas dudas, pues si, por un lado, parece haber existido cierto interés en presentarlo como un personaje anulado por el Comité, por otro es normal que, con la llegada del coronel Puigdengolas con plenos poderes, quedara en la sombra. Según la Causa General —siempre generosa en descalificativos para los republicanos— observó «mediana conducta social», lo que no es poco. En su breve período de mandato y a tono con el estilo de los gobernadores de Izquierda Republicana, intentó controlar los excesos que se producían desde ambos extremos, ordenando por igual el ingreso en prisión de los alborotadores fascistas y de elementos considerados revolucionarios, como Juan Miranda Flores, alcalde de Corte de Peleas. Juan Simeón Vidarte nos cuenta que en las ocasiones en que habló con él en los últimos días de julio siempre le dijo lo mismo: «No te preocupes. Aquí no hay regimientos que puedan sublevarse, los de la capital son leales y la Guardia Civil y las fuerzas de Asalto también»^[204]. Granados, que contaba con la protección del gobernador de Elvas, huyó a Portugal el 12 de agosto librándose así de una muerte segura^[205]. Pocas dudas ofrece el bando —uno más de los declarados al amparo de la durísima Ley de Orden Público de 1933, una de las rémoras del bienio republicano-socialista—, típico de los gobernadores republicanos, obsesionados por el orden público y que no parecen ser muy conscientes del peligro real que se avecinaba, que con fecha de viernes 17 apareció el sábado 18 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia:

En ese momento, la preocupación de Granados Ruiz —como la de tantos otros gobernadores civiles— parece estar más por la reacción al golpe que por el propio golpe militar. De hecho —empezando por la terminología: causa del orden, toque de atención, previa censura…— parece que se enfrenta a una huelga general o a una revuelta, más que a una sublevación militar. Una de las primeras misiones del Comité de Defensa será organizar a las milicias locales y a los hombres que comienzan a llegar de los pueblos. Aunque no se sabe realmente el número de fuerzas que se dispusieron a defender la ciudad, se suele cifrar, siempre con escaso fundamento, en unos cinco mil hombres, entre militares y milicianos. La mayoría se situó en el tramo de muralla que iba de la Puerta Trinidad a Puerta Pilar; otros se desperdigaron por las diversas torres y fortalezas de la ciudad (Espantaperros, castillo, catedral, iglesias) y en torno a los edificios oficiales. Sin embargo, el cónsul portugués en Badajoz, Vasco Manuel Sousa Pereira, comunicaba a sus superiores el día primero de agosto que el número de milicianos era de unos mil, de los que poco podía esperarse dado su escaso conocimiento de las armas^[206]. Aparte de las milicias se organizó una guardia cívica, compuesta de unos cien hombres armados pertenecientes a los partidos integrantes del Frente Popular, y que se encargó de todo lo relativo a registros domiciliarios, detenciones, escolta, vigilancia, etc. Esta guardia cívica estuvo dirigida por Eduardo Fernández Arlazón, inspector jefe de la Guardia Municipal a las órdenes directas del alcalde Sinforiano Madroñero. En la existencia de esta fuerza está la clave de los escasos brotes de violencia habidos en la ciudad entre el 18 de julio y el 14 de agosto. Hasta tal punto fue esto así que cuando en marzo de 1937 un consejo de guerra condenó a muerte a Fernández Arlazón —que también había sido alcalde de Olivenza en los primeros años de la República—, debido a los numerosos testimonios favorables, Franco le conmutó la pena por la de treinta años^[207]. También a partir del 29 de julio se organizó, a cargo de Modesto Moreno Gamero, una guardia en la parte baja del Guadiana cercana con Portugal. Todas las armas que se entregaron lo fueron mediante licencias firmadas por el Comité. Según la Causa General el grupo que intervino en la mayoría de los hechos violentos que se producen a partir del siete de agosto, capitaneado por Antonio Antúnez «El Tuerto de las Moreras», estuvo orientado por Nicanor Almarza Ferrón y por algunos militantes comunistas llegados desde Madrid el cuatro o cinco de agosto, última fecha en que el tren circuló entre ambas ciudades. Sin embargo el origen de la información nos obliga a tomarla con todo tipo de prevenciones.

¿Cómo se solucionó el problema de la alimentación de las milicias a partir del día 19, en que comenzaron a llegar a Badajoz? El Ayuntamiento aprobó para tal menester varias cantidades entre el 20 de julio y el diez de agosto, que sumaron en total unas 30 000 pesetas. Salvador Sanguino Monsálvez fue el concejal encargado de gestionar estos pagos y de recoger las firmas del alcalde, el gobernador y el interventor. La cuestión fue tratada por primera vez en la sesión de 20 de julio, cuando se aprobó una primera factura de 3975 pesetas para afrontar los diversos gastos ya habidos desde el día anterior y se acordó destinar otras 3000 a la manutención de los obreros llegados a Badajoz «para ponerse a las órdenes del Gobierno de la República con motivo del movimiento sedicioso iniciado por algunos elementos militares», y 2123 pesetas para dotar de armamento a los empleados municipales que carecían de él. A dicha sesión asistieron el alcalde Madroñero y los concejales Bizarro, Campini, Cienfuegos, Domínguez Agudo, Domínguez Marín, García Sito, Higuero, López Alegría, Lozano, Moratinos, Ruiz, Sanguino, Terrón, Villarreal y Viñuela. Finalmente, después de tres semanas de gastos diarios (véase anexo I) en los que aun sin realizarse libramientos se mantuvieron ciertas formas, en la sesión del diez de agosto, sin duda desbordados ya por la gravedad de la situación y con la sola presencia de los concejales Salvador Sanguino, Manuel Ruiz Lozano, César Moratinos Mangirón y del secretario Rafael Rodríguez Rodríguez, se autorizó al alcalde Madroñero para que realizara cuantos gastos considerara oportunos. Esos gastos —como puede verse en el anexo— fueron pocos, teniendo en cuenta además que a partir del día once, ante lo que se avecinaba, ya no funcionaron los comedores para milicias. El grueso del dinero se empleó, como es lógico, en alimentación y en jornales para los obreros que colaboraron con las milicias. En el Ayuntamiento existían listados de estos obreros y de los jornales cobrados, pero desgraciadamente para nosotros el instructor no los requirió. No obstante, según diversas declaraciones, estos obreros eran en su mayor parte empleados municipales que «sin hacer trabajo alguno, siguiendo la misma norma impuesta a todos los patronos de esta capital, a pesar de haber informado repetidas veces a la Alcaldía», cobraron todos los días, lo que según el depositario municipal equivalía en realidad a «que viendo el pleito mal parado y en vísperas de tener que huir querían llevarse cobrados los jornales que no habían trabajado»^[208].

En los vales justificativos de los gastos aparecían distintas firmas, tanto de los vendedores como del depositario Juan Alba Burgos, de los concejales Manuel Ruiz, Juan Villarreal Muñoz y Benito Higuero Lairado, así como del capataz Lorenzo Sotoca^[209], encargado del pago de ciertos jornales, o de los industriales José Hidalgo, suministrador principal, y Francisco Maján González. Las encargadas de los comedores de milicias durante los veinte días que transcurrieron entre el 21 de julio y el diez de agosto fueron:

A consecuencia de estos gastos, a los pocos días de la ocupación, los golpistas iniciaron la causa 567/36 contra el alcalde y los concejales de Badajoz por «auxilio a la rebelión militar». Fue instruida por el comandante Enrique López Llinas y de la misma se derivó un expediente por responsabilidades civiles que fue tramitado por el juez militar Arturo Suárez Bárcena Giménez, quien se encargó de sacar —de la manera que fuera y sin diferenciar que estuvieran muertos o vivos— 30 000 pesetas de cada uno de los dieciséis encausados, ya que ésa y no otra era la verdadera razón del proceso^[210]. El análisis de esos largos listados de alimentos consumidos por las milicias entre el 19 de julio y el 13 de agosto nos enseña algo que no debe pasar desapercibido. El listado acaba con el tópico de los 4000 o 5000 milicianos. Aun suponiendo que esos alimentos se dedicaran principalmente a los milicianos llegados de los pueblos y que los de la ciudad comieran en sus casas —lo cual es dudoso—, si comparamos el consumo de los productos básicos y el personal que atendió el comedor es evidente que hay que reducir bastante el número de milicianos que intervinieron en la defensa de Badajoz a lo largo de 26 días. Es muy probable que por los comedores de milicias no pasaran más de cuatrocientas o quinientas personas diarias. Si a esto se añaden otros tantos que procedieran de la propia ciudad, se obtendrá un número en torno a los mil hombres, cifra más prudente y que, unida a las seiscientas o setecientas personas que componían en esos días la guarnición, permite comprender mejor tanto la ocupación de la ciudad como lo que se refiere a la represión. Sin embargo, dicha cifra ha sido convenientemente abultada tanto por la historiografía favorable a los ocupantes, que veían así agrandada su hazaña, como por la favorable a los vencidos, quizá temiendo que la disminución del número de defensores fuese en detrimento de su causa.

El terror rojo

Las detenciones de derechistas, como se ha dicho, comenzaron el 18 de julio. He aquí la secuencia:

Basta observar el listado de detenidos en la prisión Provincial para saber la importancia de tales detenciones, casi todas realizadas por orden del gobernador civil Granados, salvo unas cuantas que lo fueron por la autoridad militar. Sin embargo, como puede leerse en la Causa General, el trato dado por los funcionarios a los presos fue «lo más benévolo posible». De hecho todos continuaron en sus puestos con la excepción del jefe de prisión Enrique Buceta Romero y del maestro del cuerpo Vicente López de Haro, quienes serían entregados a los ocupantes el 16 de agosto^[211].

No se efectuó ninguna extracción o entrega de presos para ser asesinados por las hordas rojas por la resistencia opuesta por los funcionarios del Establecimiento y por lo tanto se ignora si hubo alguna orden de entrega,

decía uno de los informes de la Causa^[212]. Ocultaba que en la neutralización del asalto a la prisión producido tras el fracaso de Los Santos, aparte de los funcionarios, también habían intervenido las autoridades civiles y militares de Badajoz.

A partir del 23 de julio, por orden del Gobierno Civil, se inició una serie de registros domiciliarios a cargo de la Comisaría de Vigilancia. Ese día afectaron a Manuel Sito (Arco Agüero, 47); el día 25 a Federico Carrillo (Moreno Nieto, ocho); el día 26 a Luis Crespo (Santa María, 47), al cortijo de «La Liviana» y a Demetrio Medina Recio (San Juan); el día 28 a Pío Jurado (Menacho, 40), a Julián Vadillo, a un tal Silgo (ambos de RENFE) y al cortijo «Los Enviciados», de Fernando García Briz; el día 29 a la viuda del sargento Garrido (Martín Cansado, 50); el día 30 a Joaquín Núñez Coronado (Ramón Albarrán, seis); el día 31 al Cortijo de la Vega, de Manuel Sánchez Cordero, a los conventos de las Descalzas y de las Carmelitas (Arco Agüero), al de las monjas de Santa Ana (Joaquín Sama) y al de las Trinitarias (Concepción Baja); el día tres de agosto a la finca «Paloma», de Fernando Montero de Espinosa; el día seis al cortijo «Tierra Baja», de Leopoldo Castillo, al grupo de Casas Baratas de la Barriada de Joaquín Costa, al Banco Central, a Felipe Escudero (Menacho, 66) y la casa del médico Sancho Nevador. Entre los saqueos destaca el sufrido por el Palacio Episcopal, del que desaparecieron objetos por valor de unas noventa mil pesetas y unos diez millones de pesetas en títulos nominales que fueron hallados después en el Gobierno Civil. En Badajoz no fue destruido ningún templo y solamente sufrieron daños la iglesia de Santo Domingo y el convento de las Adoratrices. La investigación posterior estableció que los responsables de estos saqueos fueron Manuel González Barriga (calle Sol y Ortega, de San Roque), vocal del Sindicato Campesino, compromisario en 1931 y presidente de la Sociedad de Obreros de la Tierra (huido); y Bernardino Álvarez Piris «El Castrón» y Arturo Hurtado Torvisco «El Colorado», ambos desaparecidos poco después. De la Caja Municipal se sustrajeron 28 223 pesetas, hecho del que fueron responsabilizados el alcalde y los 24 concejales, de los que sólo ocho pudieron ser localizados para declarar. El alcalde y 15 concejales fueron asesinados tras la ocupación. Veamos la relación que ofrece la Causa General:

También fue investigada la clausura del diario Hoy, adoptada por el comité a las pocas horas de la sublevación ante el descarado antirrepublicanismo —cuando no abierto progolpismo— del periódico. De ella fueron acusados Francisco Robles Macias (gerente del bar «El Aguila»)^[214], José Robles Macias, Clemente Cruzado García (director de Vanguardia), Alejo Fernández Blanco, Juan Villarreal Muñoz, Manuel Vázquez Rando, Antonio Pesoa Díaz, Pedro Cienfuegos Bravo, Luis González Barriga, Narciso Vázquez Torres y Toribio Silgado Espino. Numerosos establecimientos de comestibles denunciaron haber sido víctimas de requisas, muchos derechistas se quedaron sin armas y algunos propietarios (Javier Saavedra, Manuel Boyero, Ramón Vasarigo, Enrique Fernández, Cristóbal Atienza, Manuela Fernández y Luis Merino Trigo) fueron obligados a pagar ciertas cantidades en concepto de «jornales no devengados». Muchos de ellos perdieron además sus automóviles, utilizados por los izquierdistas para huir de la ciudad^[215].

Fueron la ocupación y los bombardeos previos —y no el terror rojo— los que produjeron más daños materiales: 54 casas con graves desperfectos, 125 con daños de menor importancia y 97 con pocos daños; en total, 276 casas. El teatro López de Ayala quedó totalmente destruido, y varios grupos escolares, así como el hospital Provincial, sufrieron serios desperfectos. El caso del teatro López de Ayala, propiedad de Manuel de Juan Rodríguez, resulta un buen ejemplo de cómo se procedió en estos casos. Las tres compañías aseguradoras del teatro, Assurances Generales, La Catalana y Covadonga, con sedes en San Sebastián, Pamplona y Burgos respectivamente, abrieron a comienzos de 1937 una investigación sobre lo ocurrido con motivo de la entrada en Badajoz de «las fuerzas del Ejército Liberador». Establecieron que el incendio tuvo tres focos: el piso de la planta baja ocupado por la oficina de Aguas de Gévora, la vivienda del conserje y la planta ocupada por las oficinas de las Líneas Automovilísticas de Brito. Según los testimonios del conserje, los vecinos y los bomberos, los milicianos utilizaron el teatro como cuartel en los días previos a la ocupación. Entonces, «nuestra aviación, acaso enterada de este hecho, empezó a bombardear la finca, cayendo una bomba encima del escenario el 6 de agosto y otra en la vidriera de una escalera el día nueve del mismo mes». El día 14 de agosto los milicianos dispararon contra las fuerzas ocupantes desde la azotea del teatro y, especialmente, desde las ventanas de la calle Valdivia, cruzándose los disparos con los que efectuaban otros milicianos desde el hospital. En el edificio se hallaron, según los peritos, tres cadáveres: uno en el pasillo del segundo piso, otro en el portal de Brito y un tercero en la azotea. Dos eran militares y uno miliciano. Entre las armas recogidas había dos pistolas, dos cerrojos de fusil, nueve revólveres, tres mosquetones, un mauser, un cargador, ocho puñales, sables, bayonetas y… veintitrés arcabuces. Unos hablaron de la existencia de un almacén de armas y otros, más juiciosos, de los objetos de guardarropía. Los peritos recogieron tres versiones del incendio. La oficial —expuesta por la prensa— era que los milicianos, al verse perdidos, incendiaron el edificio; una segunda versión mantenía que el incendio fue provocado el día 14 por bombas de avión; y una tercera, la más extendida y silenciada,

es que el incendio lo hayan producido nuestros Regulares, por orden de sus Jefes, para evitar que los Rojos que se hacían fuertes en el teatro les produjeran más bajas. Se dice además que delante del teatro cayó un sargento de dicho cuerpo a consecuencia de un disparo hecho desde el interior del teatro.

Son palabras del instructor, el comandante Salvador Ramón Benítez. Sin embargo, éste informó que fueron los milicianos los que incendiaron el teatro «sin poder precisar persona alguna como autora de aquel hecho». El cuatro de agosto de 1937, en Sevilla, declararon el sobreseimiento provisional de la causa^[216]. Según el testimonio de Luis Pla Ortiz de Urbina, algunos combatientes republicanos se refugiaron en el teatro, ante lo cual los hombres de Yagüe prendieron fuego al edificio^[217]. para acabar con ellos.

El único hecho violento que se produjo antes de la sublevación de la Guardia Civil ocurrió entre el 22 y el 23 de julio cuando, al ser reconocido en la calle San Juan el propietario derechista Feliciano Sánchez Barriga, de 28 años —al que antes vimos como enlace del golpe—, fue acosado por varios milicianos que tras un confuso tiroteo lo hirieron de muerte^[218]. Transcurrieron más de dos semanas sin casos similares. Las víctimas siguientes serán provocadas por la sublevación del día seis y por el bombardeo del día siete. Entre el siete y el diez de agosto serían asesinados el capitán Justo Pérez Almendro, el médico José Escolá Diego, el hermano marista Pedro Ortigosa Oraá, el teniente retirado de la Guardia Civil Pedro Rocha Macías, su cuñado Andrés Espinosa Carroza, el sargento retirado del mismo cuerpo Antonio Bravo González, el comandante de Infantería Gonzalo Ramos Díaz de Vila, el redactor de Hoy Antonio Béjar Martínez, el beneficiado de la catedral José Valentín Cuadrillero y el abogado Juan Díaz Ambrona, expresidente de Diputación. Cuatro de estos crímenes se cometieron en las calles; los restantes en lugares exteriores de las murallas o bajo alguno de los puentes. Aunque se trató de acciones muy graves, defraudaron las expectativas creadas por la propaganda fascista. La irrelevancia del terror rojo en la capital extremeña llevaría a Juan José Calleja, el biógrafo de Yagüe, a escribir que pareció «como si el espíritu secularmente pacifista de Badajoz acabara por imponerse…». Sin embargo, tan pocas víctimas le debieron parecer las indicadas, que se permitió hablar de los «veinte crímenes que allí se perpetraron»^[219]. Sobre la actitud de la República en Badajoz bastará un ejemplo: al obispo José María Alcaraz Alenda, cuya sede fue habilitada para Casa del Pueblo, se le permitió sacar del sagrario el Santísimo Sacramento y, sobre todo, se le protegió con una guardia personal. Dicha orden partió del diputado socialista José Aliseda Olivares^[220].

Es interesante detenerse en las responsabilidades derivadas de estos asesinatos. De los que participaron en la muerte de Sánchez Barriga fueron identificados Miguel Tejeda Cordero, un jornalero de 28 años, natural de Almcndralejo (preso), y José Barrera Moreno «El Talavera» (muerto). Pérez Almendro fue asesinado por milicianos cuando huía a Portugal, y se comentó que uno de los que intervinieron fue Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio». Al médico Escolá le costó la vida ser confundido con el concejal José Redondo Linares, que era realmente a quien buscaban. De la detención y asesinato de los religiosos José Valentín Cuadrillero y Pedro Ortigosa Oraá fueron consideradas inductoras las criadas de sus respectivas residencias, y como autores materiales el camarero Perfecto Navarro Montero «Quinito» (huido), Antonio Antúnez «El Tuerto de las Moreras» (muerto) y Eugenio González Santos «El Norita» (huido). De la muerte de Rocha Macias y Espinosa Carroza fueron responsabilizados «Borrega» y «Corsario» —muerto uno a la entrada de las tropas y el otro poco después—, y el mencionado «Quinito», que no fue localizado y sobre el que recayó también la muerte de Béjar Martínez. En el caso de Bravo González además de los anteriores intervinieron dos hermanos apodados «Los Panchos», a uno de los cuales también «se aplicó el bando». Del asesinato de Gonzalo Ramos fueron acusados Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio» (muerto), Francisco Rodríguez García «El Moreno» (muerto), el camarero Casimiro Cadenas Rodríguez (muerto), Manuel Álvarez Cordero «El Mirlo» (muerto) y César Gutiérrez Alba «Bustamante». Juan Díaz Ambrona fue asesinado, según la Causa General, por Antonio Antúnez, conocido por «El Fraile» o «El Tuerto de las Moreras» (muerto), José Simón Díaz (muerto), el soldado Antonio Prada (muerto), Eugenio González Santos «El Norita» (huido), Casimiro Cadenas Rodríguez (muerto), José Barrera Moreno «El Talavera» (muerto), Luis Castro de la Rosa «Seisdedos» (muerto), Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio» (muerto), el camarero del Mercantil Manuel Álvarez Cordero «El Mirlo» (muerto), el talaverano Francisco Lavado Sidre (muerto) y José Domínguez Zambrano «Pancho» (detenido). Por encima de todos ellos la Causa General culpó, sin gran fundamento, a los dirigentes comunistas Nicanor y Francisco Almarza Ferrón, que lograron huir.

Si tenemos en cuenta que en el asalto a la prisión Provincial también intervinieron algunos de los citados, resulta que fueron unos treinta hombres —capitaneados según los informes policiales por Antonio Antúnez «El Tuerto de las Moreras» y por Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio»— los responsables de los actos violentos que acaecieron en la ciudad en los días previos a su ocupación. Este grupo no tenía relación alguna con la guardia cívica creada por el Comité y unos veinte miembros fueron eliminados tras la ocupación. Su actuación sólo se entiende al abrigo del estado creado por la sublevación de la Guardia Civil y por el bombardeo del día siete.

Después del día 14, ante el escaso número de víctimas de derechas, se recurriría a los que también pudieron caer, como los militares apellidados Iglesias, los comandantes retirados Liaño, Sancho o López Llinas, el teniente coronel Pantoja y tantos otros arrastrados a una muerte segura si no fuera como reconocía el agente de Vigilancia Manuel Álvarez Pizarro, «por alguna mano amiga o alguna consideración instantánea que les salva la vida en el último instante»^[221]. La imagen que del terror rojo guardó la derecha y quedó para la posteridad, con el valor añadido en este caso de proceder del falangista Agustín Carande Uribe, fue ésta: «En Badajoz capital cayeron bastantes, aunque no puedo precisar el número, porque han pasado muchos años y no me acuerdo bien»^[222].

Al igual que en el caso de Badajoz, y sin duda alguna en relación con la sublevación de la Guardia Civil, los primeros bombardeos sobre la capital y la ocupación de Almendralejo, es precisamente a partir del día siete de agosto cuando en general se desencadena la violencia en los demás casos donde existió: en Azuaga y Mérida el día siete, en Mirandilla el día ocho, en Aljucén y Fuente del Maestre el día nueve y en Burguillos el día 17, tras la caída de Badajoz.

Preparativos para la batalla

Las noticias que llegaban de la ciudad eran buenas para los sublevados. Los que salían de ella hablaban del desánimo que se apoderó de los habitantes desde que el día siete, tras el fracaso el día anterior de la sublevación de la Guardia Civil, comenzaron los bombardeos aéreos. Una de las bombas cayó en el teatro López de Ayala y otra en el cuartel de Infantería provocando las primeras fugas de militares^[223]. «Aquello está mal, los marxistas tienen pocas fuerzas», había dicho un chófer huido el día ocho, que confirmó los efectos devastadores del bombardeo del día anterior. A partir de ese día muchas familias, con todo tipo de enseres, se trasladaron a los sótanos de la ciudad. Yagüe era consciente de su superioridad y en sus comunicados hablaba de la «poderosa columna» que tenía a su mando. Sabía, además, desde el día once las armas de que disponían los defensores: dinamita, cañones y doce ametralladoras distribuidas entre la torre de la catedral, las murallas y la Puerta de Palmas. Asimismo, según sus informes, contaban con dos compañías de Carabineros y unos cuatro mil milicianos armados. Frente a todo ello, sus tres mil y pico hombres. Otros puntos de interés eran la carretera de Sevilla, donde había un destacamento con ametralladoras, y la de Madrid, donde se decía que además de ametralladoras habían instalado cables eléctricos de alta tensión. Sin embargo, eran los mismos sublevados los que daban poca credibilidad a estas noticias calificándolas de exageradas^[224]. Por el contrario sí había certeza de que en Don Benito los republicanos tenían cuatro aviones que tanto el día once como el 12 actuaron sobre Mérida. Desde el diez de agosto Yagüe contaba también con el puesto de carabineros de Gaya, cuyo brigada, Diego Peral García, se había sublevado con sus hombres, con un grupo de agentes de investigación y Vigilancia y con algunos militares y paisanos, poniéndose desde ese día a las órdenes del general Queipo de Llano. Este pequeño núcleo golpista cumplió un importante papel en la protección de los derechistas que cruzaron el puente internacional y, en mayor grado, en la detención de numerosos izquierdistas que pretendieron pasar por ahí a Portugal en los días 13 y 14.

La primera petición de Yagüe a Franco reclamando bombardeos de seis a siete de la mañana y de cuatro a cinco de la tarde se produjo en la tarde del día 12 de agosto. Casi al mismo tiempo anunció a Franco que Lobón y Talavera estarían ocupados a las ocho de la mañana, momento tras el cual comenzarían los preparativos para la toma de la ciudad. Entonces volvió a decir:

Necesito que desde las 5 horas hasta la ocupación de Badajoz esté volando aviación porque en el momento en que la aviación enemiga ve aparatos huye. Los puntos a batir son los que en mi información le marcaba^[225].

Dicha información no aparece. Sobre las tres horas del día 13 las fuerzas de Yagüe partieron de Mérida hacia Badajoz. Por los detallados partes del teniente coronel Asensio sabemos que las fuerzas a su mando constituían el segundo escalón tras las de Castejón y que, llegados a unos siete kilómetros de la ciudad, sobre las tres de la tarde, el grupo de Castejón se orientó hacia el cuartel de Menacho y el de Asensio hacia la barriada de San Roque.

Con cierto retraso sobre lo previsto, hacia las diez de la mañana del día 13, el coronel Yagüe podía comunicar a Franco, reunido con Mola en Sevilla, la ocupación de los pueblos cercanos a la capital extremeña. Uno de los resultados de ese encuentro será el envío al día siguiente de mil voluntarios a disposición de Franco^[226]. También durante ese día fueron lanzadas sobre la ciudad unas hojas que conminaban a la rendición. Su texto, fechado en Mérida el día 12, decía:

Vuestra resistencia será estéril y el castigo que recibáis estará en proporción de aquélla. Si queréis evitar derramamientos inútiles de sangre, apresad a los cabecillas y entregadlos a nuestras fuerzas. El movimiento salvador español es de paz, de fraternidad entre los españoles de orden, de grandeza de la Patria y a favor de las clases obrera y media; nuestro triunfo está asegurado y por España y su salvación destruiremos cuantos obstáculos se nos opongan. Aún es tiempo de corregir vuestros errores; mañana será tarde. ¡Viva España y los españoles patriotas!^[227].

En cada uno de los telegramas que Yagüe remite a Franco informándole de sus avances insiste una y otra vez en que le sea enviada aviación. A las tres y media de la tarde insta a que una escuadra bombardee la ciudad y que los aviones se mantengan en el aire hasta el inicio de la ocupación, y unas horas después, situado ya muy cerca de las murallas, «a cien metros», describe al enemigo «flojo pero bien situado». Uno de los bombardeos de ese día, considerados muy importantes por la prensa portuguesa, causará graves daños en el Hospital Civil y la muerte de una internada, Rafaela Besco Antúnez. Según Iva Delgado, el 13 de agosto tres aviones Breguet-XIX procedentes de Tablada, al mando del capitán Carlos Soler, aterrizaron en una finca al sur de Elvas, donde le fueron arregladas varias averías, tras lo cual bombardearon Badajoz^[228]. Según otras versiones, no hubo tal avería sino que, tras el bombardeo de la ciudad, se les hizo tarde para regresar a Sevilla y decidieron pernoctar en Elvas^[229]. En este mensaje de las nueve y veinticinco de la noche Yagüe vuelve con lo mismo: «Trataré entrar esta noche. Mañana amanecer necesito hasta entrar plaza cooperación constante aviación tirando objetivo que indique Artillería con sus fuegos». A esa hora las fuerzas de Asensio (la IV bandera y el II Tabor de Tetuán) ya han ocupado San Roque arrasando toda resistencia y las de Castejón (la V Bandera y el II Tabor de Ceuta), rebasados los fuertes de Picuriña y Pardaleras, consiguen finalmente penetrar sobre las 23 horas en los cuarteles exteriores y en el de Menacho, abandonado el día anterior, donde pasarán la noche acosando el pabellón particular del coronel Cantero, bien defendido y contra el que se envía finalmente una sección de la V Bandera al mando de un teniente^[230]. Asensio da cuenta de dos acciones sobre San Roque de la aviación gubernamental y de las bajas: siete heridos entre los regulares del II Tabor de Tetuán y cinco de la 1.ª Compañía de Montaña^[231]. Cuando oscureció se suspendió el combate y comenzaron los preparativos para el día siguiente en torno a la Puerta de la Trinidad.

Algunos militares colaboran desde el interior: cuando el comandante Bertomeu ordena al teniente Ten Turón que emplace el cañón en el cuartel de la Bomba, el capitán Leopoldo García Rodríguez le dice que no lo haga, y ambos, en unión del teniente Pedro León Barquero, cierran puertas para entorpecer el movimiento de milicianos y carabineros. Ese cañón, que debía batir la brecha que unía la carretera de Olivenza con la avenida de Correos, llegará demasiado tarde a su emplazamiento. Cuando el alférez Terrón —que se encontraba en la barricada situada entre Correos y el grupo escolar vigilando que la puerta permaneciese abierta— se dio cuenta de la maniobra, ya era tarde: los milicianos no podrán resguardarse en el cuartel de la Bomba entrando por su puerta falsa. En la barricada de Correos, además de Terrón, estarán también el sargento Manuel Mota Mimbreros, junto a cuyo nombre los informes militares ponen la palabra «fusilado». El mismo Bertomeu, esa tarde del día 13, recorrió los baluartes para investigar por qué no se dispara desde algunos. Ciertos testimonios, como el del brigada José Cano Pulido, son elocuentes:

… estuvo toda la noche del día 13 vigilado por los milicianos que estaban mezclados con la fuerza y establecidos además en la parte superior de la Glorieta, siendo visitados constantemente por el coronel Puigdengolas, el capitán De Miguel, el comandante Bertomeu y el teniente coronel de Carabineros [Antonio Pastor Palacios], los que amenazándoles con sus pistolas les obligaban a disparar contra la columna, y que incluso el teniente coronel de Carabineros cogía muchas veces el fusil disparando y arengando a los soldados, queriendo hacer constar el declarante que las citadas fuerzas sólo disparaban cuando estaban presentes los citados jefes^[232].

El sargento Agustín Romero contó que en el baluarte de Santa María la compañía permaneció sentada tras el parapeto recibiendo broncas de Bertomeu cada vez que se acercaba. Esa tarde del día 13 muchos militares, preocupados por el cada vez mayor control que ejercen los milicianos sobre ellos, eluden los lugares conflictivos buscando la protección de militares como el capitán Otilio Fernández; otros, caso del sargento Florencio García Suárez, simplemente se esconden desde el día 12 hasta el 15 en los sótanos del café Mercantil, para después presentarse a los ocupantes. Incluso el chófer del coronel, el cabo Manuel Álvarez Bautista, intenta huir a Portugal, lo que logrará finalmente por Caya en la madrugada del día 13 junto con otros compañeros, como los brigadas Santiago Agujetas García y José Menor Barriga, el sargento Zafra Mill o el cabo Manuel Álvarez. El sargento Gervasio Santos Naharro y los carabineros Diego González Carmona, Leoncio Palacios o Antonio Fernández Simoes pasan a Portugal ese mismo día 13, unos siguiendo la vía férrea y otros por la frontera de Olivenza. Al brigada Luciano Carrasco, cuando se dirigía a la fortificación de Ingenieros, alguien le advirtió: «No vaya usted, por Dios, pues los milicianos a todos los militares que cogen por la calle se los llevan para hacer frente a la columna que viene a ocupar Badajoz»^[233].

Sobre las tres de la madrugada, visitan el cuartel de la Bomba supervisando las defensas el coronel Puigdengolas —con pistola ametralladora—, el capitán De Miguel, el diputado Nicolás de Pablo, el alcalde Sinforiano Madroñero y Nicanor Almarza. El coronel ordena colocar una ametralladora en dirección al enemigo y disparar un cargador, pero en cuanto se van la máquina vuelve a callar. El capitán Guillermo de Miguel, pistola en mano, obliga al sargento Julián Hidalgo Carrillo a disparar su ametralladora contra el cuartel de Menacho, ya ocupado por Castejón. También el capitán Martín González Delgado, agobiado en su parapeto por las visitas del comandante Bertomeu, aprovecha la noche para telegrafiar a la columna, a la que comunica su nombre, las fuerzas de que dispone, la situación, etc^[234]. Se hacen señales de linterna a los hombres de Castejón para que pasen a la Bomba o para que al menos se les permita a ellos llegar a Menacho, que es lo que al final se producirá. El comandante Fernando Ramos Díaz de Vila, los capitanes Leopoldo García Rodríguez y Martín González Delgado, los tenientes Alfonso Ten Turón, Jacinto Ruiz Martín, Eleuterio Cernuda Fayos y Genaro Nieto Cabañas, los alféreces Domingo Mejías Rivera, Antonio Doñoro Durán, Pedro León Barquero, los brigadas Luis Thomas Sánchez, Joaquín Pizarro Gandía, Agustín Romero Simarro, Sosa y otros soldados se unirán a Castejón sobre las nueve de la mañana del día 14, antes de que éste entre en la ciudad y sin que las fuerzas del alférez Terrón puedan impedirlo^[235]. Otros, como los alféreces Antonio García Gómez y Antonio González Dorado o el sargento Agustín Romero Navarro, refugiados todos en la cueva del cuartel, manifestarán luego haberlo intentado sin éxito; y alguno, como el sargento Salustiano Gil, resultará herido en el intento. Uno de los que se pasaron, León Barquero, guió a las fuerzas que entraron en el cuartel de la Bomba; otro, un soldado del teniente Eleuterio Cernuda, condujo a las primeras avanzadillas de regulares por la trocha de Fuentecaballeros. Por su parte, el capitán Luis Andreu Romero declaró el 18 de agosto que desde donde él se encontraba en el cuartel de la Bomba no se disparó un solo tiro sobre ella [la columna] impidiéndose la entrada a milicianos, cerrándose para ello las «puertas»^[236]. El mismo Andreu, del que alguno de sus compañeros diría que su subordinación más que al coronel Cantero era al cargo, declaró más tarde que reunidos en la cueva del cuartel de la Bomba, y tras realizar numerosas señales con linternas, acordaron rendir el cuartel poniendo bandera blanca y abriendo la verja que comunicaba con Menacho^[237]. Efectivamente, así se hizo. Otro testimonio interesante es el del capitán Leopoldo García Rodríguez:

Me puse a disposición del comandante Castejón, el que me sometió a un interrogatorio y a la vez le comuniqué mis impresiones sobre la entrada de la columna en el cuartel de la Bomba, la que consideraba factible y beneficiosa toda vez que el citado cuartel era guarnecido por muy poca gente y entrado en él se cogía por la retaguardia a las fuerzas que estaban situadas en la barricada y en el baluarte de Menacho, haciéndolo así y terminando con esta operación el fuego del frente asignado a la columna del comandante Castejón^[238].

Milicianos y carabineros: el corazón de la resistencia

Conocemos mal la organización defensiva elaborada por Puigdengolas, Pero contamos con los testimonios de los militares que habiendo participado en la defensa sobrevivieron a la represión inicial. No obstante, de estos testimonios habrá que tener en cuenta lo que deben al cambio de situación, pues de un día a otro, sus autores, que por circunstancias mayores se habían mantenido fieles a la legalidad, pasaron a ser sospechosos nada menos que de «auxilio a la rebelión». Muchos coincidieron en que el control y la presión vinieron especialmente del coronel Puigdengolas, del comandante Bertomeu, del Capitán De Miguel y de los alféreces Terrón y Borrego. Un caso tipo sería el del capitán Valeriano Lucenqui Pasalodos, reprendido por Puigdengolas y De Miguel por su actitud en el combate de Los Santos —regresó a Badajoz sin aviso previo— y, despreciado por el primero, que lo mandó a casa después de llamarle sinvergüenza, cobarde y traidor, cuatro días antes de la entrada de Yagüe. Lucenqui se presenta ante Castejón el mismo día 14 y lo primero que hace es acusar a De Miguel de obligar a disparar contra la columna^[239]. Sabemos, por ejemplo, que a las tres horas del día 14 el coronel Puigdengolas y el comandante Bertomeu se dirigieron al cuartel de Menacho ordenando al teniente Jacinto Ruiz Martín que partiese con la mitad de la Compañía y las ametralladoras hacia la barricada de Correos y Telégrafos, cerca del cuartel de la Bomba, pero al llegar allí una de las ametralladoras se la llevó el capitán De Miguel a la brecha del Matadero y la otra quedó en poder de Puigdengolas. El encargado de un mortero que se envió a San Francisco desapareció y, antes de que Puigdengolas enviara a alguien que lo supliera, los sargentos Frutos y Jiménez ocultaron las granadas en el sótano del quiosco de música. Entonces Ruiz Martín se quitó del medio, sumándose al grupo que desde la Bomba planeaba unirse a Castejón. Preguntado que por qué había accedido a llevar las máquinas, dijo simplemente que ya que no habían matado al coronel y al comandante, había que obedecer. Escondidos en la Bomba son amenazados por el comandante Alonso. Uno de los que estuvo en la Compañía Mixta en la zona del grupo escolar cercano al Instituto Provincial de Higiene, el alférez de regulares de Tetuán Antonio Sánchez Bravo, mantuvo que gracias a que no dispararon pudieron los ocupantes dominar sin problemas las defensas establecidas en la plaza de toros. Sánchez Bravo llegaría a afirmar que participó en la cacería de militares republicanos iniciada tras la ocupación, interviniendo personalmente en la muerte de alguno de ellos. Otros militares mencionan en sus declaraciones a los falangistas Agustín Carande y Pablo Moreno, con quienes contactan en cuanto salen de la cárcel, lugar que a su vez, con el pretexto del ataque sufrido y por reunir ventajas sea cual sea el desenlace, se convierte en centro de concentración de muchos militares que rehuyen el combate y dan el recibimiento a los que entran por la Puerta de Carros.

En algún momento del día 13 Puigdengolas decidió organizar su cuartel general en el edificio de Correos, desapareciendo de inmediato los funcionarios responsables del edificio (el jefe de Correos Paulino de Miguel y el de Telégrafos Manuel Expósito). Además del coronel Puigdengolas por allí se vio al capitán De Miguel, al diputado Nicolás de Pablo, al alcalde Madroñero, al teniente coronel Pastor, al albañil y concejal Salvador Sanguino Monsálvez y a un grupo de chóferes entre los que se encontraban Benito Gutiérrez Carrero (San Gabriel, 12), Rafael Borrachero Ponce (Pardaleras), Germán Peña, Ambrosio Monje Guisado, Gervasio García Blanco (encargado del garaje de la plaza de toros en esos días), Federico Berrocal Micharet (entonces chófer de «La Estellesa») y Manuel Mata Alburquerque (calle Abril). Desde allí, entre las ocho y las nueve de la mañana del día 14, iniciarán su fuga las autoridades republicanas utilizando tres coches: el de Benito Gutiérrez Carrero, el de Rafael Borrachero y el de Germán Peña. Una vez llegados hasta los surtidores de gasolina de la cabeza del Puente de Palmas se bajaron todos sus ocupantes, y continuaron a pie por la carretera de la Estación hasta la salida de Campo Mayor, donde les esperaban con sus coches Berrocal y Mata para continuar el viaje a Portugal. Entre los ocupantes se hallaban Ildefonso Puigdengolas, un sargento que vino con él desde Madrid, Guillermo de Miguel, Nicolás de Pablo y Sinforiano Madroñero. Había algunos más pero desconocernos su identidad. Castejón declaró el 18 de agosto al periodista portugués Félix Correia, del Dirio de Lisboa, que con Puigdengolas habían huido más de doscientos hombres^[240]. También sabemos que el teniente coronel Antonio Pastor Palacios los acompañó hasta la cabeza del puente pero que, por razones que ignoramos, regresó a la ciudad, decisión que se torna aún más incomprensible si se tienen en cuenta las barbaridades que Queipo había estado soltando por el micrófono sobre él, con alusiones a su mujer y a su hija, desde el día siete de agosto^[241]. Aunque no pasarán a la historia por esa huida, tan humana por otra parte, es indudable que, como máximos responsables de la resistencia y ajenos al destino del resto, tomaron tal decisión con el solo propósito de salvar la vida. En ese momento previo al ataque final, Badajoz era una ciudad donde sólo permanecían —en número imposible de calcular, pero que debió ser muy inferior a los cinco mil de la leyenda— los defensores. Cientos de vecinos habían escapado desde el comienzo de los bombardeos, otros muchos habían esperado al último momento y un gran número de ellos se ocultaron y protegieron de las bombas y de la lucha en los sótanos de los más sólidos edificios de la ciudad.

La caída de Badajoz. Mito y realidad

Un poco antes de que se produjeran esos hechos, a las cuatro y media ya de ese viernes 14 de agosto, Yagüe envió un nuevo radiotelegrama preguntando con cuántos aviones podría contar y durante cuántas horas. Franco le respondió que habría un aparato constantemente en el aire. El ataque sobre la ciudad comenzó exactamente a las cinco y treinta y cinco, momento en que Yagüe, una vez más, pidió «ayuda intensa de la aviación». Efectivamente, a las cinco sale de Sevilla un avión que a las seis se encuentra actuando sobre Badajoz, y ya hay otro preparado para sustituirlo si fuera necesario. Sobre las seis y media el propio Yagüe felicita al jefe de Aviación por los vuelos que un Junker estaba realizando sobre los tejados de Badajoz. Levantan «enormemente la moral de las tropas», dice. A las siete y media se comunica a Franco que la operación va bien, que el enlace entre aviación y columna es correcto y que la resistencia está localizada en el Gobierno Civil, el cuartel y las murallas del Este. «La columna va rodeando para ocupar las entradas de la ciudad». Una hora más tarde, sobre las ocho y diez, y después de comunicar a Franco la presencia de dos cazas enemigos, ordena que parta de Mérida a Badajoz un convoy con material de repuesto, escoltado por una compañía de regulares. Este convoy no podrá salir a causa del contraataque republicano a Mérida que tiene lugar en la mañana del día 14. A las ocho y veinticinco Yagüe pide «urgente acción de aviación en la brecha este, en la brecha sur, cuartel que está al lado de esta brecha y en murallas próximas a estas brechas» es decir, en torno a Puerta Pilar. La orden es cursada de inmediato a Tablada. Entonces se produce el ataque final al cuartel de la Bomba, cuyo acceso fue franqueado a las fuerzas de Castejón por algunos de los militares encargados de su defensa. Tras un duro bombardeo por tierra y especialmente por aire, con la intervención de diversas escuadrillas —unas procedentes de Tablada y otras de Elvas— sobre las diez y media y las once de la mañana del día 14, numerosos militares se pasan a las filas de Castejón, siendo suplidos de inmediato por milicianos, cuya resistencia será vencida definitivamente dos horas después por los regulares de Ceuta. Entre las doce y la una del mediodía, los hombres de Castejón se adentraron en la ciudad. Mientras tanto la artillería y la aviación no han dejado de machacar las defensas de la dudad. El testimonio del capitán Leopoldo García Rodríguez, realizado en la temprana fecha del 17 de agosto, nos aclara algunos puntos de la entrada de las fuerzas de Castejón:

A las primeras horas de la mañana del día que entraron las columnas en Badajoz viendo que la situación no se resolvía favorablemente al Movimiento acordamos unirnos a la columna en el Cuartel de Menacho, haciéndolo de esta forma bajo un fuego intensísimo de la fuerza que mandaba el teniente (ilegible), del baluarte de Menacho, y de una ametralladora que según me he enterado después era manejada, según decían, por el capitán de [sic] Miguel^[242].

Todos estos hechos que se vienen comentando sobre la actitud de tantos militares del interior serán reconocidos incluso en la propia sentencia de la Causa 693/37, en la que se dice que la ciudad fue tomada al asalto

venciendo la resistencia que al amparo de su recinto amurallado le opusieron principalmente carabineros y milicianos, pues aunque también hubo unidades de Castilla defendiendo accesos y baluartes, éstas se comportaron pasivamente, rehuyendo cuanto les fue posible hacer armas contra los asaltantes.

Pero volvamos a Yagüe. Sobre las nueve y cuarto advierte a Franco —confirmando su teoría de la cobardía de la aviación republicana— de la aparición de una patrulla enemiga que huye ante un trimotor propio. A las nueve y media ordena que, dado que ya ocupan el exterior de la muralla, los aviones sólo bombardeen el interior de la ciudad. Franco le pide entonces que le aclare qué zona de la muralla ha ocupado y cuál debe bombardear del interior, a lo que Yagüe, a las once menos cuarto, responde:

No tengo nada ocupado de la muralla. Al sur de la población hay una brecha de 150 m por la que entra la carretera del cementerio. Esta brecha esta entre dos edificios grandes. Conviene aplastar el del este. Al este de la población y frente a vértice que forma carretera de Sevilla y Mérida, junto a un bosque de pinos, hay una brecha en la que hay parapetos, necesito batirlos.

A las once menos cinco y a las once y cuarto Yagüe comunica que un avión enemigo ha bombardeado la columna. Esta nota, en la que no menciona que una de las bombas de ese avión ha estado a punto de acabar con su vida, es la última con la que contamos. A falta de otros mensajes de Yagüe informando de la marcha de las operaciones entre esa última hora y la del asalto definitivo —casi cuatro horas, precisamente cuando acceden los demás a la ciudad por Puerta de Carros y Puerta Pilar— hay que recurrir a otras fuentes.

Sabemos por su propio relato —Martínez Bande reconoce que no sabe ni la hora en que ocurrieron estos hechos^[243]— las andanzas de Alberto Serrano Montaner, al mando del I Tabor de Tetuán, de la columna de Tella. Antes de penetrar en la ciudad por la Puerta de Carros siguiendo el curso del Rivillas, se le presentaron los falangistas Antonio Almeida Segura y Manuel Ramallo Thomas, quienes le servirán de guías. Calleja sitúa esto sobre las once de la mañana e identifica como el guía que condujo a los regulares a la Puerta de Carros al «nativo Almeida», oficial de Marina^[244]. En la Puerta de Palmas también se presentan a Serrano varios militares, entre los que se encuentra el teniente de Infantería Patrocinio Carretero, que se ofrece para guiar a las fuerzas al cuartel de San Agustín, donde están los guardias civiles apresados, y a la prisión Provincial; pero la misión recae sobre Almeida, por lo que Carretero se adentra con sus hombres por la Plaza Alta «haciendo detenciones y cacheos, y llevando a la cárcel 48 individuos, entre ellos el comandante de Carabineros [Julio Ugarte Chinchilla)»^[245]. Mientras las fuerzas de Asensio toman posiciones frente a la Puerta Trinidad, a Serrano y sus hombres se les encomienda la misión de liberar los presos de la prisión Provincial y de ocupar el Hospital Militar, situado en el castillo y cercano a la Torre de Espantaperros. Los regulares que llegan al hospital son recibidos por el alférez José Cano Pulido —huido del edificio de Correos—, el comandante Rafael Fiol Paredes, el capitán José Torres Pérez y el alférez Diego Rodríguez Repiso. Algunos de los milicianos y soldados heridos e incluso ciertos médicos, como Florencio Villa y Joaquín Vives, son llevados de inmediato a la plaza de toros; los cuarenta y tres heridos que quedaron fueron trasladados al mismo lugar el seis de septiembre y asesinados de un tiro en la nuca a las tres de la madrugada^[246]. Muchos izquierdistas huyen entonces hacia Portugal o hacia el norte. A continuación, ya con fuerzas de la V Bandera, Serrano se dirige a la cabeza del puente de la Puerta de Palmas para cortar toda posibilidad de salida a los milicianos. Calle por calle, casa por casa, sacando a la gente al exterior, parten algunos de sus hombres hacia el centro de la ciudad:

En la calle hay una enorme algarada. La recorren grupos de legionarios y moros que son obsequiados en las casas. De cuando en cuando unos tiros. Es que son descubiertos algunos rojos. En las calles se apilan montones de cadáveres. Terminado todo lo mío me voy a ver si ceno^[247].

Otra visión sería la de Juan José Calleja:

Sin embargo, debido a la desorganización y absoluta falta de conexión entre unas y otras fuerzas, y sin duda por el pésimo trabajo de los enlaces, mientras moros y legionarios se encuentran ya por la ciudad «castigando de modo ejemplar los crímenes contra la Patria» —como se lee en el «Historial del II Tabor de Ceuta»—, Yagüe no sólo yerra informando a Franco de que no tiene ocupado nada sino que, en la creencia de que sus fuerzas no han penetrado aún en la ciudad, mantiene la operación prevista sobre la Puerta Trinidad. El mencionado historial es uno de los pocos documentos donde se reconoce el error de Yagüe:

Más de media hora llevaban ya en la ciudad los legionarios y regulares cuando Yagüe, por vicio exclusivo de los enlaces, aún estaba empeñado en abrir una brecha en la Trinidad, para ver de introducir por aquel lugar los legionarios de la 16 Compañía^[249].

Como siempre, conocemos con detalle los movimientos del grupo de Asensio. Ocupada la barriada obrera de San Roque en la tarde anterior, casa por casa, calle por calle y a sangre y fuego, en las primeras horas del día 14 tomaron unas casas situadas a la izquierda de la carretera al objeto de ubicar allí armas automáticas que facilitaran el avance de la IV Bandera y del II Tabor de Tetuán a través de las barricadas de la Puerta Trinidad; mientras tanto, como ya se ha dicho, el I Tabor de Tetuán se dirigía sobre las once hacia el norte para ocupar el Castillo, encontrándose con las defensas establecidas entre ambos lugares. Calleja escribe en su obra que «no teniendo el puesto de mando noticias del progresivo movimiento de las tropas de Castejón en el interior, Yagüe mantuvo la orden de asaltar la Brecha de la Muerte»^[250]. Finalmente, la gran ofensiva, con gran aparato de la artillería y de la aviación, comenzó a las tres de la tarde. Los legionarios y regulares, cantando sus himnos y lanzando sus terroríficos gritos de lucha, se lanzaron entonces desde la barriada de San Roque al asalto en varias oleadas y lograron entrar en la ciudad entre las tres y media y cuatro de la tarde, no por Puerta Trinidad, sino, como se ha dicho, por el cercano ensanche abierto unos años antes para la construcción de una avenida, el lugar conocido dentro de los lugares de la memoria franquista como «Brecha de la Muerte». Y fue precisamente la 16.ª Compañía de la IV Bandera de Vierna, con el blindado del capitán Fuentes Ferrer en cabeza, la que por las características de la zona de la Puerta Trinidad, por la distribución de las defensas y por la referida desorganización, tuvo la misión más absurda y complicada: tomar una puerta de una ciudad que ya había sido ocupada. Posteriormente la lucha continuó por todo el casco urbano a lo largo de la tarde y noche. La última resistencia se concentró en la catedral y fue reducida con enorme violencia. Las calles quedaron sembradas de cadáveres^[251]. La acción, base de la leyenda que llega hasta hoy, quedará fijada para siempre por la fantasía del periodista Sánchez del Arco:

Noventa hombres de la 16.ª Compañía se lanzaron al asalto, por pelotones que sucesivamente fueron barridos por los rojos. Los legionarios seguían su avance, saltando sobre los caídos, en los labios el Himno del Tercio, para el que escribían una nueva página gloriosa. El capitán, un cabo y catorce legionarios fueron los únicos que alcanzaron la gloria de penetrar en Badajoz, restos de la 16.ª Compañía, encargados de franquear la brecha de la Puerta de la Trinidad^[252].

Según el propio cabildo catedralicio el

ejército salvador entró glorioso y triunfador en la capital en la tarde del día 14, bajo el mando del teniente coronel Yagüe y el comandante Castejón, que se vieron obligados a bombardear y atacar con nutrido fuego de fusilería el templo Catedral^[253] …

Como nos ha contado Francisco Pilo, el miliciano que manejaba la ametralladora emplazada en la torre de la catedral, el joven de 23 años Enrique del Amo Montes, presidente de las Juventudes Socialistas, fue arrojado a la plaza desde arriba y murió en el acto^[254]. En todo ese tiempo, según señala Asensio, la aviación republicana sólo bombardeó en una ocasión. Luego legionarios y regulares actuaron a su antojo, saquearon casas particulares y todos los comercios del centro de la ciudad, empezando por la calle San Juan, y montaron puestos callejeros donde vendieron desde relojes a máquinas de coser pasando por los tejidos del principal almacén de la ciudad, «La Paloma». Los detalles de esta acción serían conocidos internacionalmente a través de las memorias del impresor sevillano Antonio Bahamonde Sánchez de Castro con motivo de su pase a zona republicana en 1938 después de trabajar al servicio de Queipo^[255]. Como se comprenderá, en este contexto, cobra un sentido muy diferente el hecho de que cuando el oficial que mandaba la 16.ª Compañía llegó con sus hombres al centro de la ciudad —un lugar repleto de moros y legionarios moviéndose entre docenas de cadáveres— enviara un mensaje a Yagüe diciéndole que no necesitaba refuerzos. ¿Para qué había de quererlos^[256]? El extrañado sería Yagüe, allí aislado en su puesto de mando, sin noticias de sus hombres y sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. Un testimonio oral de un falangista recoge esta situación:

Para entonces, nuestras fuerzas ya estaban entrando en Badajoz, en cuyo interior se luchaba. Al cuartel general de la «Huerta de don Victoriano», llegaron diversos partes en los que nuestras fuerzas comunicaban que estaba ardiendo el teatro, o que había muerto el coronel del regimiento, etc. Entonces, serían las 6 o las 7 de la tarde, cuando Yagüe me mandó, en el coche, para que fuese a enterarme de si podía entrar él ya en Badajoz. Vinieron conmigo en el coche mi tío Luis Marzal y un alférez de la Guardia Civil. Llegamos a la brecha de la muralla. En la ciudad proseguía un intenso tiroteo. Marzal y el alférez se apearon y me mandaron con el coche a por Yagüe^[257]…

Mientras tanto, Tella quedó al cuidado de Mérida y en contacto con Cáceres con el objeto de conservar Navalmoral. Cuando se desarrollaba el ataque contra Badajoz se reaccionó desde Madrid enviando a Mérida una columna de dos trenes —cada uno de cinco unidades— cargados de milicianos con la finalidad de recuperar la ciudad^[258]. Habían llegado por la carretera de Madrid (Granja Girbal) con una batería de artillería y aviación intentando ocupar Mérida y fueron rechazados por la I Bandera y por fuerzas del Batallón Argel. La lucha duró desde las diez de la mañana hasta las seis y media. Los republicanos dejaron 25 muertos. Les acompañaban fuerzas de Asalto al mando del capitán Rodríguez Medina. Se dijo, aunque ni tenemos constancia de ello ni parece probable, que ese día se acercó Margarita Nelken a Mérida. De inmediato Tella ordenó que fuesen voladas las vías y permaneciese en Mérida el Tabor que iba a ser enviado a Navalmoral. Más tarde, con sus fuerzas y otras procedentes de Cáceres, logró rechazarlos y les causó numerosas bajas —Sánchez del Arco y la Historia de la Cruzada hablan de 107 muertos— y les hizo prisioneros. Las bajas de la 2.ª Agrupación fueron de un muerto y cinco heridos. Ese mismo día Tella pediría que le fuesen enviados desde Cáceres los guardias civiles de Badajoz que se encontraban allí. A causa de los numerosos grupos de huidos existentes en las cercanías de la ciudad y en la sierras próximas, los servicios ferroviarios de los alrededores de Mérida no serían restablecidos hasta el día 19 de agosto. Contamos con la versión de uno de los que formó parte de la columna republicana, el vecino de Don Benito Emilio Berrocal Rodríguez:

En Don Benito prepararon un contraataque para recuperar Mérida. De Ciudad Real, Pozoblanco y Puertollano salió un tren blindado a la manera de la época cargado de los que llamaban los cuervos por vestir todo de negro, de tendencia anarquista. De Don Benito salieron dos camiones con un grupo muy numeroso. … [Pablo Aliseda Olivares, el responsable de milicias] mandó demorar los dos camiones, que llegaron donde se encontraban las fuerzas para intervenir, pero como no teníamos un mando único cada grupo maniobraba a su manera y el resultado fue nulo. … Al anochecer todo el mundo se retiró al tren y Mérida quedó en poder del enemigo por falta de coordinación en la dirección de la operación. Al perder Mérida abordamos Santa Eulalia^[259]…

Por su parte, la Sección de Información del Ministerio de la Guerra, en el resumen habitual de cada jornada, se limitó a anotar lo siguiente:

Una columna enemiga procedente de Mérida con la cooperación de la aviación de Sevilla ha atacado Badajoz. La aviación propia ha contribuido eficazmente a la defensa. La columna leal de Don Benito ha atacado a su vez Mérida, donde los rebeldes se han hecho fuertes y sin que hasta el momento haya noticias del resultado del combate^[260].

El saqueo de la ciudad

¿Cómo vivieron estos hechos los que estaban dentro de la ciudad? Veamos dos testimonios inmediatos de personas que pudieron huir. El primero anónimo:

Al entrar las fuerzas en el Campo de San Juan y Plaza de San Juan fusilaron 78, posteriormente fusilaron a don Luis y don Carlos Pla, el dentista sr. Vives, al sr. Campini y todos los redactores de Vanguardia, el inspector del Hospital Provincial sr. Cabeza, al dr. Comandante sr. Villa, ignorándose el paradero del dr. don Alejo García, todos de izquierdas, entre otros muchos que se ignora el paradero de ellos suponiendo que estén también fusilados. Después fusilaron al coronel del Regimiento sr. Cantero, al comandante sr. Alonso y al sr. Vega de la Guardia Civil. Después saquearon todos los comercios de significados izquierdistas de la Capital, vendiendo los moros por las calles los géneros como querían comprárselos sin mirar los precios. Posterior a todo esto, como en la frontera de Portugal hay dos o tres mil personas los moros vienen en camionetas y se los llevan por levas y no se vuelve a saber de ellos, este señor puede garantizar que ha visto tres camionetas que van a Portugal (frontera de Caia) y los que los fascistas indican como reos son transportados en la misma y trasladados a Badajoz sin saber lo que les haya podido pasar, estos viajes los hacen diariamente. En Almendralejo fusilaron 1200 hombres y 200 mujeres. En Mérida se calcula que hayan muerto, dicho a mí mismo por los médicos que acompañan a la Columna del Sr. Castejón, unas 2000 personas, asimismo se calcula en Badajoz unas 4/4500 personas. Le han prendido fuego al teatro López de Ayala, estando completamente en ruina. Estas son las noticias que no muy detalladas puede dar el Sr. (nombre tachado), pero que mañana por correo y certificado enviará más detalles de suma importancia para una información interesante^[261].

Y el segundo, del doctor Francisco Riudavetz, uno de los que pudieron llegar a zona republicana a bordo del Nyassa:

El ataque por parte de los facciosos de la gran columna con moros y legionarios procedentes de Andalucía comenzó con una tan terrible preparación de artillería y aviación y con un bombardeo tan horroroso y prolongado que la población, aterrorizada y cogida casi por sorpresa, se dejó dominar por el pánico entregándose a los invasores. La entrada de éstos en Badajoz fue algo terriblemente espantoso. El saqueo, los atropellos de toda clase a la población civil, los asesinatos de gente indefensa, etc., fueron la nota constante. Esta ignominia culminará con el fusilamiento de centenares de obreros en la plaza de toros por los falangistas, tal como ha explicado la prensa mundial^[262].

Hubo una matanza inicial en la que cayeron milicianos, carabineros, militares y todo vecino que se puso a tiro. Como narró en sus memorias Amet Handi Hassen Bey, uno de los enlaces de Asensio, el cuartel de carabineros estaba «repleto de cadáveres». Paralelamente se efectuaron numerosos registros y cientos de detenciones. Los que no eran eliminados in situ fueron enviados a la Plaza de Toros, pero no al ruedo sino a los espacios interiores que existían en tan particular construcción, incrustada en uno de los baluartes de la muralla. El exterminio de los recluidos y el trasiego del traslado de cadáveres al cementerio comenzó la misma noche del día 14. Puesto que de allí no había otra forma de salir que el aval de alguien bien situado, muchos familiares se movilizaron para salvar a los suyos, buscando quien los pudiera amparar. Miguel Pérez Blasco, el director de la prisión Provincial, por ejemplo, fue acusado unos meses después de «sacar» de la plaza de toros a muchos ferroviarios de la ciudad^[263]. Según otro testimonio,

en la plaza de toros de Badajoz, los nacionales metían a todos los dudosos, el que era acreditado por alguien, quedaba en libertad. Días después, ya en la cárcel, suponemos una vez realizada esta depuración, sacaban cada día a cien presos y los fusilaban^[264]…

Sabemos algo de lo ocurrido tras la ocupación de la ciudad por la información ordenada desde la II División para esclarecer la desaparición de objetos robados. Como se ha dicho antes, las fuerzas invasoras dedicaron la tarde del día 14 a arramplar con todo lo que pudieron rapiñar de casas, bares y comercios. Cada uno cogió lo que pudo. Según se lee en El fascismo sobre Extremadura, empezaron por San Juan,

lugar donde está emplazado el mejor comercio de la población, y saquearon el bar «El Águila», centro de reunión de izquierdistas, la relojería de Buiza, de la que se llevaron más de 800 000 pesetas en relojes, el establecimiento de ropas La Paloma, el de tejidos de Villarreal, el bar Ideal, El Salón Mainú, … el comercio de Las Delicias, todos los estancos, la relojería de Carvajal y todas aquellas tiendas donde sospechaban que pudiera haber objetos de valor o dinero. Saquearon, asimismo, la Casa del Pueblo, el Centro Obrero y dos casas de cambio^[265]…

A este saqueo de Yagüe y sus hombres —no olvidemos que Yagüe se apropió del mejor automóvil del Garage Pla— siguió durante la noche el de la masa anónima. El panorama de la ciudad en la mañana del día 15 era pavoroso. A los cadáveres que todavía quedaban por las calles se añadían, esparcidos por doquier, muebles abandonados y enseres de todo tipo, mezclado todo ello con los cristales y objetos de los escaparates de la zona comercial. Ese día, y los que siguieron hasta su marcha el 18 de agosto, moros y legionarios aprovecharon para montar tenderetes y vender todo el material. El día anterior, el 17, concluida la venta, el gobernador civil designado por Yagüe, el comandante de Infantería Marciano Díaz de Liaño Facio, publicó un bando exigiendo la devolución en la Comandancia Militar de todos los objetos de «mala procedencia», bajo la amenaza de aplicar el bando a los que no lo cumplieran. La marcha de Yagüe y los suyos, los únicos exentos del cumplimiento del bando, coincidió con el inicio de la campaña de devolución. Según Díaz de Liaño, la orden de Yagüe era que entre él y Manuel Barrena Gragera, presidente de la Cámara de Comercio, se encargarían de clasificarlo todo, pero esto no se llegó a hacer. Aunque en ese momento nadie se atrevía a rechistar, ciertos sectores de la ciudad en teoría cercanos a los sublevados, vivieron aquellos hechos con gran pesar y quedó en ellos —como propietarios y por tanto como primeras víctimas del expolio— un sentimiento de agravio consentido y sufrido que llevó dos años después, en septiembre de 1938, a instruir un expediente informativo sobre el destino de todo aquello que se devolvió. La razón era simple: no sólo se produjo el saqueo sino que para colmo todos los objetos devueltos desaparecieron otra vez sin dejar rastro.

Al instructor, el teniente de la Guardia Civil Alejandro Chamorro Vargas, que comenzó indagando sobre el origen de aquellos objetos, le resultó imposible diferenciar los objetos procedentes del saqueo de los que habían salido de los registros practicados, «en busca de armas», tanto en la ciudad como en las barriadas de la Estación y San Roque. Era evidente que al saqueo inicial se superponían luego los realizados en los domicilios de rojos y sospechosos Igualmente tampoco era posible separar los objetos que procedían de compraventa de los simplemente robados o de los que fueron recogidos de la calle. A lo largo de la instrucción saldrán dos nombres como responsables últimos del destino de aquellos objetos: el del teniente coronel Manuel Pereira Vela y el del teniente Manuel López Verdasco, uno como máximo responsable y otro como el que intervino más directamente. El último había muerto unos meses antes en lucha con los huidos de la Sierra de Monsalud. Según parece nunca se hizo inventario, pero todos recordaban que había relojes, alhajas, aparatos de radio, máquinas de escribir y de coser, muebles de todo tipo, montones de ropa y toda clase de tejidos, etc. Nadie sabía explicar quién había ordenado el traslado del material desde la Comandancia Militar al cuartel de la Guardia Civil, aunque sí recordaban que lo más valioso fue metido en el pabellón del comandante Vega Cornejo, cuya llave quedó en poder del teniente Verdasco, que fue el encargado de atender a quienes acudían con la intención de recuperar lo suyo. El sr. Buiza, por ejemplo, recuperó varios relojes de pared que le fueron robados de su tienda; y el dueño del bar «El Aguila» recuperó todo su mobiliario. Por el cuartel pasó muchísima gente en cuestión de días buscando sus cosas. Pero no había pasado ni una semana cuando varios camiones se llevaron todo «para las hermanitas de los pobres y los asilados» y «para centros benéficos», según dijeron. Tampoco en este caso se supo la procedencia de las órdenes. El instructor se cansó de tomar declaraciones de unos y otros y nada claro obtuvo: nadie sabía nada. Lo cierto es que en la segunda quincena de agosto del 36 desapareció el fruto del saqueo de Badajoz.

La única declaración que arrojó un poco de luz sobre el asunto fue la del guardia civil Luis Carroza Alfonso, uno de los encargados del traslado del material desde la Comandancia Militar al cuartel de la Guardia Civil. Carroza manifestó que el primer camión que cargaron fue llevado al Palacio Episcopal, donde «dos señoras» esperaban para hacerse cargo de todo; el segundo —por el contrario— partió para el cuartel y todo el contenido se entregó al teniente Verdasco. Carroza aseguró que no se elaboró inventario alguno. Isaac Márquez, empleado del Obispado y en representación del Vicario, recordaba el camión lleno de telas, géneros y efectos diversos —un espejo enorme, por ejemplo— que llegó un día al Obispado. Según el testimonio de otro guardia presente en el traslado de objetos desde el cuartel al Hospital Civil, intervino el funcionario de dicho hospital Tomás Caldito Ruiz en nombre de sus superiores. Fue recibido por López Verdasco, quien lo condujo a una dependencia repleta de objetos y le dijo que podía llevarse lo que quisiera.

Cuando el instructor Chamorro elevó su informe al Delegado de Orden Público llegó a la sospechosa conclusión de que el personal de la Guardia Civil no se había beneficiado de nada y de que aunque era imposible concretar quién impartió las órdenes que decidieron el destino de todos los objetos devueltos a consecuencia del bando de Yagüe, todo parecía indicar que procedían del jefe de la Comandancia Manuel Pereita Vela. Lo que no había tenido en cuenta el instructor era la personalidad del delegado de Orden Público, el temible Manuel Gómez Cantos, protegido de Queipo, y sus relaciones con Pereita. Gómez Cantos anotó en el mismo expediente junto a las conclusiones: ¡Qué vergüenza! ¿Dónde fueron los efectos depositados en el Obispado? ¿Y los muebles que vieron en la Sala de Oficiales? ¿Cómo es posible no se averigüe el origen de las órdenes?. Entonces devolvió el expediente al instructor y ordenó que se practicasen nuevas diligencias. Por primera vez se tomaría declaración a los empleados de una de las empresas más afectadas, los almacenes «La Paloma», cuyas pérdidas ascendían a seiscientas o setecientas mil pesetas. Estos contaron que cuando, con el respaldo de Manuel Barrena Gragera, presidente de la Cámara de Comercio, se personaron con un camión en el cuartel de la Guardia Civil para recoger lo suyo, un guardia civil les informó de que todo había sido entregado a centros benéficos. Una de las declaraciones más interesantes fue la de Asunción Delgado Serrano, sobrina del dueño de «La Paloma», que declaró haber visitado el pabellón del coronel, «una habitación inmensamente grande» y «llena hasta los topes», antes del desalojo. Asunción Serrano narró su visita a la tienda en la mañana del día 15:

… únicamente existía en él cartones y cristales rotos, que los géneros desaparecidos del indicado comercio no sabe dónde los llevaron pero que le consta por registros efectuados con la Guardia Civil a la que acompañó la declarante con un hermano suyo llamado Luis Delgado, apoderado del repetido establecimiento, y de los dependientes antes citados, que en algunas casas de la calle Encarnación de esta capital y de la barriada de San Roque existían géneros procedentes de dicho establecimiento.

Entonces los Serrano intentaron llevarse sus cosas de la Comandancia Militar pero ya era tarde, pues los géneros habían sido trasladados al cuartel de la Guardia Civil y a algún sitio más. Pero cuando llegaron al cuartel se les comunicó que nada podían llevarse pues debía autorizarlo el presidente de la Cámara de Comercio. El círculo se había cerrado. Cuando dicho presidente les dio el permiso para coger sus cosas ya era demasiado tarde, dándose la circunstancia de que cuando después de varios intentos la Guardia Civil, tras mil pretextos a cual más absurdo, accedió a entregarles lo suyo, lo que recibieron fue un sombrero enorme. El nuevo informe del instructor Chamorro no sólo no aclaraba nada sino que planteaba el interés personal en el asunto de Asuncion Delgado Serrano como sobrina del dueño, Pablo Delgado, un hombre soltero y de bastante edad.

En su informe a la División el delegado Gómez Cantos consideraba un «atropeyo» [sic] lo ocurrido con «La Paloma», «pues como Ley de guerra se puede autorizar solamente el saqueo en los primeros momentos de locura a la entrada en la Plaza». Según Gómez Cantos, el instructor Chamorro no era fiable por su relación anterior con Pereita. Conociendo al personaje llama la atención su interés por el dueño de «La Paloma», de quien decía que estaba en la ruina y con diversos pagos pendientes. Y añadía:

La respuesta, anotada manualmente por el entonces teniente coronel Cuesta Monereo en el margen de un telegrama de Gómez Cantos, enviado desde Marbella (cuyo texto era: «TERMINADA MISIÓN JUSTICIERA CON EJEMPLO MÁXIMO EN OJÉN SALGO PARA MÉRIDA. DETALLES CORREO») decía: «A Bohórquez [Auditor de la II División]: ojo con este tío que está loco y a ver si nos arma un lío cargándose a la intemerata de gente. Ten cuidado con esto. Estoy mejor, mañana iré por allí». Efectivamente, Cuesta sabía lo que se decía. El resultado fue que poco después alguien anotó en la portada del expediente: «Durmiente, orden Sr. Auditor»^[266].