En el sumario de Prim hay todavía pepitas de oro entre la escoria que, ciento cuarenta y dos años después, aún conservan su brillo. Los biógrafos e historiadores, los memorialistas citan un enorme sumario de 18 000 folios como algo fabuloso, irreal, inalcanzable. Es posible que hubiera un tiempo en que la justicia impidiera el acceso a él celosamente, pero hace mucho ya que esto no es así y la causa criminal guarda todavía «verdaderas toneladas de dinamita política» que deben estar a disposición de los investigadores.
Nuestra investigación se propuso averiguar lo que a día de hoy todavía contiene el intenso trabajo de la justicia, en una época en la que el Poder Ejecutivo interfería en todo momento imponiendo sus intereses al trabajo judicial. Un tiempo, en cierto modo, parecido a algunas etapas que nos ha tocado vivir.
El sumario de la causa 306/1870, fuente de todos los hallazgos, ha sido expurgado, emborronado, destruido en parte y mutilado por tratarse de una excepcional bomba política encuadernada.
Lo que llamamos sumario Prim es la mezcla barajada de tres preparativos de magnicidio distintos. Dos de ellos quedaron en tentativa de homicidio, y el tercero acabó con el general.
El primer intento estuvo encabezado por Cayetano Domínguez, detenido el 29 de octubre de 1870, dos meses antes del magnicidio de la calle del Turco. En él se detecta la «proposición de asesinar al ministro de la Guerra, general Prim, y que conseguido esto se levantarían todos los partidos y se alzaría Montpensier, con el que estaba enfrentado el general».
El segundo intento fue impulsado por Juan José Rodríguez López, alias José López, alias Jáuregui, alias Madame Luz, detenido el 15 de noviembre de 1870 junto con Esteban Sáenz Leza, Martín Arnedo, Ruperto Merino Alcalde y Tomás Carratalá Muñoz; los cuatro primeros llegados de La Rioja. Poco después serían también detenidos Tomás García Lafuente y José Genovés Bruguez. Los únicos prófugos fueron Enrique Sostrada y Pedro Acevedo.
En todas las conspiraciones contra Prim el dinero fluye en abundancia. Parece que en esta segunda tentativa se había entregado a cada participante armas, una pensión diaria de diez pesetas y la promesa de cinco mil duros por el asesinato. Pero los valencianos, que eran cuatro, pedían cincuenta mil duros para ellos solos. El confidente García Lafuente fue puesto en libertad, y al regresar a su pueblo, en Valencia, fue asesinado con un trabuco. Sería la primera víctima del proceso. La denuncia del cabo Rabanal se halla en los primeros folios del tomo XLV. En éste, como en los tomos XLVI y XLVII, se encuentran como pieza separada las diligencias instruidas por esta tentativa.
García Lafuente y Genovés afirman en sus declaraciones que el plan era que salieran diez o doce batallones de la guarnición y se proclamara Rey al duque de Montpensier.
El sumario principal se recoge en los tomos comprendidos entre el I y el XLIV y en los cuatro volúmenes encontrados más tarde en Alcalá de Henares.
Muchas personas han muerto por haber declarado en la causa 306/1870. Unos por resistirse a cambiar su declaración, otros solamente por haber contado la verdad. En la cárcel fueron asesinados Ruperto Merino Alcalde, José Genovés Bruguez, Clemente Escobar y José Roca. José Menéndez Fernández murió de una paliza. Como se ha dicho, Tomás García Lafuente fue asesinado a trabucazos en su pueblo al poco de ser excarcelado, y Mariano González murió en la cárcel del Saladero.
La mano de los cómplices de los asesinos de Prim ha encontrado continuación hasta hace muy poco, en militantes de ideas políticas o quizá miembros de sociedades secretas, como parte de la masonería; en cualquier caso, desconocidos que de forma alevosa han ido destruyendo testimonios y pruebas.
El sumario lo confeccionaron trece jueces, siete titulares y seis sustitutos, y entre ellos hubo de todo: honrados, minuciosos, rendidos… Es cierto que Solís y Pastor fueron puestos en libertad, y que nunca fueron acusados, aunque hubiera indicios y testimonios varios, los duques de Montpensier y de la Torre, pero la verdad de lo ocurrido se encuentra en el sumario que tantos traidores han querido destruir.
Hasta hoy, el magnicidio de Prim era el mayor misterio criminal de nuestro país. Ahora tendrán que reescribirse los manuales de historia. Sin embargo, siempre se ha dicho que en el sumario instruido por su muerte estaban los nombres de sus asesinos y hasta las cantidades con las que fueron recompensados. Todo ello ha resultado ser cierto.
Pese a todo, a día de hoy, si los imputados no hubieran muerto y en España no prescribieran los delitos de sangre, podría celebrarse el juicio sobre la base de este sumario con la seguridad de que la mayoría de los imputados serían condenados.
Una vez localizada la causa —y ahora lo está sobremanera: en el despacho del juez decano de los juzgados de Madrid, don José Luis González Armengol, en los juzgados de la plaza de Castilla—, basta con un permiso. El mismo que en su día obtuvo el abogado reusense Antonio Pedrol Rius para leerla, si bien antes tuvo que localizarla, llena de polvo venerable.
En el sumario, los testimonios sobre la culpabilidad de José María Pastor son abrumadores. Desde el 24 de enero de 1871, día en que se dicta el auto de prisión, hasta el 5 de octubre de 1877, cuando queda sobreseída la causa después de cesar al juez instructor que se oponía a cerrarla, Pastor era sobre quien más cargos se habían acumulado. Sin embargo, el señalado por todos como director in situ del crimen, Paúl y Angulo, acusa también a Serrano en su libro de confesiones. En la causa 306/1870 fueron imputados 105 sujetos, emplazados en rebeldía 37 y reclamados 5 prófugos. Hubo 34 dictámenes del fiscal, 24 reconocimientos forenses y 89 careos. Uno de los procesados (el ínclito José López) hizo 44 declaraciones que ocuparon 80 pliegos.
Resulta difícil pensar que en aquella época de intrigas el jefe de escoltas del general Serrano pudiera entrar y salir del palacio de la Regencia contratando sicarios y trazando planes para matar a Prim y que un conspirador nato como el duque de la Torre permaneciera al margen sin enterarse.
A todo esto se suma el hecho de que, con la llegada del rey Amadeo, Serrano perdía su relevante puesto político como regente, lo cual le perjudicaba. Además, mientras Prim estuviera vivo ni siquiera le quedaba el consuelo de alcanzar la presidencia del Consejo de Ministros.
Los partes médicos que se conservan son sólo dos (volumen I, folios 8r-9r); el tercero es la declaración de autopsia. Los primeros, tal como se ha explicado ya, revelan que Prim fue atendido de forma insuficiente, como si sus males no tuvieran remedio.
El segundo autor que accedió al sumario, aunque ya encuadernado y removido, fue el diplomático Javier Rubio, que siguió los pasos de Pedrol. En tercer lugar, un investigador independiente, nuestro buen amigo José Andrés Rueda Vicente, accedió igualmente al sumario y sufrió las consecuencias del despropósito: mezcla y desorden. Su libro ¿Por qué asesinaron a Prim? La verdad encontrada en los archivos hace grandes aportaciones, si bien no de una forma clara.
Al menos tres veces, tres cosas importantes se le escaparon al joven Pedrol Rius: que el sumario era la suma de tres causas, por dos intentos de asesinato y uno consumado contra el general Prim; que la tarde noche de la muerte eran tres los equipos de sicarios que esperaban al presidente del Consejo, en tres puntos de Madrid; y que había tres listas de asesinos materiales: la que entrega el periodista a Muñiz, la que recita el preso Juan José Rodríguez López —alias José López, alias Jáuregui, alias Madame Luz— y la que es incautada entre los papeles de José María Pastor, jefe de escoltas del general Serrano, presunto contratante de asesinos a sueldo según la imputación sumarial. Una de esas listas, la auténtica (que sería la de Pastor), se conservaba todavía oculta entre los venerables papeles y no había sido rescatada hasta que la encontramos.
El sumario empezó el mismo 27 de diciembre de 1870, cuarenta y cinco minutos después de los trabucazos en la calle del Turco, y se tramitó hasta octubre de 1877. A finales de mayo de 1871, el misterioso José López, alias Jáuregui, alias Madame Luz, decidió hablar y todo el contenido se revolucionó. En realidad el testigo se llamaba Juan José Rodríguez López. Había nacido en Arnedo y era valiente, inteligente y manipulador; no tenía escrúpulos. En el sumario llegó a prestar cuarenta y cuatro declaraciones, y en ellas dijo cosas muy arriesgadas. Otros murieron por mucho menos, como su cuñado Ruperto Merino, asesinado en la cárcel. López acabará sus días, una vez en libertad, en lo que pudiera ser un servicio secreto de los de antes. Al parecer, mientras estuvo en prisión por lo de Prim, ingresó a través de su mujer y de su hermano «un millón de reales» en el Banco de España, una cifra totalmente increíble.
El sumario se reabrió en 1886, cuando Paúl y Angulo estuvo a punto de regresar a España desde París. Quedó abierto hasta su muerte, en abril de 1892, sin que llegara a regresar jamás. En la Restauración, el 5 de octubre de 1877, el sumario fue alegremente sobreseído. Los autores confesos de las tentativas de asesinato anteriores fueron absueltos el 22 de julio de 1879.
En los doce años siguientes a la publicación del libro del abogado Pedrol Rius, que se produjo en los años sesenta del franquismo, cómplices de los asesinos del general Prim sustrajeron, inutilizaron y saquearon el sumario. Éste se encontraba desprotegido, sin siquiera registro de visitantes, en el archivo del Decanato de los Jueces de Primera Instancia e Instrucción de Madrid, en la calle General Castaños. En 1978, probablemente ya mutilado, se trasladó a la sede de los juzgados de la plaza de Castilla. Según Pedrol, que advirtió de ello, noventa años después de haber sido cubierto por el secreto. El sumario aparecía entonces vulnerable y abierto al albur de la publicidad, a pesar de que contenía «verdaderas toneladas de dinamita política». Es posible que algunos de sus lectores, alarmados, trataran de quitarle la calidad explosiva.
No obstante, el honor de la policía española queda a salvo en la realidad que todavía hoy, y a pesar de todo, puede leerse: todos los asesinos fueron señalados, y se acumularon elementos suficientes para haber sido juzgados y condenados, aunque el Ejecutivo, como en otras ocasiones, impidiera que la justicia llegara hasta el final.
Pocas dudas hay de que entre los que dispararon estuviera Paco Huertas, uno de los que figuran en la lista descubierta por la Comisión. La noche del atentado, la policía lo localizó en el café Madrid, aunque logró escabullirse. Participaron también en el crimen Armella y Ubillos, que también están en la lista. Según sus averiguaciones, el abogado reusense afirma que todos estos sujetos emigraron a lejanos países americanos gracias a misteriosas ayudas.
Respecto al duque de Montpensier, aunque Pedrol lo exculpa, hay que señalar que el sumario lo imputa de forma clara. Desde el principio, todo lleva a él. El primer documento importante, que es sustraído del rollo judicial, es la tarjeta azul cortada en forma de triángulo masónico en la que se aprecia el dibujo del escudo de la Casa Real con el nombre de «Montp», cortado por la p, puesto que la tarjeta está dividida en dos partes que, unidas, conforman una especie de contraseña. Una mitad de esa tarjeta estaba en manos de uno de los sicarios.
No hay que ser un águila para saber a quién apunta. Pero es que, además, el que la llevaba señaló a Montpensier como el presunto financiero del atentado. El tomo XV, que recoge todos los documentos de la investigación sobre este asunto, está emborronado de principio a fin.
A pesar de los años transcurridos, los sospechosos criminales no regresaron ni hablaron. Podría decirse que cumplieron su parte del pacto; nunca más volvió a saberse de ellos. El historiador Morayta, en su Historia de España, editada en 1894, dice que Ramón Martínez Pedregosa, uno de los asesinos, confesó en el momento de la muerte en un país suramericano sin precisar. Martínez figura en la lista, aunque con el nombre de José. No es extraño, porque todos los consortes manejaban varios nombres en sus negocios para impedir que se los relacionara con delitos.
Dos jaques vizcaínos, Burrucharri e Iturmendi, que se dedicaban a cobrar «el barato»[37] en las casas de juego, se encontraron en un prostíbulo de Zaragoza con el cabo Francisco Ciprés Janini. Después de medirse y ver que la cosa iba «entre valientes», le ofrecieron entrar en un negocio: se trataba de matar al general Prim. Ya en Madrid, Ciprés se entrevistó con un tipo «alto, delgado, de patillas rubias y color quebrado», al que llamaban «don José» y que fue presentado como el financiador del atentado.
Ciprés no acababa de ver claro lo que se proponían y regresó al Ejército, renunciando a participar en el delito. Notando en su interior cierto remordimiento, pidió audiencia al general Prim y le alertó de lo que se preparaba. Cuatro días después de la muerte de Prim, el 4 de enero de 1871, el mismo Ciprés fue a la policía y luego al juzgado a dar cuenta de cuanto sabía. Enseguida se pusieron a buscar a «don José», que según dijo el cabo frecuentaba el café de Correos. La policía le localizó una vez identificado: se trataba de José María Pastor, jefe de escoltas del presidente del Consejo de Ministros a la sazón pese al escaso tiempo transcurrido desde el atentado, ya que el general Serrano era el más beneficiado de forma directa por la muerte del conde de Reus. Pastor, hombre de su círculo íntimo, ingresó en la cárcel. Según Pastor, que no dudaba en fabular, el duque de la Torre le había encargado que encontrara a los asesinos de Prim, por lo que no podía revelar detalles de sus contactos.
José María Pastor había querido ser médico, pero había abandonado la carrera después de unos años de estudio. Se metió pronto en política, dirigió un periódico y fue nombrado jefe del orden público en Madrid. En el momento de ser capturado era jefe de escoltas de Serrano. Contaba con la confianza del presidente y de su ayudante, el marqués de Ahumada; incluso gozaba de la protección de Sagasta. Se llevaba bien con los carlistas, y en la cárcel salió en defensa del coronel Solís y Campuzano, ayudante de Montpensier y otro de los principales señalados como «organizadores» de los atentados contra Prim.
Pastor no se amilanó. Recusó al juez y se le enfrentó. El digno Servando Fernández Vitorio mantuvo cruces de palabras de profundo significado que el escribano recogió. Igualmente, respondió a los testigos que le acusaban acusándolos a ellos a su vez. Era un formidable polemista con facilidad de verbo e inventiva.
Un día que por casualidad prestaba servicio en la prisión, el cabo Ciprés acabó en la celda de Pastor. Éste, según denunció el cabo, le ofreció dinero si retiraba la acusación y un balazo si la mantenía.
Pascual García Mille, un preso de Albacete, declaró entonces que Pastor le había ofrecido participar en el magnicidio de Prim y le había transmitido una promesa que, supuestamente, procedía de Serrano: si colaboraba en el atentado, le indultarían de la condena que estaba cumpliendo en ese momento. Mille llegó a declarar que en el crimen participaron Pastor, Porcel, Fenellosa y Roca. Salieron de casa del propio Pastor y regresaron a las diez de la noche. García Mille no participó, porque se consideraba ladrón pero no asesino. Mientras esperaban en casa de Pastor, Fenellosa receló. ¿Y si su anfitrión les vendía? Apartó la cama y escribió sobre la pared la historia de lo que sabía con un lápiz, subrayando las fechas de su estancia en la casa. Luego volvió a colocar la cama de modo que no se viera.
Cuando el nuevo juez trajo a García Mille a Madrid, la pared del dormitorio había sido pintada recientemente y no quedaba ni rastro de confesión alguna. Sin embargo, Pastor tuvo que aceptar —contra su estilo— que conocía a García Mille, que había gestionado su indulto y que lo había escondido en su casa durante los días del asesinato.
Los indicios son abrumadores. Como ya hemos dicho, el ex jefe de orden público mantenía contactos inexplicables con presidiarios. Uno de ellos, García Mille, le acusó de haber participado en el asesinato de Prim. Antes del crimen, y mientras ocurría, algunos de los presidiarios se alojaron en casa de Pastor. La testigo presencial María Josefa Delgado le vio en la calle del Turco, huyendo de la escena del crimen camino de la calle de la Greda.
Ya en noviembre de 1870, sospechosos relacionados con los partidarios de Montpensier habían intentado dar muerte a Prim. Cayetano Domínguez ofreció a Boira, mozo de picadero y ex capitán carlista, participar en el asesinato. Éste, indignado, le delató enseguida. Cayetano fue detenido y confesó sus intenciones criminales.
Igualmente trascendieron informaciones acerca de un grupo de riojanos huéspedes de un guardia civil, Celestino Rabanal. Según éste, José López llevó a tres individuos riojanos, Ruperto Merino, Esteban Sáenz y Martín Arnedo. Salían a veces con pequeños trabucos bajo la camisa y paseaban por las calles del Turco y Barquillo, mostrando los tubos con boca de trompeta. La policía acabó por detenerlos el 18 de noviembre mientras portaban sus trabucos y armas blancas; incluso llevaban una bomba casera. Los riojanos tenían antecedentes penales. El grupo trataba de matar a Prim a la salida del Congreso o del teatro. Según las declaraciones, todo lo financiaba Felipe Solís y Campuzano, ayudante del duque de Montpensier, y estaba previsto que cuando muriera Prim se produjera un levantamiento con batallones de la capital.
García Lafuente regresó a su pueblo en cuanto lo liberaron. El confidente no llegó a entrar en la villa, porque le mataron antes. Sería la primera víctima de una larga cadena de asesinatos destinados a taparles la boca a los testigos.
Pedrol, que concede a Montpensier —como a Serrano— el beneficio de la duda, afirma que pese a que el duque intervino a favor de Solís y Campuzano, no reveló que conociese a fondo lo que tramaba. Era su ayudante y no podía dejarlo solo. Políticamente estaban unidos.
Bajo el paraguas de ese compromiso político, un juez firmó el auto de prisión de Pastor y el fiscal Vellando acusó a Solís, pero en 1877 se frena el procedimiento para que Montpensier, que estaba a punto de convertirse en el suegro del rey Alfonso XII, quede sin sospecha. Pero Vellando se opuso. Tiempo después quedó cesante, pero con el deber cumplido. La causa produjo el traslado de algunos jueces, la suspensión del fiscal y un intento de secuestro del escribano de la causa en Soria.
Solís fue procesado en junio de 1871, y entre el 20 y el 21 de mayo de 1872 lo fue Genovés. Martín Arnedo y Sáenz Leza, que acusaban a Solís, se retractaron mediante escritos. El otro testigo, García Lafuente, del grupo de valencianos, fue asesinado. Sólo quedaban dos de los que acusaban a la mano derecha del duque: López y su cuñado, Ruperto Merino. Este último también fue asesinado en la cárcel.
En julio de 1872, Genovés se fugó de la prisión. Solís, pese a estar procesado, no había entrado en la cárcel; lo detuvieron el 12 de septiembre en Villafranca de los Barros.
En el partido de Montpensier había partidarios de suprimir al general Prim, como también los había —y decididos— en el Partido Republicano Federal, en plena tormenta revolucionaria. La participación de Solís en las tentativas de octubre y noviembre parecen probadas. López y Sostrada estaban a su servicio y supuestamente él les pagaba, a juzgar por las cantidades comprobadas con documentos en la causa. López y Sostrada les habían dicho a sus soldados que actuaban por cuenta de Solís, cosa que ratificó García Lafuente.
Puede admitirse que Solís y Campuzano estuvo implicado en las tentativas de magnicidio anunciadas, pero ¿le hace eso culpable del asesinato consumado? Hay muchos indicios e imputaciones. Se le conocen contactos con hombres capaces de «pegarle una puñalada al sol de mediodía», y los tres intentos de asesinato se parecen entre ellos como gotas de agua, lo que delata un origen común.
En siete años, el sumario se nutrió de algunos palos de ciego, dando tumbos a través de distintos regímenes políticos. Por fin, en lo más elevado de la nación, se decidió ponerle punto y final, traicionado e inconcluso.
Resulta que Alfonso XII había decidido casarse con su prima, María de las Mercedes, hija de Antonio de Orleans, duque de Montpensier. En el Parlamento, Claudio Moyeno —Pedrol dice que fue Pavía—, jefe de los moderados, aprovechó para utilizar un poético eufemismo afirmando que «Mercedes era un ángel y que los ángeles no se discuten». Con ello favoreció el cerrojazo al sumario. Había que limpiar la sombra de duda de la familia, en especial del padre de Mercedes, el duque, que ni siquiera era un hombre simpático.
El Gobierno le torció el brazo a la justicia y trató de que el caso fuera sobreseído, pero el fiscal se opuso y como consecuencia fue sustituido. Otro fiscal solicitó el 30 de septiembre el sobreseimiento de la causa para todos los imputados menos para Pastor y Porcel, a los que consideraba culpables. El juez fue sustituido por otro, y esta vez se adelantó al fiscal pidiendo que el sumario fuera sobreseído, incluso para Pastor y Porcel. La factura técnica del sobreseimiento fue lamentable. Su autor ni siquiera conocía los miles de folios de la causa. En julio de 1879 fueron absueltos, de forma escandalosa, como todos los demás, hasta los riojanos convictos y confesos de la tentativa del mes de octubre.
Como ya señalamos en capítulos anteriores, una de las verdades que revela el sumario es que los médicos no hicieron el imprescindible reconocimiento médico con descripción de las heridas para su clasificación y tratamiento. Sólo hubo tres ridículos informes orales ante el juzgado, donde se ofrecieron algunos detalles superficiales acerca de las lesiones y se evitó declarar los puntos sangrantes, como si eso careciera de importancia. Tampoco fue exacto ni completo el informe de la «supuesta autopsia», que ni siquiera se confeccionó y añadió al sumario sino que se verbalizó como una declaración más.
A los asesinos se les hizo una oferta global de hasta cincuenta mil duros, como precio por la vida del general. Esta oferta no corresponde al tercer envite, en el que fue la vencida, pero cabe señalar que el monto no pudo hacer otra cosa que crecer: a mayor dificultad, después del segundo fallo, el precio debió de subir. El oro corrió a manos llenas por la prisión y las cloacas de la ciudad. Paúl y Angulo fue supuestamente depositario de cincuenta mil duros por la cabeza de Prim.
A pesar de todo los jueces, funcionarios bajo presión, criticados y amenazados, recogieron el abundante material que llena el sumario y que, si bien pudo utilizarse entonces, todavía hoy es radiactivo. Ciento cuarenta y dos años después, gracias al esfuerzo de aquellos seres abnegados que se entregaban a fondo en su labor por la justicia, conocemos la verdad. Ellos recogieron las pruebas con las que puede trabajar la historia.
Según sabía el inútil gobernador, un grupo de asesinos había llegado a Madrid desde La Rioja y otro lo había hecho desde Valencia. Precisamente se delataron llevando a cabo un ensayo general del crimen en la calle del Turco, nada menos.
Felipe Calvo, detenido en Zaragoza, confesó que venía a Madrid porque el día 27 estaba anunciado un «hecho de gran importancia que sería la señal del levantamiento». El policía encargado de la indagación le comunicó al indolente gobernador que era probable que se refiriera a un atentado. Y, tal y como estaban las cosas, ni siquiera hacía falta decir a quién se pensaba matar. Estaba cantado.
En la actualidad, el sumario lo componen 78 tomos y 4 volúmenes encuadernados. Falta el tomo XLII, al menos desde 1987. El tomo I comienza en el folio 822.
El folio 1, que recoge la descripción del atentado de mano del gobernador Rojo Arias, debería estar en el tomo I; sin embargo, aparece en el tomo LXXVII. Textualmente, dice así:
En este momento acaba de perpetrarse un horrible atentado. Al retirarse el señor presidente del Gobierno, el general Prim, iban sus ayudantes Moya y González Nandín. En la calle del Turco esquina a la de Alcalá se produjo el tiroteo. Recibieron una descarga de arma de fuego hecha por cuatro asesinos que salieron de otros tantos carruajes de alquiler, con los cuales y para dar el golpe sobre seguro, interceptaron el paso al coche del señor presidente del Consejo, que está herido como también su ayudante, el señor Nandín. Me apresuro a ponerlo en conocimiento de V. S. para los efectos oportunos.
Ignacio Rojo Arias, gobernador de Madrid
Este texto fue enviado cuarenta y cinco minutos después del atentado al juez de instrucción Francisco García Franco, a quien impedirían ver al herido.
Las diligencias del juez de Universidad, desde el 27 de diciembre de 1870 al 1 de enero de 1871, que deberían estar en el tomo I, se encuentran en el LXXVII.
Del tomo I al XLIV, más los cuatro volúmenes encontrados en Alcalá de Henares, recogen el sumario principal.
En los llamados «volúmenes», tomos más gruesos y de numeración diferente, se contiene una parte de los miles de folios desaparecidos antes de que el sumario fuera encuadernado. Además aparecen los más de trescientos folios —del 6330 al 6653— que faltan entre los tomos XXXII y XXXIII. Estos folios extraviados se hallaron en el Archivo General de Alcalá de Henares y fueron devueltos a la causa.
El tomo XLV recoge la denuncia del cabo Rabanal relativa al atentado de noviembre de 1870, encabezado por Juan José Rodríguez López, alias José López, alias Jáuregui.
Tomos XLVI y XLVII. Estos tomos componen pieza separada con las diligencias por esta tentativa de asesinato. Contienen folios manuscritos con numeración propia.
Los tomos LVI y LVII reúnen diligencias de la conspiración de Cayetano Domínguez, de octubre de 1870. Igualmente, tienen numeración independiente.
Tomo LIX: contiene los papeles que se le incautan a José López, tras intercalar la tentativa de Cayetano Domínguez, la pieza más antigua, de octubre de 1870.
El tomo LXXVII contiene también partes de la tentativa de José López. Con numeración propia.
Los tomos LXVI al LXXIV y el LXXVIII recogen los documentos que se incorporan como tales al sumario. Reúnen publicaciones impresas, con mayoría de las dedicadas a la candidatura al trono de España de Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Faltan los documentos 532 y 533 y, dadas la numeración y la escasez de documentos en el sumario, se teme que falten muchos más.
Tomos XLVIII al LVIII, LX al LXIII y tomos LXXV y LXXVI: son piezas separadas. Algunos están muy deteriorados.
En el tomo LXXVI se trata la intrigante y misteriosa desaparición de la tarjeta triangular, la célebre contraseña hallada en la investigación que inculpaba directamente a uno de los principales autores intelectuales. Presenta un gran deterioro, y tiene muchas páginas mutiladas con las esquinas rotas.
Los 22 tomos con numeración propia al margen de la causa general suman 2300 folios. Según el fiscal Joaquín Vellando, en febrero de 1876 habría unos 3000 folios de piezas separadas en el proceso general, que se componía entonces de unos 12 000 folios. De estas piezas se cree que han desaparecido unos 700 folios, que faltan entre los tomos LIII y LXIII.
El tomo LIII reúne las declaraciones —llenas de información e imputaciones— pronunciadas en mayo de 1871 por Juan José Rodríguez López o José López. También se contienen en el tomo XV, si bien resultan ilegibles; allí se recogieron en un principio, pero se presentan emborronadas, con una clase de borrón que parece hecho a propio intento. Afortunadamente, las numerosas reiteraciones de este proceso permiten que sean leídas aquí, donde fueron vertidas.
Los volúmenes del I al IV y los tomos del I al XLIV (de los que se ha extraviado el XLII) forman los 48 tomos que contienen folios manuscritos de numeración correlativa y componen, como se ha dicho, el sumario principal, la causa por el atentado mortal contra el general Juan Prim. Los folios, en teoría, van desde el número 1 al 10 040 del tomo XLIV, aunque faltan miles de folios.
En los tomos V, VI, XX, XXI y del XXXIV al XXXV faltan cientos de folios.
El tomo XIV termina en el folio 2717.
El tomo XV empieza en el 4148; sólo aquí faltan 1000 folios.
En los tomos XLIII al XLIV faltan más de 1000 folios. En general, dentro de la numeración normal hay frecuentes saltos por carencia de folios.
En el tomo XLVI faltan unos 600 folios.
Se cree que del sumario general, que contaba entre 10 000 y 11 000 folios, quedan menos de la mitad, 5000 folios. Se considera que el expolio se produjo antes de la encuadernación.
Al margen de las dificultades de lectura producto del deterioro natural, los tomos XV, XXXII y XLIV tienen más de 200 folios aparentemente emborronados de forma sistemática y premeditada. El XV está emborronado y es ilegible en su mayor parte. Muchos de los folios del tomo XXXII están emborronados.
El tomo LXXVIII reúne los números de El Combate, el periódico de José Paúl y Angulo, muy crítico y ofensivo con Prim.
En resumen, se calcula que el sumario instruido por el asesinato del general Prim, al que se unen los dos sumarios por las dos intentonas previas, debía de constar de 14 000 folios manuscritos, de los que más de 10 000 debían de corresponder al sumario principal. En la actualidad deben de quedar unos 7500 folios en total, con lo que ha desaparecido más de la mitad del principal. Según estas cuentas, no se alcanzarían nunca los 18 000 folios de los que hablaba Pedrol y Rius en su libro.
Pero ¿hubo alguna vez 18 000 folios? La mayoría de los historiadores que hablan de ellos, excepto Pedrol Rius, no han visto el sumario. Pedrol da por buena la cantidad de 18 000, y si está en lo cierto, lo que falta no es la parte manuscrita, sino gran parte de la colección impresa de documentos añadidos. Por su parte Javier Rubio, segundo autor que nos consta que se documentó en el sumario, señala que los folios manuscritos debieron de ser alrededor de 13 000, porque otra cifra no le parece verosímil.
En definitiva, las anomalías del sumario —desaparición masiva de folios, mutilación y emborronado— conforman un gran escándalo.
El menoscabo sufrido por el sumario no parece fruto del azar. Muchos de los folios perdidos o gravemente deteriorados son correlativos, correspondientes a un mismo asunto. Todos los folios eran legibles y no había borrón alguno cuando Pedrol los leyó, a finales de los años cincuenta del siglo XX. Sólo faltaba un documento, el primero que desapareció: la tarjeta o contraseña triangular que supuestamente comprometía al duque de Montpensier.
Entre los miles de folios desaparecidos o inutilizados hay información sensible sobre las imputaciones de José María Pastor, jefe de guardaespaldas, y sobre la investigación acerca de Serrano y el coronel Felipe Solís y Campuzano, secretario de Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Las desapariciones o el deterioro de los folios resultan muy sospechosos.
El tomo XV, que incluye las nuevas declaraciones de José López del 31 de mayo de 1871, está muy emborronado desde el folio 4148. El contenido lo conocemos por la parte que se reproduce en la pieza separada del tomo LII, donde se ponen de relieve contactos directos del imputado con Solís y Campuzano, secretario del duque, y con el propio aristócrata.
El tomo XXXII presenta borrones desde el folio 6169, donde López se ratifica por las acusaciones formuladas en el verano de 1871 contra Solís.
En el tomo XXXV, unas interesantes declaraciones en las que se habla de las sumas de dinero supuestamente percibidas por Paúl y Angulo por cuenta de Montpensier resultan afectadas por la desaparición de los primeros folios (7081 a 7084).
El tomo XXXIX contenía la petición fiscal del procesamiento del duque de Montpensier, que estaba en el folio 7661, el primer folio desaparecido de este tomo.