En 1982 empezaron los llamados Juicios de Campamento. En ellos fueron condenados buena parte de los implicados en el golpe del 23 de febrero de 1981. Tejero, Milans, Armada… Son los nombres más conocidos de aquella trama. Fueron condenados no menos de treinta militares a penas de cárcel que iban de los dos a los treinta años de prisión.
De entre los condenados solo hubo un civil.
Respecto al diputado Publio, no fue acusado formalmente. Su nombre desapareció de todos los informes, y nunca volvió a saberse de causa alguna contra él. Los periódicos de la época, las resoluciones judiciales, los medios orales y escritos, borraron su nombre de la trama. Ni siquiera aparece en los libros de historia ni en la amplia literatura sobre el asunto que se escribió después. De suerte que Publio, el diputado, parece un personaje de ficción, tal como si nunca hubiera existido.
… Y sin embargo, basta con pasearse por una pequeña finca a las afueras de Almendralejo, cerca de San Marcos, para dar con un anciano que languidece, amargado por el olvido, y que cuenta a quien quiera escucharle que el 23 de febrero de 1981 estuvo a punto de cambiar la historia de España. Vive atemorizado detrás de verjas y ventanas tapiadas, esperando la visita de alguien que, tarde o temprano, vendrá a ajustar cuentas.