Léon Degrelle era un conocido nazi belga, fundador de dicho movimiento en su país, criminal de guerra y miembro de las Waffen SS, afincado en España desde 1945. Aunque vivía con nombre falso, se sabía que estaba aquí desde que en 1955 fue reconocido por un periodista tras asistir a una reunión de veteranos de la División Azul. Franco lo protegió en todo momento y recibió la ayuda de sus amigos: Girón, Arias Navarro, Blas Piñar y el conde de Mayalde (Escrivá de Romaní, exembajador en Berlín y alcalde de Madrid). Esto le permitió vivir lujosamente en España, dedicado a coleccionar arte y a escribir panfletos pronazis. La petición de extradición por parte de Bélgica no sirvió de nada. No obstante, aunque la condena había prescrito, su país lo declaró persona non grata y le prohibió la entrada e incluso tras su muerte, en 1994, impidió que entrasen sus cenizas.
Fueron precisamente unas declaraciones realizadas en 1985 en un informativo nocturno de TVE las que dieron lugar a este caso. En ellas Degrelle criticaba —llegó a hablar de profanación— la comprobación que se había hecho en Brasil con los restos del médico nazi Josef Mengele para establecer su identidad. «¿Se arrepiente usted de algo, señor Degrelle?», preguntó el periodista. «Solo me arrepiento de que Hitler haya perdido la guerra», respondió el nazi. Indignada por el espectáculo, Violeta Friedman llamó a la TVE, donde le hablaron del interés periodístico de la entrevista, y escribió una carta a El País (17 de julio de 1985). Degrelle contestó, reafirmándose en sus ideas y negando una vez más el Holocausto. Y esto se lo decía a una mujer cuya familia (padres, abuelos y bisabuela) y amigas habían desaparecido en Auschwitz. Degrelle no solo negaba la existencia de las cámaras de gas sino que afirmaba que Mengele era «un médico normal». Igualmente se despachó a su antojo en una entrevista que publicó Tiempo (29 de julio de 1985), donde llegó a decir: «Falta un líder; ojalá que viniera un día el hombre idóneo, aquel que podría salvar a Europa. […] Pero ya no surgen hombres como el Führer». Cuando Violeta Friedman solicitó a la revista de Julián Lago un espacio similar para contrarrestar las ideas del nazi no le hicieron caso: Degrelle era noticia, Friedman no.
Fue entonces cuando, a pesar de ser consciente del vacío legal existente en la jurisprudencia española al respecto, decidió ir por la vía judicial. En su demanda pedía que se impidiera a Degrelle realizar declaraciones como las que había hecho, dada su absoluta falsedad, y solicitaba una indemnización por el daño moral sufrido. Se encargó del caso Jorge Trías Sagnier, abogado de Max Mazín, presidente honorario de la Comunidad Judía de Madrid, quien se negó a cobrarle dinero alguno. El juicio, celebrado en junio de 1986, amparó a Degrelle conforme al derecho a la libertad de expresión que le otorgaba la Constitución. A Friedman, a la que según los jueces Degrelle ni se había referido, «le faltaba legitimación activa para demandar». Ella entonces apeló a la Audiencia Territorial de Madrid.
El segundo juicio se celebró en febrero de 1988. En esta ocasión se sintió maltratada por miembros de CEDADE, que acudieron a la entrada de la Audiencia, y desprotegida por la Guardia Civil, que incluso llegó a zarandearla de mala manera. En un nada acertado titular de El País se leyó: «El juicio contra la absolución del nazi Degrelle enfrenta a Violeta Friedman con grupos ultras» (4 de febrero de 1988). Además durante el desarrollo del juicio se permitió a los familiares y partidarios de Degrelle hacer todo tipo de manifestaciones en la sala y la cobertura informativa favoreció al nazi. El resultado fue el mismo: Degrelle había ejercido su derecho a la libertad de expresión. El tercer escalón fue el Tribunal Supremo, que en diciembre de 1988 se puso de parte del nazi belga.
En España solo quedaba un último recurso, el Tribunal Constitucional (TC), que admitió el caso y lo resolvió tres años después, en noviembre de 1991. La enorme tardanza se vio compensada por el fallo (sentencia 214/1991), favorable a Violeta Friedman. Se declaraban nulas las sentencias anteriores y se reconocía el derecho al honor de Friedman, señalándose que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto al derecho al honor y la dignidad humana.
Esto tuvo consecuencias legales que acabaron plasmándose en el Código Penal, de forma que la negación, banalización o justificación de hechos tipificados como genocidio y la pretensión de rehabilitar o constituir regímenes o instituciones que ampararan dichas prácticas se convirtió en delito. Sin embargo, misteriosamente, el párrafo que castigaba la fabricación, difusión o exhibición de símbolos o medios de propaganda que representaran o defendiesen hechos considerados como genocidio desapareció del texto aprobado.
Violeta Friedman quedó muy satisfecha de todo esto, sobre todo de la sentencia del TC, aunque consideró insuficiente el texto legislativo, ya que esta laguna permitía que, al contrario que en otros países europeos, la «incitación al odio o a la violencia racial» pudiese actuar sin obstáculos. Estas carencias fueron subsanadas finalmente en abril de 1995. Friedman murió cinco años después, satisfecha de los resultados de su larga lucha de seis años.
Conviene decir que, además del abogado Trías Sagnier, la señora Friedman contó con otros tres factores: el apoyo económico de la organización judía B’nai B’rith, cuyo responsable en España era el mencionado Max Mazín, el hecho de que el ponente de la sentencia fuera Vicente Gimeno Sendra, y la presencia al frente del Tribunal Constitucional de Francisco Tomás y Valiente y de Francisco Rubio Llorente, en funciones respectivamente de presidente y vicepresidente, presencias que, dado el carácter predominantemente conservador del poder judicial en España, resultaron cruciales. Tampoco estará de más recordar que el abogado defensor, Juan Servando Balaguer Pareño, casado con una hija de Degrelle y con un pasado acorde a las circunstancias, perteneció a los grupos paramilitares que se sumaron al golpe militar de julio de 1936 en sus inicios. Concretamente participó, entre otras operaciones, en la ocupación de diversos pueblos de la zona minera de Huelva. Más tarde se estableció en Constantina, donde llegó a ejercer de dentista. Fue jefe de Fuerza Joven y presidente de Fuerza Nueva.
Éstos eran los recuerdos de Trías Sagnier en el 2005:
En el sesenta aniversario de la liberación del campo de exterminio casi nadie ha recordado a Violeta. El torbellino de la vida se la llevó hace irnos años, pero yo me acuerdo mucho de ella, de su entierro en el cementerio judío de Madrid, de su hija Patricia y de sus nietos españoles. También recuerdo en estas fechas a Max Mazin, a Alberto Benasuly y al entonces embajador Ben-Ami, que me incitaron y apoyaron en el planteamiento de una lucha legal, de inciertas características, en defensa de la memoria de las víctimas, personificadas en Violeta, memoria pisoteada impunemente en una entrevista en TVE, en 1985, por Léon Degrelle, el exgeneral de las Waffen-SS y fundador del partido nazi belga. Y cómo no tener presente en estas fechas al ministro Enrique Múgica, al fiscal general del Estado y a Francisco Tomás y Valiente, entonces presidente del Tribunal Constitucional que, al fin, otorgó a Violeta el amparo en la demanda civil —no penal como equivocadamente a veces se dice— que yo interpuse en su nombre, afirmando que su honor había sido violado. Gracias a esa sentencia de 1991, cuya ponencia corrió a cargo del magistrado Vicente Gimeno Sendra, comenzaron a cambiar las cosas entonces y el Gobierno socialista empezó a tomarse en serio los brotes de xenofobia y antisemitismo que algunos veníamos advirtiendo desde hacía tiempo. En 1995 se modificó el Código Penal y manifestaciones repugnantes, como las de Degrelle, hoy serían sancionadas penalmente. El recuerdo de Violeta siempre estará con nosotros, sobre todo para no confundirnos. Las historias de los republicanos españoles o de los palestinos en Israel puede que sean muy trágicas, pero no tienen nada que ver con el Holocausto y sus supervivientes (ABC, 31 de enero de 2005).
Resulta enormemente llamativo, por lo forzado y extraño, el giro final, quizá provocado —aparte de por evidente actitud proisraelí— por otro caso aquí tratado, muy diferente, y en el que Trías Sagnier fue uno de los demandantes.
De la sentencia, un modelo de claridad expositiva, cabe destacar varios aspectos. La clave fueron los límites del derecho a la libertad de expresión, que, como sabemos, es asunto que sigue suscitando debate y problema siempre por el mismo sitio. La sentencia destacó que Degrelle, en el uso de lo que él entendía por «libertad de expresión», negó y se burló de los horrores y padecimientos de los familiares de Violeta Friedman, «atribuyéndoles un comportamiento de falsedad que les hace desmerecer del público aprecio y respeto». La sentencia respetó la libertad de expresión y la libertad ideológica de Degrelle, estableciendo que sus opiniones «solo pueden entenderse como lo que son: opiniones subjetivas e interesadas sobre acontecimientos históricos». Sin embargo, consideró ofensivos sus juicios sobre los judíos, a los que tachó de falsos y de victimistas, por lo que lo consideró racista y antisemita.
Expuso también la sentencia que no existen derechos ilimitados y que, por tanto, ni la libertad de expresión ni la ideológica pueden amparar expresiones de carácter racista y xenófobo, que pueden afectar al derecho al honor y a la dignidad humana. El fallo anuló las tres sentencias anteriores y reconoció el derecho al honor de Violeta Friedman. Degrelle fue condenado a no «realizar manifestaciones semejantes»[22]. La revista Tiempo tuvo que publicar, a costa del demandado, el texto literal de la sentencia. Igualmente el primer canal de TVE fue obligado a emitirlo en la segunda edición del Telediario. Y, finalmente, Degrelle tuvo que indemnizar a Violeta Friedman «por el daño moral que le ha causado», destinándose el importe a la Asociación de Ciudadanos Españoles que padecieron persecución en los campos de concentración y exterminio nazis.