Notas

^[1] Una sucinta exposición de estos argumentos se encuentra en el artículo de Rodolfo Martín Villa titulado «Carta a los Reyes Magos», publicado en el diario El País en su edición de 3 de enero de 2009. Allí, el falangista que ocupó varios cargos en la dictadura hasta llegar a ser gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en Barcelona (1974), después ministro del Interior con la UCD, alto comisionado para el Prestige con el Gobierno del PP y, actualmente, presidente de la empresa Sogecable, lanza —en medio de un alegato en favor de la Transición— afirmaciones del siguiente tenor: «Algunas de las víctimas de la represión franquista fueron antes verdugos»; «si se abriera causa para depurar las responsabilidades de las Juntas Militares constituidas por quienes se sublevaron o de los primeros gobiernos franquistas, habría que hacerlo en paralelo para depurar aquellas en que incurrieron dirigentes republicanos»; «no reiterar el poco edificante espectáculo de aquellas esquelas de uno y otro lado que se han podido ver recientemente y que más bien servían para identificar verdugos que para exaltar a los muertos»; «además de resistencia, hubo sobre todo, al final de los maquis, no poco de bandidismo»; «vosotros [refiriéndose a los comunistas españoles] estuvisteis siempre en el antifranquismo, aunque no siempre, como alguno de nosotros, en la democracia». <<

^[2] En el debate parlamentario que se produjo al calor de la aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica se expusieron los argumentos de quienes —frente al silencio y el olvido impuesto por la Transición— abogaban por la implantación de políticas públicas de la memoria en España. El desarrollo de ese debate puede seguirse en Martín Pallín, J. A. y Escudero, R., eds., Derecho y memoria histórica, Madrid, Trotta, 2008, pp. 9-18. <<

^[3] Navarro, V., Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 25. <<

^[4] Véase esta conclusión en el artículo de Santos Juliá «¿Una memoria antifascista?», publicado en la edición del diario El País del 26 de abril de 2008. <<

^[5] Es el desconocimiento de esta vertiente política —o activista, si se prefiere— del concepto de memoria histórica lo que le lleva a afirmar a un historiador como Stanley G. Payne lo siguiente: «“Memoria histórica” ni es memoria ni es historia. Lo que se llama “memoria histórica” o “colectiva” no es tal cosa, sino una versión, o versiones, creadas por publicistas, patriotas, activistas políticos, periodistas o hasta por algunos historiadores interesados. Se trata esencialmente de mitos o leyendas creados acerca del pasado. Pueden tener alguna dosis de verdad empírica, o ninguna. La memoria es individual y subjetiva, nunca es “histórica” o “colectiva” como tal. La historia, en cambio, no se basa en memorias individuales subjetivas, sino en la investigación intelectual de los datos empíricos que sobreviven del pasado» (entrevista publicada en el diario ABC el 17 de diciembre de 2006). <<

^[6] Véase en este sentido Andrea Greppi, «Objeciones y comentarios: Democracia y antifascismo», en Claves de Razón Práctica, n.º 184, julio-agosto de 2008. <<

^[7] Ello impide, por ejemplo, que quepa incluir bajo el amparo de la Ley de Memoria Histórica a aquellas personas que formaron parte del bando del ejército rebelde. Éste fue el caso de los marroquíes que participaron entre las tropas franquistas, a quienes —frente a la petición del marroquí Centro para la Memoria Común y el Porvenir— no cabe reconocer el carácter de víctimas merecedoras del amparo de la citada ley. Véase su página web: www.memoirecommune.org. <<

^[8] Una tesis contraria es la que sostiene Santos Juliá, quien califica la memoria histórica como la proyección «hacia atrás de una amnistía general que permitiera mirar hacia adelante». Véase su artículo «Año de memoria» (El País, edición de 31 de diciembre de 2006), donde añadía lo siguiente: «Esa historia compleja […] es lo que el Gobierno, en su culto al adanismo, no tuvo en cuenta cuando se embarcó en un proyecto de ley denominado, en sus primeros pasos, de memoria histórica. ¿Y qué es memoria histórica en un país dividido a muerte por una guerra, en la que hermanos —de sangre, nada de metáforas— tomaron partido contra hermanos? Cuando un país se escinde, la memoria compartida solo puede construirse sobre la decisión de echar al olvido el pasado: ése es el sentido de la amnistía general, como Indalecio Prieto y José María Gil-Robles lo comprendieron ya desde los primeros años de la posguerra». <<

^[9] Véase un análisis pormenorizado del contenido de este derecho en José María Sauca: «El derecho ciudadano a la memoria histórica: concepto y contenido», en Martín Pallín, J. A. y Escudero, R., eds., Derecho y memoria histórica, op. cit., pp. 89-102. <<

^[10] Lo cierto es que más de un año después de la entrada en vigor de esta Ley sus previsiones están siendo desarrolladas muy lentamente. Véase una somera descripción de este desesperante proceso de puesta en marcha de la Ley en Rafael Escudero: «Un año de Ley de Memoria Histórica» (Público, edición de 26 de diciembre de 2006). <<

^[11] Un análisis detallado de la forma como el Tribunal Constitucional español aborda los conflictos entre derechos fundamentales, así como el recurso al llamado juicio de ponderación como forma de resolución de los mismos, se encuentra en Luis Prieto, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, pp. 175-216. <<

^[12] Véase un análisis crítico de la decisión de la Audiencia Nacional en Javier Chinchón: «La actuación de la Audiencia Nacional en la investigación y juicio de los crímenes contra la humanidad cometidos en la Guerra Civil y el franquismo», La Ley 129/2009, n.º 7102, edición de 28 de enero. <<

^[13] Martín Pallín, J. A.: «Los muertos han aprendido a esperar», El País, 20 de marzo de 2009. <<

^[14] Véase esta conclusión en el artículo de Margalida Capellà: «Desaparecidos, ¿hasta cuándo?», publicado en la edición del diario El País del 13 de septiembre de 2008. <<

^[15] Esta sentencia, cuyo ponente fue la magistrada María Emilia Casas Bahamonde, contó con un voto particular discrepante del entonces presidente del Tribunal Manuel Jiménez de Parga, al que se adhirió el magistrado Roberto García-Calvo. Como muy bien hace el autor del libro, conviene recordar las circunstancias familiares y personales de ambos magistrados, en la medida en que pudieran ser determinantes del sentido de su opinión. <<

^[16] Carlos Trías Bertrán, secretario de Falange, declaró como testigo en la fase de instrucción del consejo de guerra que condenó a muerte en Burgos al político catalán Manuel Carrasco i Formiguera. Su participación en este proceso, junto a la de otros catalanes residentes en Burgos en 1938, dio lugar al «caso Dolors Genovés» analizado en este libro. <<

^[17] Véase su artículo «Amnistía como triunfo de la memoria» (El País, 24 de noviembre de 2008). En él dice que «la sustancia» de la amnistía de octubre de 1976 fue «sacar de la cárcel a todos los presos de ETA y, a cambio, extender la amnistía a autoridades, funcionarios y policías». También que, con este motivo, «se habló de la Guerra Civil, de la dictadura, de las torturas y sufrimientos padecidos, se trajo el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia. La Guerra Civil había en verdad terminado, comentó la prensa al día siguiente». Al final, como prueba de que no se impuso «una tiranía de silencio» y a falta de algo mejor que mostrar, remite a la revista Interviú y a la serie de artículos que a finales de la década de 1970 dedicó a la represión franquista, lo que está al mismo nivel que si para demostrar que en la España de los años noventa se seguía hablando de represión pusiera como ejemplo el «Quién sabe dónde» de Paco Lobatón, donde con frecuencia, entre el abuelo que salió a dar un paseo y no volvió, y la muchacha que huyó de casa buscando nuevos horizontes, raro era el programa donde no se colaba de rondón «un desaparecido de la Guerra Civil». Naturalmente la audiencia subía. Pero lo único que provocaba en los investigadores de la represión aquel programa era indignación, ya que no representaba otra cosa que la válvula de escape de una sociedad impedida de recuperar el pasado oculto por las vías adecuadas. <<

^[18] La cita procede de El Correo de Andalucía, 17 de junio de 1982. La tomo de De Río Sánchez, Angel, Otras víctimas de la transición. Persecución, secuestro y censura del filme «Rocío» de Fernando Ruiz Vergara, pendiente de publicación. <<

^[19] Vivas Marzal, alto cargo de la magistratura y de abierta ideología franquista, fue conocido entre otras cosas por actuar de ponente y confirmar la sentencia de la Audiencia en el caso de la mujer condenada «por delito consumado de escándalo público» a un mes y un día de arresto mayor y 20 000 pesetas de multa por practicar el nudismo en una playa del norte y negarse a vestirse cuando la policía lo exigió. Esto ocurrió ese mismo año 1984. <<

^[20] La copia que se distribuye actualmente ha recuperado la huella de la censura por expreso deseo del autor: www.hamacaonline.net/obra.php?id=496. <<

^[21] Resumo, en la primera parte, los capítulos finales del libro de Violeta Friedman Mis memorias, Barcelona, Planeta, 2005. <<

^[22] En su número 69 de julio de 2008, la revista Sapiens incluyó un artículo sobre Léon Degrelle, pp. 22-31, titulado «Operació Degrelle: el segrest imposible», firmado por Jordi Finestres, Carlos Collado y Josep Maria Solé i Sabaté. Pese a aludir a diversos aspectos de la vida del nazi belga y aunque algunos datos podrían hacer pensar que se han consultado las memorias de Violeta Friedman, no hay en el artículo la más mínima referencia a la derrota de Degrelle ante ella ni a sus memorias. <<

^[23] La frase, tomada del punto 4 de los fundamentos jurídicos, remite a la STC 28/1982, de 26 de mayo, FJ 2. En ella se desestima el recurso de un antiguo militar de la República para que le sean reconocidos sus derechos según decretos aprobados en 1936 y 1937. En la sentencia, cuyo ponente fue Rubio Llorente, se leía: «Al término de la Guerra Civil, cuya proyección jurídica es precisamente la ruptura del ordenamiento, se integraron en éste, como únicas normas válidas, las que efectivamente habían tenido vigencia en el territorio sustraído a la acción del poder republicano, a cuyas disposiciones no se les otorgó otra consideración que la de puros facta, no solo carentes de fuerza de obligar, sino susceptibles incluso de ser considerados como hechos delictivos. Ésta es la dura realidad de la historia que no puede ignorarse ni eludirse». <<

^[24] En realidad, ambos ya conocían lo más importante del sumario, ya que siendo ministro de Defensa Narcís Serra la familia de Carrasco i Formiguera pudo verlo y fotocopiarlo. <<

^[25] La Audiencia de Barcelona dio la razón a Ribas en 1998, aceptando que Sumaríssim 477 «tergiversó la realidad». En dicha sentencia pudo leerse que «de la lectura de la causa criminal no se desprende la veracidad de la afirmación categórica del reportaje según el cual Carrasco i Formiguera fue condenado basándose exclusivamente en el testimonio de ocho catalanes residentes en Burgos» y también que «el pretender dar la visión histórica de que su muerte fue debida a envidias, recelos e intrigas personales de un grupo de catalanes es tergiversar y prostituir la historia, en cuanto memoria colectiva de un pueblo» (véase El Mundo, 12 de mayo de 1998). Ribas dijo: «No se trata de defender a mi padre, sino la memoria de Cataluña»; también declaró que Dolors Genovés pudo consultar el archivo de su padre, lo que «le hubiera permitido actuar con la imparcialidad y la serenidad que nuestra historia y nuestra catalanidad merecen» y añadió: «José Ribas Seva, mi padre, me enseñó desde niño que la guerra civil había sido una catástrofe para todos, y que no había ni vencedores ni vencidos. Me enseñó que todos perdimos y que lo importante era reconstruir Cataluña» (La Vanguardia, 19 de marzo de 1995).

También recurrió a la Justicia María Dolors Cruells: se mencionaba erróneamente a su padre, Manuel Cruells, como director del Diari de Barcelona y como autor anónimo de un artículo publicado en dicho diario en que se pedía «la cabeza de Carrasco». Dolors Genovés había tomado de un libro la referencia de que el director era Cruells, cuando en realidad lo era Marceluí Perelló. No obstante, aunque no director, Cruells sí fue redactor jefe. <<

^[26] Debo el documento a Dolors Genovés. Salvo algunas tildes que he considerado conveniente añadir, he respetado su redacción original. <<

^[27] Sender Barayón, R., Muerte en Zamora, Barcelona, Plaza & Janés, 1990, p. 160. <<

^[28] Firmaban la carta Ramón y Andrea Sender Barayón; Magdalena Maes Barayón; Mercedes, Ignacio y Mónica Esteban Maes, y Ana Marín Esteban. <<

^[29] Según me dice Cándido Ruiz, investigador de la República y el golpe militar en Zamora, el año pasado el Ayuntamiento, a propuesta del Círculo Republicano Zamorano, dedicó varias calles a personas relacionadas con la experiencia republicana asesinadas a consecuencia de la sublevación, entre otras a los «Hermanos Barayón». Sin embargo, la prensa local no informó de quiénes eran esas personas ni de cuál fue su final. <<

^[30] Miguel Angel Mateos publicó ocho artículos sobre este asunto entre febrero y abril de 2005. Aquí solo se publicará el primero. Supongo que los interesados podrán encontrar los demás en la hemeroteca del periódico. <<

^[31] Debo este documento a la amabilidad de Mónica Lanero Táboas. El libro de Agapito Modroño Alonso Víctimas de la represión en Villalpando, 1936-1939 (Benavente, Ed. El Autor, 2005) no contiene ninguna alusión a estos hechos. En la polémica en torno a las declaraciones de la nieta de Almendral, Modroño tomará partido por Miguel Angel Mateos y hablará de «celos entre historiadores». <<

^[32] La periodista Tereixa Constenla le dedicó un artículo titulado «El músico que odia a Wagner», en el que se leía esta curiosa frase: «Pastor habla de su experiencia con cierta distancia, como haciendo el recuento de algo que han vivido otros aunque lo narre en primera persona» (El País de Andalucía, 24 de marzo de 2004). Su colega granadina Lola Quero no captó el «distanciamiento» y contó que durante un año Pastor estuvo dedicado en Mauthausen al transporte de «carretas repletas de cadáveres» (El País de Andalucía, 3 de octubre de 2002). <<

^[33] Otro hijo de Álvarez Lores, de nombre Joaquín, aunque apoyaba la postura de los hermanos, no participó en la denuncia. Se trata de Joaquín Álvarez Corbacho, exalcalde comunista de O Grove y actualmente miembro del PSOE. <<

^[34] Véase el artículo de Oscar Iglesias, «Un silencio de setenta años», El País (ed. gallega), 12 de marzo de 2007. <<

^[35] Marco, Aurora, Ramiro Paz Carvajal (1891-1936). Unha vida segada pola barbarie, Noia, A Coruña, Ed. Toxosoutos, 2003. <<

^[36] «La historia oral llega a juicio», José Andrés Rojo, El País, 2 de junio de 2008. <<

^[37] Esta, nacida en 1921, publicó hace unos años un libro titulado Julio de 1936. Lo que yo viví (Madrid, Nuevos Escritores, 2006), en el que narra lo ocurrido a su familia. Enmarca el asesinato de su padre en el clima creado desde Radio Madrid. Adjudica a Dolores Ibárruri Pasionaria la siguiente arenga: «¡A matarlos! ¡Coged vuestras hoces y vuestras escopetas y matarlos, que ahora no se pagan esos crímenes!» (p. 33). Lo explica remitiendo al «odio acumulado durante años que ahora, sin freno que lo sujetase, ejecutaba a los que ostentaban la representación de los valores cristianos o la adhesión a las fuerzas contrarias a la desintegración de España» (p. 47). Y lamenta el estado actual del país: «Otra vez las dos Españas, que La Pilarica nos proteja» (p. 50). Concluye: «Hemos aprendido a recordar sin rencor y hasta me atrevería a decir que olvidamos los agravios» (p. 73), en lo que dice que puede haber influido el hecho de que su hermano Miguel esté en proceso de beatificación por ser considerado «Mártir de la Fe» (según dice murió gritando «¡Viva Cristo Rey!»). Y cierra así: «He contado todo esto porque cuando estamos empeñados en superar esta barbarie, últimamente aquellos que tanto han llamado al olvido, parece que se recrean en aventar de nuevo los odios, sacando a la luz pública el recuerdo de abuelos y antepasados víctimas de una guerra civil y por tanto, de injusticias patentes, como si de un galardón se tratase; como si ser descendiente de quienes cayeron víctimas de ese maremagnum terrible, fuera una nueva clase de nobleza. […] La “memoria histórica” es de los dos lados, que no se la quieran apropiar unos solos (el lado perdedor que ahora es el ganador). Los míos no murieron para ser escarnecidos y despreciados. Murieron asesinados sin juicio previo, dejemos a todos tranquilos en sus tumbas. Creo que es lo justo» (p. 74). Resulta significativo que no mencione en ningún momento el consejo de guerra que juzgó los sucesos en los que el padre fue asesinado ni la intervención de la madre en él. <<

^[38] Silva, E. y Macías, S., Las fosas de Franco, Madrid, Temas de hoy, 2003, pp. 212-213. <<

^[39] El primero fue publicado dentro de las Actas do Congreso da Memoria, Narón (Pontevedra), 2003, y el segundo por la Asociación «Verbo Xido»-Xunta de Galicia en 2006. <<

^[40] Artículos de Rocío García en La Voz de Galicia de 16 de mayo de 2008 y 2 de julio de 2008. <<

^[41] En la sentencia se leía que no había sido posible identificar al autor de un encabezado o entradilla, ajenos a Morales y que decía: «Son los Rosón plaga de Galicia, ahora encastillada en puestos tan privilegiados como el Gobierno Civil de Madrid y la presidencia de la Xunta de Galicia. Allí están sus trapitos. ¡Menudos trapitos!». <<

^[42] El texto de «Biografía de un truhán», con los nombres propios incompletos o reducidos a iniciales, puede leerse en Bacigalupo, E. y otros, Casos prácticos de la jurisprudencia penal, Madrid, Ceura, 1986, 2.ª ed., pp. 220-225. <<

^[43] E-mail, 9 de febrero de 2009. <<

^[44] Véase una parte del juicio en www.youtube.com/watch?v=ETIGkxKZ74k. <<

^[45] Es interesante observar cómo en lo referente a la exhumación de fosas se produce un fenómeno parecido. Hay jueces que admiten a trámite las denuncias de familiares sobre la localización de familiares en fosas comunes, con lo cual el Estado corre con todos los gastos, y otros que se niegan a actuar. Entre las primeras, María del Carmen Santos González, la primera juez que admitió una denuncia y se hizo cargo de la apertura de una fosa en Piedrafita de Babia; Rosa María Serreta, que se encargó de la fosa descubierta en Gordaliza del Pino (León); Jesús Marina, que llevó adelante la identificación de los restos hallados en la fosa de Otero de los Herreros (Segovia), y Julio Álvarez Merino, titular de Talavera de la Reina, bajo cuya mirada se abrió la fosa de Pepino. Entre quienes se negaron a aceptar las denuncias y a abrir fosas se encuentran: Olga Ruiz, en Viguera (La Rioja); Macarena del Rosal, en Santaella (Córdoba); y dos casos más en Asturias, Mónica Casado Gobernado y Beatriz Serrano Diez (tomo esta información de Ana María Pascual, «Los otros “Garzones” de la Memoria Histórica», en Interviú, 6 de octubre de 2008). <<

^[46] Que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a las apariencias, sigue insensible a estas demandas puede verse en una noticia aparecida en estos días en que se concluye este trabajo: «El Gobierno defiende ante la ONU la Transición y la amnistía de 1977» (M. Sáiz-Pardo, Colpisa, Madrid, 3 de febrero de 2009). Esta constituye la respuesta del Gobierno a la solicitud hecha por la ONU en octubre de 2008 en el sentido de derogar la amnistía «para que los tribunales pudiesen perseguir, sin impedimento legal, los crímenes del franquismo» y «porque esa norma choca con la máxima internacional de que “los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles”» (informe aprobado en la 94.º reunión de comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que apoyaba la Ley de Memoria Histórica y la investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón). Dice la noticia: «El Ejecutivo, con una contundencia inusual en diplomacia, contestó a esa recomendación con un escrito en el que “lamenta” que el Comité se haya metido en un asunto que “desconoce” y recuerda que la Ley de Amnistía, que no va a ser derogada, fue un pilar de la Transición». Le achaca además «desconocimiento del origen y significación social de la Ley de Amnistía». Y concluye: «El Estado español quisiera resaltar que el Comité está descalificando una decisión respaldada por toda la sociedad española y que contribuyó a la transición a la democracia», recordando también que «la citada ley fue una demanda de toda la oposición democrática» y «fue una de las primeras leyes aprobadas por consenso por las mismas Cortes que aprobaron la Constitución de 1978». «Además —añade— no solo la sociedad española, sino también la opinión pública mundial, es conocedora y ha respaldado siempre el proceso de transición en España que fue posible, en parte, gracias a dicha ley». <<