LA PATRULLA DEL SARGENTO VENENO EN VILLALPANDO
A últimos de agosto de 1936, estando en el cuartel de la Guardia Civil de Zamora el teniente coronel José Redondo, el comandante Gervasio Fernández Noaín y el capitán Juan Rodríguez Guillén, se presentó una comisión de Villalpando formada, entre otros, por el alcalde (¿Maximiliano Peláez Blanco?), el médico Tonanzos y el juez Juan Esteban Romera. El motivo de la visita era solicitar que el cabo de la Guardia Civil, apellidado San Román, fuera relevado «porque tenía miedo no atreviéndose según ellos a obrar con energía en los sucesos desarrollados en el pueblo». Según declararía meses después el capitán, el que llevó la voz cantante en aquella reunión fue el juez. La respuesta del teniente coronel Redondo, además de recordarles que existiendo allí un jefe de Línea poca responsabilidad podía tener el cabo, fue pedirles que dieran la queja por escrito, a lo que se negaron los miembros de la comisión.
Lo cierto es que unos días después el gobernador civil de Zamora ordenó al delegado gubernativo que se diese una vuelta por Villalpando con su patrulla. Se trataba del sargento Luis Valera Nieves, más conocido por «Sargento Veneno», quien desde el 18 de julio hasta mediados de octubre de 1936 venía dedicándose a «practicar detenciones de individuos que se hubieran distinguido como desafectos a dicho Movimiento y por sus ideas extremistas y adoptar respecto de los mismos y ejecutar las medidas que estimase justas y convenientes».
El día que se acercó a Villalpando formaban la patrulla el abogado Segundo Viloria, Julio Gómez, Carlos Gómez y el requeté Domingo Gómez. El objetivo, dado que según la queja referida «había en dicho pueblo elementos de izquierdas que se consideraban indeseables y que era necesario quitarlos del pueblo», era el siguiente:
Detener a los individuos de dicha localidad que se hubieran destacado por extremistas y contrarios al Movimiento, llevando la orden de que a todos aquellos que hubieran tomado armas en contra de la Guardia Civil o fuerza armada fuesen dejados muertos en el cementerio de la referida localidad.
Así que la patrulla llegó al pueblo por la mañana, donde la esperaban el alcalde, el juez y demás miembros de la comisión, quienes se pusieron a su disposición dedicándose entre todos a elaborar la lista de los que debían ser detenidos. Los señalados fueron conducidos al cuartel por la tarde, en presencia del cabo San Román y del jefe de Línea. A medida que iban llegando el sargento Veneno practicaba «diligencias» para ver si debían ir a Zamora o directamente a la tapia del cementerio. Y fue precisamente cuando ya tenía medio hechos los dos grupos cuando el juez Esteban, que hacía guardia en la puerta del cuartel, entró diciendo «que él no podía consentir que se llevase detenida a ninguna persona a Zamora ni se ejecutase a ninguna porque ello daría lugar a que se levantase toda la gente del pueblo en contra de dicho señor Juez y demás autoridades locales a las que culparía de dichas detenciones y ejecuciones».
Entonces, el sargento Valera telefoneó al gobernador civil, quien, vista la situación, le ordenó que «no se llevase más que a los más revoltosos y que a los demás los pusiese en libertad». Mientras tanto, el juez Esteban, un tanto descontrolado, llamó cobarde y falso al cabo San Román en presencia del alcalde, de Valera, del jefe de Línea y de Viloria. En su declaración, Valera, mantuvo que el comportamiento del juez «no fue debido a sentimientos antipatrióticos de dicho Juez ni contrarios al Movimiento Nacional, sino todo lo contrario debido únicamente a la bondad de dicho señor y a evitar derramamiento de sangre en el pueblo y el que a él y a otras autoridades de la localidad se les hiciese culpables de tales actos por ser ellos los que vinieron a dar cuenta de los detenidos al Gobierno Civil». Valera además recordaba que durante el día el juez «estuvo animadísimo con que se practicasen las detenciones referidas y las ejecuciones contra las personas que lo merecieran». Por lo que dice es posible que influyera en el cambio del juez el hecho de que, cuando llegó el momento de la salida de los detenidos, la zona cercana al cuartel estaba tan concurrida de gente que la Guardia Civil tuvo que despejar el tramo de carretera más cercano.
Estas declaraciones sobre este hecho ocurrido en Villalpando, forman parte del expediente de depuración abierto al juez Juan Esteban Romera. Se trata de las declaraciones del capitán Juan Rodríguez Guillén y del sargento Juan Valera Nieves, tomadas ambas el 16 de noviembre de 1936[31].