Los jueces no resuelven los problemas de la Memoria, les
estamos pidiendo a ellos que resuelvan un tema que les toca
a los políticos resolver. Los jueces no van a resolver el problema
de la credibilidad de los investigadores y periodistas […].
Por lo tanto, lo que está en juego es nuestra credibilidad,
como consecuencia, va a costar que nos dobleguen. Se
meten en el método, porque allí pueden incidir y a través
de eso nos pueden silenciar. Matar al mensajero…
Palabras de DOLORS GENOVÉS durante
las jornadas «A represión en Galiza: O
dereito a saber e a liberdade de investigar»,
O Grove, septiembre de 2007
La jurisprudencia […] reconoce que no puede enjuiciar los
hechos históricos y que los tribunales no son quién para
decidir qué es la «memoria histórica». Es más, el debate
sobre lo que debe ser la «metodología científica» a aplicar
en los estudios históricos es terreno pantanoso […] y, por
otra parte, un juicio no es el lugar adecuado para llevarlo a
cabo, tanto por el rígido procedimiento procesal como
porque no estamos en un país normalizado y aún hay gente
que tiene miedo a hablar delante de una grabadora, cuanto
más en un juicio contra los descendientes o representantes
actuales de los vencedores, que entonces causaron tanto
miedo y tanto dolor. Aun así a nosotros se nos lleva a los
tribunales con riesgo de ser penalizados por la labor de investigar
y dar a conocer lo acontecido tras la victoria de los fascistas
en 1936, actividades que realizamos en precario y
sin ningún tipo de retribución.
DIONISIO PEREIRA, «Matar ao menxaseiro»,
en Libro-Memoria de la Fundación,
10 de marzo de 2008
El Estado [español] debería: a) considerar la derogación de
la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas
necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad
de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales;
c) prever la creación de una comisión de expertos independientes
encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los
derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura;
y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos
de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas.
Informe del Comité de Derechos Humanos
de la ONU (94.º reunión, octubre de 2008)