Capítulo 1

LOS SERVICIOS DE DEFENSA EN EL LIBRE MERCADO

Los economistas se han referido innumerables veces al “libre mercado”, la red social de intercambios voluntarios de bienes y servicios. Pero, a pesar de este abundante tratamiento, su análisis ha desdeñado las profundas implicaciones del libre cambio. Así, ha habido un olvido generalizado del hecho de que el libre cambio significa intercambio de título de propiedad y que, por tanto, el economista está obligado a investigar las condiciones y la naturaleza de la propiedad que aparecerían en una sociedad libre. Si una sociedad libre significa un mundo en el que nadie ataque la persona o propiedad de otros, implica una sociedad en la que cada hombre tenga un derecho absoluto de propiedad sobre sí mismo y sobre los recursos naturales previamente sin dueño que encuentre, transforme a través de su trabajo y posteriormente intercambie con otros^[48]. Un derecho de propiedad firme sobre sí mismo y sobre los recursos que encuentre, transforme con su trabajo e intercambie nos lleva a la estructura de intercambios que aparece en el capitalismo de libre mercado. Por tanto, un economista no puede analizar íntegramente la estructura de intercambios en el libre mercado sin exponer la teoría de los derechos de propiedad, de la justicia de la propiedad, que tendría que alcanzarse en una sociedad de libre mercado.

En nuestro análisis del libre mercado en Hombre, Economía y Estado (Man, Economy, and State) hemos asumido que no habría invasión de la propiedad, ya sea porque todos voluntariamente se abstengan de realizar esa agresión o porque exista en el mercado algún método eficaz de defensa mediante la fuerza que evite dicha agresión. Pero los economistas han asumido casi de forma invariable y paradójica que el mercado debe mantenerse libre mediante el uso de acciones invasivas y no libres: en una palabra, mediante instituciones gubernamentales sin nexos con el mercado.

Una oferta de servicios de defensa en libre mercado significaría mantener el principio de la sociedad libre, es decir, que no se emplearía la fuerza física, salvo en caso de defensa ante el uso de esta para atacar personas o propiedades. Esto implicaría la completa ausencia de administración o gobierno estatal, ya que el Estado, al contrario que otras instituciones o personas en la sociedad, no obtiene sus ingresos a través de intercambios libremente contratados, sino mediante un sistema de coerción unilateral, llamado “impuestos”. Por tanto, en una sociedad libre, la defensa (considerando como tal servicios a personas y propiedades como protección policial y fallos judiciales), tendrían que proporcionarla personas o empresas que (a) consiguieran sus ingresos voluntariamente y no por coerción y (b) no se arrogaran (como hace el Estado) un monopolio obligatorio de la protección policial o judicial. Solo esta provisión libertaria del servicio de defensa sería coherente con un mercado y una sociedad libres. Por tanto, las empresas de defensa tendrían que ser tan libremente competitivas y no coercitivas contra no invasores como todos los demás oferentes de bienes y servicios en un mercado libre. Los servicios de defensa, como todos los demás servicios, serían parte del mercado y solo podrían estar en el mercado.

Aquellos economistas y demás personas que propugnan la filosofía del laissez-faire creen que la libertad del mercado debería mantenerse y que los derechos de propiedad no deben ser atacados. Sin embargo, creen firmemente que los servicios de defensa no pueden atenderse mediante el mercado y que por tanto la defensa frente a los ataques a la propiedad debe proporcionarse fuera del libre mercado, a través de la fuerza coactiva del gobierno. Al argumentar esto, se ven atrapados en una contradicción insoluble, pues propugnan y defienden una intromisión masiva en la propiedad mediante el mismo agente (el gobierno) que se supone defiende a la gente de dicha amenaza. Un gobierno laissez-faire tendría necesariamente que obtener sus ingresos mediante la invasión de la propiedad llamada impuestos y que arrogarse un monopolio obligatorio de servicios de defensa sobre un área territorial designada arbitrariamente. Los teóricos del laissez-faire (que en esto coinciden con casi todos los demás autores) intentan justificar sus posición ante esta evidente contradicción afirmando que no podría existir un servicio de defensa puro de libre mercado y que por tanto quienes consideren importante una defensa por la fuerza contra la violencia han de acudir al Estado (a pesar de su negro historial como la gran máquina de violencia agresora) como un mal necesario para la protección de personas y propiedades.

Los librecambistas tienen múltiples objeciones a la idea de un libre mercado de la defensa. Una objeción sostiene que una sociedad librecambista necesita un sistema de derechos de propiedad, por tanto se necesita un Estado para definir y asignar la estructura de derechos. Pero ya hemos visto que los principios de una sociedad libre implican una teoría muy definida de los derechos de propiedad: autopropiedad y propiedad de los recursos naturales encontrados y transformados a través del trabajo. Por tanto, no se necesita ningún Estado o institución similar contraria al mercado para definir o asignar derechos de propiedad. Esto puede y debe hacerse mediante el uso de la razón y de los propios procesos del mercado; cualquier otra asignación o definición sería completamente arbitraria y contraria a los principios de una sociedad libre.

Una doctrina similar sostiene que el Estado debe proporcionar defensa porque ese estatus único de defensa es una precondición necesaria para la actividad del mercado, una función sin la que no podría existir una economía de mercado. Este argumento es un non sequitur que nos lleva demasiado lejos. Es la falacia de los economistas clásicos de considerar los bienes y servicios en términos de grandes clases frente a la economía moderna, que demuestra que los servicios deben considerarse en términos de unidades marginales. Porque todas las acciones en el mercado son marginales. Si empezamos a tratar clases enteras en lugar de unidades marginales, podemos descubrir una miríada de bienes y servicios necesarios e indispensables que podrían ser considerados como “precondiciones” de la actividad del mercado. ¿No es necesario el espacio habitacional, o la alimentación de los participantes, o la ropa, o el alojamiento? ¿Puede existir un mercado sin ellos? ¿Y qué pasa con el papel, que se ha convertido en un requisito básico para la actividad del mercado en la compleja economía moderna? ¿Debe, por tanto, el Estado y solo el Estado proporcionar todos estos bienes y servicios?

Los librecambistas asumen asimismo que debe haber un solo monopolio obligatorio de coerción y toma de decisiones en la sociedad, que, por ejemplo, debe haber un Tribunal Supremo que transmita decisiones definitivas e incuestionables. Pero no llegan a reconocer que el mundo se las ha arreglado bastante bien durante su existencia sin que uno sola institución tome las decisiones definitivas sobre toda la superficie habitada. El argentino, por ejemplo, vive en un estado de “anarquía”, de falta de gobierno, en relación con el ciudadano de Uruguay o de Ceilán. Y aun así los ciudadanos privados de estos y otros países viven y comercian sin meterse en conflictos legales insolubles, a pesar de que no haya un gobierno dirigente común. El argentino que crea que, por ejemplo, se ha visto agredido por un cingalés, acude con su reclamación a un tribunal argentino y su decisión es reconocida por los tribunales de Ceilán y viceversa si es el cingalés la parte agraviada. Aunque sea cierto que los distintos Estados-nación se han enfrentado interminablemente entre sí, los ciudadanos privados de los diferentes países, a pesar de los muy distintos sistemas legales, se las han arreglado para vivir en armonía sin que haya un único gobierno que los abarque a todos. Si los ciudadanos del norte de Montana y de Saskatchewan pueden vivir y comerciar en armonía cruzando la frontera sin necesidad de un gobierno común, lo mismo podría aplicarse a los ciudadanos del norte y el sur de Montana. En pocas palabras, las fronteras actuales de las naciones son lisa y llanamente históricas y arbitrarias y no hay más necesidad de un monopolio gubernamental sobre los ciudadanos de un país de la que hay para uno entre ciudadanos de dos naciones distintas.

Por cierto que es muy curioso que, a pesar de que los librecambistas deberían, siguiendo la lógica de sus posturas, ser ardientes defensores de un gobierno mundial unificado, de forma que nadie viviera en un estado de “anarquía” respecto de todos los demás, casi nunca lo son. Y una vez que uno concede que no es necesario un gobierno único mundial, ¿dónde ha de detenerse uno respecto de la permisibilidad de estados independientes? Si Canadá y los Estados Unidos pueden ser naciones distintas sin que se les acuse de estar en un estado de “anarquía” intolerable, ¿por qué no puede el sur secesionarse de los Estados Unidos? ¿O el Estado de Nueva York de la Unión? ¿O la ciudad de Nueva York del Estado? ¿Por qué no puede independizarse Manhattan? ¿Cada barrio? ¿Cada manzana? ¿Cada casa? ¿Cada persona? Por supuesto, si cada persona puede independizarse del gobierno habríamos llegado a la sociedad completamente libre, donde la defensa sería ofrecida en libre mercado junto con otros servicios y donde el Estado invasivo habría dejado de existir.

En realidad, el papel de las magistraturas en libre competencia ha sido mucho más importante en la historia de Occidente de lo que se suele reconocer. Las leyes mercantiles, marítimas y buena parte de las civiles empezaron a desarrollarlas jueces en competencia privada, a los que acudían los litigantes por su experiencia en el conocimiento de las áreas legales afectadas^[49]. Las ferias de Champagne y los grandes mercados de comercio internacional en la Edad Media disfrutaban de tribunales en libre competencia y la gente podía acudir a los que consideraban más justos y eficientes.

Examinemos, por tanto, con algo más de detalle cómo sería un sistema de defensa en un mercado libre. Debemos advertir que es imposible detallar anticipadamente las condiciones institucionales exactas de un mercado, igual que habría sido imposible hace cincuenta años predecir la estructura exacta de la industria televisiva de hoy día. Sin embargo, podemos postular algunos de los aspectos de un sistema de mercado de servicios policiales y judiciales en un mercado libre. Lo más probable es que estos servicios se vendan mediante suscripción por adelantado, pagando cuotas regulares y servicios bajo demanda. Sin duda aparecerían muchos competidores, cada uno intentando ganar cuota de mercado a los demás ganándose una reputación de eficiencia y probidad. Es posible, por supuesto, que en algunas zonas una empresa se imponga a todas las demás, pero no parece probable cuando consideramos que no hay un monopolio territorial y que las compañías eficientes podrían abrir sucursales en otras áreas geográficas. También cabe suponer que las ofertas de servicios policiales y judiciales provendrían de compañías de seguros, porque les favorecería la máxima reducción de los crímenes.

Una objeción habitual a la viabilidad del mercado de protección (ahora nos ocupamos de si es deseable) es la que sigue: Supongamos que Jones contrata con la empresa de defensa X y Smith con la empresa de defensa Y. (Supondremos, para simplificar, que la empresa de defensa incluye una fuerza de policía y uno o varios tribunales, aunque en la práctica ambas funciones podrían ser gestionadas por distintas compañías). Smith denuncia que ha sido atacado o atracado por Jones; Jones niega la acusación. ¿Cómo se dispensaría justicia en este caso?

Es claro que Smith se querellaría contra Jones en los tribunales del sistema de Y. Se invitaría a Jones a defenderse de los cargos, aunque no haya poder de citación, ya que cualquier tipo de uso de fuerza contra un hombre no condenado criminalmente es en sí mismo un acto invasivo y criminal que no puede ser compatible con la sociedad libre que estamos postulando. Si se declara inocente a Jones o si se le declara culpable y este está de acuerdo con el fallo, no habría problema a este nivel y los tribunales de Y fijarían las medidas adecuadas de penalización^[50]. ¿Pero qué pasa si Jones no está de acuerdo con el fallo? En este caso, puede o bien llevar el caso sus tribunales del sistema de X o llevarlo a tribunales de apelación privados en competencia, que sin duda aparecerían en abundancia en el mercado para atender la enorme necesidad de estos. Probablemente habría solo unos pocos sistemas de tribunales de apelación, en número muy inferior a los tribunales primarios, y los tribunales inferiores presumirían ante sus clientes de ser miembros de esos sistemas de apelación conocidos por su eficiencia y probidad. La decisión del tribunal de apelación puede ser considerada en la sociedad como vinculante. De hecho, el código legal básico de una sociedad libre probablemente incluiría alguna disposición en el sentido de que la decisión de dos tribunales se considerará como vinculante, es decir, sería el punto en el que un tribunal podría ejercer acciones contra la parte declarada culpable^[51].

Todo sistema legal necesita algún tipo de punto de corte aceptado socialmente, punto en el que se detiene el procedimiento judicial y comienza la penalización del delincuente convicto. Pero un monopolio de los tribunales con decisiones irrevocables no necesita ser impuesto y, por supuesto, no puede producirse en una sociedad libre; además un código legal libertario bien podría tener un punto de corte de dos tribunales, pues siempre hay dos partes contendientes: el reclamante y el reclamado.

Otra objeción habitual a la viabilidad de un libre mercado de defensa se pregunta ¿No puede una o más empresas de defensa convertir el poder coercitivo en actividades criminales? Es decir, ¿no puede una empresa de policía privada emplear su fuerza para agredir a otros o un tribunal privado prevaricar para tomar decisiones fraudulentas y así agredir a sus suscriptores y víctimas? Está muy generalizada la suposición de que quienes postulan una sociedad sin Estado son muy ingenuos al creer que, en dicha sociedad, todos los hombres serían “buenos” y nadie querría agredir a su vecino. No hay necesidad de asumir ese cambio mágico o milagroso de la naturaleza humana. Por supuesto que algunas de las empresas privadas de defensa pueden transformarse en criminales, igual que ahora mismo algunas personas se convierten en criminales. Pero lo que importa es que en una sociedad sin Estado no habría un canal normalizado y legalizado para el crimen y la agresión, no habría un aparato gubernamental cuyo control genere un monopolio asegurado para la invasión de personas y propiedades. Cuando existe un Estado, existe ese canal interno: el coercitivo poder impositivo y el monopolio obligatorio de protección forzosa. En una sociedad de mercado completamente libre, una policía o tribunal criminalizados encontrarían muy difícil obtener poder, al no haber aparato estatal organizado que puedan ocupar y utilizar como instrumento para ello. Crear esa instrumentalidad ex novo es muy difícil, de hecho es casi imposible: históricamente hacen falta siglos de dirigentes del Estado para establecer un aparato estatal que funcione. Es más, una sociedad sin Estado de libre mercado puro contendría en sí misma un sistema interno de “controles y equilibrios” que haría prácticamente imposible que ese crimen organizado tuviera éxito. Se ha hablado mucho acerca de los “pesos y contrapesos” del sistema estadounidense, pero difícilmente pueden considerarse controles en modo alguno, pues cada una de las instituciones es una agencia de gobierno central y, en último término, del partido en dicho gobierno. Los controles y equilibrios en una sociedad sin Estado consisten precisamente en el libre mercado; es decir, en la existencia de empresas policiales y judiciales en libre competencia, que podrían movilizarse rápidamente para acabar con cualquier empresa fuera de la ley.

Es verdad que no puede haber una garantía absoluta de que una sociedad de mercado pura no caiga en las garras de la criminalidad organizada. Pero esta idea es, con mucho, más aceptable que la verdaderamente utópica de un gobierno estrictamente limitado, idea que no ha funcionado nunca históricamente. Y eso es comprensible, pues el monopolio estatal de la agresión unido a la consecuente ausencia de control del libre mercado le ha permitido superar fácilmente cualquier restricción que personas bienintencionadas han tratado de colocarle. Finalmente, lo peor que seguramente podría ocurrir sería que el Estado se restableciera. Y, puesto que el Estado es lo que ahora tenemos, con cualquier experimento con una sociedad sin estado no tendríamos nada que perder y todo que ganar.

Muchos economistas se oponen al mercado de defensa sobre la base de que esta es una de las supuestas categorías de los “bienes colectivos” que solo puede proporcionar el Estado. Ya he refutado en otro lugar esta falsa teoría^[52]. Y dos de los poquísimos economistas que han admitido la posibilidad de un mercado puro de defensa han escrito:

En realidad, Hunter y Allen han subestimado mucho la factibilidad de la acción privada para proveer estos servicios, ya que un monopolio obligatorio, que obtiene sus ingresos mediante una coacción generalizada, en lugar de a través del pago voluntario de los clientes, está condenado a ser notablemente menos eficiente que una empresa privada en libre competencia que ofrezca dichos servicios. El “precio” pagado sería una gran ganancia para la sociedad y los consumidores en lugar de un coste añadido impuesto.

Por tanto, un mercado verdaderamente libre es totalmente incompatible con la existencia de un Estado, una institución que presume “defender” personas y propiedades por sí mismo subsistiendo mediante la coacción unilateral contra la propiedad privada conocida como impuestos. En el mercado libre, la defensa frente a la violencia sería un servicio como cualquier otro, que se podría obtener de empresas privadas en libre competencia. Cualesquiera problemas que quedaran en esta área podrían resolverse en la práctica a través del proceso de mercado, el mismo proceso que ha resuelto innumerables problemas organizativos mucho más intrincados. Esos economistas y escritores librecambistas, pasados y presentes, que se han quedado en el utópico ideal imposible de un gobierno “limitado” están atrapados en una grave contradicción interna. La contradicción del laissez-faire fue expuesta lúcidamente por el filósofo político británico Auberon Herbert: