El 29 de noviembre de 1787 se promulga un edicto real «que concierne a todos los que no hacen profesión de fe católica». De ahora en adelante, los funcionarios públicos registrarán el estado civil de los protestantes. Se les concede el derecho al matrimonio civil, y declararán el nacimiento de sus hijos, ya sea delante del juez, ya sea mostrando un acta de bautismo. Sin embargo, el culto protestante sigue prohibido. El edicto especifica que únicamente la religión católica goza «de los derechos y honores del culto público». Por contaminación semántica con la ordenanza dada por el emperador José II (Toleranzpatent), en 1781, el edicto de Luis XVI se califica como edicto de tolerancia. En realidad, la palabra no figura ahí. En Francia —al igual que en el imperio de los Habsburgos—, se trata más bien de una derogación de la ley general: se concede una libertad relativa a una minoría confesional, pero se reafirma la protección particular de la que se beneficia la religión mayoritaria.
El proyecto de dar un estatuto civil a los protestantes fue defendido en primavera, ante la asamblea de los notables convocada por el rey. El abogado fue monseñor de La Luzerne, obispo de Langres y primo de Malesherbes. Este último, retirado de los negocios, había redactado dos informes y los había dirigido a Luis XVI: uno, en 1785, sobre el matrimonio de los protestantes, el otro, en 1786, sobre su categoría civil. El 30 de junio de 1787, el monarca nombra a Malesherbes ministro sin cartera. El 16 de noviembre, el Consejo del rey adopta sus propuestas con respecto a los protestantes, expresadas en el edicto de 29 de noviembre. Aunque procede de una voluntad del Estado, no será sin embargo fácil que la ley sea admitida. Registrado por el Parlamento de París, el edicto suscitará una gran oposición en provincias y, durante su asamblea de 1788, el clero emitirá quejas oficiales con respecto a ello.
Sin embargo, Francia acaba de salir del atolladero creado en 1685 por la revocación del edicto de Nantes que había transformado en súbditos clandestinos a los reformados que se negaban a convertirse al catolicismo. En los libros escolares, el edicto de 1787 se abona siempre en la cuenta de la Ilustración. En realidad, esta decisión es sobre todo fruto del pragmatismo político. Pues la institución del estado civil para los protestantes no procede del espíritu de los filósofos, sino del espíritu del edicto de Nantes, en su versión corregida por el edicto de Alès (1629). Tomando nota de la presencia de no católicos en el reino, y constatando el fracaso de la conversión masiva de los hugonotes, el Estado asume la responsabilidad de dar a éstos un estatuto. Al hacerlo, el rey no interfiere en el juicio de la Iglesia en materia teológica. Cuando introduce la coexistencia civil sin recurrir al relativismo religioso, Luis XVI retoma la política de Enrique IV, de Richelieu y de Luis XIII.
A fin de cuentas, ratifica la evolución de la sociedad. En el momento en que se promulga, hace ya veinte años que los reformados han dejado de ser perseguidos. Desde finales del reino de Luis XIV, se encuentran entre las profesiones liberales, en el ejército o entre los funcionarios públicos. Si se casan y bautizan a sus hijos «en el desierto», es decir clandestinamente, practican su culto sin obstáculos, al aire libre o en casas de oración cercanas a las poblaciones. Circulan pastores clandestinos, cuya actividad no escapa a la policía pero sobre la que las autoridades hacen la vista gorda. Las últimas prisioneras de la torre de Constance fueron liberadas en 1769, los últimos presidiarios en 1775. El hecho de que Necker, protestante y ginebrino, haya sido director general del Tesoro en 1776 dice ya mucho sobre el cambio de mentalidad. Las grandes familias protestantes —los Hottinguer, Vernes, Mallet o Delessert— que aparecerán en la escena financiera en el siglo XIX no caerán de la luna: su ascensión habrá sido posible gracias a la tolerancia implícita de la administración real.
En la segunda mitad del siglo XVIII, 40.000 judíos viven en Francia. No forman un grupo homogéneo. Las comunidades más antiguas se encuentran en el suroeste, en Burdeos, Dax o Bayona. Las del condado Venaissin (Aviñón y Carpentras) dependen del Papa. Oriundos lejanamente de España o Portugal, estos sefardíes están en vías de asimilación: su lengua materna es el francés o la lengua de oc. Dotadas de sus propios tribunales y reglamentos —modelo que no desentona en la sociedad corporativa del Antiguo Régimen—, estas comunidades nombran a los síndicos que les representan ante las autoridades civiles. En Burdeos, los judíos son especialmente prósperos. Como sus homólogos cristianos, los negociantes se han enriquecido gracias a la trata de negros. En Lorena y en los Tres Obispados (Metz, Toul y Verdún), los judíos disfrutan de un estatuto que mejora a lo largo del siglo XVIII. Metz posee imprentas hebraicas y talmúdicas célebres en toda Europa. En 1744, cuando Luis XV cae gravemente enfermo estando en la ciudad y el clero oficia misas para su curación, el rabino de Metz celebra un oficio donde pide la misma intención de oración para sus fieles. Construida en 1786 con permiso de Luis XVI, la sinagoga de Lunéville muestra una fachada adornada con flores de lis y con la corona real. La de Nancy, acabada en 1790, posee un púlpito también decorado con los emblemas de la monarquía.
Mientras el culto protestante sigue teóricamente prohibido, los judíos de Francia, puestos bajo la protección del rey, practican su religión libremente desde hace mucho. Según Patrick Girard, gozan de otra ventaja: son franceses. «Los reales despachos concedidos a los diferentes grupos por los soberanos no dejan ninguna duda en cuanto a la calidad de franceses y de súbditos del reino de la que parte disfrutan los judíos. Los despachos de 1776 concedidos a los portugueses y españoles estipulaban que debían “ser tratados y mirados como nuestros otros súbditos nacidos fuera del reino, y reconocidos como tales tanto en juicio como fuera”»[120].
En Alsacia es donde la integración se produce más lentamente. Askenazíes como todos sus correligionarios del este, los judíos alsacianos utilizan, con excepción de las élites afrancesadas, un dialecto germánico o el yiddish. Atraídos por una legislación más clemente, vienen de Alemania, habiendo llegado los primeros con los tratados de Westfalia (1648). Son 3.000 en 1707, 25.000 en 1784. Este crecimiento relativiza la dureza de su situación. Sin embargo, padecen discriminaciones. Viven en el campo y, para circular de una ciudad a otra, están obligados a pagar una tasa especial. No solamente se les prohíbe el trabajo de la tierra (al contrario que en el suroeste, donde viven judíos labradores), sino que también se les impide ejercer oficios urbanos, ya que, en virtud de las leyes consuetudinarias de la provincia, los judíos no pueden vivir en las ciudades y menos todavía poseer bienes raíces.
En este caso también será la voluntad real la que suavizará la situación. A Cerfbeer, un judío de Bischheim que abastece a la caballería real en Alsacia y en Lorena, Luis XV le concede el título de «director de los forrajes militares». Durante el invierno de 1767, gracias a Choiseul, Cerfbeer obtiene permiso para residir temporalmente en Estrasburgo. Algunos meses más tarde, el rey obliga a los magistrados municipales a transformar esta derogación en autorización permanente. En 1771, por mediación del caballero de La Tousche, teniente general de los ejércitos del rey, Cerfbeer compra en secreto una mansión en la ciudad. Trece años más tarde, cuando quiere hacer uso de su derecho de propiedad, se encuentra con un rechazo, aduciendo los magistrados que incluso un cristiano sin derecho de burguesía hubiese podido adquirir el edificio. Cerfbeer presenta entonces los despachos reales de 1775 en los que Luis XVI le otorgaba «los mismos derechos, facultades, excepciones, ventajas y privilegios que disfrutan nuestros súbditos naturales o naturalizados». Las autoridades replican que siendo la compra de 1771, las resoluciones de 1775 no se le pueden aplicar. En la primavera de 1784 Cerfbeer recurre a Versalles y sugiere que se extienda la medida de la que él se ha beneficiado a sus correligionarios que lo merezcan. A principios de año, Luis XVI ha abolido los derechos que debían pagar los judíos para desplazarse. En julio, el soberano firma despachos que, atenuando las prohibiciones, representan un avance para los judíos de Alsacia. Siguen prohibiéndoles residir en las grandes ciudades, y todavía no pueden ser propietarios de bienes raíces, pero consiguen la posibilidad de alquilar y explotar tierras, así como minas.
Entre la población, sin embargo, las decisiones del rey no se aceptan con unanimidad. Se comprobará en 1787, en la asamblea provincial de Alsacia, y luego en 1788-1789, a través de los cuadernos de quejas, que la mayoría era enemiga de toda medida que liberalizara la condición de los judíos.
Lo que se deduce a través de estas peripecias es que Luis XVI busca una solución para los judíos tal como lo hizo con los protestantes. La cuestión está en la corriente de la época. En 1785, la Real Sociedad de las Ciencias y de las Artes de Metz ha puesto en el concurso para 1787 un tema cuya redacción es típica de la Ilustración: «¿Existen medios para hacer que los judíos sean más útiles y más felices en Francia?». La reflexión que Malesherbes había iniciado por su lado a propósito de los reformados, le había llevado a interesarse por las comunidades judías. La diversidad de su estatuto chocaba con este espíritu racionalista, que entendía que se debía aplicar una legislación uniforme a todos los no católicos. David Feuerwerker observa que «Malesherbes es el primer hombre de Estado que, explícitamente, tres años antes de la Revolución, plantea el problema del estado civil de los judíos y de la concesión a los judíos de la categoría de ciudadanos»[121]. En 1787, se dirige, pues, Luis XVI a Malesherbes y le confía la presidencia de una comisión de estudio: «Señor De Malesherbes, se ha hecho usted protestante. Yo, ahora, le hago judío».
Nombrado ministro de Estado, Malesherbes se consagra a la tarea entre febrero y junio de 1788, ayudado por Roederer, consejero en el Parlamento de Metz. La comisión designada no se reúne como tal, sino que Malesherbes recibe a sus miembros de forma separada. Consulta también a Furtado y Gradis, que representan a los judíos de Burdeos, a Cerfbeer por los de Estrasburgo y a Lazard y Trenel por los de París. Sus reivindicaciones son contradictorias. Los judíos de Burdeos, muy integrados, se niegan a ser mezclados con sus correligionarios de Alsacia. Estos últimos, muy rigoristas, acusan a los primeros de laxismo. Así la voluntad reformadora de Malesherbes tropieza con las rivalidades internas de las diferentes comunidades, esperando cada una de ellas una legislación general que ratifique sus propios particularismos. Al acabar su trabajo, el ministro transmite a Luis XVI un informe en el que propone para los judíos una emancipación gradual, con excepción de los alsacianos para quienes serían mantenidas las limitaciones consignadas en los despachos reales de 1784. Sin embargo, en octubre de 1784 Malesherbes abandona el ministerio. Su mérito, afirma Feuerwerker, «consiste en haber aclarado el problema, haber interesado a mucha gente en la emancipación de los judíos, haber preparado al poder y a la opinión para concederles un sitio normal en la sociedad»[122].
En 1788, como todo cuerpo de la nación, los judíos del suroeste son convocados en los Estados Generales. En marzo de 1789 participan en la asamblea que designa a los noventa representantes del tercer estado. Al bordelés David Gradis poco le falta para salir elegido: hubiese sido el primer diputado judío de Francia. «Es en este momento del Antiguo Régimen, señala Patrick Girard, cuando hay que fechar la concesión de derechos cívicos a los judíos»[123]. En cuanto a los judíos del este, sus quejas se remiten el 31 de agosto a la Asamblea Constituyente. A finales del año 1789, la Asamblea concede la igualdad total a los protestantes, pero se la niega a los judíos. El 28 de enero de 1790, se reconoce la plena categoría de ciudadano a los judíos del suroeste. Debido a la oposición de los diputados del este, los de Alsacia tienen que esperar hasta el 27 de septiembre de 1791. El 13 de noviembre de 1791, en calidad de jefe del ejecutivo, Luis XVI ratifica la ley sin recurrir a su derecho de veto.
El edicto de 1787, que concede una categoría civil a los protestantes, es un acto de soberanía real. Demuestra que el reconocimiento a la minoría protestante va por buen camino antes de 1789. La emancipación de los judíos seguía el mismo proceso, debido a la misma voluntad. Estas reformas llegaron a buen término bajo la Revolución, pero habían sido concebidas y lanzadas bajo el Antiguo Régimen.
Malesherbes pertenecía a la generación de la Ilustración. Como se ha dicho, director de la Librairie bajo Luis XV, protegió a los enciclopedistas. Pero era moderado. Al estar unido por un mutuo aprecio a Luis XVI, había servido varias veces como ministro. Volverá a entrar en escena en diciembre de 1792, ofreciéndose voluntario —junto con De Sèze y Tronchet— para defender al ex rey Capeto. Este valor y esta fidelidad le serán funestos. Arrestado con su familia en 1793, Malesherbes será guillotinado en 1794, junto con su hija y sus nietos. Entretanto, este escéptico había vuelto a la fe cristiana, asustado por el uso que de la palabra tolerancia hacía la Revolución.